Que se mueran los pobres
Héctor Alonsio
Periodista y editor de actualidadhumanitaria.com
Pobreza energética es un concepto hasta hace poco desconocido en nuestro país. Los años de bonanza trajeron a nuestros hogares bombas de calor y aparatos de aire acondicionado para producir aire caliente en invierno y frío en verano, cocinas vitrocerámicas, calefacción por gas natural... Eran años de bonanza y derroche.
Sin embargo por culpa de la crisis económica que sufrimos ahora muchas familias en nuestro país -el 10 por ciento- no puedan hacer frente al coste de energía para calentar sus hogares, ducharse con agua caliente o incluso cocinar. Son diez millones de pobres energéticos.
Desde 2007 la factura del suministro eléctrico ha subido en un 60 por ciento, mientras que los salarios han disminuido y más de dos millones de familias no cuentan con ningún ingreso. Hay personas que pasan frío porque no pueden calentar su casa. Hay familias cuyos miembros se tienen que meter pronto en la cama, muchas veces si haber casi cenado, para poder soportar el frío en un invierno que ha sido especialmente crudo en muchas zonas del país.
La pobreza energética, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una relación directa con el 30 por ciento de los fallecimientos de más que se producen en invierno, debido, según sus informes, a las malas condiciones de climatización. Es decir, por el frío. En España supone unas 7.000 muertes al año que podrían ser evitables en su mayoría.
Otros estudios relacionan, asimismo, el aumento del número de muertes por incendios domésticos con la pobreza energética: el año pasado la cifra de muertos por incendio en hogares creció en un 11,5 por ciento. Sólo desde diciembre han muerto 32 personas por esta causa en nuestro país. A estos fallecimientos habría que sumar los fallecidos por intoxicaciones debidas a la mala combustión de estufas o calderas en malas condiciones. La mayoría de los muertos son ancianos que vivían solos.
Frente al frío los pobres energéticos se defienden como pueden. Con el suministro de gas cortado o asumido como un gasto imposible de afrontar, otras formas de calefacción como el butano, que prácticamente habían desaparecido de las ciudades, están volviendo con fuerza.
El problema es que muchas personas tienen que adaptar las calderas de gas natural a las bombonas de butano, y no siempre pueden permitirse pagar a un instalador profesional para que lo haga, lo que supone un serio riesgo para la seguridad.
El butano se está volviendo a usar también para cocinar por su menor precio en comparación con la electricidad. En muchos bancos de alimentos las personas que iban a recoger comida pedían que no les incluyeran en la cesta básica legumbres por no poder pagar la electricidad necesaria para cocinarlas.
A este punto hemos llegado
España no es el único país que se enfrenta a una creciente pobreza energética. En los últimos inviernos en Grecia se multiplicaron los incendios con víctimas mortales en las ciudades porque muchas personas combatieron el frío con estufas de leña. Asimismo, desde 2012 la atmósfera de Atenas se ensombrece cada invierno por la proliferación de estufas de leña en hogares, en escuelas y hospitales, lo que ha triplicado los niveles habituales de contaminación. El ahorro es directo en el bolsillo del ciudadano, pero el coste está siendo superior para las arcas públicas por el coste de las patologías relacionadas con la mala calidad del aire en las calles y en las casas.
Para acabar con esta situación una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Tsipras, tal y como prometió en su programa electoral, y que tuvo mucho que ver con su victoria, fue proporcionar electricidad gratis a los hogares que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en Grecia
–unos 300.000- y reducir el precio del gasóleo para calefacción. Para muchas familias será una tabla de salvación, por no hablar del ahorro de los costes de enfermedades relacionadas con la pobreza energética.
En España las ayudas son claramente insuficientes. En 2009 se congeló la tarifa del suministro eléctrico, lo que en realidad no sirve de gran ayuda, porque la mayor parte de los hogares en las ciudades tienen calefacción de gas natural y porque calentar con radiadores eléctricos es aún más caro que calentar con gas.
Este pasado invierno han sido numerosas las noticias sobre víctimas de incendios o intoxicaciones por malas combustiones. Muchas familias ocultan, por vergüenza, que pasan frío por no poder afrontar el coste de calentar la casa.
Mientras tanto, el derroche energético de las grandes ciudades es escandaloso, con calles con las farolas aún encendidas a las nueve de la mañana. Respecto de los grandes –de momento- partidos políticos, no sólo ninguno promete luchar contra la pobreza energética: es que ni siquiera hablan del tema. No parece estar en sus agendas.
Se entiende, claro, al ver que en las nueve grandes compañías eléctricas españolas figuran como consejeros 23 políticos “jubilados” -entre ellos dos ex presidentes del Gobierno, unos cuantos ex ministros, ex consejeros autonómicos, ex comisarios europeos, algún ex presidente autonómico…- procedentes todos de gobiernos del PP y del PSOE y de los principales partidos nacionalistas catalán y vasco.
Uno se atrevería a apostar a que ninguno de ellos ha planteado jamás en los Consejos de Administración generosamente retribuidos a los que asisten ni una sola medida para mejorar las condiciones de vida de aquellos ciudadanos que han tenido peor suerte en la vida, han perdido su empleo y que, probablemente, alguna vez les votaron y contribuyeron a que llegaran ahí. No se acuerdan de ellos. “¿Los pobres?” –pensarán si alguna vez lo han hecho- “que se mueran”.