La pobreza energética: un problema de gobernanza. Propuestas más allá de las lógicas del mercado.

La pobreza energética es un término que recientemente hemos empezado a introducir en nuestro léxico, aunque se trate, como dice el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, de una “nueva etiqueta para una vieja realidad”.

La pobreza energética es un término que recientemente hemos empezado a introducir en nuestro léxico, aunque se trate, como dice el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, de una “nueva etiqueta para una vieja realidad”. La urgencia por visibilizar la problemática de la pobreza energética en la coyuntura de la actual crisis española hizo que, en la mayoría de los casos, los discursos que se han manejado hasta ahora en la denuncia del problema (informes, noticias, definiciones, etc.) se hayan tomado directamente de la información recopilada durante el trabajo realizado desde hace años en Reino Unido, caso de referencia por excelencia.

Pero desde las organizaciones sociales ya llevamos tiempo también insistiendo en que la definición actual es incompleta al aterrizarlo en la realidad política, sociocultural y ambiental de nuestro país. Por ello, considero que es sumamente pertinente y necesario crear espacios de debate público como éste, para construir colectivamente la conceptualización del problema de la pobreza energética y las medidas para erradicarlo. Procedo pues a comentar algunas de las cuestiones que Rodrigo Moretón plantea en su ponencia, tratando de complementar las ideas que el resto de intervenciones han aportado, y siempre con el ánimo de seguir construyendo y ampliando el debate.

La cuestión sobre la necesidad de PLANTEAR UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA es, sin lugar a dudas, estrictamente necesaria. La que se viene utilizando actualmente focaliza el argumento en dos elementos: el térmico (la temperatura a la que se consigue mantener el hogar) y el económico (el coste que ello supone). Y es aquí donde nos encontramos con el primer obstáculo, pues dicha definición no recoge, por un lado, las causas del problema y, por otro, tampoco refleja las consecuencias del mismo. Podemos afirmar, por tanto, que la definición actual no contempla la extrema complejidad del problema de la pobreza energética, y ello juega en su contra para poder ser considerado como un alarmante problema social.

Comparto plenamente las propuestas anteriores en donde se considera que la definición de la pobreza energética debería ser ampliada. Asimismo, considero que en el centro de la definición deberían estar las personas y la falta de libertad a la que se enfrentan para poder llevar a cabo la vida que valoran. En esta línea, el enfoque de Desarrollo Humano nos puede prestar sugerentes ideas para avanzar hacia una definición más completa que cuente con el mayor número de elementos que consigan caracterizar la magnitud del problema. Para profundizar sobre el tema, enlazo un artículo en el que se conceptualiza la pobreza energética desde el enfoque de Desarrollo Humano. En él se proponen elementos a incorporar a dicha definición, que principalmente giran en torno a los valores de: justicia, derechos humanos, equidad, participación, sostenibilidad y honestidad frente a la corrupción.

Enlazando con esto último, lanzo otras propuestas que por extensión no podré desarrollar, pero que considero interesante plantear en este espacio de debate abierto, para que sigamos reflexionando al respecto y retomándolas en estos u otros espacios. Más allá de la definición, considero asimismo que deberíamos revisar, a su vez, otras tres cuestiones:

- CAUSAS: Existe consenso de que las causas de la pobreza energética son tres (ingresos, viviendas ineficientes y altos precios de la energía) pero, siendo el que es el modelo energético español, debemos hacer un esfuerzo por hilar más fino en la definición de estas causas e intentar comprender la intensidad de las mismas. Y ahí nuevamente nos brotarán múltiples argumentos que demuestran dos cosas: que nuestro modelo energético es antidemocrático y al servicio del oligopolio, y que la solución pasa necesariamente por una reforma estructural del mismo acompañada de voluntad política para llevarla a cabo.

- CONSECUENCIAS: más allá de las consecuencias inmediatas (enfermedades, exclusión, etc.) sobre las que hay ya mucho escrito, no hay que perder de vista que el problema de la pobreza energética supone una vulneración de derechos humanos que, en última instancia, priva a las personas de libertad para poder desarrollar una vida digna.

- MEDICIÓN: Los porcentajes de hogares en pobreza energética que barajamos nos orientan para tomar conciencia de la magnitud del problema, pero de nuevo encontramos el problema de la definición sesgada y limitada: se basan en los elementos “temperatura” e “ingresos” para medir el fenómeno. De igual manera, hasta el momento la medición de la pobreza energética explora las consecuencias del problema, pero no sus causas. Y seguramente la situación de una persona que sufra pobreza energética será más drástica en España, donde no existe todavía voluntad política para abordarlo, que en otro país de la Unión Europea donde existan medidas estructurales para hacerlo. Por ello, hay que seguir investigando el fenómeno y desarrollar así un índice que cuantifique también la vulnerabilidad e intensidad del problema.

