¿Realmente tenemos una educación inclusiva y un sistema educativo que funcione como ascensor social?
Rosa India Herrera
Licenciada en Psicología por la UGR (2002), trabaja como orientadora educativa en la Junta de Andalucía desde Septiembre de 2016 como funcionaria.
La atención a la diversidad es un tema recurrente en la normativa y en las conversaciones que se escuchan en los centros educativos y entre las familias.
Los diversos desarrollos normativos han supuesto una evolución en la atención que recibe el alumnado con necesidades, así hemos pasado de un modelo de escuela segregadora (en la que lo único importante es que el alumnado alcance un objetivo académico dejando de lado la socialización o la aceptación de la diversidad en la vida) a un modelo integrador (LOGSE-LOCE, en el que se intenta que la mayor parte del alumnado sea atendido en “centros ordinarios” y dentro del aula pero con una enseñanza centrada en el modelo del déficit y no en el desarrollo máximo de las potencialidades).
Desde la LOE, con sus diferentes modificaciones, se apuesta por un modelo inclusivo que permita que todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales (salud, situación socioeconómica, familiar, etc.), pueda educarse en conjunto. Esto quiere decir que en las aulas nos encontramos una gran diversidad de perfiles que enriquecen nuestra realidad y que nos permite educar en sociedad.
Toda esta evolución normativa intenta conseguir que la educación funcione realmente como un ascensor social, un sistema que permita que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial sin que éste se vea mermado por el estrato social del que se provenga.
La UNESCO (2006) define la Educación Inclusiva como “un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo…”
De la definición realizada por la UNESCO y de la normativa deducimos que los centros educativos den reformular su visión de la educación para pasar de un modelo integrador a un modelo inclusivo en el que se tiene en cuenta las características de las personas para adaptar el sistema educativo a sus características y no a la inversa (como se venía realizando). Es un modelo que se centra en las “potencialidades” que tiene el alumnado y no en su “déficit”, así mismo se acoge la diferencia como un aspecto enriquecedor y se produce un cambio en lo que se debe enseñar: ya no nos centramos sólo en ser transmisores de información, sino que entendemos el currículo en su dimensión cognitiva, social y emocional.
Todo esto es lo que se pretende en los diferentes desarrollos normativos pero la realidad en los centros educativos no es tan idílica por diversos motivos:
• Falta formación
Cada nueva Ley implica un cambio en el currículo y en los aspectos en los que se debe incidir, los cambios normativos son tan rápidos que no da tiempo real a que se asienten las nuevas formas de enseñar y evaluar. Queremos que el profesorado realice una educación inclusiva pero no le damos herramientas para que la puedan realizar: la formación en la universidad sigue siendo la misma que hace 30 años y no existe una actualización de la formación de los, y las, docentes en activo que sea ajustada a la realidad del aula. Por lo tanto, la mayoría acabamos formándonos por nuestra cuenta, a través de libros, compañeras o formaciones tipo máster que salen de nuestro bolsillo y de nuestro tiempo personal (en educación no existe la formación dentro del horario laboral).
•Faltan recursos
Cuando hablo de recursos no me refiero solo a la dotación económica de los centros, que es paupérrima, sino recursos de todo tipo.
En la mayoría de los centros no se tienen las condiciones necesarias para el uso de las TIC, el confinamiento del curso 2019-2020 dejó patente que teníamos una carencia en herramientas básicas de trabajo (tanto las familias como los profesionales que tuvimos que trabajar con nuestros aparatos personales y quien no tenía tuvo que costeárselo de su bolsillo) como en plataformas que funcionen para una formación a distancia.
El curso 2020-2021 nos dejó claro que el confinamiento no había servido para dotar a los centros de más cursos, se pretendía que el profesorado diera clases telemáticas, pero sin tener cámara, micrófono o si quiera una red de internet estable (ya en lo de que el alumnado tuviera recursos técnicos para seguir las clases mejor ni entramos).
Dicho curso, 2020-2021, vino a demostrar una vieja reivindicación la bajada de ratio funciona: en aquellas aulas en las que la ratio fue menor los resultados fueron mejores, no hablamos sólo de resultados académicos (notas) sino también a nivel de incidentes de convivencia, seguimiento de casos complicados, atención a la diversidad en el aula, etc.
