Nos jugamos la convivencia

La derecha utiliza, “todos los recursos, trampas y demagogia a su alcance”, señala Orencio Osuna en el arranque de estas reflexiones. No hay duda. De hecho, los sectores alérgicos a la democracia están en campaña desde el momento en que empezó la crisis del coronavirus. Su agresividad en redes sociales ha ido en aumento. En los medios tradicionales, escritos y audiovisuales, que controlan casi al cien por cien, no hay día en el cual no se despachen con mensajes deshumanizados, en contra de cualquier medida de protección de la ciudadanía más vulnerable, la más castigada, la que ha padecido los efectos de la deliberada desregulación de la economía y que, con el impacto del coronavirus, encuentra más y más dificultades.

Son así y se comportan de esta manera. Hay que contar con ello. Lo que cuesta entender es que gentes demócratas quieran presentar la campaña española contra la epidemia como un éxito. Las cifras son terribles y el sufrimiento demasiado grande y no resulta útil para nadie que se pretenda acallar, en nombre de la unidad y la cohesión, a quienes discrepan de las políticas gubernamentales. De ahí el valor de espacios de reflexión como el de Espacio Público, en el que se exponen argumentos diversos, con aprecio, reconocimiento y valoración de todos ellos.

Parece evidente que en el ámbito sanitario todas las administraciones del Estado español han cometido errores. Unas más que otras, pero conviene recordar la frivolidad con la que se observó desde los diferentes gobiernos la propagación inicial del virus en países asiáticos e incluso los primeros casos detectados en el Estado español, después de ver lo que pasaba en Italia.

Frivolidad e ignorancia, porque los virólogos y epidemiólogos a los que la Generalitat de Catalunya solo escuchó cuando la epidemia ya estaba aquí, ya habían advertido con bastante antelación sobre la llegada inevitable del virus. Ya se habían pronunciado, por ejemplo, en contra de la celebración del Mobile World Congres (MWC) en Barcelona, mientras los gobernantes de todas las administraciones descartaban la existencia de cualquier riesgo e intentaban mantener el evento. No procedía “tomar ninguna medida”, dijo entonces el ministro Salvador Illa.

Estaba claro que la importancia económica del MWC provocaba una sordera selectiva en Catalunya y en el resto del Estado. Los expertos en materia de infecciones colectivas ya advertían en voz alta sobre la llegada de la enfermedad pero no les escuchábamos.

El Gobierno español declaró el estado de alarma el 14 de marzo, tardíamente, y necesitó quince días más para hacer caso a quienes reclamaban confinamiento absoluto y cierre de fronteras. Cuando las autoridades catalanas reclamaban la restricción de toda actividad productiva que no fuera esencial respondían que no era necesaria, que en realidad la Generalitat “deliraba”, porque estaba “en otra cosa” que nada tenía que ver con la pandemia, y que las medidas de aislamiento decretadas por Moncloa ya eran suficientes. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se llegó incluso a negar la necesidad de confinar y suspender la actividad industrial no esencial en la Conca d’Òdena. Era una muestra de tozudería cruel. No hacía falta cualificación profesional para entender que cada vez que un ciudadano entraba o salía de aquel entorno infeccioso, de tanta letalidad, se exponía al contagio o podía contagiar a quien no lo estaba.

Todos reaccionaron tarde, unos más que otros, pero todavía se espera que algún responsable político o equipo de gobierno se autocritique, que pronuncie alguna expresión parecida a “lo sentimos”, “teníamos que haber hecho caso desde el primer momento a epidemiólogos e infectólogos”.

Esos expertos han sido de nuevo ignorados a la hora de tomar decisiones sobre el momento de suspender el confinamiento absoluto y de permitir la actividad en sectores no esenciales de la producción o los servicios.

Tendrían que empezar por ahí, por un firme propósito de enmienda, por sentido de responsabilidad, para ganar la credibilidad que necesitarán cuando pretendan que se escuchen sus propuestas para el nuevo período, que convendría que fueran coherentes con las necesidades elementales de la población, más independientes del poder económico y menos inspiradas en las futuras encuestas.

