La pobreza energética desde la Unión Europea

Me gustaría comenzar esta aportación recordando que el sistema energético, entendido como la cadena energética, es un sistema injusto a lo largo de todas sus fases, desde la producción, la transformación y la distribución, hasta el consumo y los residuos que se generan.

El modelo energético actual está demostrando ser causa de grandes problemas a escala global, tanto como sustento de un modelo económico que nos está abocando a una grave crisis ecológica, como elemento que provoca conflictos geoestratégicos, abusos de derechos humanos y aplastamiento de resistencias ciudadanas. La pobreza energética es una más de las consecuencias que evidencia este hecho, poniendo de manifiesto la relación que existe entre la energía y la justicia social. Esta relación se presenta hoy caracterizada por la vulnerabilidad y la desigualdad en el acceso a la energía.

Para la gran mayoría de la población mundial la falta de energía va de la mano de la pobreza, sin embargo, para las élites gobernantes la energía es una cuestión de poder. Es por ello que la visión tradicional que predomina en la política energética se da desde la dimensión geopolítica, y no desde consideraciones socio-económicas.

Sin embargo, no es solo una cuestión de pobreza y vulnerabilidad. La conceptualización de la pobreza energética se entiendo mejor como un triángulo en que inciden la relación entre baja renta de las familias y alto precio de la tarifa de electricidad y gas, las necesidades energéticas y la eficiencia energética del hogar y de los electrodomésticos.

La definición inicial de la pobreza energética nació en el Reino Unido y se limitó a significar aquella situación en la que las familias destinaban más del diez por ciento de sus ingresos en calentar sus hogares (Boardman 1991). Pero ciertamente, está definiciónha ido desarrollándose para dar respuesta a una realidad social más amplia en la que se recoge la incapacidad de acceder a los servicios energéticos que una familia necesita social y materialmente. De esta manera, la pobreza energética tiene que entenderse como falta tanto de calefacción como refrigeración, luz, agua caliente, energía para cocinar y para el uso de electrodomésticos y también, como se ha dicho anteriormente, de Internet y movilidad.

A pesar de la insuficiente atención por parte de los poderes públicos y el limitado alcance de las investigaciones académicas, las situaciones de pobreza energética son desde hace décadas una realidad para muchas familias dentro de la Unión Europea. Este problema se observa especialmente en el sur, el este y el centro de Europa y con unmayor agravamiento desde el comienzo de la crisis económica. Son las organizaciones de la sociedad civil, el activismo y los movimientos sociales los protagonistas en esta lucha, haciendo incidencia en este problema y llevando la voz de aquellos que sufren la pobreza energética al debate público y a la agenda política.

En el caso de la Unión Europea, la agenda de la política energética actual está comprometida con la construcción de un mercado energético común, la Unión Energética que comprende cinco grandes dimensiones: seguridad energética, solidaridad y confianza, mercado energético europeo integrado, eficiencia energética para contribuir a la reducción de la demanda, des-carbonización de la economía y la investigación, la innovación y la competitividad. Aun así, los mayores esfuerzos se ven encaminados prioritariamente hacia una consecución de los objetivos en materia de independencia energética y de seguridad en el abastecimiento de recursos energéticos. Los grandes proyectos de infraestructuras en las interconexiones de electricidad y de gas, y un mercado interior de energía parecen ser las medidas protagonistas. Es verdad que se incluyen propuestas de legislación en materia de eficiencia energética y objetivos de renovables, así como en tecnología e innovación para una mejor eficiencia energética en el sector de la vivienda y de almacenamiento de electricidad. Sin embargo, parecen que estas se presentan como medidas secundarias para los que los esfuerzos presupuestarios sobretodo serán más tenues.

