Retos y oportunidades para la Formación Profesional

El curso 2021-22 muchas familias lo recordarán por el retorno a la normalidad en las aulas y en las actividades sociales y culturales, pero otras lo recordarán como el año en qué se quedaron sin la plaza de FP que deseaban cursar y tuvieron que elegir otra opción educativa, ajustar su economía para pagar por el ciclo deseado o abandonar el sistema educativo a la espera de conseguir plaza más adelante.

Y es que el boom de la formación profesional que supuestamente ha pillado desprevenidas a las administraciones educativas pone de manifiesto la ineficacia de las políticas educativas en materia de planificación y programación de la oferta, la falta estructural de plazas en esta etapa y la infrafinanciación crónica de la educación pública.

Cataluña y Madrid son claros ejemplos de la exclusión de miles de jóvenes del sistema educativo en un contexto de crisis económica, destrucción de puestos de trabajo y de la necesidad de cualificación de la población activa, pues el 46% de ésta carece de acreditación profesional. Las insuficientes ‘medidas de urgencia’ adoptadas en algunos territorios ante esta crisis de escolarización, como la ampliación de ratios, la derivación hacia otros estudios, la concertación de nuevos grupos, la ausencia de refuerzos COVID recuperan las políticas de austeridad y demuestran la poca importancia que le dan a la formación profesional.

Está a punto de empezar el debate parlamentario del anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y todavía no se han desplegado los recientes cambios introducidos por la LOMLOE, como la consolidación de la formación profesional básica como enseñanza básica con carácter gratuito y de oferta obligatoria, la extinción del cuerpo de profesorado técnico de formación profesional y su incorporación en el cuerpo de secundaria o la implementación del RD 143/2021 mediante el cual se mantendrá abierto el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral que precisarán de recursos extraordinarios y de una organización específica en los centros de Formación Profesional y de secundaria.

La futura Ley deberá obtener el suficiente consenso político y social para desplegar los cambios de la LOMLOE, modificar la anterior ley orgánica del 2002 y la normativa que se ha desplegado durante la época de recortes y actualizar el sistema a través del Plan de Modernización, con una dotación inicial de 1600 M de euros sin tener en cuenta los fondos europeos.

En el contexto socioeconómico actual las políticas en formación profesional son las más importantes que se pueden generar en nuestro país para dar respuesta a los alarmantes indicadores de paro juvenil, con una tasa del 40%, 30 puntos por encima de Alemania, de abandono escolar prematuro, con un 16% ocupamos la segunda posición más elevada de Europa y llega hasta el 40% en algunos territorios y niveles educativos como el grado medio de formación profesional en Cataluña.

Las expectativas del Ministerio a corto plazo son muy altas al tener como objetivo la acreditación de 3 millones de personas y la creación de 200000 nuevas plazas de FP en los próximos 4 años. Pero la mejora y la modernización del sistema precisa además de la ley y de la aportación millonaria un incremento presupuestario constante, como el de Francia sin ir más lejos, donde se dedica diez veces más dinero a la FP que en España, y una reorganización del sistema educativo que sigue orientado hacia el bachillerato y la universidad para mejorar la transición a la FP desde cualquier etapa y a lo largo de la vida. Es la etapa educativa más diversa por la composición de su alumnado y la que menos recursos de inclusión recibe para garantizar los derechos básicos, debe tratarse como el resto de etapas educativas en base al principio de equidad.

La nueva formación profesional tendrá un peso determinante para garantizar los derechos de la educación y la formación reconocidos por el Estatuto del Trabajador y las leyes educativas y para ejercer como palanca de cambio del modelo productivo ante la crisis y de contención ante las políticas neoliberales de algunos territorios que excluyen a los jóvenes del sistema, abusan de las prácticas y promueven la precariedad juvenil. El prestigio social de la FP dependerá del diálogo, el consenso y la dotación presupuestaria y tendrá un impacto directo en los indicadores educativos, de abandono escolar y de inserción laboral.

El redactado nace con varios retos y contradicciones, como su propia definición de ordenación e integración, que choca con la reciente reestructuración y traspaso parcial de las competencias de la formación para la ocupación a la administración educativa.

La posibilidad de integrar la oferta de los dos subsistemas de FP, el educativo y el ocupacional, nació el año 2005 y regula la participación de los agentes implicados en la FP en los órganos de estos centros, pero a día de hoy su despliegue ha sido desigual y todavía hay comunidades sin ellos. Una reforma del sistema con el fin de la integración de la FP precisa un compromiso en la gobernanza con la participación efectiva de los actores indispensables: los agentes sociales y económicos.

El siguiente reto que deberá solucionar la ley es la falta estructural histórica de oferta pública que deja a miles de alumnos cada año sin plaza pública y sitúa a España entre los países con menos alumnos que cursan formación profesional. A pesar del incremento de alumnado de los últimos años, su distribución ha sido muy irregular entre etapas, titularidad y modalidad: los centros públicos crecieron un 12% y un 18% en GM y GS respectivamente y los privados un 176% y un 305%.