En este curso escolar, 2021-2022, volvemos a las antiguas ratios que consisten en apurar al máximo la legalidad (25+10% en casos excepcionales, que se convierten en aulas de 26-27, para educación primaria; 30+10% excepcional en ESO). Es importante que no nos dejemos llevar por la demagogia que se hace en estos casos, cuando se habla de media se coge a todo el profesorado de una provincia, por poner un ejemplo, y se divide entre todo el alumnado de dicha provincia; estamos contando a los especialistas que intervienen en casos excepcionales, al equipo directivo que no puede estar todo el horario en el aula ya que tiene otras obligaciones, obviamos las reducciones horarias, etc. La realidad es que la mayoría de las aulas se encuentran en los máximos legales.
Si en una clase de primaria tengo a 25 alumnos es muy difícil que pueda atender a cada uno con el tiempo que necesita (si fueran clases individuales tendría 2-3 minutos por alumno a la hora); en secundaria obligatoria la cosa se complica porque el profesorado tiene una media de 30 adolescentes y varias clases (generalmente un profesor de secundaria atiende a una media de 100 chicas, y chicos, por curso escolar, dependiendo de la especialidad pueden ser bastantes más).
•Exceso de burocracia
No es sólo el trabajar con el alumnado en clase, el crear tu programación adaptándola al perfil del alumnado que tienes, realizar las diferentes adaptaciones que te exigen si tienes alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), hacer los exámenes, planificar las tareas, etc. Además de todo esto es lo que sería habitual en el trabajo del profesorado también deben encargarse de hacer un seguimiento del alumnado absentista, realizar distintos planes personalizados para el alumnado (en Andalucía con la Orden de 15 de Enero de 2021 se introducen varias modalidades de programas de refuerzo que deben cumplimentar y seguir el profesorado de las diferentes materias), cumplimentar informes en Séneca (el programa informático que lleva todo lo educativo en Andalucía), introducir en Séneca los programas de refuerzo para el alumnado NEAE y hacerles el seguimiento preceptivo, etc.
•Falta de especialistas en atención a la diversidad
Hasta el momento solo he hablado de profesorado generalista, pero para el alumnado que tiene alguna NEAE existen unos perfiles cuya función es ayudar a que este alumnado alcance al máximo su potencial (tanto interviniendo directamente con el alumnado como a través del asesoramiento al profesorado y la familia).
Estos especialistas pueden ser muy específicos como puede ser el caso de maestros de la ONCE para ayudar al alumnado con discapacidad visual, profesorado especialista en lengua de signos para asistir al alumnado con discapacidad auditiva, o maestras con un perfil menos específico pero que se centran en la atención a la diversidad:
- Maestras de pedagogía terapéutica (PT): hacen posible el ajuste del currículo y la realidad de los centros a las necesidades del alumnado con NEAE, suelen trabajar con el alumnado aspectos específicos (habilidades sociales, estrategias de atención, etc.) y asesoran al profesorado para los aspectos curriculares. Lo habitual es que nos encontremos con una por centro, en algunos casos puede haber 2, y suelen atender una media de 20-30 alumnos/as (en este caso no están para una clase sino para todo el centro).
- Maestros de audición y lenguaje (AL): al igual que los PTshacen un trabajo específico con el alumnado, en este caso orientado a mejorar la capacidad lingüística, y una labor de asesoramiento al profesorado. Es un perfil que suele llevar más de un centro, en primaria son frecuentes mientras que en secundaria es raro el centro que cuenta con la asistencia de esteperfil aunque sea 1 vez a la semana.
- Personal técnico de integración social (PTIS): no son docentes, pero sin ellos hay alumnado que no se podría escolarizar (hoy por hoy hay chicos en Andalucía que están en sus casas porque la administración no pone este recurso), se encargan de ayudar al alumnado en aspectos de autonomía (wc, aseo, alimentación, moverse por el centro educativo, etc.) y en aspectos de socialización.
