Es urgente rehabilitar

Las cifras que se han puesto de manifiesto en este debate muestran con claridad la gravedad y extensión de esta pobreza energética en nuestro país, así como la urgencia de las medidas para hacer frente a la misma, lo que exige una mayor presencia de este problema en el debate político y social.

Si bien coincidimos con lo ya señalado en el sentido de que la pobreza energética es sólo una de las caras del empobrecimiento que afecta de forma creciente a amplios colectivos, como consecuencia de las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis por los dos últimos Gobiernos, no por ello hay que dejar de plantear las medidas específicas para hacerle frente

Siendo conscientes, por supuesto, de que este fenómeno, junto con el resto de los derivados de la pobreza, sólo se reducirá de forma apreciable cuando se produzca una recuperación de la renta de las familias, esto resulta compatible con la puesta en marcha de diferentes medidas, aunque muchas de ellas sean de tipo paliativo.

En este sentido y con carácter previo, hay que señalar que CCOO considera que este fenómeno sólo se puede resolver realmente estableciendo la consideración del mínimo vital de energía como suministro esencial al que tiene derecho toda la población, para desarrollar a continuación las medidas que garanticen este derecho.

En cuanto al primer elemento de los que se han señalado acertadamente como causantes de la pobreza energética, la drástica reducción de la renta de millones de familias como consecuencia del desempleo y la devaluación salarial, constituye la principal preocupación de CCOO, aunque no me voy a extender en las medidas que venimos demandando para hacer frente a estos asuntos (políticas de reactivación económica, impulso de la industria y del empleo de calidad, recuperación del poder adquisitivo de los salarios, renta mínima de ciudadanía, gravar la electricidad, el gas y la calefacción al IVA reducido del 10% -actualmente tributan al 21%-, ..).

En cuanto al segundo elemento, el relacionado con la rehabilitación energética de las viviendas, habría que encuadrarlo en las políticas de eficiencia energética en el ámbito residencial, imprescindibles por muchos motivos, uno de los cuales sería el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales en el marco de la Unión Europea.

Con carácter general, hay que señalar que estas políticas de rehabilitación, en sentido amplio, además de reducir las emisiones tendrían un impacto muy positivo sobre la actividad económica y el empleo en un sector tan castigado como el de la construcción. Llevaría también aparejada una mejora de la calidad de vida de las personas que residan en las viviendas rehabilitadas, por lo que el sindicato al que represento las apoya y realiza propuestas para su desarrollo.

De acuerdo con esto, se trata de un círculo virtuoso con el que se puede conseguir una sustancial reducción de emisiones; la creación de empleo especializado y distribuido por todo el territorio; la recuperación de la actividad del sector de la construcción y de las industrias que lo complementan por su capacidad de arrastre de otros subsectores y lo no menos importante: una importante reducción de la factura energética y, por lo tanto, de la pobreza energética. Todo ello acompañado del impulso de las tecnologías renovables aplicadas a la edificación (solar térmica, biomasa y geotermia)

Si esto es así, no puede caber duda acerca de la necesidad y urgencia de poner en marcha unos ambiciosos planes de rehabilitación que permitan que, en unos plazos razonables, se haya actuado sobre una parte significativa del parque residencial, industrial, de oficinas y de las áreas urbanas. Rehabilitación en la que habría que dar prioridad a las viviendas peor aisladas que son precisamente las ocupadas por las personas con menos ingresos, y por lo tanto, más afectadas por la pobreza energética.

Con el objetivo de impulsar esta rehabilitación, el Gobierno aprobó en 2013 un Plan Estatal de Rehabilitación, que valoramos positivamente en su momento, pero cuyo desarrollo efectivo sigue pendiente en estos momentos por insuficiencia de financiación y falta de impulso político.

