El derecho a la vivienda como emblema de la lucha de clases

No pasa una semana sin que políticos representantes de opciones conservadoras se empeñen en negar la existencia de las clases sociales. Un caso muy significativo es la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya se opuso a su reconocimiento alegando que una 'pretendida lucha de clases [...] es como tratar de borregos a los ciudadanos y a los alumnos [en relación a la reciente propuesta de reforma en la creación de universidades]. No es la primera vez que la Presidenta madrileña se posiciona en contra de una estructura social conformada por clases. Tampoco es la única que lo hace. Son numerosos los medios de comunicación, a izquierda y derecha, que cuentan con tertulianos o representantes de partidos que se enervan cada vez que escuchan hablar de clases sociales. Para éstos, siguiendo la lógica establecida por el neoliberalismo thatcheriano de los años 80, 'solo los individuos y sus familias' existen.

La reducción del cuerpo social a un conjunto de individuos racionales y conscientes que se relacionan entre ellos únicamente buscando su beneficios individual es propia de aquella simplificación de la economía marginalista del siglo XIX denominada homo aeconomicus. En su traslación sociopolítica, estos supuestos seres racionales no se comportan como miembros de ningún colectivo, sean clases sociales o algún otro tipo de grupo que sublime la proyección personal, sino que se trata únicamente de individuos.

Fue el británico David Harvey el que, en su obra Breve historia del neoliberalismo, publicada en 2005, ya advirtió sobre la deriva que este tipo de consideración estaba alcanzando dentro de esta nueva y última versión del capitalismo. Harvey advertía que la insistencia del neoliberalismo en 'el individuo como el elemento fundamental de la vida político-económica abre la puerta al activismo por los derechos individuales. Pero al concentrarse en esos derechos en vez de en la creación o la recreación de estructuras sólidas y abiertas de gobierno democrático, la oposición [al capitalismo] que no pueden escapar al marco neoliberal'.

Lo que viene a decir aquí este profesor de geografía y antropología es que el neoliberalismo, además de una nueva teoría de prácticas político-económicas, es un marco ideológico que nos determina la forma de pensar y analizar el mundo; un mundo en el que no existen las clases sociales, ni la sociedad, sino únicamente individuos y el libre desarrollo de sus capacidades de emprendimiento económico en un contexto de mercados libres. La insistencia de la derecha española en señalar la inexistencia de las clases sociales y, por tanto, la lucha y el conflicto entre ellas, opera de esta manera generando un marco de análisis donde el individuo aparece como único ser todopoderoso y los derechos como aspectos jurídicos limitados a éste. Y esto es muy evidente en lo que se refiere al caso de la vivienda.

La conversión de la vivienda en un activo financiero y un valor refugio del capital es otro de los factores característicos del neoliberalismo. Aunque se trata de una necesidad elemental, tanto como la alimentación o el derecho a la vida, su consideración como derecho siempre se ha dado de bruces con el papel que desempeña a nivel económico. La misma Constitución española no recoge el derecho a la vivienda como un derecho fundamental al mismo nivel que otros derechos, aquellos que se encuentran en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª (artículos 15 a 29), bajo la categoría de Derechos fundamentales y libertades públicas, donde gozan de una protección reforzada y son directamente exigibles ante los tribunales, sino en el artículo 47, dentro del Título I, Capítulo III, que trata de los Principios rectores de la política social y económica. Su promoción y expansión dependen, por tanto, de disposiciones legales de rango inferior al constitucional y deben ser desarrollados vía legislativa, dependiendo su garantía del color político que lleve a cabo su articulación legislativa.

Lo paradójico del caso es que la misma Constitución que trata ambiguamente el derecho a la vivienda, situándolo en un ámbito vinculado a la política social y económica, lo sitúa como objeto del debate y la confrontación política y, por tanto, en la arena de la competición partidista y la lucha de clases. Negar la existencia de las clases sociales no es solo una opción ideológica, aquella que relega el acceso a la vivienda como una cuestión individual y la aleja de un problema colectivo, sino que, además, choca con la forma de articulación prevista para alcanzar su realización por la propia máxima normal de valor legal del Estado español.

La vivienda forma parte inextricable de la lucha de las clases sociales por mejorar su vida dentro del ámbito de la reproducción social, esto es, la forma en que una sociedad se auto-perpetúa. Los incrementos desmesurados en los precios de los alquileres, las dificultades en el acceso a la compra, la discriminación social que sufren determinados colectivos -para la derecha, individuos- racializados o las disposiciones legales que favorecen a los propietarios y caseros forman parte de un conflicto que va más allá de las responsabilidades, decisiones y capacidad de actuación de las personas. Es por esto que, en gran cantidad de ciudades y pueblos, las movilizaciones en torno a la vivienda se han articulado bajo el paraguas de Sindicatos, ya que, al igual que en el ámbito productivo de los sindicatos clásicos, la reproducción social también forma parte de la lucha de clases.

En definitiva, el derecho a la vivienda es emblemático de la organización de las sociedades capitalistas modernas en torno a las clases sociales y así hay que entenderlo. De igual manera que la solución al mismo tiene que provenir de decisiones políticas que se alejen de perspectivas centradas en su consideración como un activo financiero y comiencen a hacerlo en un derecho que cumple y satisface una necesidad colectiva, fundamental y básica.