Queremos una ciudad para vivir: de la vivienda como derecho a la ciudad como bien común

Desde la red ciudadana Sevilla para Vivir, impulsada por asociaciones vecinales y colectivos sociales, nos sumamos al debate propuesto en Espacio Público sobre el derecho a la vivienda. Lo hacemos desde una ciudad inmersa en una profunda crisis habitacional, marcada por un proceso acelerado de transformación turística, acumulación especulativa y expulsión de vecinas, de sus barrios. Lo hacemos, también, con la convicción compartida de que el problema de la vivienda no se resolverá sólo con reformas legales, sino que exige una transformación radical del modelo de desarrollo que ha transformado la vivienda en una fuente de negocio especulativa y la ciudad misma en una mercancía.

En este contexto numerosos actores, desde grandes fondos de inversión internacionales hasta pequeños inversores locales, han desembarcado en el negocio de la vivienda atraídos por sus jugosos beneficios. Este proceso ha sido sostenido en el tiempo por un marco institucional y normativo que ha facilitado la entrada del capital financiero en el mercado inmobiliario. Comprar para alquilar a precios desorbitados, especular con el suelo, transformar viviendas en alojamientos turísticos: todas estas prácticas están teniendo un impacto devastador en la vida cotidiana de las clases trabajadoras. En lugar de garantizar la función social de la vivienda, el mercado inmobiliario opera como un dispositivo de extracción de valor social y concentración de la riqueza en pocas manos.

En la ciudad de Sevilla, en los últimos años, se han multiplicado sin control los apartamentos turísticos y la acumulación de viviendas en manos privadas. Esta expansión ha disparado los precios del alquiler, ha provocado la expulsión de población residente y ha desfigurado el equilibrio social, cultural y económico de nuestra ciudad transformando sus barrios. El fenómeno no se limita al centro histórico: afecta ya a zonas de la primera periferia urbana y desplaza en cadena a los hogares más vulnerables hacia áreas periféricas aún más precarizadas, donde los servicios escasean y la movilidad es limitada. Miles de jóvenes se ven hoy forzados a posponer o directamente renunciar a sus proyectos de vida autónoma.

Este proceso no es accidental. Responde a un proyecto de desarrollo urbano que se repite también en otras ciudades andaluzas como Málaga o Cádiz y que ha contado con el beneplácito de autoridades municipales y autonómicas, donde se ha priorizado la creación de una marca de ciudad, la captación de inversión y el crecimiento turístico por encima del bienestar colectivo. Mientras el Ayuntamiento permite que florezca un modelo de negocio extractivo, la Junta de Andalucía agrava la situación con normativas que convierten la vivienda protegida en mercancía, bloquea la declaración de zonas tensionadas y desatiende la necesidad urgente de una política de vivienda pública ambiciosa. En este contexto, se privatiza suelo público, se desmonta el parque de vivienda social y, en los barrios más desfavorecidos se ignora la necesidad de rehabilitación de edificios envejecidos y energéticamente ineficientes.

La última vuelta de tuerca ha sido el Decreto-Ley 1/2025 aprobado por la Junta de Andalucía, que transforma radicalmente el modelo de vivienda protegida: compra ahora y especula después. Bajo la apariencia de promover el acceso a la vivienda, permite precios muy por encima de las capacidades reales de las familias trabajadoras, reduce los plazos de protección a solo siete años y abre la puerta a que muchas de estas viviendas acaben en el mercado libre. Esto supone, de hecho, una transferencia de renta desde lo público hacia el sector privado, consolidando el uso de la vivienda protegida como vehículo de inversión y acumulación, en lugar de garantizar su función social.

Creemos que defender la vivienda como derecho implica también repensar la ciudad como un bien común, no como una marca o una mercancía. Eso exige medidas estructurales, pero también disputar el relato dominante que equipara el aumento del turismo y de la inversión privada con desarrollo económico y progreso social. Frente a esa visión, defendemos el derecho a permanecer, a decidir sobre nuestros barrios, a vivir en una ciudad que no nos expulse, que no se rinda a la especulación del capital inmobiliario ni a los supuestos beneficios de la masificación turística. No se trata solo de blindar el derecho a la vivienda en un texto legal. Se trata de politizarlo, de vincularlo a nuestro derecho a habitar la ciudad, de entender que las casas y los barrios donde vivimos son el resultado de la cooperación social de generaciones enteras, y que no pueden ser puestos al servicio del negocio privado mientras el derecho a la vivienda no esté garantizado para todas. No construiremos una ciudad justa mientras las casas se compran y vendan como mercancías y no se garanticen como bienes para vivir.

La justicia urbana que reclamamos debe traducirse en una agenda transformadora que confronte las lógicas de especulación en el sector inmobiliario. Hablamos de una moratoria real sobre nuevas licencias turísticas y de la reversión progresiva de los alojamientos turísticos hacia el uso residencial. También de frenar las dinámicas especulativas tanto en la vivienda protegida como en el mercado privado, donde los alquileres abusivos se han convertido en una fuente constante de malestar. Es urgente establecer mecanismos de control de precios y avanzar hacia modelos de vivienda pública bajo régimen de cesión de uso, donde el derecho a habitar esté por encima del derecho a lucrarse. Reducir la dependencia del monocultivo turístico, recuperar el suelo público y planificar la ciudad para la gente y no para los inversores que son pasos imprescindibles para garantizar ciudades vivibles.

Una ciudad vivible, significa para los vecinos y vecinas de Sevilla una ciudad saludable en la que haya proyectos de renaturalización y se apueste por conservar los pocos espacios naturales y verdes de la periferia de la ciudad. Y es que la planificación urbanística de nuestra ciudad expulsa a los ciudadanos de los centros de las ciudades -para destinarlos al turismo- hacia estas periferias con todo el impacto que ello conlleva no solo para el entorno natural sino para los modelos de movilidad de los vecinos, ya que no existe una red de transporte suficiente. Esta situación afecta directamente a nuestra salud, ya que, incrementa el uso del vehículo particular y por lo tanto la calidad del aire. Actualmente Sevilla ya registra indicadores negativos de niveles de contaminación según la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso supera los nuevos valores de la Directiva europea de calidad del aire.

En las calles de nuestras ciudades ya está emergiendo un nuevo sentido común. El pasado 9 de noviembre, en Sevilla y Málaga, miles de personas salimos a la calle para decir basta a este modelo de ciudad. El 5 de abril tomamos las calles en toda Andalucía con cientos de personas diciendo no a la especulación. Somos vecinas organizadas, colectivos sociales, redes barriales y sabemos que esta transformación no puede ser obra de solo un actor. Por eso, apostamos por la construcción de alianzas amplias y la cooperación en red con múltiples iniciativas sociales, vecinales y ciudadanas que, desde distintos frentes, luchan por ciudades más justas, habitables y por proteger lo común frente a la mercantilización.