En relación a la cuestión sobre la ADECUACIÓN DEL BONO SOCIAL como medida paliativa, me sumo a los argumentos de Rodrigo Moratón y posteriormente de la intervención de Cote Romero, donde vehementemente se defiende el porqué del bono social que, tal y como actualmente está planteado, no es una medida real para combatir el problema. Algunos motivos ya se han nombrado: no incluye el gas, no pueden acogerse clientes de comercializadoras distintas a las de referencia, supone únicamente un descuento del 25%... entre otros. A los argumentos ya expuestos quisiera añadir el hecho de que muchas de las personas que podrían acogerse a esta medida no conocen su existencia o el procedimiento para solicitarla, hecho que nuevamente demuestra la desconexión de la ciudadanía con la gobernanza de la energía en nuestro país.

Y recupero en este punto el debate abierto por Cote Romero sobre QUIÉN DEBE PAGAR EL BONO SOCIAL, no para extenderme en argumentaciones (por limitación de espacio) sino para nombrarlo nuevamente e insistir en la importancia de resolver esta cuestión de tal controversia: comparto que las empresas energéticas, como actores de la sociedad, no pueden evadir sus corresponsabilidades con la sociedad; y aplaudo la propuesta de la autogeneración solidaria, pues plantea una solución al problema de la financiación del bono social, visibilizando el potencial social de las energías renovables gestionadas por la ciudadanía y fuera de la lógica de los mercados.

La cuestión de la posibilidad de DISMINUIR LA FACTURA de luz a la vez que GENERAR EMPLEO se defiende ampliamente en el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales al que remitía al inicio de esta intervención. En él se expone cómo la inversión en rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética contribuiría no solamente a disminuir la factura de la luz sino también a generar empleo. Considero que se trata de un planteamiento totalmente pertinente que debemos impulsar, pero siempre acompañado de un giro más en la reflexión, que cuestione nuestros modelos de consumo actuales. No se trata de hacer mejores viviendas, para seguir consumiendo lo mismo. Simplemente porque ya está demostrado, con la presencia diaria de los efectos del cambio climático, que el planeta no es capaz de soportar nuestros ritmos actuales. Las medidas de rehabilitación de edificios y de eficiencia energética deben ir acompañadas de la construcción de una nueva cultura de consumo más sostenible.

Y llegando ya a las últimas de las cuestiones planteadas en la ponencia inicial, sí considero que es necesario replantear el SISTEMA TARIFARIO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA, aunque me surgen dudas acerca de que la renta familiar sea el elemento más pertinente para dicha tarificación. Considero que el propio recurso “energía consumida” es más apropiado, puesto que con ello impulsamos el ahorro y evitamos el despilfarro. Planteo la posibilidad de tomar un sistema tarifario análogo al que plantean para el agua en la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua. Basándonos en ello, y trasladándolo a la energía, deberíamos distinguir cuatro categorías éticas. En cada una de ellas, la naturaleza de los objetivos a cubrir y de los derechos y deberes en juego implica distintos niveles de prioridad y demanda criterios de gestión y tarifas diferentes. Lanzo la propuesta contando con que éste es un debate para proponer y construir, pues soy consciente de la complejidad que supone fijar las franjas que diferencien las cuatro categorías.

- La energía-vida, en funciones básicas de supervivencia, debe tener prioridad máxima. No se puede justificar la inexistencia de energía vida, puesto que ello supone como consecuencia la vulneración de derechos humanos. Por ello, se debe garantizar el acceso a un mínimo básico de energía para desarrollar una vida digna.

- La energía-ciudadanía, en actividades de interés general (lavavajillas, secadoras, hornos, sistemas de calefacción de mayor confort y mayor consumo, entre otros) debe situarse en un segundo nivel de prioridad.

- La energía-economía, en funciones productivas, por encima de lo que podrían considerarse niveles de suficiencia para una vida digna, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad.

- La energía-delito, en usos productivos ilegítimos, que por tanto deben ser ilegales (fracking, extracciones abusivas, vertidos contaminantes…), en la medida que lesionan el interés general de la sociedad, deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley.

Es bien probable que no sea este el modelo más pertinente, pero sea cual fuere, no hay ya duda de que es urgente cambiar el modelo actual. Es necesario avanzar y profundizar en estos debates para construir una ciudadanía consciente, informada y crítica que contribuye a trabajar hacia un cambio de modelo energético en el que la energía pueda ser gestionada a partir de criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad. Y es también evidente que estos criterios son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, engendrada con expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal.