Una vivienda propia

Seguramente si Virginia Wolf hubiese nacido un siglo más tarde y fuera una escritora precaria más que tiene que compartir casa, no se habría limitado a la habitación propia, lo habría ampliado a un pisito que no cueste un riñón a ser posible. Igual que la habitación propia se convirtió en una reivindicación feminista que representaba la independencia económica para que las mujeres pudiéramos crear y desarrollarnos intelectualmente, hoy la clase trabajadora reclama el acceso a una vivienda digna como necesidad indispensable para poder desarrollarse.

La vivienda supone una de las mayores fuentes de desigualdad que existen y su mercantilización ha puesto el deseo privado de los beneficios económicos por encima de un bien común que es tan imprescindible como tener acceso sanidad, educación o alimentos. Un estudio reciente de Idra ha constatado que el 70% de los inquilinos actuales no creen que puedan heredar o comprar una vivienda propia alguna vez en su vida.

¿Debemos asumir que acumulación de la propiedad privada es la única (y mejor) forma que existe para gestionar un bien básico como es la vivienda? Hace un año estuve en Ecuador conociendo las experiencias de poblados indígenas a los que le están quitando su territorio para que empresas estadounidenses y canadienses puedan construir minas con el beneplácito del Gobierno. Pues bien, nos contaron cómo le habían quitado sus viviendas porque no constaba en ningún lugar que fueran de su propiedad a pesar de haber vivido ahí generaciones. En su pueblo las viviendas y los terrenos no eran propiedad individual, pertenecían a la comunidad y era de una lógica tan aplastante que no existía ningún tipo de registro que lo demostrara para poder quedarse a vivir en “su” casa.

No tengo que irme tan lejos, en Marinaleda, pequeño pueblo de tradición de lucha jornalera de Sevilla, llevan años avanzando en un modelo de construcción de vivienda pública de forma colaborativa en el que por 20 euros al mes tienes una vivienda de por vida pero no puedes venderla ni especular con ella.

Durante mucho tiempo hemos normalizado que se hable de mercado inmobiliario asumiendo de forma natural en el lenguaje que sea aceptable que la distribución y el uso de la vivienda dependan de las lógicas capitalistas del mercado. ¿Acaso hablamos de mercado educativo o mercado sanitario?

No obstante hay ciertas cosas que están cambiando y la proliferación de artículos en este mismo foro que comparten preocupación es un ejemplo de ello. Hay un sentido común que se está transformando y eso abre una brecha indispensable para poder cambiar las lógicas que permitan disputar un recurso esencial para la subsistencia.

A partir de la crisis de 2008, cuando términos la “Sareb” y “desahucios” empezaron a formar parte de nuestro vocabulario habitual; empieza a romperse un consenso que parecía incuestionable: no te pueden echar de tu casa aunque dejes de pagar la hipoteca. No ocurrió solo, fue acompañado de unas personas con camisetas que ponía PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), otra palabra nueva del léxico de esa década que se sumaba a “burbuja inmobiliaria” o “hipoteca subprime”, hubo muchas. Esas personas con camisetas que pusieron su cuerpo de barrera física entre la policía y personas a las que el banco les había timado consiguieron parar algunos desahucios, no todos, de hecho ni siquiera una pequeña mayoría, pero sí torcieron el sentido común y marcaron la lucha una generación.

También lo hicieron las Corralas, una experiencia andaluza que consistía en ocupaciones de decenas de familias lideradas por mujeres que se echaron a sus espaldas de manera colectiva el sostén de los suyos en un momento de crisis. La Corrala Utopía fue uno de esos símbolos, 36 familias que ocuparon un edificio deshabitado propiedad de un banco que inspiró a un ciclo de activistas y que acabó con el desalojo por parte del banco y con el beneplácito de la Consejería de Fomento del Gobierno del PSOE IU.

Ahora estamos en una reconfiguración con una nueva crisis más profunda pero que ahonda en el mismo conflicto político de la vivienda. Los protagonistas ya no son los que se hipotecaron con estafas bancarias, ahora lo son en mayor medida las inquilinas e inquilinos. Hay un cambio del ciclo inmobiliario que va de la mano de una alteración en cómo se expresa la mercantilización de la vivienda: bienvenido mercado del alquiler y proliferación de pisos turísticos. Es decir, rentismo. Esto implica más concentración de la propiedad; solo entre Blackstone y CaixaBank suman más de 40.000 viviendas en todo el estado. Más rentabilidad; en 2024 la compra de viviendas al contado supuso el 60% del total. Y más subida de precios; entre 2015 y 2025 el alquiler ha subido un 95% y son datos ni más ni menos que de Fotocasa.

En Andalucía se da además con el agravante del extractivismo, ese papel que nos tocó en la división internacional del trabajo. Si históricamente el extractivismo andaluz han estado relacionados con el expolio de los recursos naturales y la falta de industria propia en pro del turismo y de la hostelería; ahora la extracción de la riqueza económica a costa de la precariedad y el escaso valor añadido se apoya además en el mercado de la vivienda porque tanta playa y sol no se puede desperdiciar. Cóctel perfecto que hace que todos los problemas vinculados con el acceso a la vivienda se acrecienten en ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz o Granada.

Hemos llegado a un punto en el que no es suficiente una corrección del mercado o mayor intervención del estado con las mismas recetas de siempre basadas en alimentar el negocio de la vivienda con más construcción, deducciones fiscales o los bonos directos a las manos de los caseros. La razón es sencilla: han sido las propias instituciones y los partidos que las han gestionado quienes han incentivado que la crisis esté donde está. El acuerdo era no tocar a ciertas élites y capas sociales rentistas y su poder político-social.

Por eso, la tarea es disputar el control político y económico de un derecho que no puede aplicarse en función del beneficio en lugar de la necesidad. Esto es hablar de para qué se usan todas las viviendas de las que disponemos (vacías y turísticas especialmente), quiénes las controlan y cómo se distribuyen y ordenan nuestras ciudades. Es decir, apuntar hacia la necesidad de planificar democráticamente nuestros recursos en un contexto de crisis ecosocial. A algunos se les olvida que la construcción es una de las actividades con mayor coste ecológico y medioambiental.

Pero no solo. La organización del conflicto de la vivienda por parte de sindicatos de inquilinas e inquilinos en todo el estado, desarrollando y renovando tácticas sindicales de desobediencia civil, es la condición necesaria para ejercer esa disputa real, material e inmediata para conquistar nuestro derecho a la vivienda. Sin una fuerza social organizada frente al rentismo, estamos condenados a la rueda de hámster de legislaciones ineficaces y a la impunidad de unos pocos.