Una clave, el profesorado

“¿Y después de la Lomloe, qué?” Desde mi experiencia como formadora de docentes, me atrevo a aportar esta reflexión personal en respuesta a la pregunta con que se inició este debate. A mi entender, la incidencia de la nueva ley de educación dependerá de la voluntad de mejora de la enseñanza por parte de quienes tienen los medios y el poder de decisión en este campo. Y podría tomarse como uno de los indicadores de esa voluntad la atención que se preste, tanto en la legislación como en los presupuestos, a quienes ejercen la docencia en las instituciones escolares.

No puede obviarse la complejidad del sistema educativo y el error de caer en simplificaciones. Hay muchas circunstancias a considerar en una planificación realista, pero entre ellas ocupan un lugar especial las referidas al profesorado. De lo ocurrido con leyes anteriores parece deducirse que, mientras no se aborde en serio su formación y las condiciones de sus puestos de trabajo, muy probablemente la nueva reforma legislativa se quedará en una declaración de buenas intenciones o un mero reclamo electoralista.

Respecto a la formación de enseñantes, tanto en su fase inicial como en la continua, sería necesario acentuar la orientación a la práctica, pero a una práctica reflexiva. Esto, en la fase inicial, se traduce en algo más que asegurar la estancia en centros educativos de quienes cursen un grado de magisterio o un máster de educación secundaria. También es necesario revisar y debatir lo observado y vivido en dichos centros a la luz de los fundamentos aportados por las distintas materias de los planes de estudios. Igualmente cabe recurrir a otros medios distintos al contacto presencial para ampliar y aprovechar el encuentro con la práctica, como la representación de situaciones, el análisis de casos, la planificación de actividades. La tecnología digital ha ampliado significativamente las ocasiones y las maneras de aprovecharlas. Se trata de contribuir a que el alumnado de los centros de formación inicial consiga la deseable profesionalidad, entendida esta como la posibilidad no solo de actuar de manera adecuada, sino también de decidir, con criterios defendibles, qué actuaciones requieren las diferentes situaciones educativas que se van a encontrar en el futuro.

En la formación continua, es decir, en la necesaria actualización mientras se está ejerciendo la enseñanza, sería muy conveniente priorizar las respuestas a los problemas y necesidades reales de cada centro, así como los enfoques colaborativos e investigadores. Da la impresión de que no todos los cursos y talleres que se imparten para docentes en ejercicio inciden suficientemente en la mejora de la educación escolar, aunque sirvan como méritos para el currículum profesional.

Y avanzar en la calidad de la formación de docentes, requeriría en su fase inicial abordar un condicionante previo, la selección de aspirantes. Las facultades de educación no pueden seguir siendo el furgón de cola donde acuden quienes no consiguen entrar en otros centros universitarios. La motivación de partida en muchos casos es bastante mejorable y la masificación de las aulas dificulta la aplicación de metodologías congruentes con los objetivos formativos señalados. Por otra parte, si la selección tiene lugar antes de comenzar los estudios, se ahorraría mucho tiempo, dinero y esfuerzo, además de facilitar el acceso al puesto de trabajo correspondiente una vez concluidos los estudios universitarios. Cuando se revise el modelo de oposiciones, cabría tener en cuenta este primer momento de la selección, cuyos criterios de base, evidentemente, también deberían ser elegidos con cuidado y, desde luego, incluir las actitudes además del expediente académico.

Enseñantes profesionales pueden afrontar y resolver situaciones diversas, incluso con carencias de recursos, pero no cabe esperar demasiado si no se asegura unos mínimos. Es, pues, inevitable afrontar las condiciones en que se ejerce la educación escolar: el horario lectivo, las características de los espacios, la dotación de materiales didácticos, la ratio… También la estabilidad en la plaza ocupada, el grado de autonomía concedida a los centros escolares para diseñar sus proyectos, los apoyos externos y el peso de las exigencias burocráticas. No se discute la importancia de la ratio o de los materiales disponibles, pero no vendría mal considerar cómo podrían mejorar los procesos y resultados escolares, si en el horario de dedicación del profesorado se destinará más tiempo al trabajo fuera del aula, tanto individual como en grupo, si disminuyera la carga burocrática o se dotara de personal para atenderla.

Sí, con la financiación hemos topado. He aquí otro indicador del compromiso de los responsables políticos con la educación: las partidas presupuestarias destinadas a las escuelas públicas. Solo con un incremento suficiente podemos esperar cambios significativos. De otro modo, seguiremos soñando con otra educación que difícilmente será posible.