¿Transformar o conservar?

Como nos dice la experiencia, la tarea más dificultosa de las que conlleva cada nueva ley no es su elaboración y aprobación, con serlo y mucho, en ocasiones, sino su puesta en práctica, su aplicación.

No ha sido fácil el camino recorrido hasta la aprobación de la LOMLOE: van a cumplirse 8 años de ley Wert, tan rotundamente rechazada, y ha sido necesario mucho debate y la movilización de muchos sectores sociales progresistas, hasta conseguir una correlación de fuerzas suficiente para derogarla y aprobar una nueva ley. Pero aún queda lo más difícil, llevarla a efecto. Los pasos que vienen ahora pueden suponer, o bien un refuerzo de las medidas más necesarias y transformadoras, o bien una concesión timorata y conservadora a los viejos privilegios de las diversas élites sociales. Es decir, se necesita una legislación de desarrollo de la nueva LOE con la mirada puesta en los intereses del alumnado y no en los de los titulares de los diferentes “negocios” que pululan por el sistema educativo. Pero no solo, también se trata de conseguir romper las inercias del profesorado, de formarle, de dotar a los centros de los recursos humanos y materiales que se necesitan… Es decir, se necesita de toda la firmeza y voluntad del Ministerio de Educación para lograr que, en todas las comunidades autónomas, en todos los centros educativos del país, se apliquen las medidas necesarias para lograr todos los fines que establece el artículo 2 de la Ley.

La nueva LOE representa, ciertamente, un carácter progresista en una gran parte de su contenido, recogiendo los aspectos educativos básicos que se esperan en una sociedad democrática del siglo XXI que ha evolucionado mucho, que ha modificado muchos de sus viejos valores, costumbres y relaciones interpersonales y que ha acumulado nuevos saberes. Y todo ello debe ser practicado, transmitido y desarrollado por el sistema educativo para la propia mejora social y de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Las modificaciones que se han introducido suponen una importante apuesta por la equidad, la inclusividad, la atención a la diversidad y la igualdad entre los sexos: son varias las referencias a estos elementos, a lo largo de todo el articulado de la ley, desde su consideración como principios del sistema educativo hasta su concreción en las diferentes etapas y cursos. Hay que destacar el reconocimiento de las becas como derecho subjetivo y la desaparición de las dos opciones -itinerarios- en 4º de ESO, que limitaban -limitan, aún- la necesaria comprensividad en toda la enseñanza obligatoria. Aunque aún debería acentuarse más, está bien la disminución de la presión por las evaluaciones, por las repeticiones de curso o la apuesta por un currículum menos memorístico, más flexible y relacionado con el entorno. En definitiva, una pedagogía menos interesada en ese “esfuerzo” que magnificaba la derogada LOMCE y más basada, por el contrario, en una concepción positiva del alumnado. Todas ellas no son sino condiciones básicas para la mejora de nuestro sistema educativo.

Hablando de su aplicación

Una de las tareas encomendadas por la nueva ley es la de modificar los currículos. El cambio curricular debe modificar radicalmente el actual modelo de currículum, muy alejado de los avances sociales y, sobre todo, de los intereses y necesidades de la infancia y la juventud de hoy. Estamos empezando a ver los resultados de esa tarea, no sin cierta decepción. Fue muy interesante el debate sobre este aspecto de la ley, que el propio Ministerio propició, con algunos de los sectores implicados, aunque no llegó al conjunto del profesorado ni de la comunidad educativa. Esto debería ser objeto de atención ministerial, puesto que se trataría de realizar una reforma de gran calado, que debe conllevar cambios estructurales en el sistema, organizativos en los centros, en la formación inicial y permanente del profesorado..., cambios para los que el conjunto de profesionales de la educación, principalmente, debe sentirse concernido.

