LOMLOE, afrontar los retos del conocimiento, de la convivencia y de la construcción de una sociedad democrática
Begoña López
Grupo ASPASIA
La LOMLOE es la primera Ley educativa en España que señala como eje principal de la misma los Derechos de la Infancia, concretamente en su Preámbulo, que debe impregnar todo el desarrollo de la misma, señala:
"la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos[1]".
Son muchos los retos a los que se enfrenta el sistema educativo, y que han sido señalados con detalle, en algunos informes publicados recientemente[2]:
1. El número de repetidores en educación secundaria inferior es muy elevado. Michavila y Narejos, recogen que la repetición está altamente relacionada con el nivel socioeconómico de las familias, que la repetición es el doble más alta en los centros públicos que en los privados y que los problemas detectados en Secundaria inferior podrían tener su origen en Primaria. La OCDE recomienda como principio a los gobiernos evitar la repetición y reemplazarla por un apoyo individualizado a los estudiantes rezagados desde los niveles educativos iniciales. Este planteamiento supone que la repetición no se debe únicamente al bajo rendimiento del alumno en un curso determinado, sino que en gran medida se considera consecuencia de dificultades acumuladas durante los cursos anteriores.
Por otro lado, en el Estudio comparado que el Consejo Escolar del Estado publicó sobre 'El éxito en la educación primaria y secundaria[3]', analizando los sistemas educativos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, y Suecia, se recoge que "en todos los sistemas educativos de los países de la comparación, se ofrece al final de la educación secundaria baja, un tipo de oferta formativa para todo el alumnado distinta de la repetición, aun en el caso de que las certificaciones obtenidas no representen, en el expediente del alumno o alumna, un “éxito” educativo indudable. Dicho de otro modo, parece que generalmente se considera que no existe para un alumno el “fracaso” tal como lo entendemos en España, un obstáculo para continuar algunos de los itinerarios formativos que ofrece el sistema".
La LOMLOE introduce un nuevo artículo para identificar y solucionar los problemas detectados en el alumnado y garantizar su progreso:
«Artículo 20 bis. Atención a las diferencias individuales.
En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. En dichos entornos las Administraciones procederán a un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de estas estrategias pedagógicas».
2. El abandono educativo temprano es muy elevado[5].
España presenta una muy elevada tasa de abandono en 2020 (16%), solo superada por Malta (16,7%), 5,9 puntos por encima de la media (10,1%) y muy por encima de países como Croacia (2,2%), Grecia (3,8%) o Eslovaquia (4,1%). A escala de comunidad o ciudad autónoma la tasa más baja es la del País Vasco (6,5%), a 19 puntos de la más alta, la de Ceuta (25,5%). Asturias (8,9%), Cantabria (9,1%) y Madrid (10%) completan la lista de comunidades con una tasa de abandono por debajo del objetivo europeo del 10%. Por el contrario, Baleares (21,3%), Andalucía (21,8%) y Melilla (22,8%) acompañan a Ceuta como las comunidades o ciudades autónomas con tasas superiores al 20%.
Buena parte del abandono temprano se nutre en España de quienes salen de la ESO sin haber logrado titular. En el curso 2017-2018, el 20,7% de quienes salieron de la ESO lo hicieron sin título, 8,3 puntos más entre los chicos (24,8%) que entre las chicas (16,5%).
Por Comunidades o Ciudades Autónomas, el País Vasco (15,9%), Navarra (16,4%) y Cantabria (16,6%) presentan los menores porcentajes de ausencia de titulación en ESO. En Ceuta ese porcentaje casi se triplica (40,3%), y es también muy alto en Melilla (36,0%) y La Rioja (26,0%).
3. Hay un alto porcentaje de población entre 25-34 años que no ha completado la educación secundaria superior.
4. El Sistema Universitario Español no logra captar estudiantes internacionales de una manera significativa.
5. Hay una elevada proporción de jóvenes entre 16 y 26 años que no están estudiando o recibiendo formación y que se encuentran en situación de desempleo (NINIS), es una de las más altas de la OCDE.
6. Las perspectivas laborales son peores para las mujeres.
7. Hay un desajuste entre los programas de educación y formación y las necesidades laborales.
8. La Formación del profesorado es insuficiente. Se trata de un proceso complejo que no puede quedar reducido a la realización de cursos, sino que requiere apoyar a los docentes en el desarrollo continuo de su oficio, el intercambio de buenas prácticas o el apoyo a su labor investigadora y la transferencia de los resultados de las investigaciones al aula.
9. Es escasa la cooperación docente. Y como apuntan Michavila y Narejos, la colaboración entre profesores se está revelando como un factor de gran importancia para la mejora de la calidad y el rendimiento educativo, que para ser efectiva tiene que responder a una metodología de trabajo y una planificación continuada que incluya, además, la participación conjunta dentro del aula.
