El papel de la red de centros en la segregación educativa del alumnado

El Sistema Educativo de cualquier país debe tener como objetivo, además de los aspectos formativos del alumnado, la integración social de la ciudadanía en el marco de la igualdad de oportunidades. La Educación tiene que ser el instrumento que permita a cualquiera el acceso a los niveles sociales y profesionales acordes con sus capacidades e intereses, lo que se viene a denominar coloquialmente el ascensor social. Para ello la equidad en el sistema es fundamental, entendiendo que esta no es dar lo mismo a todo el alumnado, sino adecuar los recursos para que aquel que más necesite tenga más apoyo.

Sin embargo, uno de los más serios problemas que tiene la educación en España es precisamente la segregación económica del alumnado. En 2017, un informe realizado por Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, para la Universidad Autónoma de Madrid, situaba a España en el sexto lugar en segregación educativa dentro de la Unión Europea y a la Comunidad de Madrid, en particular, como la subcampeona en la misma tras Hungría. Esta condición se ha visto consolidada en 2021 por el informe elaborado por Álvaro Ferrer de Save the Children y Lucas Gortázar de estudios EsadeEcPol, que colocan a España como uno de los países más segregadores de toda la OCDE y a la Comunidad de Madrid como subcampeona en segregación económica educativa tras Turquía, entre los 38 países que la componen.

El factor determinante para esta situación es el crecimiento incesante de la red de enseñanza privada y España es el país de toda Europa donde más ha crecido el alumnado escolarizado en los centros privados. Algo que también podemos ver en la Comunidad de Madrid, como referente experimental de las doctrinas neoliberales, a través de sus propios datos en informe anual de su Consejo Escolar con las plantillas de profesorado.

Desde que se produjeron las transferencias educativas hace 21 años, la plantilla docente de los centros privados ha pasado de 21.645 efectivos a 44.067, un incremento 103,5%; sin embargo, la de los centros públicos, pasó de 41.062 a 56.792, un incremento solo del 38,3%. Es decir, la relación de profesorado pública/privada ha pasado de 65,5/34,5 a 56,3/43,7. Esto que podemos ver ahora con perspectiva de un quinto de siglo, se ha ido denunciando por los agentes sociales desde hace años. Sin embargo, durante este año, hemos visto como el nuevo gobierno murciano pone en marcha su política educativa netamente neoliberal basada en tres elementos: veto parental, cheque escolar e impulso a la concertada, los cuales evidentemente no son una novedad. Es lo que ha venido haciendo la derecha en todos los gobiernos que ha formado desde siempre, ya fueran monocolores del PP o de coalición con C’s y el apoyo de Vox.

Lucía Figar, Consejera de Educación en el gobierno de Esperanza Aguirre lo explicó diáfanamente el 23 de agosto de 2010, en el “Meeting de Rimini, donde vino a decir que los elementos básicos de su política eran incremento de la oferta de plazas concertadas, naturaleza exclusivamente privada de los centros concertados, reconversión de plazas privadas a privadas concertadas y cesión de terrenos públicos a intereses privados. Por ello, el papel de las fuerzas políticas progresistas debe ser explicar realmente qué significan para la sociedad esas líneas de actuación. Y cómo, a partir de ello, enunciar unas políticas para que nuestro sistema educativo evolucione al modelo de calidad y equidad que necesita una sociedad moderna con futuro.

No tiene sentido hablar de mala gestión de los recursos públicos por parte de la derecha. Siempre que algún representante de la oposición de izquierda habla de mala gestión educativa de gobiernos como el madrileño sería recomendable que leyera “Piratas de lo público” de Antón Losada o “Chavs, la demonización de la clase obrera” de Owen Jones. El objetivo fundamental de la gestión de los gobiernos neoliberales es el enriquecimiento de las empresas educativas con los recursos públicos y eso lo llevan realizando con plena eficiencia. El hecho diferencial producido en Madrid es que Esperanza Aguirre aumentó la velocidad de este proceso con la crisis de 2009. Así, Madrid es la comunidad en la cual más ha crecido la enseñanza privada en toda España, seguida a distancia del País Valencià con el PP y ahora parece que Andalucía y la Región de Murcia se disponen a apretar el acelerador.