Se abre un período realmente complicado. Las secuelas de la enfermedad perdurarán. Habrá que mejorar los medios materiales y humanos del sistema sanitario y elevar su capacidad de reacción para hacer frente a los posibles rebrotes que anuncian los expertos.

Y en materia económica habría que planificar inteligentemente la necesaria reconstrucción de los destrozos provocados por la covid-19. No se puede delegar esta tarea en “la mano invisible del mercado”, porque la inteligencia no se encuentra ahí. Tal como reconocía recientemente un economista nada radical, el mercado está bien para que los ciudadanos puedan escoger el color de su ropa interior.

Es el momento del sector público, aunque cueste modificar el comportamiento de burócratas más pendientes de elevar su poder administrativo que de las tareas propias de la responsabilidad que ejercen.

Los estados deberían actuar y hacerse cargo de rescatar a las personas con la misma energía, al menos, que utilizó cuando rescató a la banca. No pueden limitarse a ofrecer líneas de crédito y a dictar medidas para que quienes no puedan pagar alquileres, hipotecas, impuestos… puedan diferir los pagos en el tiempo. No pueden proponer como solución más endeudamiento de familias y de las empresas que conforman el tejido productivo.

El panorama posterior a la pandemia es incierto, pero se adivina duro, especialmente para la gente que vive de su trabajo. Tal como explican Maria Eugenia Rodríguez Palop y Juan Suárez, ahora es preciso detener la oleada de despidos. Hay que mantener el empleo y el tejido productivo, pero la empresa privada da para lo que da y el paro aumenta de manera escalofriante. Después de los ERTE vendrán los ERE y a todo ello habrá que añadir quiebras y liquidaciones por cierre. Y en consecuencia, más precarización.

Los estados, las instituciones internacionales han de poner solución. Esa debiera ser su razón de existir, pero no lo harán si no es bajo presión. Una presión social que hoy no se ejerce y es preciso que se articule.

La solidaridad europea no existe

Más allá de los remiendos propuestos por la Comisión y del consenso alcanzado en el Eurogrupo para abrir líneas de crédito, sería buena cosa saber algo sobre la existencia de algún verdadero plan de la Unión Europea para poner remedio efectivo a la crisis. No se sabe porque no existe. En su agenda no aparece ninguna oferta de recursos que permita el aprovechamiento de todas las capacidades, aquellas de las que tanto se habló cuando se discutía el tratado de la Unión.

El panorama es incierto, duro y desolador. Miles y miles de muertos, centenares de miles de personas sin empleo, empobrecidas, gente mayor aterrorizada, familias endeudadas, aparatos de estado autoprotegidos, el poder judicial español empeñado en actuar como poder político y en administrar ciega e irracional represión, persecución policial del extranjero y del diferente, abiertamente, sin complejos… ¿Cómo corregir todo esto?

Filósofos, como Antoni Aguiló, apuntan a la imperiosa necesidad de aprender de la historia, pero ese aprendizaje exige la aparición de colectivos con inteligencia.

Colectivos con el claro propósito de conseguir, como dice Orencio Osuna, “el fortalecimiento de los servicios y de las políticas públicas, especialmente la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la dependencia, las residencias y la vivienda; una distribución más igualitaria de las rentas y la progresividad fiscal”.

Exigir todo ello, dice, “sin maximalismos, ni retóricas vacuas, sin gesticulaciones estériles, ni pequeñas políticas de campanario. Pero siempre sabiendo cual es la correlación de fuerzas realmente existente y que ésta siempre es cambiante”.