A caballo entre el personal generalista y el especialista está el perfil del orientador, generalmente orientadora, educativo. Nuestras funciones son muy diversas: evaluar al alumnado para facilitar el ajuste del currículo a su realidad personal, intervenir en casos de acoso escolar, conexión con otros servicios (salud, servicios sociales, etc.), asesorar en el desarrollo de la convivencia, técnicas de estudio, acción tutorial, adaptaciones del currículo, gestión del aula, intervención en casos de maltrato, etc.
La UNESCO recomienda que la ratio de orientador-alumnado sea 1:250, la realidad andaluza está en 1:1000.
Con todas estas barreras es complicado que la educación pueda cumplir con su principal objetivo: formar a los futuros miembros de la sociedad para que puedan ser la mejor versión de sí mismos.
Si realmente apostamos por una sociedad en la que todas las personas tengan cabida, en la que aprovechemos las potencialidades de todas y todos, que abrace la diversidad como un elemento enriquecedor entonces… lo estamos haciendo mal.
Una atención educativa de calidad necesita una inversión fuerte y no las migajas que nos están facilitando a la escuela pública. La atención a la diversidad necesita quitarse el estigma de ser la atención al que es diferente (en sentido peyorativo) y empezar a coger el lugar que le corresponde ya que una atención a la diversidad no deja de ser una atención a las necesidades que tiene cada persona, buscando su potencial (para estimularlo) y sus aspectos de mejora (para superarlos), consiguiendo así una sociedad en la que todas y todos tengamos cabida y en la que no dejemos a nadie atrás.
Generalmente hablamos de la educación como un gasto sin darnos cuenta de que la educación es una inversión: las personas que tenemos en los centros educativos, que están formándose, son las personas que van a constituir nuestra sociedad en el futuro. ¿Realmente consideramos que nuestra sociedad no necesita un cambio liderado por nuestra diversidad? Si la respuesta es que sí entonces debemos luchar porque se invierta más en educación, una inversión dedicada a que todo el alumnado, independientemente de sus características, sea capaz de alcanzar su máximo potencial. Una inversión para la escuela pública que permita que todas y todos podamos alcanzar lo que nos propongamos y en la que nuestra evolución no venga determinada por el nivel socioeconómico de nuestra familia, en definitiva que funcione realmente como un ascensor social.
No nos dejemos engañar, en la escuela se detectan muchos de los problemas que hay en la sociedad y es el momento de intervenir, de dar soluciones, estrategias, para afrontar los problemas.
La pandemia de la COVID19 ha dejado al descubierto las carencias del sistema educativo, también nos ha ayudado a detectar muchas dificultades (emocionales, económicas, educativas, etc.) a las que no podemos ayudar porque se prefiere gastar el dinero en otras partidas antes que invertir en la educación y en el bienestar de nuestro alumnado.
Sin recursos suficientes para que el alumnado más desfavorecido tenga oportunidades lo único que conseguimos es que se deje de lado a este alumnado; la falta de recursos también influye en el alumnado que tiene un desarrollo por encima de lo esperado (altas capacidades, alumnado con un talento específico, etc.) ya que no se le puede atender de forma adecuada y como “pueden” se les deja de lado recayendo sobre las familias el peso de darles una respuesta ya que la escuela saturada no puede facilitársela.
Así nos encontramos con múltiples planes para detectar las dificultades, pero con pocos recursos para atenderlas, con profesorado saturado que no puede dividirse para atender a tanto alumnado y que al final tiende a homogeneizar.
La falta de recursos está convirtiendo a las escuelas en creadoras de individuos de perfil medio, lo importante es no destacar (por exceso o por defecto) para no ser señalado, y en las que los recursos de las familias son los que van a permitir aprovechar el potencial o no.
Tomemos el ejemplo de la Junta de Andalucía: mientras recorta en personal, porque según dicen ya no son necesarios los apoyos del curso pasado al no estar en pandemia, no dudan en aplicar deducciones a las familias para que inscriban a sus hijos en centros privados o ayudas para el estudio del inglés.
Si queremos que la educación sea un ascensor social real, en el que cada persona pueda llegar hasta donde quiera independientemente de cuáles sean sus circunstancias socioeconómicas, es necesario que invirtamos en una educación pública de calidad: una inversión dedicada a superar las barreras detectadas (formativas, falta de recursos, etc.) y a descubrir los talentos que tenemos ocultos entre el alumnado.