Terminar con la pobreza energética: una prioridad política, ecológica y ciudadana

Los datos ofrecidos en la ponencia de partida son demoledores, la realidad de la pobreza energética nos pesa por su dureza y, sobre todo, porque somos plenamente conscientes de que es evitable. La pobreza energética es el espejo de una sociedad donde la desigualdad y el paro se han disparado, y el modelo energético fósil nos lleva a un callejón sin salida a nivel social y ecológico. Mientras, impera la cultura del despilfarro, el analfabetismo energético y la política del gobierno sirve a los intereses de un oligopolio energético cuya ilimitada ambición nos empuja al colapso.

El imparable aumento de la pobreza energética pone en evidencia la incapacidad de estas empresas y de los gobiernos de PSOE y PP de priorizar los intereses de la ciudadanía presente y futura.

Las decisiones que han tomado durante los últimos 30 años han dejado al pairo de un puñado de empresas un derecho que es esencial para tener una vida digna: el derecho a acceder a un suministro energético básico para cubrir las necesidades de las personas a un precio asequible.

La pobreza energética va a más, e irá a más todavía, si la clase política gobernante sigue comprando y vendiendo la moto del modelo fósil como el único viable. Los recortes a las energías renovables y el boicot expreso al autoconsumo (autoproducción) por un lado, y la defensa de una unión energética basada en megainfraestructuras (energéticas y de transporte) que ha realizado el actual gobierno español y la Comisión Europea, evidencian la apuesta suicida por una energía cara, contaminante y que siempre habrá que importar.

Sabemos lo que queremos: un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las renovables. Un modelo distribuido en oposición al actual centralizado. Un modelo donde la energía se produzca allí donde se va a consumir, con los recursos más sostenibles que haya en ese lugar.

El viento, el sol y una tecnología de producción de electricidad que ya es más barata que la producción fósil están de nuestro lado. Pero, para construir este modelo, necesitamos mucha más gente en el ajo. Tenemos que sacudir los mimbres de un modelo cultural y económico que son tan fósiles como la energía que utiliza para mantenerse vivo. Empecemos por lo urgente: primero, cubrir las necesidades de las personas, dentro de los límites del planeta.

¿Qué proponemos?

¿Reformular el bono social? Por supuesto. Estamos completamente de acuerdo con la ponencia de apertura en que éste no está resolviendo el problema porque no llega a la mayor parte de las familias que lo necesitan, bien porque no se enteran de su existencia (y las eléctricas tienen toda la responsabilidad de que esto pase), bien porque se benefician familias que no lo necesitan. Y esta situación nos parece escandalosa. ¿Cómo puede ser que familias numerosas de altos ingresos sí tengan derecho a bono social y gente en situación de pobreza extrema no?

¿Cómo haríamos el bono social? Contando para su creación con la experiencia del día a día de los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones que escuchan y tratan de ayudar a la gente en situación de pobreza. Esto es: con participación de los colectivos interesados y no a sus espaldas.

¿Qué tipo de bono social?

Entendemos que el derecho a la energía implica el acceso a la cantidad suficiente de energía para tener una vida digna. Por tanto, para que un bono social que sirva para este fin, más que un descuento en la factura, como el actual bono social eléctrico, planteamos que vaya acompañado sí o sí de formación y de empoderamiento de sus beneficiarios.

Uno de los problemas menos conocidos asociados a la pobreza energética es el del analfabetismo energético. Los servicios sociales que están asumiendo el pago de facturas a familias en situación de pobreza se encuentran muchas veces con facturas desorbitadas. Cuando estudian caso por caso, ven que, el desconocimiento sobre cómo se gasta la energía en las casas es generalizado. Y luego, o bien se les está cobrando por servicios que no utilizan, o bien tienen potencias contratadas innecesariamente altas. Por regla general, se desconoce completamente lo que consume cada aparato doméstico y la factura no se comprende en absoluto.

Para ahorrar lo primero es conocer. Obviamente, el analfabetismo energético es un problema generalizado en España, no sólo de las familias en situación de pobreza energética, pero, nos parece imprescindible que se forme a la población que se está viendo obligada a tomar decisiones dramáticas sobre su alimentación o la de sus hijos para pagar facturas completamente injustas.

A partir de ahí, queremos aportar al debate la propuesta de un bono social que asegure un consumo mínimo gratuito para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza. Poder cocinar, lavarse, o calentar la casa, no es negociable, tiene que ser un derecho asegurado por el Estado y facilitado por las empresas que presten el servicio. Y si el beneficiario supera el consumo mínimo establecido, facilitarle una tarificación por tramos en función de la renta.

Puesto que, como se ha mencionado, la pobreza energética no se limita al consumo eléctrico, proponemos un bono social integrador, en el que esté cubiertas las necesidades de electricidad, calor y transporte.

¿Quién sería responsable del bono social?

Puesto que, los requisitos actuales del bono social dejan fuera a la mayoría de la población necesitada, pensamos que deberían ser los servicios sociales de los ayuntamientos quienes deberían poder estudiar cada caso y facilitar el acceso al bono social.

¿Quién tiene que costearlo?

Tal y como está configurado el sector energético en España, entendemos que el problema es de reparto y no de escasez. Endesa e Iberdrola pagan a sus presidentes más de 2 millones de euros anuales, a los que se suman dietas, bonus y demás complementos, que en el caso de Iberdrola llegan a sumar más de 7 millones. El oligopolio español dobla en beneficios a sus pares europeas, por lo tanto, deben ser estas empresas las que costeen el bono.