Es ciertamente cambiante. No es estática. Evoluciona a favor de unos o de otros. Eso nos lo jugamos también en esta crisis y conviene reflexionar sobre ello, porque para inclinar la correlación de fuerzas en favor de los defensores de la igualdad hace falta algo más que pequeñas políticas, de campanario, de sacristía o de procesión solemne, da igual. No se pudo cambiar en los años 70 alegando que si se intentaba la ruptura vendría el bunker, ni ahora se puede modificar con políticas que pongan en cuestión el actual régimen, porque la alternativa a lo que tenemos es el gobierno del PP con Vox y Cs. Lo que necesitan estos partidos para ganar peso es que la izquierda les conceda credenciales de credibilidad democrática, de la misma manera que en la transición se aceptó que los tardofranquistas se presentaran como “demócratas de toda la vida”.

¿Ayuda a cambiar la correlación de fuerzas que la comunicación sobre un tema tan serio como es el de la pandemia se ponga en buena parte, todos los días, en manos de altos mandos uniformados del ejército, de la Guardia civil y de la policía? ¿Ayudan los elogios a la figura del monarca? ¿la utilización de lenguaje castrense? ¿la recentralización del Estado? ¿el silencio impuesto a los científicos?

Para cambiar la correlación de fuerzas es preciso generar ilusión en torno a un nuevo proyecto social y eso es incompatible con concesiones al régimen nacido de los pactos de la Moncloa. Otro estado de cosas es posible y en esa perspectiva pueden ganar fortaleza las organizaciones de la clase trabajadora [algún día habrá que volver a llamar a las clases sociales por su nombre], el movimiento feminista, el activismo ecologista, la militancia sindical, las asociaciones vecinales, las entidades culturales, la autoorganización por la base ¿O hay que asumir indefinidamente su progresiva debilidad? El cambio de esa correlación a favor de la gente que vive de su trabajo sólo se puede conseguir mediante la defensa de las propias recetas y no con la asunción como propias de las del poder de los rentistas.

“Si una lección hay que extraer [de esta crisis] es la de cómo tenemos que cuidar la sanidad pública. No solo cuidarla, sino potenciarla cada vez más”, me decía hace poco en una entrevista un médico cubano que trabaja desde hace años en un hospital catalán. Es una necesidad que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia a ojos de buena parte de la población. Sanidad pública que la ciudadanía reivindica todos los días con aplausos y que ha empezado a defender con pancartas desde los balcones.

La covid-19 nos ha planteado a todos un problema enorme, inesperado. Nos ha situado ante un futuro incierto, también a los gestores financieros, que no saben cómo actuar, pero saben dónde están y buscan la manera de obtener provecho de las “oportunidades” que les pueda ofrecer la actual situación. Algunos ya lo consiguen. A la vista está en los mercados de valores. Como escribió Walter Benjamin, el capitalismo no morirá nunca de muerte natural.

Hay que buscar la manera de reinventar un proyecto de reapropiación de lo que ha ido quedando progresivamente en manos de unos pocos.

Se trata de defender lo que es público y hay que decirlo sin cortarse, aunque eso ponga en cuestión lo que algunos consideran que es su derecho a la propiedad.

Tal como escribió Fernando Ruiz en este mismo espacio hay que explicar “que solo con soluciones colectivas en defensa de lo público, de los bienes comunes, de la solidaridad y el apoyo mutuo, el futuro será viable; además, es la garantía para evitar tanto la descomposición de los poderes públicos como el asentamiento de un control totalitario”.

No se puede aceptar como bueno o como una concesión que nos permitan endeudarnos, porque en esa deuda basan el crecimiento de su riqueza los que viven de las rentas del capital. En las actuales circunstancias ese "realismo" posibilista nos conduce al infierno en la tierra.

Durante las recientes décadas de hegemonía neoliberal y socioliberal, se ha echado en falta la existencia de un frente, que recuperara explícitamente el proyecto socialista. No existió y así nos fue. Ahora quizás se pueda ver con más claridad la necesidad de impulsar la acción colectiva, con la voluntad de poner en pie otro modelo producción, de distribución de la riqueza y de la propiedad. Otro modelo de convivencia.