Fue unánime en dicho debate la expresión de la necesidad imperiosa de establecer unos currículos basados en un enfoque competencial, frente a la sobreabundancia de contenidos, conceptos, aprendizaje memorístico… de los actuales, que pretendan aprendizajes significativos, partiendo de los intereses y preocupaciones de la diversidad de estudiantes, y que lo hagan desde la práctica de una pedagogía activa, creativa y participativa. Preparar a niñas y niños para una ciudadanía activa, respetuosa, con mirada crítica a las desigualdades e injusticias, que busque la transformación social, la equidad, la igualdad, la construcción de personas más felices en una sociedad más justa, sin descartar, por supuesto, la competencia profesional. Este debe ser el verdadero sentido de la transformación curricular hoy, cuando la escuela está siendo superada como único medio de acercarnos al saber, porque la información llega desde muchos otros ámbitos, cuando una buena parte de nuestro alumnado no está motivado para aprender la rigidez de estructuras y contenidos que, desgraciadamente, imponen los currículos oficiales y cuando las desigualdades sociales crecen y aparecen nuevas discriminaciones.

Para ello los nuevos currículos deben evitar que el enfoque competencial esté determinado por las necesidades del mercado y de los diferentes lobbys ideológicos y promover un enfoque integral, con la vista puesta principalmente en el desarrollo global de la persona, que se inserta en una sociedad que debe mejorar. Desde esta perspectiva, cobra especial importancia la educación en valores.

Aún falta mucho desarrollo legislativo, ahora bien, algunas de las cuestiones ya avanzadas no concuerdan con esos objetivos y deberían modificarse. Por ejemplo, la insistencia en el “espíritu emprendedor”, que se expresa en la Propuesta de Estructura Curricular del Ministerio y que tanto nos recuerda a la ley derogada, o el mantenimiento de la religión en la oferta obligada de los centros ¡hasta en la etapa de educación infantil!, como recoge el proyecto de decreto de enseñanzas mínimas de esta etapa, o la ausencia de educación afectivo-sexual de ese mismo decreto, aun cuando se reconoce que es la edad en que se produce el descubrimiento de la sexualidad.

La coeducación y la escuela mixta

Uno de los aspectos más positivos de la ley es la educación para la igualdad. En ella hay múltiples menciones sobre la necesaria igualdad entre los sexos, la no discriminación por razón de sexo y al respeto por la orientación e identidad sexuales de las personas. Estos conceptos aparecen en los principios y en los fines de la educación, en los objetivos de todas las etapas educativas y deben contenerse en los proyectos educativos de centro, en los planes de acción tutorial, en la formación inicial y permanente del profesorado, entre otros. Se alude a la necesidad de evitar los estereotipos de género en la orientación académica y profesional y, particularmente, a promover la presencia de las mujeres en los estudios llamados STEM y en las ramas de formación profesional donde ellas no están, así como a que los alumnos se incorporen a las ramas feminizadas. Que el sistema educativo se plantee medidas que colaboren en la eliminación de los estereotipos discriminatorios es una obligación ineludible.

Un elemento fundamental de la ley es la defensa de la escuela mixta. En este sentido, hay que aplaudir la decisión del gobierno catalán quien, amparándose en la LOMLOE, ha decidido no renovar el concierto para el próximo curso escolar a los centros educativos que segreguen por sexo. Ciertamente, el texto de la ley no deja lugar a dudas en relación con este aspecto. En contraste con formulaciones anteriores, en que siempre quedaba una rendija -o una puerta grande, como con la LOMCE- para el mantenimiento de la segregación por sexos, la nueva ley es clara en su redacción: “Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género”.

La enseñanza mixta es un valor democrático de la sociedad occidental, que ha supuesto un enorme avance en la formación de las mujeres y de los hombres. Es un mecanismo de primer orden para el desarrollo de valores democráticos como la igualdad entre los sexos y la convivencia, valores que consagra la Constitución Española, y que difícilmente pueden ser contemplados en una escuela segregada o de educación diferenciada. La lucha contra la discriminación femenina, la defensa de una enseñanza coeducadora que supere la dicotomía de los modelos masculino y femenino y reconozca la pluralidad de identidades de género y de orientación sexual, la escuela mixta… son logros sociales que nos deben ayudar a superar discriminaciones históricas.

Algunas patronales de colegios privados, algunos obispos, algunas organizaciones de derechas se han opuesto radicalmente a todas estas cuestiones y piden “hechos” y no solo palabras a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional cuando esta habla de colaboración con la enseñanza concertada. Pero el Ministerio debe tener muy en cuenta que, en ningún caso, la defensa de estos avances sociales en pro de los derechos humanos puede verse mermada ante la resistencia y las presiones de las posiciones retrógradas de siempre.