La meritocracia, un discurso que no nos representa
Gloria Pilar Santiago Camacho
Vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears. Diputada por Ibiza. Responsable de Educación en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.
En el siglo pasado, dirigentes de toda índole comenzaron a nombrar en sus discursos el ideal de la igualdad de oportunidades. Especialmente, la izquierda asumió en todos sus programas electorales medidas educativas que garantizaban el derecho universal a la educación. Para la clase trabajadora, ir a la escuela era la única manera de mejorar sus condiciones de vida.
Este ideal se corrompió con la ideología neoliberal que a partir de los 80 empezó a colonizar el pensamiento dominante occidental, un pensamiento que mide el éxito de las personas según un supuesto esfuerzo y las hace responsables de su destino sin tener en cuenta las condiciones materiales de las que parte cada persona.
Resulta curioso que, aunque se supone que las oportunidades están ahí para todo el que quiera aprovecharlas, en 2018 la OCDE publicaba A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, un informe en el que afirmó que si naces en una familia con bajos ingresos en España tardarías, mínimo, cuatro generaciones (120 años) en conseguir un nivel de renta medio.
La cuestión es: ¿De verdad tiene todo el mundo las mismas oportunidades? ¿Se puede prosperar solo con esfuerzo? ¿Funciona el ascensor social en el que se basa la teoría de la meritocracia?
Quienes pertenecemos a la generación millenial hemos crecido con la premisa de que si te esfuerzas puedes conseguirlo. Hoy, por suerte, se cuestiona esta máxima y se evidencian algunos efectos muy nocivos de la teoría de la meritocracia. Ese discurso no representa a esta generación ni atiende a la realidad social en la que nos movemos.
El problema es que esta vieja teoría no valora a quien más se esfuerza sino a quien gana. Y no siempre saca mejores resultados el estudiante que más se ha esforzado sino el que ha tenido la oportunidad de estudiar más. Y esa oportunidad no depende del estudiante. Se premia entonces a la persona que tiene un mejor entorno familiar y económico, el que lo va a tener más fácil para prepararse un examen.
Según “El mapa de la pobreza severa en España”, publicado por EAPN en 2021, el 14,1 % de las niñas, niños y adolescentes (17 años o menos) vive en situación de pobreza severa. Según la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer, que publicó el Ministerio de Igualdad en 2020, 1.6 millones de niños viven en hogares con violencia machista.
Hay quienes al llegar a casa encuentran una realidad violenta o sumida en la pobreza y hacer los deberes no va a ser la mayor de las preocupaciones. Muchos padres y madres con trabajos muy sacrificados no tienen tiempo ni fuerzas para dedicarlos a la supervisión de la educación de sus hijos. Hay niños y niñas que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas de descanso, alimento y cuidados. Y eso es absolutamente determinante.
En condiciones vitales precarias, por mucha igualdad de oportunidades que te brinden en la escuela, las posibilidades de ascender socialmente son casi inexistentes. No es el entorno adecuado en el que debería crecer un niño o una niña para poder, siquiera, tener curiosidad por aprender o querer soñar con un futuro prometedor. Y la vieja teoría de la meritocracia, encima, los juzgará por fracasar.
Desde hace tiempo ocurre que la derecha, máxima defensora del ideal meritocrático, se burla de quien necesita ayudas del Estado. A sus destinatarios los consideran unos vagos, desprovistos de arrojo para superar su pobreza. Por eso al Ingreso Mínimo Vital le llaman, burlonamente, “paguita”.
El estudio de 2018 para el Observatorio Social La Caixa “Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España” dejaba claro que el nivel socioeconómico condiciona el rendimiento académico. Así, el estudio muestra cómo los estudiantes con rentas más bajas tienen el doble de posibilidades de repetir curso. La desigualdad lastra el ascenso social del conjunto de la población y está perjudicando muy gravemente al avance y a la prosperidad de este país.
La vieja teoría meritocrática es una gran mentira. No sirve para ascender socialmente y además justifica las desigualdades.