Desde la Comisión Europea se defiende que la modernización de las infraestructuras de interconexiones y la integración del mercado energético permitirán que los consumidores se beneficien de mayor capacidad de elección y de precios más bajos de la energía. No obstante, la cuestión que quiero introducir al debate es si verdaderamente estas medidas son suficientes o tienen en consideración el dar respuestas a la situación de pobreza energética que se observa a lo largo de toda Europa. Se echan en falta desde luego una consideración de las causas socioeconómicas que llevan a las familias a no poder hacer frente a la factura de electricidad y gas, y mayores compromisos en materia de legislación que reconozca el acceso a la energía como un derecho fundamental de las personas y que por tanto, prohíba por ley las desconexiones de suministro como algunos países ya han hecho. La Directiva 2009/72 CE necesita ampliar su contenido y fortalecer la obligatoriedad de los compromisos que los Estados deben transponer en su legislación. Aún no existe una definición común en la Unión Europea de lo que se considera un consumidor vulnerable, ni hay datos sobre la cifra de personas viviendo en una situación de pobreza energética a nivel europeo; y sin datos no se pueden diseñar políticas eficientes.

Junto con medidas para evitar la vulnerabilidad energética de las familias en forma de reducciones tarifarias y ayudas económicas, se necesita de una solución real que haga el coste de las necesidades diarias asequibles para los consumidores, principalmente desde el ahorro y la eficiencia energética, y la rehabilitación de las viviendas para reducir la demanda. Aquí hay que recordar la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/EU con obligaciones de transposición para los Estados miembros, y los fondos estructurales para la rehabilitación de edificios. Muchos son los que piden que el límite de inversión de fondos europeos de desarrollo regional destinado a la eficiencia energética de los hogares, ahora fijado en un máximo del 4%, debiera ampliarse.

Se tienen que introducir también la concepción de la energía como un derecho, no solo como una necesidad. Desde esta visión, se daría soporte a la decisión de los ciudadanos de optar por el autoconsumo de energía renovable.

Además de ampliar la conceptualización de lo se entiende como pobreza energética, es también necesario que la pobreza energética gane protagonismo discursivo frente al discurso dominante centrado en la concepción de seguridad energética. Se observa como la incidencia en el discurso político de la seguridad energética condiciona que los objetivos y fines a los que sirve la estrategia europea energética sean otros diferentes a los que debiera de servir. Es bien sabido que el asegurar el abastecimiento de los recursos primarios de energía es un elemento estratégico al servicio del poder de los Estados. Cuanto mayor sea el control y abastecimiento de energía por parte de estos, mayor es su poder competitivo en la economía internacional y su poder negociador en el juego de las relaciones internacionales. Podemos aplicar aquí las tesis realistas de E.H. Carr, que entienden los conceptos de intereses nacionales y seguridad, en las que se incluyen la dimensión de seguridad energética, como una manera de que los intereses de los grupos dominantes fueran asumidos como propios por el pueblo. De esta manera, el statu quo enarbola la bandera de la seguridad para mantener su posición privilegiada.

La incursión en el discurso política de la pobreza energética debe servir para defender los intereses contrarios, los de los derechos de las mayorías. Poner el foco en la pobreza energética significa un cambio de perspectiva a la hora de diseñar las políticas, poniendo el foco de atención en los servicios energéticos más que en el abastecimiento de combustibles. Lo que las familias demandan no es la energía per se, si no, calefacción, luz, refrigeración o transporte (Savacool 2011).

Como conclusión, las situaciones de pobreza energética a la largo de la Unión Europea tienen en común la falta e ineficiencia de los servicios energéticos. Poniendo el foco de la política energética en la pobreza energética significa poner la atención en los servicios energéticos, y no tanto en el abastecimiento y el precio de las materias primas energéticas. La pobreza energética es consecuencia de una situación previa de pobreza y vulnerabilidad, pero también de una opacidad de los mercados energéticos, de hogares que no usan eficientemente la energética, de falta de información y de desconocimiento de los hogares en materia de eficiencia energética. Es sobre todo una cuestión de falta de voluntad política por crear un marco legislativo que proteja a los consumidores vulnerables, que prohíba la desconexión, y que favorezca la libertad de elección en el consumo y producción de la energía que la propia familia necesita.

La Unión Europea tiene potencialidades para ser un espacio de cambio y desde donde se promuevan la obligatoriedad de los compromisos de los Estados Miembros, pero la voz de las mayorías ciudadanas tienen que predominar sobre los intereses de la gran industria gasística y los intereses estratégicos de la Unión Europea.