¿Quién paga los platos rotos?

Considero oportuno el momento de abrir un espacio de información, reflexión y debate “público” sobre la pobreza energética, cuestión ésta que, a pesar de ser objeto de estudio desde hace más de cuarenta años y tener carta de naturaleza propia, en nuestro país ha pasado prácticamente desapercibida tanto para las instituciones como para la sociedad en su conjunto.

En un año pluri-electoral y antes de la celebración de la primera cita de comicios, es conveniente poner encima de la mesa la realidad de la pobreza energética, a fin de poder influir en los programas de los partidos políticos y que a su vez sirva, para que éstos se retraten. Porque esta inadmisible lacra social pone de manifiesto, como todas las caras de la desigualdad y de la pobreza, un modelo económico fallido, incapaz de garantizar una vida digna para todas las personas. Pero, es que además, hilando más fino, evidencia que nuestro actual modelo energético y la política energética están controlados y dirigidos por unas pocas, pero todopoderosas corporaciones. Organizaciones que han usurpado y vaciado de contenido el garante papel de la Administración de los intereses generales en la gestión de un bien común esencial, como es la energía. Como es evidente, la mala planificación y gestión de un sector estratégico como es el energético, además de afectar a los derechos de las personas y a la cohesión social, tiene una repercusión directa en nuestra democracia (en la capacidad de autogestión de las comunidades y de los pueblos), en la economía y en el medio ambiente.

Abierto por tanto el debate, recojo el guante lanzado por las pertinentes cuestiones planteadas por Rodrigo Moretón. No voy a centrar mi intervención, por tanto, en definir la pobreza energética, en analizar sus causas y describir sus fatales consecuencias, ya que hay abundante literatura al respecto dentro y fuera de nuestras fronteras. Recomiendo al avezado lector que quiera profundizar en este tema, siga la pista a las recomendaciones, publicaciones e informes de Ecoserveis, de la Asociación de Ciencias Ambientales y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre otros muchos agentes.

Es de suponer que el universo humano que habita el “Espacio Público” aspira a un modelo de sociedad inclusivo y solidario, en el que consigamos erradicar toda manifestación de injusticia social y ambiental. Por ello, el debate se centrará en matices, en cómo implementar una u otra medida, en aportar experiencias que ayuden a afinar las mejores soluciones, y así avanzar desde la inteligencia colectiva en la construcción de una sociedad mejor. Así que paso directamente a contestar las preguntas que se han apuntado.

1.- REDEFINICIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?

Hace tiempo que nosotros empleamos una definición más amplia para la pobreza energética que el mero hecho de no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Cierto es que el confort térmico es una cuestión clave que afecta a la salud de las personas, ya que agrava enfermedades pre-existentes, genera nuevas enfermedades e incluso es causa de muerte. Los cálculos que se barajan sobre este punto arrojan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 30 por ciento de las muertes sobrevenidas en los meses de invierno derivan de vivir de manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada. Para España esta cifra está en torno a las 7.000 muertes anuales. Un listado de por sí demoledor. Pero esto no impide hacer un análisis más exhaustivo de la definición de la pobreza energética, ya que la falta de acceso a determinados servicios energéticos genera una profunda desigualdad y exclusión social.

Por ello, definimos la pobreza energética como la dificultad e incluso la imposibilidad de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, así como de poder disponer de otros servicios energéticos básicos para poder desarrollar una vida digna tales como la iluminación, agua caliente sanitaria, el uso de determinados electrodomésticos, Internet y movilidad. Estos dos últimos servicios pueden parecer banales, pero si con rigor se analizan, nos daremos cuenta que la carencia de éstos afecta y expulsa a una parte de la población en áreas tan fundamentales como la educación o el empleo. A modo de ejemplo gráfico, la falta de acceso a Internet está generando serios problemas de cohesión social en las escuelas, ya que es habitual tanto en centros públicos como privados, mandar tareas escolares en las que se precise el uso en el hogar de ordenador, de conexión a Internet, incluso de impresora. Asimismo, en el informe de pobreza energética del Comité Económico y Social Europeo de finales de 2013, se recoge la necesidad de incluir en la definición la falta de acceso a los medios de transporte como elemento de pobreza energética, ya que su carencia conlleva riesgo de exclusión.

Fundamental es que las organizaciones sociales redefinamos el concepto y avancemos en el análisis, pero la gran ausencia de una definición pública es la prueba palpable de la falta de voluntad política para solucionar esta cuestión. Y con esta reflexión enlazo para contestar a la segunda pregunta

2.- BONO SOCIAL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO

¿Es el bono social tal y como está planteado una solución?

El derecho a la energía, si bien lo encontramos recogido, de manera implícita o explícita, en diferentes normas y pactos del ordenamiento internacional, en la práctica no se ha articulado ningún mecanismo que obligue a los estados a hacerlo efectivo. De ahí que se perciba como un mero principio inspirador, o incluso como un brindis al sol. No obstante, la Directiva 2009/72 CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para el Estado español, establece de manera concluyente que:

Los Estados miembros garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, tales como los planes nacionales de acción en materia de energía, prestaciones en el marco de regímenes de seguridad social para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado.

Desde el año 2009 ha habido margen de tiempo suficiente para transponer estos mandatos de la Directiva e implementar un plan de acción en materia de energía. Pero, en una manifiesta e inaceptable falta de voluntad política, el gobierno transpone los requerimientos de manera parcial y transitoria, a través de un mecanismo de urgencia, como es el Real Decreto-ley, tan habitual en esta legislatura. En el preámbulo deja entrever la verdadera motivación: evitar la importante sanción económica por no transponer en plazo. Con estos mimbres nos encontramos que no se ha definido el concepto de cliente vulnerable. No obstante, para cubrir el expediente, se considerará transitoriamente consumidor vulnerable, hasta posterior definición en una futurible norma, al consumidor con derecho a acogerse al bono social.

Este mecanismo, el bono social, se ha demostrado insuficiente por diversas causas. De entrada, muchas personas que están en situación de pobreza energética no cumplen los requisitos para acogerse al bono social, y sin embargo, hay colectivos con derecho al bono social que no tienen por qué estar sufriendo pobreza energética, como son las familias numerosas. Además, tan solo afecta al suministro de la electricidad, no habiéndose habilitado un bono social para el gas, cuando gran parte de la población española calienta sus hogares y obtiene agua caliente mediante la combustión del gas. A todo ello hay que añadir que la rebaja en la factura que supone el bono social (aproximadamente un 25%), no garantiza en modo alguno la disponibilidad de un mínimo básico de energía en gran parte de los hogares con bajo poder adquisitivo.

Y como es evidente, respecto al resto de requerimientos tampoco se ha avanzado nada en la materia, ya que no se ha articulado ningún plan de acción nacional que incluya prestación alguna o apoyo directo en materia de eficiencia energética en las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Esta inacción de la Administración y la falta de cumplimiento de las responsabilidades de gobierno deberían hacer saltar todas las alarmas de la sociedad civil. Es urgente instar a todas las administraciones, la adopción del decálogo de medidas que se proponen desde Ecoserveis y que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos incorporado en nuestras acciones. Medidas paliativas y estructurales, que van desde el reconocimiento y definición de la pobreza energética, la mejora del bono social, la reducción del IVA aplicado al uso doméstico del gas y de la electricidad, la prohibición del corte de suministro en períodos críticos, o la aplicación, con carácter prioritario, de medidas de mejora de eficiencia energética en los hogares afectados por la pobreza. Combinar este catálogo con la promoción de un buen uso de la energía en el ámbito del hogar, que evite el despilfarro y que fomente la adecuada gestión de la demanda, hará que las personas pasen a ser el centro del sistema energético y parte activa del mismo.

Pero, llegados a este punto, quiero introducir en el debate una cuestión nada baladí.

¿Quién debe financiar el bono social?

El Comité Económico y Social Europeo plantea que la gestión y el suministro de energía, como bien común esencial, debe gestionarse con las peculiaridades de servicio público. Ello, significa que a pesar de que sean compañías privadas las que presten este servicio, no pueden ni deben hacerlo exclusivamente en el marco de la economía de mercado. Y que por tanto, están obligadas a realizarlo con la garantía de suministrar energía en situaciones de vulnerabilidad, impidiéndose, por ejemplo, el corte de suministro.

Por ello, es fácil posicionarse en que sean las compañías eléctricas y en su caso, gasistas, las que asuman el coste del bono social. Pero, para ver si la implementación de esta medida va a resultar exitosa, medida que a priori parece equitativa (y más viendo la cuenta de resultados de dichas corporaciones), hay que analizar el histórico en nuestro país. Y desgraciadamente, hemos sido testigos de que en el pasado las eléctricas han tenido la obligación normativa de asumir el coste del bono social, pero de una manera u otra han sabido esquivar este imperativo, bien recurriendo en los tribunales la norma, bien trasladando en el precio final que paga el consumidor el monto del mismo. En definitiva, el resto de los consumidores, principalmente el doméstico y la pyme, ha soportado el coste del bono social. De ahí, que proponga otra manera de costearlo. Posiblemente abra la caja de Pandora con esta reflexión, pero debatir es fundamental para avanzar.