10. Los actuales sistemas de evaluación de la actividad docente en España están basados fundamentalmente en el control y el cumplimiento de normas. Los sistemas de inspección profundizan poco en la forma de dar clase o en las competencias desarrolladas por el profesorado. Venimos de un sistema en el que la evaluación del alumnado ha ocupado el primer plano, mientras que en la actualidad se plantea la necesidad de una evaluación más global, que incluya también el papel del profesorado, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la evaluación es mejorar las prácticas en el aula orientadas al aprendizaje del estudiante.
11. La formación profesional se ha percibido con poco atractivo. En España, la situación parte con una clara desventaja respecto a nuestros vecinos, ya que cuenta con uno de los porcentajes más bajos en número de alumnado matriculado en ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional con un 35%, en comparación con los países de la OCDE, que alcanzan el 44% y los de la UE22, el 48%. Sin embargo, la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en trámite parlamentario, viene a cambiar el escenario de la FP en España, integrando los distintos subsistemas y creando un sistema único, dotado de flexibilidad, que además impulsa el derecho a la formación a lo largo de la vida en condiciones de equidad.
12. Hasta ahora, existía una desconexión de la FP y la Universidad. No había facilidades para la movilidad ni de profesorado ni de estudiantes entre estos dos niveles de enseñanza superior, entre otras carencias. Sin embargo, existen muchas sinergias que pueden ser potenciadas, desde el aprendizaje mutuo y los intercambios de buenas prácticas, hasta la convergencia en diversos aspectos y el desarrollo de sinergias mutuas. Esto incluye la transición entre los diferentes estudios, formación del profesorado, o recursos, etc. La nueva Ley de FP, también apuesta por definir un nuevo marco de relaciones con la Universidad. La Ley regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas, y está dotada con una importante dotación presupuestaria de casi 5.500 Millones de euros para los próximos 4 años.
13. Y hasta ahora ha habido un escaso apoyo a la formación profesional. La mejora de la formación profesional en España pasa por incrementar la colaboración de todos los sectores implicados. Desde del gobierno, por ejemplo, se están realizando importantes esfuerzos que no tienen luego la correspondiente respuesta por parte de las CCAA, como sucede con el escaso incremento en el número de plazas ofertadas. En la Comunidad de Madrid casi 25.000 estudiantes se han quedado sin plaza en el curso 2021-2022, 17.976 para estudiar un Grado Superior de su elección, el 54% de las solicitudes y 6938 en Grado Medio, a los que se suman otros 4.422 que no han podido FP a distancia [6].
"La futura Ley de Formación Profesional consolida y ordena un sistema único de Formación Profesional que por primera vez estará dirigido a estudiantes y trabajadores (ocupados y desempleados) para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas. Va a buscar una integración real de toda la oferta formativa de la Formación Profesional, de modo que todas las personas, cualquiera que sea su edad y su situación, puedan encontrar de una forma sencilla una oferta formativa adecuada a sus necesidades en cada momento.
El documento, presentado en Consejo de Ministros el pasado mes de junio, ha sido fruto de un intenso proceso de participación que comenzaba a finales de 2020. El proyecto ha recibido las aportaciones del sector empresarial, las comunidades autónomas, otros departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y también de la ciudadanía. Además, ha contado con los informes favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado.
La nueva norma responde a la profunda transformación del sistema de Formación Profesional que comenzó ya en 2018 con el diseño de toda una estrategia de modernización[7]".
14. Reducida autonomía de los centros. La autonomía de los centros educativos españoles es menor que la del conjunto de los países de la OCDE. Solo el 10,4% de las decisiones tomadas en los centros de nuestro país dependen exclusivamente del centro educativo, frente 34% de la OCDE o el 38% de la UE23.
15. La inversión en educación es insuficiente. Entre 2010 y 2015 no solo descendió, sino que al mismo tiempo se produjo un aumento del número de estudiantes en todos los niveles de enseñanza; por consiguiente, el gasto por estudiante disminuyó tanto en las instituciones de educación primaria a educación secundaria superior como en las de educación terciaria. Aunque los datos difieren de una Comunidad a otra. ‘Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública’[8]. La inversión que hace Madrid en educación, según los últimos datos que maneja Unicef, es de un 2,25% de su PIB en educación. La mitad del 4,34% del Estado [9].
Sin embargo, la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la educación, se materializa en el anuncio de una "inversión histórica de más de 6.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. La inversión en educación y FP aumenta un 5,96% respecto al año anterior hasta los 6.036 millones de euros e incluye 1.653 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 4.383 millones de financiación nacional, que aumenta un 14% respecto al ejercicio anterior[10]".
16. Y por último hay un desequilibrio creciente entre tasas y becas de estudio en educación terciaria. Los precios públicos universitarios en España se encuentran entre los más elevados de la Unión Europea. Las matrículas son altas pero las ayudas son bajas. Según las estadísticas, España se acerca al peor escenario, donde las tasas crecen mientras la cuantía de las ayudas disminuye.
