Democracia energética para prevenir la pobreza

Hemos entrado en primavera y seguro que esto también es un motivo de alivio para el Gobierno, ya que le facilita pasar página y continuar ignorando un problema social que afecta a la salud y a las condiciones de vida de millones de personas como es la pobreza energética.

Por eso es oportuno que desde los medios de comunicación y movimientos sociales no pasemos página. El debate debe continuar para evitar que el próximo invierno nada haya cambiado.

De hecho, la pobreza energética es la expresión del fracaso absoluto de la regulación eléctrica y gasística en nuestro país. El claro resultado de una regulación hecha a medida de las grandes compañías y sin tener en cuenta ni las necesidades de la población ni los retos económicos, climáticos y geopolíticos de España ante la crisis energética global.

Las cifras son realmente escandalosas y el problema crece a ritmo de vértigo ante la insensibilidad absoluta del Gobierno para adoptar, aunque sea, medidas paliativas ante una situación que podríamos tildar de epidémica.

La pobreza energética es el resultado de tres procesos: El empobrecimiento generalizado de gran parte de la población que ve cómo ha caído su renta en los últimos años. La precarización del parque de viviendas de muchísimos barrios de todo el país, hechos a golpe de pelotazo urbanístico y sin pensar en ahorro y eficiencia energética. Y la subida generalizada del precio de la luz que se suma a un incremento de 5 puntos en el tipo de IVA que se le aplica.

Por eso, aunque la exclusión energética es un fenómeno anterior a la crisis y a los recortes, afecta no sólo a las personas más pobres sino que, como apunta el informe publicado por el Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja, ésta no ha dejado de crecer desde que empezó a medirse en el 2011 y en 2014 ya son el 61,8% de la población la que afirma tener dificultades para mantener el hogar a una temperatura adecuada.

Por lo tanto, estamos hablando de un problema mucho más transversal y estructural que pone de manifiesto la necesidad de revertir procesos de desregulación energética y privatización de un servicio básico esencial para la vida.

Y cuando hablamos de soluciones, y algunas son apuntadas por la ponencia, creo que debemos hablar de dos tipos de intervenciones por parte de la administración y el Parlamento.

Por un lado, medidas paliativas y de lucha contra la pobreza energética a corto plazo. Desde Iniciativa Per Catalunya y la Izquierda Plural planteamos ya hace dos años una proposición de ley para prevenir la pobreza con un conjunto de medidas que, a mi entender, son inaplazables: en primer lugar, definir el fenómeno a nivel legislativo. Para afrontar un problema hay que reconocerlo y acotarlo, como han hecho otros países. Es cierto que la definición puede ser más amplia, ir más allá de la temperatura o la oscuridad e incluir el acceso a la red como plantea el texto de la ponencia, pero es imprescindible acotar el fenómeno a la energía sin excluir que en otros campos se intervenga. Así facilitamos el abordaje del acceso a la energía desde una perspectiva integral y nos permite acogernos a marcos normativos europeos que dan cobertura al fenómeno de la pobreza energética.

Por otro lado, necesitamos una definición de consumidor vulnerable que sea inclusiva y amplia, vinculada a exclusión en el acceso de suministros básicos por razones personales, económicas o sociales para poder dar cobertura a las personas afectadas. Además debe ser un trabajo coordinado con las distintas administraciones y que las características puedan ser revisadas para asegurar periódicamente que no se desatienden situaciones de pobreza energética por una cuestión de rigidez o de requisitos inadecuados. Esta definición es clave, ya que es evidente que el bono social no funciona y la última reforma del PP todavía ha generado más exclusión. Y mientras las necesidades se multiplican el número de beneficiarios de este descuento ha disminuido.

En la proposición de ley que presentamos desde la Izquierda Plural cuestionábamos el diseño del bono social como un descuento en una tarifa que no para de incrementarse y planteamos la necesidad de estipular un sistema público de precio social para todos los hogares con reducido nivel de renta o familias con riesgo de exclusión al que puedan acogerse, fijando unos consumos vitales de acuerdo con el número de miembros en cada hogar y la estación del año…

También debemos plantear la garantía de suministro en momentos críticos, con tregua invernal para poner fin a los cortes de servicios esenciales que afectan a la salud.

Las medidas paliativas pueden ser múltiples, pero el debate de fondo es, hasta cuándo podemos permitirnos que la política energética de este país la dicte un oligopolio controlado por tres grandes empresas que acumulan beneficios billonarios mientras la deuda de la ciudadanía con las eléctricas y la tarifa eléctrica no para de crecer.

Tenemos el peor de los sistemas; se ha privatizado el sector eléctrico creando un falso mercado que no será competitivo mientras tengamos un modelo de generación de energía centralizado y dependiente de combustibles fósiles o energía nuclear que garantizan el control de los procesos de generación, distribución y comercialización en pocas manos. La regulación ha consolidado un modelo donde los consumidores garantizamos ganancias y dividendos y pagamos los errores de planificación política o los riesgos empresariales, porque Iberdrola, Endesa o Gas Natural nunca pierden.

Se confunde el interés nacional o público con el interés de estas grandes corporaciones que han secuestrado la soberanía legislativa comprando voluntades a través de sus consejos de administración.

El último ejemplo nos lo daba el ministro Soria en la Comisión de energía del Congreso que ante mi pregunta de porqué el Gobierno no había llevado a cabo ninguna política de ahorro y eficiencia energética, incumpliendo directivas europeas, mientras España tiene un grave problema de dependencia energética exterior y consumo excesivo por unidad de PIB, respondía que ahora no interesaba ahorrar porque el consumo eléctrico ya había caído mucho.

Está claro que la caída del consumo no interesa a las eléctricas pero sí al conjunto del país, que necesitamos urgentemente una transición energética hacia una economía baja en carbono, eficiente y, sobre todo, que asegure un modelo de producción transparente, democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía. Esa sería la mejor política para prevenir la pobreza energética; auditoría de la deuda eléctrica, más renovables, generación distribuida, facilitar y promover el autoconsumo y, en definitiva, recuperar el control público y ciudadano de un sector vital para la economía pero, sobre todo, para garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de familias en este país.