La pobreza energética es un problema político

“La pobreza energética es posible que no sea la más acuciante” dijo en cierta ocasión el presidente de la patronal de las grandes empresas eléctricas. Es cierto, como indica la ponencia inicial, que la pobreza energética no es sino un síntoma de un problema más amplio: la pobreza creada por las políticas realizadas por los Gobiernos, en España y en otros países, sistemáticamente en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los ciudadanos.

¿Cuál es entonces la utilidad de usar un término como “pobreza energética” para denotarlo? ¿Por qué centrarse en un síntoma y no en su origen? Porque hacerlo permite trasladar la discusión del ámbito macroeconómico, de las grandes cifras, del “así funciona el sistema” y del “todo es muy complejo”, a un nivel donde los elementos del problema se muestran con una claridad cristalina: si un grupo de empresas controla el mercado y consigue que la factura energética de los hogares sea más cara, de modo que suban sus beneficios, y esto ocurre a costa de que haya familias que queden excluidas, está claro quién es el beneficiado y quién el perjudicado; cuáles son las causas y cuáles las consecuencias.

Si el Gobierno no legisla para evitarlo sino para facilitarlo, podemos deducir de qué lado está. Es fácil ver que esta situación ejemplifica a la perfección lo que ocurre en otros ámbitos de la economía y la sociedad. Y también adivinar cuál es la dirección en que deben ir las políticas que solucionen el problema. Quizás resida ahí la reticencia de algunos a hablar de pobreza energética.

Y es que solucionarla es una cuestión política. Las directivas europeas 2009/72/CE y 2009/73/CE dicen que "los Estados miembros deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables [...]. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos".

Mientras que el Estado español ha decidido incumplirlas, Gobiernos como los de Croacia con su programa "Fresh Start", Chipre con el plan "Solar Energy for All" y Grecia con su Programa de Tesalónica han tomado medidas en la buena dirección.

También nos lo exige la Constitución Española en su artículos 45 y 51, donde se afirma que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente” y “garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos“.

Sin embargo, el partido del Gobierno ha rechazado durante esta legislatura proposiciones de ley presentadas en el Parlamento con medidas para acabar con la pobreza energética. Esta es una muestra más de la política energética que se está llevando a cabo en nuestro país y que prioriza ante todo los beneficios de los accionistas de las grandes empresas. En ella, destaca la prohibición de facto del autoconsumo y la penalización de medidas de ahorro energético con la subida del término fijo de la factura.

Así, las compañías eléctricas duplican en beneficios en España a sus equivalentes europeas a la vez que cortan el suministro a un millón de hogares. Mientras tanto, un buen número de las centrales eléctricas están paradas por exceso de capacidad (las de ciclo combinado) o a la espera de franjas horarias en que vender electricidad sea más rentable (las hidroeléctricas).

Esta noción, “gente sin energía, y energía sin gente” nos recuerda a la de “gente sin casa y casas sin gente” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. No es casualidad: la energía, como la vivienda, es un bien básico cuyo acceso, en lugar de ser garantizado a todos los ciudadanos, se ha dejado al albur de la especulación por parte de intereses privados. Es necesario revertir esta situación.

Por supuesto, la decisión política de acabar con la pobreza energética debe apoyarse en soluciones técnicas adecuadas y económicamente realizables. Como se apunta en la ponencia inicial, un sistema de tarifas adecuadas a los ingresos familiares es perfectamente factible; un fomento decidido y bien planificado de la eficiencia energética en edificios puede además generar empleo; las energías renovables pueden contribuir a estas políticas. Es evidente que hay recursos para pagarlo, y conseguirlos pasa por reformar adecuadamente el sistema energético nacional para dejar de sobrerremunerar a las grandes empresas. Se puede, y hace falta voluntad política.

Este documento contiene ideas de un documento más extenso discutido dentro del grupo de trabajo "Nuevo Modelo Energético" del Círculo 3E.