El horizonte de nuestro sistema educativo después de la LOMLOE
Joan Mena Arca
Licenciado en Filología Hispánica. Diputado por Barcelona.
Los dos elementos que han centrado el debate educativo en España en los últimos meses han sido la nueva Ley de Educación (LOMLOE) y las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, ahora en tramitación en el Congreso, destinadas a Educación. Ambos debates tienen en común que, finalmente y tras muchas movilizaciones en la calle y un gobierno de coalición que apuesta decididamente por la educación como elemento vertebrador de la corrección de las desigualdades, dejamos atrás la senda de la austeridad marcada por los gobiernos neoliberales en España y los años de utilización de la educación como arma de confrontación política entre los grupos parlamentarios.
Tanto una cosa como la otra situaban a la educación en el terreno del barro político y no de la necesaria apuesta por políticas educativas que mejorasen nuestro sistema educativo para ponerlo al servicio de las clases populares en este país. Tenemos por delante, por lo tanto, dos horizontes fundamentales de futuro. Uno inmediato: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte de la mayoría progresista y plurinacional que está garantizando la gobernabilidad durante la presente legislatura. Y otro a largo plazo: el despliegue de los objetivos más destacables de la Ley de Educación que tienen que ver con la voluntad política del gobierno de tirar adelante la necesaria reforma del sistema educativo español.
A nivel presupuestario, las inversiones educativas crecerán un 14% más que en los presupuestos del año pasado, muy por encima de lo que aumenta la media generalizada del presupuesto. Además, si a estos presupuestos les añadimos la importante partida proveniente del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos, la realidad es que España contará con la histórica cifra de 6.036 millones de euros destinados a Educación. Especialmente interesantes son las partidas del programa de becas y ayudas al estudio incrementándose un 44%, es decir 2.150 millones de euros, respecto de lo que estaba presupuestado para el año 2017.
Los presupuestos claramente marcan los objetivos prioritarios de los gobiernos y, también, el modelo de sociedad que estos defienden para el conjunto de la ciudadanía. En este sentido, contrasta el incremento presupuestario histórico planteado por el gobierno de coalición con la previsión que han proyectado algunos gobiernos autonómicos en manos de la derecha en complicidad con la ultraderecha. Por ejemplo, pese a recibir más de dos mil millones de euros de fondos COVID aprobados de forma extraordinaria por el Consejo de ministros, Ayuso despidió en la Comunidad de Madrid a más de cinco mil profesores ante el inicio del nuevo curso escolar y Feijóo, en Galicia, eliminará de la escuela pública gallega a 868 mientras aumentará las subvenciones destinadas a la educación privada concertada. Se hace evidente, pues, que la apuesta por mejorar la calidad del sistema educativo (especialmente del público) no es extensible a todos los gobiernos. Parece ser que la defensa de la escuela pública sí que tiene ideología.
Además del debate presupuestario, en España tenemos también otro reto educativo de primer calado: el despliegue de la LOMLOE. Después de más cursos de los que nos hubieran gustado, hemos conseguido impulsar una nueva ley de educación que deja atrás la ideológica, retrógrada y recentralizadora LOMCE del exministro Wert. Una Ley que arrodillaba a la educación pública ante los intereses de los grandes poderes económicos, situaba auténticas barreras de obstáculos para garantizar el derecho a la educación al conjunto de las clases populares, convertía la educación pública en subsidiaria de la privada subvencionada y eliminaba cualquier resquicio del país pluricultural y plurilingüe que somos. Esta ley ha estado en las aulas más tiempo del que un país democrático, diverso y que apuesta por la educación pública se puede permitir. Bien es cierto que, desde el inicio, la LOMCE nació muerta y la movilización masiva de la comunidad educativa en su conjunto en contra de esta ley ha impedido que se desplegara tal y como estaba prevista.
Pero quiero también ser honesto con la realidad. La LOMLOE ha sido una oportunidad perdida en diferentes aspectos. No hemos conseguido, fundamentalmente, tres objetivos que nos habíamos marcado: homologarnos con Europa en cuanto a matriculación de alumnado en centros educativos públicos acabando con una triple red educativa que ya se ha convertido en estructural en España, garantizar la educación inclusiva como columna vertebral de nuestro sistema educativo apostando por la escolarización del alumnado en los centros educativos ordinarios facilitando así todos los recursos necesarios para que esto sea posible y dejar al margen del horario lectivo la asignatura de religión.
Está claro que estos avances han sido imposibles debido a la correlación de fuerzas con la que se ha tenido que aprobar la nueva ley orgánica. Por una parte, en el seno del gobierno Unidas Podemos somos la fuerza minoritaria de una coalición que ha demostrado los límites del PSOE en diferentes ámbitos, también el educativo. Así como el PSOE nos ha acompañado en las votaciones de blindaje de la escuela pública o defensa de un sistema educativo laico donde la religión quedase al margen del currículum escolar cuando compartíamos oposición a los gobiernos del PP, una vez en el gobierno la defensa de la educación pública y laica la matizan. Esta actitud ha sido un lastre en toda la negociación de la ley y ha impedido mayores avances para la red pública.
Por otra parte, al ser una Ley Orgánica y tener un gobierno en minoría, hemos necesitado negociar el contenido de la reforma legislativa con ERC y PNV fundamentalmente. No hace falta describir qué modelo educativo defiende el PNV allí donde gobierna para entender que avanzar todavía más ha sido muy difícil, pero hay que destacar que en algunos aspectos ERC también tiene un posicionamiento más cercano al PSOE que a Unidas Podemos.