Usualmente el mantra que agita el PP y afines es la imposibilidad de un pacto educativo en España por la existencia de una sucesión de leyes según el gobierno de turno, pero eso es solo una ficción. El tándem LOGSE-LOE, que forman una unidad en filosofía educativa ha estado vigente 23 años y fue pactado por todas las fuerzas políticas menos el PP. La LOMCE de 2013 fue promulgada por el PP, en contra de todos los demás. Con la LOMLOE se ha planteado un esquema similar, pero con el PP y afines en contra. En síntesis, la posibilidad de pacto educativo no es un problema de derecha-izquierda, PNV y CiU son partidos de derecha clásica que pactaron las leyes, es un problema que enfrenta los planteamientos educativos de todos con los planteamientos económicos e ideológicos la derecha heredera del franquismo, fundamentalmente el PP.

No obstante, el origen de la segregación educativa está en la LODE de 1985, que vino a transformar el régimen de subvenciones para la enseñanza privada en el régimen de conciertos y supuso la externalización de los servicios educativos. El argumento usado para su defensa por el gobierno de Felipe González fue la necesidad de apoyar una red pública con plazas insuficientes, con la red privada, para posibilitar la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Esto suponía una subsidiariedad de la red concertada frente a la pública mientras esta se desarrollaba. Pero ha sucedido todo lo contrario y se ha creado una red paralela. El propio Felipe González lo reconoció cuando en noviembre de 2011, durante un mitin en Hospitalet de Llobregat dijo: “Algunos errores hemos cometido, entre ellos el mantenimiento de la escuela concertada ante la deriva que han tomado este tipo de centros”.

Los centros concertados reciben recursos públicos para garantizar la gratuidad de las enseñanzas obligatorias Primaria y ESO, pero desde el primer momento se empezaron a cobrar cuotas mensuales: “aportaciones voluntarias”, lo que ha supuesto la exclusión de la población con recursos económicos limitados. La cuantía media de estas, según un estudio realizado por la FAPA Giner de los Ríos y CICAE en 2019, es de 153€/mes·alumn. Para un centro de 1.500 escolares supone un ingreso 2.295.000€/año, pero la cuota puede ser mucho más alta.

En estos 20 años hemos podido ver en la Comunidad de Madrid como se han ido introduciendo diferentes empresas en este mercado, que en un 60% sigue controlando la Iglesia, y recientemente hasta fondos de capital riesgo, como Laude o Magnum Industrial Partners. Desde 1992, el crecimiento consolidado en gasto público de la enseñanza concertada ha sido casi el doble que el de la pública. En 2018 la concertada llegó a consolidar una financiación pública de 6.342.107.000€, de los cuales al menos 1.000.000.000€ corresponden a la Comunidad de Madrid. Esta red concertada se extiende fundamentalmente por los barrios y municipios de mayor renta per cápita. El concierto educativo ha llevado al absurdo social de pagar para ser segregados. Es la doctrina del Robin Hood neocon: “robar al pobre para dárselo al rico”.

El modelo concertado también genera una distorsión en el conjunto de la enseñanza privada, al establecer una competencia desleal frente a la privada no concertada. Los gobiernos neoliberales han puesto en marcha medidas para bonificar los gastos educativos en este sector, como desgravaciones fiscales o becas (cheques escolares) para los niveles no concertados como Infantil, Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación Profesional y de Artes Aplicadas. El problema es que el cheque escolar, por muy elevado que sea, nunca garantizará la gratuidad, solo aliviará el gasto que deben realizar las familias para financiar la plaza en los centros privados. Las matrículas en estos son muy dispares, pudiendo oscilar entre los 4000 y los 9000€/curso académico. Las becas más altas no cubren ni el 50% de la matrícula y se les da a alumnado con bajos recursos. Así la beca para estos estudios en vez de servir para equilibrar desigualdades sirve para fomentarlas.

El desarrollo de la LOMLOE a través de la reforma curricular que pretende llevar adelante el Ministerio de Educación puede tener una limitada utilidad práctica si no se reduce la ratio de alumnado en las aulas y se aumenta la ratio de profesorado por grupo. Esta medida solo será posible incrementando el porcentaje de PIB invertido hasta valores del 5%. España ahora solo invierte el 4,2% y la Comunidad de Madrid solo el 2%. Pero esto chocará con los intereses comerciales de la privada donde la mayor tasa posible de alumnado por aula y la menor tasa de profesorado por grupo es lo más rentable..

