La educación: un acto político, un derecho

El pasado mes de octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una de sus intervenciones en la Asamblea, clavó un mensaje en los titulares y cabeceras de diferentes medios –No podemos regalarle a todo el mundo la educación porque el sistema no sería sostenible–. Cuando Díaz Ayuso equipara educación a regalo, lo que pretende es borrarnos como pueblo, porque la educación como derecho es una conquista social del pueblo en las calles.

Cuando dice sistema, en realidad está hablando del lobby de la educación privada, y la educación como derecho es un peligro para sus negocios y sus privilegios. Es por ello que nos machacan con el mantra de que lo público no es sostenible. No son sostenibles las pensiones, ni la sanidad, ni la educación,… pero si es viable el parasitismo de lo privado sobre lo público. No obstante, si algo se ha demostrado como verdad, es que el sostenimiento de cualquier oferta privada nos sale mucho más cara que nuestro sistema de servicios públicos como garante de derechos..

Pero lo más llamativo es que ya habíamos escuchado este mensaje perverso y peligroso aquí en Andalucía. Se lo escuchamos al PSOE andaluz en boca de Susana Díaz, en el Parlamento andaluz, cuando dijo que le debíamos nuestra educación a Felipe González. En la misma línea de lo que dijera en unas primarias internas por el 2013 –He podido estudiar gracias a las becas de Felipe González–.

La insolencia con la que se lanzan estos mensajes va de la mano de un plan metódico y minucioso de exterminio de cualquier brote de conciencia colectiva que plantee alternativas y abra caminos hacia un horizonte emancipador. Y si no es así, ¿por qué no tenemos en Andalucía algún documento que recoja la historia de vida y memoria de nuestros docentes,? ¿Algún documento o estudio que hable, por ejemplo, de aquellos maestros y maestras estrechamente vinculados a la lucha obrera liderada por los curas obreros en la sierra Sur de Sevilla? ¿Acaso fue casualidad que en muchos de los pueblos donde se organizó una respuesta sindical y política, dichos ayuntamientos estuvieran liderados por aquellos maestros?

¿Han existido en la historia de Andalucía y en otras zonas experiencias similares? Seguro que sí, pero muy a nuestro pesar no se han transmitido. Las desconocemos. Sin embargo, nos llegan, o nos cuelan con bastante facilidad, las disertaciones de gurús de la educación en foros patrocinados por entidades bancarias. Pero, por qué no se han escuchado ni se escuchan las voces de los maestros y maestras, que trabajan por los despertares de las conciencias.

Sospecho que esta “coincidencia” -ser una maestra o maestro con inquietudes políticas- lejos de verse como una oportunidad de educación popular realmente emancipadora siempre se ha mirado con recelo por parte del régimen andaluz. Y para mitigar o ahogar cualquier posibilidad de propagación de las experiencias, el régimen en Andalucía trazó una estrategia de despolitización educativa e invisibilización política. Ejemplo de ello lo encontramos en el mantra que los tentáculos del gobierno andaluz difundía para presionar a las direcciones de los centros educativos y así sofocar cualquier manifestación de rebeldía ante los atropellos o recortes por parte del gobierno: “No podéis liderar ninguna protesta porque ‘sois administración pública’ y no podéis ir contra vosotros”. Sirva de ejemplo de invisibilización -aún más reciente- la negativa de la que fuera presidenta Susana Díaz a reconocer en sede parlamentaria la existencia y la lucha de Marea Verde Andalucía. Aquel rechazo de la ya exdirigente del PSOE-A a contemplar y escuchar las voces de una Andalucía viva y organizada en torno a movimientos sociales con gran conciencia política supuso muy probablemente el principio de su fin.

No obstante, y por desgracia, no sólo el cuerpo docente es víctima de este plan de demonización del quehacer político. Las familias que se organizan en AMPAs que van mucho más allá de las rifas y la chocolatada el Día de Andalucía también se encuentran con el boicot de los poderes anti-públicos. Ejemplo de ello, y además reciente, es la lucha de las familias organizadas en la plataforma Escuelas de calor. Estas familias consiguieron elevar al Parlamento andaluz una Ley para garantizar el bienestar y la salud de los niños/as y trabajadores/as en las aulas, pero su aprobación definitiva (faltaban días) se vio bruscamente interrumpida por la convocatoria de elecciones en 2018. Y ahora, el “nuevo” gobierno andaluz no cumple ni desarrolla la ya aprobada ley de bioclimatización, que nació del tesón y el compromiso de miles de familias andaluzas organizadas para conquistar un nuevo derecho. ¿Casualidad?

La educación como un derecho de todos y todas –reconocido por la ONU-, más allá de la edad de escolarización, implica el impulso y promoción de espacios de formación y educación alejados de los objetivos mercantilistas, y más pegados a la transmisión de los valores de vida de aquellos que han puesto la misma al servicio de lo colectivo. Como señaló Freire en una entrevista para El País, en 1978: La educación es siempre un quehacer político. No hay, pues, una dimensión política de la educación, sino que ésta es un acto político en sí misma. El educador es un político y un artista; lo que no puede ser es un técnico frío. Ello significa que tiene que tener una cierta opción: la educación para qué, la educación en favor de quiénes, la educación contra qué. A las clases sociales dominantes no les gusta la práctica de una opción orientada hacia la liberación de las clases dominadas.

La Educación es un derecho en tanto que mejora las condiciones materiales de vida de la gente, sin embargo cuando el poder económico condiciona y pone límites a este derecho, se produce un debilitamiento de la dimensión ética, moral y política del mismo, cuyo objetivo es desarticular la conciencia social que aspira a transformar la realidad.

Según la ONU, “el derecho a la educación es paradigma de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”, por lo que debemos asumir que el boicot del régimen, antes y ahora, hacia el compromiso político en las escuelas no tiene otro sentido más que el de subyugar a nuestros niños y niñas al orden mercantil. O lo que es lo mismo, fomentar un modo de vida de espaldas a los asuntos colectivos, de espaldas al progreso como sociedad y a la eliminación de desigualdades. La alternativa la encontramos en Freire: la educación es siempre un quehacer político, y como acto político es el mejor antídoto para erradicar las lógicas especulativas y mercantilistas de aquellos que quieren convertir la educación en un negocio y adulterar el significado de los valores de justicia y libertad. La educación como acto político es el compromiso social y vital que garantiza la premisa de educación como derecho.