El abandono ante lo previsible

El hecho más esencial para que una persona sea constitutiva de derechos es su propia existencia. Por tanto, el grado máximo de violencia estructural sería aquel cuya trágica consecuencia diera al traste con vidas que podrían seguir su rumbo y desarrollo si las decisiones políticas fueran diferentes. Este es el caso de la pobreza energética en España.

La verdad global de la pobreza energética vista desde la crueldad insoslayable de los datos, 7.500 personas mueren todos los años en el Estado español por esta razón, sólo es desbordada por el caleidoscopio vivencial y singular de cada uno de esos dramas. Así me ocurrió en Parla, donde una madre, ya vaciada de lágrimas, se preguntaba si ese mes debía dejar morir a sus hijos de hambre o de frío.

El Estado encuentra su sentido fundamental en la garantía de los derechos más esenciales de la ciudadanía. Por tanto, su representación institucional, en los ámbitos territoriales central, autonómico y municipal, donde se acopian datos y capacidades de resolución, resulta el cómplice necesario para que la pobreza energética aniquile los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.

Cuando las muertes por pobreza energética son cuantificables y previsibles, podemos considerar la inacción de las administraciones públicas, que en el ámbito central es de clara aquiescencia con las grandes empresas energéticas, como un auténtico abandono cuyas funestas consecuencias deben saldarse política y jurídicamente.

Una consecuencia lógica

La pobreza energética es la consecuencia lógica de nuestro sistema energético. Un modelo, que siendo una de las referencias centrales de nuestra forma de vida, está en manos de una cúpula cuya cultura esencial es la del consabido máximo beneficio al coste que sea.

Las empresas de UNESA han acumulado beneficios por valor de 60.000 millones de euros en los últimos diez años. Mientras eso ocurría, la factura de la luz se ha incrementado en más de un 80 por ciento en los últimos cinco años. Para que este modelo perviva, se han tenido que socavar los derechos del consumidor, que soporta la tercera electricidad más cara de Europa, sólo por detrás de Chipre e Irlanda.

La dependencia de los recursos energéticos foráneos desequilibra nuestra balanza comercial y supone unos costes de importación que rondan, cuando no superan, los 45.000 millones de euros al año. A todo esto hay que añadir las externalidades referentes a la huella ecológica y al cambio climático, la violación de derechos humanos para que la energía siga manando de Sur a Norte y la profunda vulneración de nuestra democracia a través de las puertas giratorias, así como la concentración en muy pocas manos de una cuestión ciertamente estratégica.

España tiene una estrategia energética concertada internacionalmente, y quien mantiene lo contrario, miente. De lo contrario no estaríamos homologados, en lo que a energía se refiere, con los países de nuestro entorno. La sombra del ITTP (Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión) es sumamente alargada y profunda. Tratará de blindar los intereses de las multinacionales a la hora de considerar cualquier territorio como susceptible de sufrir la rapiña para que los beneficios sigan manando en la misma dirección. A expensas, eso sí, del cambio climático, la destrucción del patrimonio natural, y de recursos tan exiguos en nuestro país como el agua, en relación al fracking. Se trata, además, de una estrategia que ha desregulado los mercados poniendo todo el poder en manos de estas grandes compañías, cuya fortaleza ha hecho hincar la rodilla a todos los gobiernos de la democracia.

La pobreza energética resulta un ineludible síntoma que evidencia el mortífero influjo de las energéticas sobre un poder político asaltado por un pensamiento neoliberal que le ha vaciado de capacidades y soberanía.

Una cuestión de concepto

Es perentorio que la energía deje de ser considerada un recurso básico para que sea categorizada en el lugar de los derechos fundamentales. Sin el acceso social a la energía, los derechos humanos se ven claramente vulnerados.

La pobreza no es azarosa, sino causal, cifrable y evitable. Tras el nombre hueco de la “pobreza” se comprenden las pobrezas que tienen nombre propio, y que corresponden a la carencia de derechos bien concretos.

Por ello es importante dar la batalla del lenguaje, en la que el término pobreza, como genérico, ha sido poseído por significados relacionados con valores de inevitabilidad y atributos que la acercan a su criminalización.

La pobreza energética es el reflejo real que desenmascara las consecuencias del actual modelo energético. Ante los luminosos anuncios, las abundantes y costosísimas campañas publicitarias, la sociedad civil ha logrado que cada vez se hable más y se cuestione mejor los carteles españoles de la energía y sus cómplices gubernamentales.

Algunas soluciones

La panoplia de soluciones es amplia y aplicable si se sabe qué se quiere y se tiene la voluntad política necesaria:

1.La importancia radical de la energía es de tal magnitud que no puede estar al pairo de los mercados. Me vienen a la cabeza las afirmaciones del Presidente de UNESA, el señor Montes, cuando en el programa “Salvados” dijo que la energía era como las latas de sardinas o como cualquier otro producto. O aquellas otras en las que un directivo no tuvo sonrojo al afirmar que, en relación a la pobreza energética ellas (por las multinacionales del ramo) no eran ONG´s. Asumir la responsabilidad pública de garantizar un derecho fundamental como es la energía, requiere crear un contexto de estabilidad y seguridad jurídica que regule un sector que, dando cabida a la participación social, debe ser eminentemente público.

2.Hay que crear las condiciones para la rehabilitación del parque de viviendas y hacer que éstas sean eficientes energéticamente. El cambio de cultura en la gestión cotidiana de la energía es primordial para transitar a un modelo energético racional.

3.También hay que limitar la dependencia energética a través de una incentivación social de las energías renovables, y facilitar el empoderamiento ciudadano a través de una regulación de la autoproducción energética.

4.Desde la urgencia de un problema cuyas respuestas no deben dilatarse en el tiempo, cabe subrayar el valor de las propuestas que la izquierda plural ha hecho a propósito de prohibir el desahucio energético y que han contado con el rechazo reiterado de la inmensa mayoría de los parlamentarios. Líneas de este tipo tomadas con urgencia serán buenos canales para atenuar una injusticia que paga un sector de la población cada vez mayor.