Concretamente la modalidad presencial de titularidad pública perdió en este periodo 17000 alumnos, al contrario que la titularidad privada, que ganó 9000 alumnos en la modalidad presencial y multiplicó por 8 el alumnado matriculado a distancia.

La falta de plazas públicas ha sido suplantada por la modalidad a distancia, principalmente de titularidad privada, que fue ideada como una medida excepcional para garantizar la formación a personas que deben conciliar los estudios con la familia o el trabajo y se ha convertido en la finalidad lucrativa de los fondos de inversión, empresas, fundaciones y universidades previa autorización de las administraciones educativas.

Los datos revelan un crecimiento en 10 años (del curso 2008-2009 al curso 2018-2019) del 278% de alumnado de GM matriculado en centros públicos a distancia y del 6194% en centros privados y un crecimiento del 393% de alumnado de GS matriculado en centros públicos a distancia y del 10252% en centros privados.

Estos desequilibrios se acentúan en los grandes núcleos urbanos como Barcelona, donde solo cuatro de cada diez alumnos cursan la FP en centros públicos, no por ser la ciudad un polo de atracción para el estudiantado proveniente de clase trabajadora (como sí ocurre en las escuelas internacionales de diseño), sino porque la oferta no es ni suficiente ni variada en el extrarradio urbano.

Ante el desolador panorama de escasez y desequilibrio de oferta pública la Ley debería revertir esta situación dando cumplimiento al artículo 109 de la LOMLOE para evitar la segregación y la exclusión de los jóvenes con menos recursos y garantizar los derechos de la educación y la formación a lo largo de la vida.

Es imprescindible la elaboración del mapa territorial de la FP con los instrumentos que tiene el propio sistema para programar y planificar una oferta educativa profesional con equidad acorde a las necesidades y las oportunidades laborales del territorio con la participación de los agentes y las administraciones locales. El papel de los municipios es esencial en la prospección de necesidades formativas del tejido social productivo y en la orientación de la población.

El acompañamiento y la orientación deben reforzarse en las etapas obligatorias y durante todo el itinerario profesional como fórmula de prevención contra el abandono escolar y la brecha de género profesional. Aunque en términos generales la formación profesional mantiene un equilibrio entre ambos sexos existe una clara segregación de sexo por familias profesionales, que afecta negativamente a las mujeres durante y después de su etapa educativa aumentando la brecha salarial existente entre ambos sexos. La elección de una profesión viene claramente condicionada por factores sociales y culturales, donde tienen un papel relevante la familia y la escuela para romper los roles tradicionalmente asumidos por la mujer y poder permitir optar libremente por los ciclos deseados en igualdad de oportunidades.

Las familias profesionales donde las mujeres representan un porcentaje muy elevado de matrícula son Imagen Personal, Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Comunidad y están vinculadas a salidas laborales más precarias que las que tienen una infrarrepresentación de la mujer como las familias tecnológicas asociadas a la industria 4.0 y a las TIC, por ejemplo, Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica o Informática. Es necesario implementar políticas educativas que incluyan la perspectiva de género y la coeducación transversalmente en toda la escolarización y la formación profesional además de acciones de discriminación positiva para mejorar la presencia de las mujeres en los ciclos STEAM.

En un contexto de destrucción de empleo conviene reforzar de forma generalizada las competencias transversales propias de la formación profesional del sistema educativo, como el emprendimiento, el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico y el uso de las TIC.

La FP Dual se ha convertido en el fenómeno más mediático de la FP impulsado por las administraciones educativas con la ayuda de agentes externos interesados en su implantación sin haber establecido previamente un modelo propio de calidad con garantías formativas y laborales ni haber evaluado desde la administración su impacto y su éxito.

El modelo fue implantado en la anterior crisis por la administración educativa Wert bajo el amparo del RD 1529/2012 y flexibiliza la relación de la empresa con la persona aprendiz permitiendo múltiples vinculaciones, desde el voluntariado al contrato laboral. A día de hoy cada comunidad autónoma ha establecido su propio modelo y se puede encontrar alumnos en la misma empresa realizando las mismas funciones con distintas relaciones contractuales remuneradas o sin remunerar.

Con datos previos a la pandemia la Dual no llegaba al 6% del alumnado matriculado ni a todas las familias o territorios. Con la desaparición de más de 100000 Pymes durante la crisis sanitaria hay que replantear la generalización del modelo a toda la FP porque supone una reducción de la formación en el centro educativo del conjunto de competencias profesionales y sociales además de un posible aumento de las horas de prácticas no laborales obligatorias en la empresa.

Resulta necesario establecer un marco legítimo de concertación social para negociar el modelo, su desarrollo estratégico en determinados sectores y territorios, la evaluación y el seguimiento mediante la descentralización y la participación de los actores locales. La ley brinda la oportunidad de establecer un modelo dual basado en el consenso social con la participación del profesorado y con plenas garantías para las personas participantes mediante un contrato laboral.