Derecho a la vivienda: Organización y sindicación como palanca de cambio

No esta de más empezar por recordar la gravedad de la situación. El acceso a la vivienda es hoy el principal elemento de desigualdad en España. La subida abusiva y desorbitada de los precios de alquiler afianza la posición de los rentistas, de las oligarquías financieras, que extraen sus grandes plusvalías de las personas inquilinas, de los salarios de la clase trabajadora. Riesgo de exclusión social, hacinamiento, incertidumbre y ansiedad, proyectos vitales rotos son algunas de sus consecuencias.

Además, podemos afirmar que es el factor desencadenante de un gran cambio social: se liquida la sociedad basada en la igualdad de oportunidades y se camina hacia una jerarquización social que coloca a las personas en función del acceso a la propiedad inmobiliaria. El retroceso es enorme. Estamos más cerca de la sociedad estamental del siglo XIX que de la sociedad del bienestar del XX.

Echemos un momento la mirada atrás. La especulación, junto al pelotazo urbanístico y la corrupción, han sido seña de identidad del modelo residencial español. Durante años, este modelo se concreta en el mantenimiento de una legislación urbanística de carácter especulador, una política de vivienda de carácter económico cuyo objeto es tirar de sector de la construcción y un mercado financiero carente de control público.

No debemos olvidar que para que esta operación tenga éxito y genere importantes ganancias se necesita una trama bien urdida entre el poder político, las grandes empresas promotoras-constructoras y los poderes financieros.

A pesar lo años y de lo cambios introducidos en este sistema, el bipartidismo sigue rehén de esa trama, intentando hacer compatible lo que es imposible de conciliar, el derecho a la vivienda y la especulación inmobiliaria.

En este escenario, el artículo 47 de la Constitución Española que recoge el derecho a una vivienda es papel mojado. Nace muy débil y el proceso de vaciamiento de las Constituciones sociales que opera desde la UE con la imposición de la primacía del mercado y la libre competencia aseguran su ineficacia.

Necesitamos cambiar las reglas de juego ¿Qué hacemos?¿Plantear la reforma de la Ley estatal de vivienda?

La Ley 12/2003, por el derecho a la vivienda, quedó bastante lejos de su objetivo, garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. El equilibrio de fuerzas no permitió avanzar más.

Medidas asumidas por muchos estados europeos eran tildadas de extremismo ideológico. A modo de ejemplo, podemos citar: regular el alquiler teniendo como referencia general el contrato indefinido, controlar de manera efectiva los precios abusivos de alquiler, regular y controlar a los intermediarios en el mercado de alquiler, plataformas o agencias inmobiliarias, establecer obligaciones ciertas, responsabilidades y sanciones, en su caso, a los grandes tenedores o posicionar a los sindicatos de inquilinas como instrumento de organización y defensa de los intereses de las personas arrendatarias. Todas ellas fueron rechazadas.

En estos momento, de todas las propuestas arriba apuntadas, me quedo con la última: la organización de los y las inquilinas como palanca de cambio.

La PAH tuvo un papel fundamental a la hora de denunciar y parar los terribles desahucios tras la crisis del 2008, al igual que ahora los sindicatos de inquilinas denunciando los precios abusivos de los alquileres. En realidad, los avances que en materia de vivienda se han dado en Cataluña tienen que ver con su fuerza en ese territorio.

¿Cuál sería el objetivo? Llegar a un nuevo equilibrio de poder entre propietarios e inquilinos, que permita cambiar las reglas impuestas por la parte fuerte.

Se trataría de emular el pasado más exitoso de la gestación del Estado Social, que se sustentó sobre el pacto capital-Trabajo. Este pacto se baso en el reconocimiento de los sujetos del conflicto y en la intervención para lograr un reequilibrio de la posición entre ambos. La intervención normativa pública era necesaria para ese reequilibrio y se despliega en un doble frente: La promoción sindical y la tutela del trabajo en el mercado. Sería difícil entender el Estado social sin las leyes que cumplen esta función. Igual que su debilitamiento empezó con las reformas laborales que rompieron ese equilibrio.

Asimismo, sabemos que los derechos sociales, también el derecho a la vivienda, son derechos de conflicto, y su efectividad depende mayormente de la posición de las partes.

Lo que en la sociedad de la posguerra significó el Trabajo, como eje sobre el que articular la sociedad del bienestar y la cohesión social, hoy es la vivienda. Lo que significó la lucha de clases es ahora la lucha por el derecho a la vivienda. Sin vivienda no hay derechos, no hay vida posible. La defensa del derecho a la vivienda puede ser un punto de encuentro para muchos sectores sociales.

Los sindicatos de inquilinas y las organizaciones por el derecho a la vivienda, junto a los partidos políticos defensores de este derecho, deben sumar fuerzas, articular las movilizaciones y las denuncias, presionar con todas las herramientas a su alcance hasta conseguir un reequilibrio de poder entre las partes, propietario e inquilino. En ese momento, habrá una posibilidad real de cambiar el modelo, las reglas, de hacer de la vivienda un derecho y no un negocio.