La justificación de la desigualdad, el fruto meritocrático
El informe sobre el Estado de la pobreza en España, publicado por EAPN este 2021, señala que cuatro millones y medio de personas están en situación severa de pobreza (supone que no llegan a una renta de 6500 euros al año). Este mismo informe dice que el 21% de personas de este país está rozando los límites de la pobreza severa.
Según el sistema de valores que sostiene la teoría de la meritocracia, el destino de una persona se corresponde con el esfuerzo y el mérito. Todas las personas se merecen lo que tienen desde lo material hasta la propia salud. Se justifica así el éxito y la riqueza, pero también el fracaso y la miseria. Ante esta visión tan arraigada en nuestro imaginario colectivo, parece evidente que la solución no vendrá con un puñado de políticas de maquillaje. Hay que escarbar hasta la raíz.
La educación puede ser el antídoto para la desigualdad, pero esta función se complica si en el imaginario colectivo se sigue aceptando la desigualdad como un hecho natural. Un suceso incorregible sin soluciones integrales. Muy pocos entienden la desigualdad como un fracaso político. Y en realidad, lo es.
Los planes educativos democratizan las oportunidades para que todo el alumnado se sienta dueño de la posibilidad de alcanzar una vida mejor, pero el derecho a una vida feliz y al bienestar de las familias no se fomenta desde todas las estructuras sociales.
Proteger a la infancia no solo se debe hacer desde la escuela, sino desde un entramado de políticas públicas que también protejan a los padres y madres. Eso requiere apostar por el Escudo Social, que garantice el suministro de energía y una vivienda digna. Proporcionar un sueldo decente y recuperar el poder de negociar las condiciones laborales. También hace falta una política fiscal redistributiva y un sistema de salud universal.
Todas estas medidas podrían combatir las desigualdades desde la raíz, pero son decisiones políticas que no todos quieren llevar a cabo. Paradójicamente, sí hay un espacio social comúnmente aceptado para la transformación social y la lucha contra estas desigualdades: la educación.
La capacidad transformadora de la educación
No se trata de abandonar el cauce del esfuerzo, sino de observar las condiciones materiales con las que niños y niñas están viviendo y valorar sus méritos en función de su contexto.
El concepto de aprender ha de ensancharse y tiene que ir más allá de un expediente académico con números sobresalientes. Porque la idea es enseñar que el valor de las personas no está en los números de su cuenta bancaria o en lo alto que haya podido llegar en la vida sino en su capacidad para enfrentar los retos vitales con empatía, razonamiento y compasión.
En el camino insólito de la educación, todos los niños y las niñas tienen que conocer que no todas las realidades son las mismas y que eso es injusto. Y además, tomar conciencia de que la solución a la desigualdad será conjunta o no será.
La educación es una llave a la posibilidad porque entraña una inimaginable capacidad transformadora hacia el bien común. No puede permanecer ajena a la realidad sino que ha de analizarla e intervenir en ella. Si asumimos la educación como una simple espectadora de lo que sucede fuera del aula, ajena a la reflexión y el cuestionamiento del pensamiento hegemónico, entonces el mundo seguirá condenado a normalizar las desigualdades y las injusticias. No habrá posibilidad de ruptura con lo establecido ni esperanza para un nuevo contrato social que democratice la felicidad como derecho universal.
La educación tiene que proporcionar las herramientas para reconocer las formas antidemocráticas de poder o la forma represiva en los intereses ideológicos. Si la neutralidad entra en la escuela, no habrá espacio para el sentido crítico y la capacidad de analizar el mundo con tal de mejorarlo. El aprendizaje no se debe centrar solamente en procesar la información sino en utilizarla para hacer del conocimiento un arma más segura en la conquista del bien común.
En este sentido, la labor del profesorado irá más allá de transmitir conocimiento porque tendrán que escuchar cuál es la visión del mundo del estudiante y desafiarla. Y parafraseando a Pablo Freire subrayo que “nada crece en la inmovilidad”. Por eso mismo, la educación no puede quedarse en el cómodo margen de las ideas hegemónicas. Hay que cuestionar la realidad dada.
