Pandemia, seguridad y libertades

La pandemia que afecta nuestro presente va a condicionar nuestro futuro en muchos ámbitos, entre ellos los relacionados con la seguridad. Nos vamos a enfrentar a polémicos retos hasta ahora tan solo intuidos, como los derivados de la geolocalización por teléfono o de la obtención de datos de movilidad, que podrían afectar a derechos como el de la protección de datos personales; la posible expedición de certificados de inmunidad puede generar nuevos tipos de discriminación.

Las circunstancias han cambiado: la policía ya ha tenido que arbitrar nuevas formas de aviso ante posibles episodios de violencia machista en casos en que víctima y verdugo se encuentran confinados en un mismo domicilio; el argumento contrario a la posibilidad de mantener el rostro oculto porque dificultaba las identificaciones se ha visto sobrepasado por la perspectiva de una sociedad en la que la mayoría de las personas circulará por la vía pública usando mascarilla.

Las políticas públicas de seguridad se van a modificar y el viejo debate entre libertad y seguridad adoptará nuevas formas, aunque en el fondo discutiremos sobre lo mismo de siempre: ¿justifica ese nuevo miedo a lo desconocido, al contagio, la renuncia a parte de nuestras libertades, una pérdida que algunos ya consideraron asumible ante la amenaza terrorista? Me cuento entre los que formularían una respuesta negativa. Pero ¿podemos aceptar los planteamientos de quienes defienden que los regímenes autoritarios están mejor preparados para hacer frente a los peligros que nos acechan? ¿No estaremos haciendo el juego al adversario si asumimos que los países indiscutiblemente democráticos y que cuentan con gobiernos progresistas no pueden construir nuevas respuestas que garanticen la seguridad tanto como las libertades? Y en sentido contrario, ¿podemos permanecer impasibles cuando fuerzas conservadoras intentan presentar a esos gobiernos como amenazas a la libertad?

Probablemente, la izquierda, sobre todo si gobierna, no tiene más remedio que asumir las contradicciones derivadas de que, en momentos como los que vivimos, es necesario adoptar decisiones que han de tener como norte principal la preservación de la salud de la mayoría de la población. La declaración del estado de alarma en España el 14 de marzo fue la forma con la que el Gobierno, con el posterior aval del Parlamento a sus prórrogas, consideró que se podía combatir mejor la epidemia que nos golpeaba. El confinamiento suponía la limitación de movimientos de la ciudadanía; y, aunque la inmensa mayoría entendió la gravedad de la situación, siempre hay a quien le importa poco el bienestar de los demás.

Por tanto, el Gobierno, a través de los cuerpos policiales, debía adoptar medidas que garantizaran el cumplimiento de lo acordado en beneficio de la salud colectiva. Hemos sido testigos de comportamientos incívicos: uno de los más egoístas el de las personas acomodadas que decidieron desplazarse a sus segundas residencias, en muchos casos por carreteras secundarias para evitar controles. Estas actuaciones podían provocar una posible extensión del contagio desde las grandes ciudades a las zonas rurales, menos preparadas en cuanto a instalaciones sanitarias y con mayor índice de personas mayores: algunos dirigentes políticos han preferido la comodidad del confinamiento en sus segundas residencias antes que vivirlo en Madrid o Barcelona.

La curiosa paradoja, aunque tal vez inevitable, ha sido que el Ministerio del Interior ha recurrido a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para sancionar a quienes se saltan el confinamiento. Seguramente hubieran sido necesarias instrucciones más basadas en la pedagogía y menos en considerar que cualquier infracción significaba una “desobediencia o una resistencia grave a la autoridad o sus agentes”.

La Abogacía del Estado y el Síndic de Greuges de Catalunya plantearon la necesidad de aplicar medidas alternativas menos duras. Jaume Saura, adjunto general al Síndic de Greuges, ha desarrollado esta tesis en un interesante artículo en la Revista de Derecho Público de Catalunya titulado “Restriccions a la llibertat de circulació i abús sancionador durant l’estat d’alarma”. La aplicación de una Ley tan controvertida ha sido un regalo envenenado: el Gobierno actual se había comprometido a derogarla y su vigencia se encuentra pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos admitidos a trámite que plantean que esa norma vulnera la Constitución por no respetar determinados derechos. No hay que olvidar que organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o prestigiosos periódicos, como The New York Times, la criticaron con dureza cuando el PP decidió aprovechar su mayoría para aprobarla.