Nos parece importante no desvincular nunca el problema de sus causas. La pobreza energética no es una cuestión técnica, sino profundamente política. Lo son sus causas y sus soluciones. Por lo tanto, luchar contra la pobreza energética implica necesariamente luchar contra la manipulación que hacen las empresas del oligopolio de la política energética. Implica luchar contra la corrupción y las puertas giratorias, que no por legales, dejan de ser absolutamente inmorales.

Una respuesta desde Europa

Por otro lado, nos adherimos a la propuesta del Comité Social y Económico europeo de un “Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas”, es decir un plan de choque a muy corto plazo para proteger a la ciudadanía frente a la pobreza energética e impedir su exclusión social, tomar medidas para garantizar a cualquier persona en Europa un acceso fiable y uniforme a la energía a precios razonables y estables. En particular y como ya se hace en muchos países europeos, tendría que ser prohibido por ley cortar el agua o la electricidad, empezando por el periodo invernal (la llamada “tregua invernal”).

Para financiar este plan de choque a la altura del reto de las crisis sociales y ecológicas, se necesitan recursos económicos y por ejemplo la creación urgente de un “Fondo Europeo de Solidaridad Energética”. Recordemos que los recursos existen: ¡solo el coste social de la corrupción en Europa asciende a 140 mil millones! Por último, es necesario crear un Observatorio Europeo de la Pobreza que permita conocer, prevenir y seguir las acciones de la Unión Europea para luchar contra la pobreza energética.

La transición ecológica de la economía

Para luchar de forma estructural contra la pobreza energética es fundamental poner las bases de una economía sostenible, a través de una gran transformación ecológica de nuestros modelos de producción y consumo. En particular, la transición ecológica es una apuesta por la rehabilitación energética de millones de viviendas, es decir que mejore su eficiencia energética y luche contra el despilfarro. Esta medida permitirá a la vez reducir la factura energética per capita, nacional y europea, además de crear en España y Europa millones de empleos en la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis.

A nivel socio-ambiental, un plan de renovación (aislamiento, eficiencia energética, etc.) permitiría reducir la exposición a la pobreza energética debida a unas viviendas mal concebidas y ahorrar (para luego invertir en proyectos de utilidad social y ecológica) de aquí al año 2050 en España:

• Hasta 390.000 millones de euros en eficiencia energética y en derechos de emisión

• Una reducción del 82% de las emisiones del CO2 de las viviendas

• Ahorrar alrededor de 600 millones de barriles de petróleo de energía final y 300 millones de toneladas de CO2 equivalente.

En cuanto a creación de empleo, el impacto en términos de inversión en rehabilitación (muy intensiva en mano de obra) tiene cinco veces más capacidad de creación de empleo que las generadas con la misma inversión en infraestructuras de transporte, como propone el Plan Juncker. Más concretamente, la Organización Internacional del Trabajo plantea que se podría generar hasta 1,37 millones de puestos de trabajo durante la implementación de todo el proyecto y más de 100.000 empleos estables en 2020 (más el 30% de empleos indirectos). Esto tendría a su vez un impacto positivo sobre el aumento de las rentas de los hogares y su capacidad a hacer frente a los gastos básicos e imprescindibles de sus presupuestos (como los energéticos).

Construir la democracia energética

Al mismo tiempo, soplan vientos de cambio no sólo en la política o en la economía, también en el sector energético. Hay una revolución energética en ciernes protagonizada por una ciudadanía anónima que invierte su tiempo en denunciar los problemas del actual modelo y sobre todo, en generar alternativas económicas que hagan viable el cambio de modelo energético.

Esta marea se llama "soberanía energética ciudadana" y lo ponen en marcha las cooperativas de electricidad y empresas de no-lucro (como Som Energia, Goiener, Zencer, Enerplus, Nosa Enerxía, Ecooo, Viure de l’aire, etc.) que sólo comercializan o producen electricidad de origen renovable. En ellas se enseña a las personas socias a ahorrar. Cuanto menos consumo, mejor para los socios y socias, la sociedad y el planeta.

Para nosotros, no hay duda: para resolver la pobreza energética la ciudadanía tiene que poder decidir sobre el modelo energético que quiere y esto es precisamente lo que está intentando bloquear BOE tras BOE el Partido Popular. Pero, las 60.000 familias estafadas por los recortes a las renovables, las 25.000 personas que hay asociadas a las cooperativas energéticas energéticas renovables, las miles de personas que en todo el Estado trabajan en organizaciones ciudadanas y suman esfuerzos en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, o en partidos como EQUO, ya han empezado a decidir.

Cuando tengamos un modelo energético democrático no permitiremos que nadie sea excluido del derecho a la energía por no poder pagarla. Pero, estamos en una situación de emergencia social que requiere acciones inmediatas, así que volvamos al presente porque el 10% de la sociedad española necesita soluciones ya.

En conclusión, con la pobreza energética se ve con nitidez la relación intrínseca entre justicia, ecología y democracia. Luchar por el acceso universal a la energía a un coste justo, concienciar sobre su uso eficiente, permitir que nadie tenga que priorizar entre pagar sus alimentos o la luz de su vivienda, o retomar el control ciudadano de la energía son prioritarias en las luchas y alternativas del siglo XXI. Más que nunca, lo ecológico, lo social y lo democrático van de la mano.