El veto parental es otro elemento más que contribuye a la segregación. Básicamente es innecesario en la privada, casi toda es confesional y ya imparten su adoctrinamiento religioso, que en casos extremos llega a la discriminación educativa por el sexo. Sin embargo es una mordaza para la pública, la única que no está sujeta a control ideológico y doctrinal, donde el profesorado tiene un mecanismo transparente de acceso, por muy imperfecto que sea. Como vemos solo en la escuela pública se reconoce que el derecho a la educación es un derecho intrínseco a la persona, no a su familia (artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Se puede hacer algo ante este panorama, pues es evidente que sí. El primer paso sería conseguir la efectiva gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios, en cumplimiento estricto del artículo 51 de la LODE, que es complementado por la LOE-LOMLOE en su artículo 116. Algo que en gran medida dependerá de la voluntad de la Comunidad Autónoma correspondiente, ya que ninguna ley prohíbe las “aportaciones voluntarias”. Sin embargo, cuando la exigencia en el cobro de la cuota se traduce en presiones a las familias para su pago, la Administración tendría que actuar frente a las empresas con contundencia y garantizar el derecho a la educación. Incluso se debería plantear habilitar las vías para asumir la gestión del colegio concertado, integrarlo en la red pública, dando una solución laboral a su personal. Algo que ya ha sucedido en Catalunya.

Las cesiones de suelo público, que hasta ahora hemos visto, para la construcción de colegios privados concertados o privados, sobre todo en los nuevos PAUs, cuando no se construían los centros públicos, deberían de cesar. Incluso se han llegado a denunciar presiones por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los municipios para este tipo de cesiones. Las movilizaciones en los barrios por estás razones están a la orden del día, como hemos visto, por ejemplo, en el Ensanche de Vallecas o en Montecarmelo. El suelo público debe ser para la escuela pública. Este es un aspecto en el que la administración de las Comunidades Autónomas tiene toda la capacidad de acción.

Todas las enseñanzas no obligatorias, como los ciclos formativos de FP y AA.AA, deberían volver a ser gratuitas en los centros públicos de Comunidad de Madrid, como sucedía antes de 2012, cuando Esperanza Aguirre decidió que dejaran de serlo. Con una red pública suficiente sobran las desgravaciones fiscales por gasto educativo y las becas-cheque escolar. Si una familia tiene recursos para pagar mensualidades exigidas en un centro privado no se la puede financiar con dinero público ni directa, ni indirectamente. Está en su libertad de ir a él, pero el erario público debe emplearse en equilibrar desigualdades no para acrecentar la segregación económica en educación.

La planificación educativa es una necesidad social y las administraciones no pueden renunciar a ella, es su obligación. El planteamiento que realizaba la LOMCE de sujetar el desarrollo de la red a la demanda era una medida profundamente segregadora consecuente con la privatización y con los programas de excelencia educativa. Estos últimos fueron implementados en la Comunidad de Madrid en diferentes modalidades, como el bilingüismo, bachillerato de excelencia, institutos tecnológicos, etc., y brindaron un cierto grado de autonomía curricular a los centros. El problema es que la autonomía curricular de los centros, no así la organizativa y pedagógica, lleva a la especialización de los mismos y, por tanto, a superponer a la segregación económica una segregación por capacidades. De la intersección de ambos mecanismos se produce una combinación de estratos sociales que clasifican a la sociedad en compartimentos estancos, algo absolutamente nefasto. La Administración debe actuar sobre el diseño de una red pública que cubra las necesidades de escolarización. Disponer de una red de centros públicos distribuida homogéneamente por todo el territorio, para que toda la ciudadanía pueda acceder a la educación sin grandes desplazamientos, donde se apoye con recursos a quién más lo necesite, es algo irrenunciable en un Estado Social y democrático de Derecho.

La emancipación de la clase trabajadora se realizará fundamentalmente a través de la educación, algo que se tuvo meridianamente claro en la Segunda República, y la lucha contra este fraude social que supone la privatización del proceso educativo debería ser una prioridad para cualquier gobierno de progreso.