Pero no es menos cierto que la opinión pública, y muy mayoritariamente la progresista, es intransigente con las conductas incívicas que nos ponen a todos en peligro. Se exige sancionar la insolidaridad. Por eso parece que el coronavirus haya vuelto las cosas del revés. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, afirma en una entrevista: “Soy de los que creen que en algunos preceptos de la Ley Mordaza existen clarísimos indicios de inconstitucionalidad. Pero ahora no se cuestiona eso. Ahora el problema es la irresponsabilidad de determinados ciudadanos”; partiendo de la convicción de que el principal valor a proteger es la salud, el profesor Carrillo defiende la legitimidad de una actitud sancionadora frente a las conductas que rompen el confinamiento.

En el otro extremo se sitúa el pensamiento de la derecha que, a rebufo de las propuestas de Trump, considera más preocupante “la imposibilidad de trabajar y producir”. El escritor Mario Vargas Llosa impulsó a finales de abril un manifiesto de la Fundación Internacional para la Libertad titulado “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”. El texto denuncia “las medidas que restringen indefinidamente las libertades y derechos básicos” y afirma que “en España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente”. Entre los firmantes aparecen ex máximos mandatarios de algunos países como Jose Maria Aznar, de España, Mauricio Macri, de Argentina, o Vicente Fox, de México, y miembros destacados de la derecha autóctona, como la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o la exdirigente popular Esperanza Aguirre.

La derecha, que impulsó de forma entusiasta la Ley Mordaza concebida para restringir las libertades de reunión o expresión pasando por encima de la Constitución, pretende dar lecciones a la izquierda sobre la defensa de los derechos civiles. Y no es un hecho aislado; el debate sobre si el estado de alarma no es más que un estado de excepción encubierto llegó hace pocos días a su cénit con un artículo de título suficientemente explicito, “La sociedad cautiva”, publicado por Consuelo Madrigal, que fue Fiscal general del Estado durante el Gobierno del PP, precisamente en la etapa en que se aprobó la Ley Mordaza.

Al parecer, un vicepresidente del Gobierno no puede criticar una sentencia, pero una Fiscal del Tribunal Supremo puede calificar de “antidemocráticas” las decisiones de ese mismo Gobierno. Existe una campaña, que sintoniza con la actitud de VOX y el PP en el Congreso de los Diputados, que intentaría acusar al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de estar perpetrando un atentado al estado de derecho y a nuestras libertades a través de la declaración del estado de alarma y de las normas aprobadas posteriormente. El objetivo, más allá del legitimo debate académico sobre los límites constitucionales del estado de alarma, es diáfano: derribar al Gobierno progresista y dejar la pista libre para aplicar medidas que vuelvan a poner el interés económico de los poderosos por encima del derecho a la salud y al bienestar de la mayoría de la población. La patética manifestación de la derecha acomodada y autoritaria gritando “libertad” en el barrio de Salamanca de Madrid constituye un ejemplo bien reciente de esa campaña.

Nada ha resultado fácil para los gobiernos en esta crisis. El profesor Daniel Innerarity ha señalado que, al moverse en territorio desconocido, las decisiones han tenido “un carácter de improvisación y experimento” y que se han cometido numerosos errores. El Gobierno español no ha sido una excepción.

A mí me ha costado entender por qué un gobierno de coalición de dos fuerzas políticas se convierte en monocolor al designar las autoridades dentro del estado de alarma. Y me hubiera gustado un perfil más federal durante este complejo período. Pero la izquierda no debe equivocarse al juzgar al Gobierno por su política, también por sus errores, en materia de libertades. Hay sectores progresistas muy sensibles a ese tema y que acostumbran a mirar con recelo a los cuerpos policiales y, ya no digamos, a las Fuerzas Armadas. Hay muchas cosas a mejorar y muchas comparecencias públicas a perfeccionar. Y habrá que reformar la legislación de forma garantista para regular situaciones que jamás habíamos previsto. Pero no podemos caer en la trampa demagógica de los que después de recortarnos los derechos quieren aparecer ahora como la garantía de las libertades.