a.- Primero, para que las grandes compañías no se escapen de su corresponsabilidad por asumir una gestión de un bien esencial, considero que hay que reformular los mercados energéticos en España, causa principal de la situación deficitaria de los mismos. Sistemas obsoletos e inadecuados de fijación de los precios mayoristas que generan grandes beneficios a las grandes compañías a costa del consumidor final y de sacrificar cualquier alternativa energética. Por tanto, esta medida, hará de contención en la fuerte escalada de precios. Así como reformular todos los peajes y el término de potencia de la factura de la luz de manera objetiva y transparente.

b.- El bono social, ya que lo vamos a pagar la ciudadanía, sugiero que sea a través de un mecanismo más equitativo que la factura de la luz. Por tanto, debe ser asumido por el contribuyente, ya que mecanismos proporcionales de recaudación permiten que el reparto sea más ecuánime.

c.- Autogeneración solidaria. Esta cuestión, no exenta de polémica, la planteamos desde Ecooo hace ya años, para asombro de todos los presentes en el marco de unas jornadas de autoconsumo (prefiero denominarlo autoproducción) en la Comunidad de Madrid. Los que llevamos años trabajando por un modelo energético sostenible, democrático y solidario, sabemos que una herramienta clave es la autoproducción. Es decir, la posibilidad de que cualquier persona genere parte o la totalidad de la energía que precisa. El nudo gordiano de esta cuestión versa en el autoconsumo eléctrico. Gracias al desarrollo tecnológico y a las economías de escala, se ha abaratado tanto el coste del material, que para un ciudadano es más económico producir su electricidad, gracias a las renovables, que suministrarse de la compañía eléctrica. De ahí que en el comienzo de la campaña de desprestigio y de “acoso y derribo” de las alternativas energéticas, allá por el año 2010, se empezó a suministrar un mantra para que pareciese insolidario ser autoproductor. En concreto, fue Iberdrola quien lanzó este argumento. Si las “clases medias”, con mayor capacidad económica se convierten en autoproductores dejarán de ser sostén de una parte importante de los costes del sistema. Por tanto, éstos se repartirán entre menos consumidores, por lo que los consumidores vulnerables tendrán que soportar un porcentaje mayor de los mismos. Es evidente que Iberdrola utiliza este argumento perversamente, para frenar el desarrollo de las renovables en manos de la ciudadanía. Si realmente tuviera una visión social de la energía, estaríamos en un marco diferente, en el que esta compañía no privaría de suministro a las familias que no pueden abordar el pago de la luz, como indecentemente ejecuta año tras año.

Nuestra propuesta deviene de entender que un nuevo modelo energético democrático y sostenible, basado en ahorro, eficiencia energética y fuentes renovables PUEDE ser además, solidario. No debemos entender la energía como un negocio, un bien más para lucrarse y especular, sino que una vez satisfagamos nuestras necesidades de manera sostenible, podemos ayudar con nuestros excedentes a las personas vulnerables. El gobierno amenaza con un peaje de respaldo abusivo a la autoproducción. Para evitar su desarrollo, apostamos porque todas las personas con capacidad económica sean autoproductoras, en la modalidad de balance neto, y que parte de los excedentes sufraguen el bono social.

No cejaremos hasta que las eléctricas devuelvan los 3.400.000.000 de euros que han cobrado de más a los consumidores de la luz y que a los diferentes gobiernos se les ha “olvidado” refacturar, a pesar de recibir informes de la Abogacía del Estado y de la extinta CNE indicando el procedimiento. Mientras tanto, se permite el corte de suministro a los hogares vulnerables.

3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS HOGARES VULNERABLES

¿Es posible disminuir la factura de insumos de las familias y generar empleo simultáneamente?

Es urgente habilitar ayudas económicas que palíen la situación de vulnerabilidad energética. Pero, sin lugar a dudas, la implementación de medidas de eficiencia energética en los hogares vulnerables es la medida estructural más adecuada para erradicar la pobreza energética definitivamente. Además, fomentar el ahorro hace que, colateralmente, no destinemos ayudas sociales a incrementar la cuenta de resultados de las compañías energéticas. Por solidaridad, pero también por defender la democracia del pernicioso papel de los oligopolios, fomentemos la reducción de la energía convencional.

La baja calidad en la edificación es un problema estructural en España, ya que afecta a gran parte del parque de viviendas. Según el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), el 80% de las 25 millones de viviendas españolas necesitan ser sometidas a procesos de rehabilitación energética urgente, entre otras cosas por haber sido construidas con sistemas de calefacción y aislamientos térmicos antiguos e inadecuados. El resultado es que nuestras viviendas son grandes devoradoras de energía si se quiere mantener un mínimo de confort térmico. La mejor medida en la lucha contra la pobreza energética es reducir drásticamente la demanda de la energía que se precisa para satisfacer las necesidades cotidianas. Entre ellas está incluida la autoproducción de energía.