El pensamiento crítico, del que tanto se habla, solo nace del intercambio de ideas, de encontrar el acierto en el argumento del otro. Si no se ofrecen otras posibilidades, otras formas de entender el mundo, reinará el inmovilismo y esto será devastador para el futuro. Si no hay más certezas que lo que conocemos, estaremos transmitiendo que no quedan sueños por los que luchar. Las aulas deben ser espacio para cuestionarnos los límites estrechos de nuestra verdad. En el aula habrá que salirse de las posturas determinantes y del pensamiento autómata porque solo así habrá posibilidad de un mundo más justo.
Contemplar la historia como algo inevitable sería decretar la muerte de los sueños. Y no podemos abandonar la fe en nuestra capacidad transformadora como sujetos protagonistas de una historia común. No podemos soltar la utopía. Hay que seguir transmitiendo a las generaciones más jóvenes su deber de inquietarse por las profundas razones de las injusticias.
Lo que está claro es que el Estado debe cubrir las necesidades de las familias para poder proteger a la infancia. El horizonte del bien común tiene que asumirse desde las políticas públicas que operen en la vida de todas las personas y desde todas las edades.
Hacia una nueva alianza educativa
La planificación de la educación requiere de una madurez política que este país aún no ha alcanzado. En países como Alemania o Finlandia hay consenso educativo -total o de mínimos- y eso asegura el ascenso conjunto y continuo del bienestar colectivo. En España ninguna de sus 7 leyes educativas ha sido aprobada por consenso.
Tampoco hay pacto en el blindaje y la protección de recursos que se destinan. La pasada crisis del 2008, las partidas educativas sufrieron recortes abusivos que socavaron la calidad educativa. Tras la crisis de la pandemia es imperativo proteger los presupuestos educativos porque no podemos permitir una catástrofe generacional. Es urgente, además, el compromiso de destinar el 6% del PIB del Estado y situarnos en la media europea en inversión educativa.
Sin embargo, no todo consiste en destinar más dinero sino en hacerlo de manera más eficiente. Por eso apremia la necesidad de una Gran Alianza Educativa donde se recupere el contrato social entre la gente y el derecho a la educación. Una alianza con mirada amplia hacia los nuevos tiempos, fruto del análisis de los porqués de la desigualdad, convergiendo en los retos comunes por un mundo más justo, y sustituyendo las viejas teorías educativas fallidas.
Una Gran Alianza Educativa que debería profundizar en los estos términos:
- Educación inclusiva: adaptada a las diferentes realidades emocionales, sociales, físicas y psíquicas del alumnado. Acogiendo la diversidad como una posibilidad de aprendizaje común;
- Educación laica: libre de condicionamientos y dogmas. Que se crezca desde la experiencia, la ciencia, la ética y la filosofía;
- Educación que fomente el esfuerzo pero sin pruebas que califiquen al alumnado según unas notas o unos resultados;
- Educación en el error: fomentando el error como forma de conocimiento. Aprender asumiendo y cometiendo errores para una sociedad más humilde, más dada a la compasión y a la conciencia de la existencia equívoca;
- Educación en habilidades, llamadas soft kills, entre las que se incluyen la capacidad para resolver problemas, la creatividad, la cooperación, la negociación;
- Educación en idiomas pero sin la imposición colonialista del inglés;
- Educación para el presente: centrada en los problemas y los retos actuales. Abierta al debate y a los límites estrechos de la verdad única;
- Educación para cambiar el futuro: que desvele la capacidad de luchar por el bien común;
- Educación para siempre: en la que se asuma que estamos en constante proceso de aprendizaje para alejarnos de posturas determinantes y extremistas.
En definitiva, la educación puede y debe ser un elemento igualador que impulse al conjunto de la sociedad hacia mejores tiempos. Se necesita responsabilidad y un esfuerzo colectivo para repensar la educación del ahora con el objetivo de que el futuro sea prometedor para todos y todas por igual.