El derecho a la vivienda…pero ¿qué vivienda y para quién?

Cuando el director general de Airbnb en España afea a las Administraciones públicas la utilización de su compañía como una excusa conveniente para no asumir responsabilidades políticas, visualiza públicamente lo que los principales agentes sociales venían denunciando desde hace décadas. La progresiva y constante desaparición de lo público en la gestión urbana y más concretamente de las políticas de vivienda ha llegado a un nivel límite. No hay nadie en el timón del barco. O mejor dicho, el mercado lleva siendo desde hace tiempo el principal planificador de la ciudad.

Efectivamente podemos encontrar numerosos estudios que resaltan como en el modelo neoliberal, la vivienda se ha convertido en uno de los activos financieros más importantes y objeto preferente de especulación. La importancia de la vivienda como elemento básico para el bienestar y la salud ha sido desplazada por una visión mercantilista que la considera un mero activo financiero. Es decir, se ha perdido la función social y demográfica básica que caracteriza especialmente a las viviendas principales.

En toda Europa, pero especialmente en los últimos años en el sur del continente, la inversión a gran escala en los mercados residenciales y su manifestación en procesos de turistificación y gentrificación ha dado lugar a una creciente suburbanización de la población más vulnerable, dificultad para acceder a la vivienda debido al aumento de los precios, la precariedad residencial, al descenso de la propiedad y el aumento de los alquileres.

Esta creciente financiarización de la vivienda e intervención de grandes fondos de inversión se refleja en una situación de creciente gestión especulativa de la vivienda en la que la demanda supera a la oferta, lo que hace que los precios sean inasequibles para las personas con ingresos medios. A su vez, junto a las dificultades para acceder a la vivienda, cabe destacar la creciente dificultad para pagar el alquiler o la hipoteca, la amenaza de desahucio y la interrupción de servicios básicos como el gas, la electricidad o el agua por impago. Estas dificultades para acceder a la vivienda son especialmente graves si se tiene en cuenta constante disminución de la oferta de vivienda pública en el mercado. De hecho, el acceso a la vivienda se ha convertido en una característica definitoria de los nuevos modelos de estratificación social y desigualdad.

De hecho para entender adecuadamente el papel de la vivienda en el actual modelo social se deben analizar dos cuestiones especialmente importantes: los cambios sociodemográficos asociados a la segunda transición demográfica y la importancia, tal como indica ONU-HABITAT del tipo del tipo de vivienda y tenencia como elementos de bienestar social básico.

Desde la perspectiva de los retos que plantea la segunda transición demográfica, en 2050 las personas mayores superarán en número a los adolescentes y jóvenes (de 15 a 24 años). A su vez el nuevo modelo demográfico se caracteriza por una creciente disminución del tamaño de los hogares, predominio de los hogares unipersonales y nuevos modelos familiares, así como de un constante envejecimiento de la población. Todo ello se plasma en una mayor dificultad en el acceso a la vivienda y la formación de hogares, especialmente entre la población más joven que en gran medida se ve determinada por las características de las políticas públicas de vivienda. A esto hay que unir el importante efecto demográfico de los ciclos migratorios que suele caracterizarse por componente cíclico no permanente en el tiempo. Estos cambios demográficos tendrán un impacto tangible en la planificación de la vivienda en general y en la vivienda social en particular. En este sentido resulta evidente que la política de vivienda debe basarse en la información demográfica ya que tiene el reto de incorporar la incertidumbre y los ciclos demográficos en la gestión de los mercados de vivienda para evitar el desajuste la escasez estructural de oferta y la demanda.

El segundo aspecto clave para abordar la importancia de la vivienda como elemento definidor del nuevo modelo de estratificación social es la tipología y calidad de la vivienda y su entorno construido. La importancia de la vivienda social y saludable como medio eficaz para paliar los efectos de las desigualdades está ampliamente reconocida en los principales foros internacionales. De hecho, se ha destacado la importancia de establecer normas mínimas para una vivienda equitativa y digna en lo que respecta a la salud, ya que hasta ahora las normas de vivienda carecían de una perspectiva de salud pública. Así, los estudios que han analizado hasta ahora la relación entre la vivienda y la salud han demostrado la clara relación entre la salud y las características ambientales de las zonas residenciales.

La salud y el bienestar de la población se ven influidos por la exposición compartida a factores contextuales. En otras palabras, no están relacionados exclusivamente con las características individuales, sino que vienen determinados por las características urbanas de las zonas que rodean los hogares. Las condiciones de la vivienda y del barrio, la disponibilidad de infraestructuras sociales y servicios públicos que aseguren a la población el poder cubrir sus necesidades y adecuados niveles de cohesión social son un elemento clave que puede agruparse en tres grandes categorías: características del área, condiciones internas de la vivienda y régimen de tenencia de la vivienda. En este contexto, la vivienda se ha convertido en una preocupación central no solo en la investigación académica, sino también en las agendas de políticas públicas, especialmente a nivel urbano. La Agenda Urbana Española, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible globales y la Agenda Urbana para la Unión Europea (Pacto de Ámsterdam, 2016), identifica el acceso a la vivienda como un objetivo estratégico para promover la sostenibilidad urbana, la inclusión social y la cohesión territorial.

Sin embargo estos planteamientos de la Agenda Urbana hasta ahora se han quedado en un carácter meramente propositivo, a expensas principalmente de la voluntad política de las administraciones locales. Administraciones que cómo hemos comentado al inicio han dejado en manos de los intereses inmobiliarios la gestión de la ciudad e intentan enmascarar su inacción con ocurrencias mediáticas como la última propuesta del alcalde de Málaga de construir vivienda de 40 metros para facilitar el acceso de la población joven a la vivienda en la ciudad. Administraciones que por otro lado cuando intentan regular el mercado inmobiliario, como se hace en ciudades cómo Berlín, París, o Estocolmo son acusadas de intervencionismo “casi comunista”.

Ante este panorama, se hace más necesario que nunca la vuelta de políticas claras, planificadas y rigurosas que partiendo de un análisis sólido, basándose en las orientaciones de las Agenda Urbana, las expectativas demográficas de cada municipio y la situación de los mercados residenciales locales, desarrolle políticas activas de vivienda pública para la población más vulnerable por edad y situación socioeconómica. Una política centrada en las necesidades específicas de los mercados residenciales locales que vuelva a situar a la vivienda en una dimensión residencial y social, al margen de las especulaciones financieras, que nunca debió perder.