Con independencia de este injustificable retraso en la aplicación del Plan, hay que señalar que la principal deficiencia que se aprecia en él y que denunciamos en su momento, es la ausencia de mecanismos de financiación pública específicos para hacer viables las actuaciones en las viviendas con más deficiencias, las prioritarias en la lucha contra la pobreza energética.

No hay duda de que, según lo señalado en este debate, el sistema de ayudas públicas establecido en el Plan de Rehabilitación no se adapta a la capacidad económica de la mayoría de las personas que habitan dichas viviendas, en las que le resulta imposible acometer cualquier tipo de inversión.

Planteamos por ello la necesidad de establecer mecanismos específicos de financiación pública para las familias con menos ingresos, única vía que puede garantizar la rehabilitación con criterios energéticos de estas viviendas. Y si para el conjunto de las actuaciones de rehabilitación ya venimos planteando la necesidad de contar con financiación europea, y en concreto que una parte del Fondo de Inversiones Estratégicas de la UE recientemente aprobado, se dedique a estas políticas de rehabilitación, el destino prioritario de dichos fondos deberían ser aquellas actuaciones de mayor contenido social.

Y por lo que se refiere al elemento del coste de la energía, nos encontramos con una escalada en los últimos años de los precios de la energía, fundamentalmente de la eléctrica, a la que se ha venido a sumar unos cambios en la estructura tarifaria que han supuesto que la parte fija de la factura, la que se paga con independencia del consumo, suponga el 40% del total. Todo ello incrementado con diferentes impuestos y un IVA del 21%. Así, por mucho que se intente reducir el consumo, que sólo supone el 38% de esta factura, el ahorro en el coste para los usuarios es muy limitado.

Ante un problema de esta magnitud, la actuación de los poderes públicos se ha limitado a la puesta en marcha de un denominado “bono social”, establecido para el suministro de electricidad, que no resuelve estos problemas al suponer únicamente una rebaja parcial del apartado correspondiente al consumo (la menor según lo ya indicado), estar limitado a una potencia contratada muy baja y exigir unos requisitos económicos y sociales exagerados a los beneficiarios. Inoperancia que queda de manifiesto con el hecho de que, a pesar del aumento de los hogares afectados por esta pobreza energética, no se utilizan todos los fondos destinados a dicho bono social y se va reduciendo el número de sus beneficiarios.

Por ello, exigimos el establecimiento de un auténtico bono social para la electricidad, financiado por las empresas eléctricas en proporción a su cuota de mercado, al considerar que estas empresas están disfrutando de un monopolio del mercado y de la explotación de concesiones de bienes públicos o con impacto en lo público, por lo que deberían contribuir de forma especial a paliar estas situaciones de riesgo social.

Bono social que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes por impago. Que tenga en cuenta los miembros de la unidad familiar, el nivel de renta y adecuando el término de potencia a la realidad actual. Bonos sociales que podrían tener varios tramos de bonificación en función de la situación económica de las personas y que deberían cubrir como mínimo, pero no solo, a todas las unidades familiares cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza, eliminando o reduciendo significativamente las cargas fiscales de dichas facturas. Esto debería ir acompañado de otro bono social para el gas, en las mismas condiciones ya indicadas para el suministro eléctrico, en cuya financiación también deberían participar las empresas distribuidoras de este combustible.

Se debe garantizar la efectividad de la aplicación de estos bonos con su concesión automática en aquellos casos en los que no haya ninguna duda acerca del cumplimiento de los requisitos económicos establecidos (perceptores de las rentas sociales autonómicas, pensiones mínimas con derecho a complementos, ayudas a los parados de larga duración,...).

En tanto no se consiga esta garantía universal de suministro básico de electricidad y gas, sería necesario extender al conjunto del país las iniciativas de tipo paliativo puestas en marcha en diferentes territorios, que en algunos casos impiden los cortes de suministro en invierno y permiten aplazar el pago de los recibos pendientes, mientras que en otros, se ha incluido esta pobreza energética dentro de las necesidades a cubrir por los servicios sociales.