Situar como principio rector de la educación los Derechos de la Infancia, exige acometer cada uno de estos retos señalados en los distintos informes consultados, sabiendo que los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes que tenemos en las aulas son sujetos de derechos, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que por cualquier motivo están fuera de la escuela, también es responsabilidad de las Administraciones Públicas su educación, y especialmente de los que están solos sin referentes familiares, y no solo hasta la edad de escolaridad obligatoria, acorde con nuestra legislación educativa sino hasta su mayoría de edad, según la legislación internacional de protección de la infancia.
Los múltiples desafíos de una creciente diversidad étnica, cultural y lingüística en nuestras escuelas y sociedades es una ocasión extraordinaria para que nuestras políticas educativas ofrezcan oportunidades para crear conocimiento.
Situar como principio rector de la educación los Derechos de la Infancia, exige que cada uno de los niños y niñas se sientan queridos y protegidos en la escuela, es la justicia afectiva (Angulo, 2016)[11] a la que se refiere Félix Angulo [12] "Las emociones se construyen en contextos y son esos contextos los que también deberían ser objeto de nuestras preocupaciones como docentes. Debemos crear contextos afectivos en los que puedan encarar sus emociones, compartirlas, hacerlas explícitas y modelarlas y desarrollar el vínculo con los otros, el cuidado hacia los demás"[13]. Y exige prestar atención al tiempo no escolar del que habla Xavier Besalú [14], a los chicos de familias con un determinado capital social, económico y cultural les bastan unas pocas horas de escuela, porque sus horas de ocio suelen ser culturalmente enriquecedoras.
Pero para los de familias pobres las horas que pasan fuera de la escuela a menudo son de empobrecimiento cultural. No se trata de aumentar el tiempo escolar, sino más bien de crear un ambiente educativo extendido, sin la obsesión del timbre, sin la angustia del programa, sin miedo al suspenso, etc. Si el tiempo educativo es insuficiente para los pobres, la solución pasa por alargarlo, por generar continuidades educativas, que vayan desde las actividades extraescolares hasta el ocio educativo estructurado, pasando por la práctica del deporte o de las diversas artes y acabando con un medio social y urbano sensible a las necesidades e intereses de niños y niñas.
Sabemos que educar no es transferir conocimientos, sino ofrecer oportunidades para crearlo. Cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestros centros educativos tienen derecho a recibir una comida saludable al día, sino de qué oportunidades para crear conocimiento estamos hablando para los casi 18 millones de menores de 18 años pobres que tenemos en la Unión Europea, más de dos millones y medio de niños y niñas pobres en España.
El mundo y nuestros sistemas educativos necesitan cambios fundamentales para conseguir una educación equitativa y de gran calidad y un sistema de protección real y efectivo acorde con los principios rectores sobre protección de la infancia.
Debemos tener un currículo que realmente ofrezca oportunidades de afrontar los retos del conocimiento, pero también de la convivencia y de la construcción de sociedades democráticas y justas.
Para ello, la política educativa en España también tiene un reto inaplazable para nuestros jóvenes: el deber de memoria que va unido a la identidad de una sociedad democrática y a los valores de construcción de la Unión Europea. Es hora de que la sociedad española, nuestros jóvenes, sepan de la indisolubilidad del Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Verdad, Justicia, Garantía de no repetición, Reparación y Memoria. Imponer el olvido no ha sido eficaz, como ha señalado hace un par de semanas en Madrid, Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, y desde mi punto de vista no es una opción.
Notas:
[1] Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
[2] Francisco Michavila y Antonio Narejos. 2021. ALGUNAS DEBILIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL FUNDACIÓN 1º DE MAYO. COLECCIÓN INFORMES, NÚM: 158, Madrid.
[3] CEE. 2020. El éxito en la educación primaria y secundaria. Estudio comparado El éxito en la educación primaria y secundaria Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7873d83e-b36c-4708-94e5-e66ecb7d2e94/exito-educacion-comparado.pdf
[4] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
[5] FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 2021. M. T. VALDÉS, M. A. SANCHO GARGALLO Y M. DE ESTEBAN VILLAR. INDICADORES COMENTADOS SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.
[6] https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/cerca-30000-jovenes-quedan-plaza-fp-publica-madrid/20211008173238191687.html
[7] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/070921-enlace-ley-fp.aspx
[8] https://www.infolibre.es/politica/madrid-comunidad-invierte-alumno-educacion-publica-segunda-inyecta-concertada_1_1196379.html
[9] UNICEF. Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid. Agenda 2030 https://www.eldiario.es/madrid/cifras-educacion-madrid-invierte-mitad-media-espanola_1_7882012.html
[10] https://www.educacionyfp.gob.es/eu/prensa/actualidad/2021/11/20211123-pgecongreso.html
[11] La justicia afectiva pertenece a lo que acertadamente Kaplan (2018) ha denominado ‘revolución simbólica de la afectividad en el ámbito educativo’.
[12] Investigador del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva CIE 160009. Escuela de Pedagogía.
Universidad Católica de Valparaíso. Chile
[13] López Cuesta, B., (Coord.) VVAA (2021). Agenda de la Infancia. Para mejorar la vida y la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. STEs – Intersindical (p.78)
[14] Profesor de Pedagogía de la Universidad de Girona.