No obstante, la ley ha sido claramente un cambio radical respecto a la situación anterior, pero ahora hace falta desplegar aquello que ha quedado recogido en el redactado definitivo para garantizar que ese cambio aterrice en las aulas. Cinco son los puntos que me generan mayor inquietud a la hora de determinar de qué manera el Ministerio de Educación va a ser leal a lo acordado en la Ley y, por lo tanto, garantizar que esos cambios vengan para quedarse.
En primer lugar, destaca la obligación que tienen a partir de la aprobación de la ley las Administraciones Educativas de ampliar progresivamente la oferta de plazas públicas en nuestro sistema. El objetivo fundamental, como decía antes, debe ser homologar España con los principales países de nuestro entorno europeo en cuanto a la matriculación del alumnado en la red pública. Los conciertos educativos, que son una anomalía en Europa, se han convertido en estructurales en nuestro país y han condenado al sistema educativo a la peor de las segregaciones, la socioeconómica. Por este motivo, la tendencia española debe ser la de acercarnos a un porcentaje de matriculación en plazas públicas del 80%, la media que tiene la Unión Europea y también los países de la OCDE, y alejarnos del 68% en el que estamos situados desde el inicio de los años 2000. Esta situación solamente la podemos corregir con una ampliación de oferta pública en todas las etapas educativas y, evidentemente, haciendo que las Comunidades Autónomas, que son las instituciones competentes en este ámbito, se corresponsabilicen con esta apuesta por hacer de la escuela pública la columna vertebral del sistema educativo español.
En segundo lugar, y también por mandato europeo, tenemos la obligación de convertir a la escuela española en una auténtica escuela inclusiva donde quepan todos y todas las alumnas independientemente de su situación socioeconómica, física o psíquica. La escuela debe ser la casa de todos y, en la casa de todos, convivimos todos juntos. Sin distinciones ni ningún tipo de segregación. Para eso hacen falta tres elementos claros: adaptar los centros educativos a las necesidades de formación y de movilidad de todo el alumnado, incorporar nuevos perfiles educativos en los centros docentes y aumentar los recursos para que la inclusividad llegue a todos los centros.
Es también importante, y está muy vinculado a esta segunda necesidad, mejorar la atención individualizada al alumnado porque está pedagógicamente demostrado que esto tiene un impacto inmediato en el rendimiento educativo y de aprendizaje del alumno. Para conseguir este objetivo sólo hay una medida efectiva: rebajar la ratio en el aula. Una ratio que fue aumentada de forma unilateral por los gobiernos del PP y que el gobierno del PSOE, en solitario, rebajó a través de un decreto, pero manteniendo la franja alta que están utilizando las comunidades autónomas gobernadas por las derechas. La contratación de más profesorados en los centros educativos para hacer frente a las urgencias que ha generado la COVID19 ha demostrado que esta es una medida viable, posible y efectiva y debemos mantenerla. Así pues, no hemos conseguido que el PSOE aceptará introducir una rebaja de la ratio por ley, pero seguiremos trabajando para que esta se dé a través de un decreto que debe garantizar que la atención individualizada llega, de forma equitativa, a todos los centros educativos del estado.
En cuarto lugar, estos presupuestos y la ley de Educación son la oportunidad que necesitábamos para reforzar la educación infantil, siempre denostada, en España. La apuesta por hacer de la 0-3 una etapa educativa con el mismo peso pedagógico que tienen el resto de etapas se debe llevar a cabo en los cinco años que prevé una disposición adicional de la LOMLOE. Está demostrado que solo un año de escolarización en la etapa 0-3 por parte del alumnado, garantiza mejor rendimiento educativo en etapas futuras. Y esta debe ser una etapa gratuita, universal y accesible para todas las familias y, para eso, hace falta que la LOMLOE se despliegue en esta disposición adicional y también que los Presupuestos Generales del Estado ejecuten la partida prevista para que esto ocurra. Finalmente, es también imprescindible en estos cinco objetivos prioritarios garantizar una educación en valores que construya una sociedad más justa, más solidaria y más democrática; haciendo frente también a la amenaza de la ultraderecha y la ola de individualismo que sacude las sociedades europeas. Por lo tanto, hay que invertir en formación permanente del profesorado en la lucha contra el acoso escolar, la defensa del alumnado LGTBI y sus derechos, los contenidos de memoria histórica y democrática en el currículo educativo y la incorporación de la educación en fiscalidad o sostenibilidad en nuestras aulas, entre otros elementos que están presentes en la LOMLOE.
No querría acabar sin hacer mención a la Formación Profesional que es también uno de los retos educativos y formativos que tiene España y que debe aprovechar los Fondos Europeos para blindar un sistema pública de oferta de FP que, hasta ahora, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos españoles. Junta a una partida presupuestaria que será histórica en inversión en formación profesional y ocupacional, el Congreso de los Diputados está también ultimando la tramitación de la nueva Ley de Formación Profesional. Con veinte años de retraso, ha tenido que llegar el primer gobierno de coalición con presencia de la izquierda transformadora después de la Segunda República, para que nos tomemos en serio la FP y garanticemos tres cosas: oferta pública, oferta en todas las zonas del estado y oferta adecuada a las necesidades productivas de cada entorno.
Así pues, España tiene un reto educativo importante. Seremos capaces de conseguirlo con un gobierno de coalición que apueste por la pública como elemento fundamental de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con el mantenimiento de una comunidad educativa exigente que siempre ha demostrado su capacidad de movilizar la calle cuando no se cumplen los acuerdos pactados y con una inversión presupuestaria que consigue lo que a veces es más difícil en política: que aquello que ha quedado recogido en una ley a través de artículos, títulos y enmiendas llegue al centro de interés del sistema educativo, el aula y el alumnado.