Hay mucho recorrido para ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía en el ámbito del hogar, incluso es viable una rehabilitación integral que permita una vivienda de consumo energético casi nulo. Evidentemente, las medidas de mayor alcance suponen una inversión mayor, y tanto unas como otras, se recuperan rápidamente con los ahorros producidos en las facturas energéticas. Pero en este caso, como es lógico, no se trata de recuperar una inversión, sino de reducir notablemente la factura energética. Por ello no comparto implementar las medidas menos ambiciosas, porque así apenas estaremos solucionando el grave problema. Pero, ¿cómo se pueden financiar estas reformas?

Para ello, debemos analizar si acometer estas reformas tiene un efecto ventajoso sobre otros objetivos. La pobreza energética es un fenómeno transversal que afecta a cuestiones sociales y ambientales, por lo que cualquier marco de medidas para solucionar el problema requiere un enfoque multidisciplinar. Esta propuesta de solución, reducir la demanda de energía en los hogares vulnerables a través de la eficiencia energética, tiene impactos positivos en otras áreas, y por tanto, se deben aprovechar y fomentar sinergias con otros objetivos, como son la creación de empleo, la reducción del gasto sanitario, de emisiones de CO2 o de importaciones de materias primas energéticas del exterior. Por lo tanto, habrá que cuantificar rigurosamente, el ahorro producido en todos estos objetivos para destinar estos recursos a implementar las medidas de eficiencia en los hogares vulnerables. Cabe señalar, que la implementación de estas medidas tendrá un efecto beneficioso para el desempleo, ya que la eficiencia es un sector de gran empleabilidad. Además, éste se encauza, eminentemente, a través del sector de la construcción, fuertemente golpeado por la crisis.

Asimismo, fondos públicos europeos están disponibles para el fomento del ahorro y la eficiencia energética. Por lo tanto, habrá que velar para que parte de estas ayudas se destine prioritariamente a los hogares vulnerables.

4.- SISTEMA DE PRECIOS DIFERENCIADOS

¿Es posible mantener un sistema de precios diferenciados?

No me parece que un sistema de precios diferenciados a través de la renta sea la herramienta más sensata. Ya hemos sufrido casi dos años de una factura de la electricidad diferenciada en tramos por consumo, y además de caótica, ha generado grandes distorsiones. Cambiar tramos de consumo de energía por renta per cápita no asegura un modelo racional.

a.- Es evidente que hay que blindar al consumidor vulnerable, para que todas las personas tengan derecho a un mínimo básico de energía para desarrollar una vida digna, a través de la renta per cápita, entre otros indicadores y gestionado además, por los Servicios Sociales. Pero, querer trasladar este sistema al resto de los consumidores parece poco adecuado. De entrada, por una cuestión de privacidad. La compañía eléctrica, o en su caso de gas, no debería de tener datos tan personales de la ciudadanía.

b.- En segundo lugar, porque no habiendo grave dificultad en asumir el coste de la energía, no parece adecuado no trasladar el precio de la misma a todos los consumidores. Al margen de la distorsión de los precios y de los ingentes beneficios de los oligopolios, nuestro actual modelo energético, basado en combustibles fósiles y nuclear no internaliza adecuadamente las externalidades negativas de estas fuentes energéticas (gestión de residuos, importaciones, contaminación ambiental, cambio climático, mercado de emisiones, costes sanitarios…). Tenemos que ahorrar y evitar el despilfarro. Y desgraciadamente, la sociedad necesita madurar más a la hora de abordar esta capital transformación por responsabilidad, así que será una buena herramienta de ahorro comprobar en bolsillo propio, lo que realmente nos cuesta la energía.

c.- Asimismo, ¿Cuántas rentas superiores a 100.000 euros declaran sus ingresos? Aunque nos parezca mentira, haberlas “haylas”, pero de una u otra manera, evaden al fisco. De tal manera, que al no declarar ingresos, también serían agraciados en este reparto de costes.

5.- ESCALADA DE PRECIOS

¿Se puede mantener esta escalada de precios de los insumos energéticos?

Un modelo energético basado en combustibles fósiles y energía nuclear, además de insostenible y peligroso, es cada vez más caro. La insensatez de estar al albur de la volatilidad de precios de las materias primas energéticas, nos traen serios problemas. A ello le unimos, un mercado energético fuertemente centralizado, oligopolístico y opaco, que permite que el poder político esté al dictado del poder económico.

Debemos, por tanto, reclamar una adecuada gestión de los recursos naturales y comunes, respetuosa con la dignidad de las personas y además, consecuente con los retos ambientales que tenemos por delante. Por todo ello, es necesario y urgente habilitar herramientas de participación ciudadana en el ámbito de la energía. Nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuje el cambio. ¡Únete a la resistencia!