La transición energética debe ser eficiente (y hacerse con inteligencia)
Carlos Bravo
Responsable de políticas de Transport & Environment
La transición energética hacia la descarbonización de nuestra economía, cada vez más urgente debido a la creciente gravedad de la crisis climática, está siendo literalmente secuestrada por esos mismos combustibles fósiles que provocan el cambio climático y de los que tenemos que prescindir cuanto antes mejor.
Por un lado, el gas natural, debido a su participación en la generación eléctrica y a los altos precios que han marcado la evolución de los mercados mayoristas del gas durante el año 2021 y lo que va del 2022, es el principal culpable de que haya subido tanto el precio de la luz. Este hecho, además de complicar la subsistencia de muchas personas y empresas, está dificultando la transición energética dado que la descarbonización de muchos sectores, como es caso del transporte, pasa ineludiblemente por la electrificación. De ahí, los denodados esfuerzos de la Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar de limitar ese efecto perverso, negociando con la Comisión Europea poner un tope al precio del gas para la generación eléctrica, lo que se ha venido a denominar la “excepción ibérica”.
Por otro lado, el incremento adicional de los precios del crudo y del gas natural como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, no hace sino empeorar más la situación, aumentando también los precios de los carburantes, presionando al alza la inflación y afectando negativamente a la economía española, europea y mundial.
La atroz guerra de Ucrania, y sus negativos efectos energéticos y económicos, debería abrirnos los ojos de una vez y constatar el enorme grado de dependencia que tenemos en la Unión Europea del gas natural y del petróleo (comprado a la Rusia de Putin, pero también a Argelia, Estados Unidos, países árabes, y otros muchos) y hacernos reflexionar sobre la necesidad de superar cuanto antes esa dependencia nefasta que nos hace geoestratégicamente tan vulnerables.
Estos hechos, en un contexto de emergencia climática, nos lleva a la necesidad de emprender una aceleración de la transición energética, apostando fuertemente por un modelo energético lo más descentralizado posible, fundamentado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.
Pero para que esa transición sea creíble, debe necesariamente ser eficiente desde el punto de vista energético.
El papel de la eficiencia energética y la gestión de la demanda es clave para reducir nuestro consumo energético, normalmente de la forma más rentable, sin que ello implique dejar de percibir los servicios energéticos que todos necesitamos (calor, frío, movimiento, iluminación). Son buenos ejemplos: la rehabilitación energética de edificios; la movilidad sostenible (transporte público, movilidad compartida, teletrabajo, electromovilidad en coches, furgonetas y camiones, etc.), el uso distribuido de la generación eléctrica (autoconsumo individual y compartido: comunidades energéticas); el uso del vehículo eléctrico para gestión de la demanda mediante el vehicle-to-grid (V2G) para el intercambio bilateral de electricidad entre la red y el vehículo; o el almacenamiento de electricidad en grandes baterías.
En ese sentido, el hidrógeno verde (el que se obtiene mediante la electrólisis del agua utilizando sólo electricidad renovable), que es un vector energético cuya utilización sólo genera H2O, y sus derivados (los combustibles renovables de origen no biológico, RFNBO, en sus siglas inglesas; también conocidos como electro-combustibles sintéticos cero emisiones o e-fuels) debe concentrarse para descarbonizar los sectores que no pueden hacerlo fácilmente a través de la electrificación, como es el caso del transporte aéreo, gran parte del transporte marítimo y determinados sectores industriales.
Sin embargo, las compañías petroleras han expresado públicamente su apuesta por el hidrógeno verde para su transformación en electro-combustibles sintéticos para su uso en todo tipo de vehículos de carretera. Eso es completamente absurdo, pues ello es altamente ineficiente desde el punto de vista energético.
Mover un vehículo de carretera (coche, furgoneta, autobús, camión) usando hidrógeno verde o electro-combustibles es 2-3 y 5-6 veces, respectivamente, más costoso energéticamente que el uso directo de electricidad renovable en vehículos de batería.
Además, si se utilizara hidrógeno verde o e-fuels para el transporte por carretera, habría que generar una gran cantidad de electricidad renovable adicional para producirlos, lo que requeriría la instalación de un número importante de plantas de energía renovable extra. Estas tienen una presencia física en el territorio, con un impacto potencial en el paisaje y la biodiversidad, y por lo tanto en muchos casos han sido impugnadas por la población local y las organizaciones de la sociedad civil. Si queremos un desarrollo sostenible y justo de las energías renovables con el mínimo impacto posible sobre la biodiversidad y el territorio, no podemos hacer oídos a los cantos de sirena las compañías petroleras y gasísticas a favor del hidrógeno verde y los e-fuels para el transporte por carretera.
Asimismo, la transición energética debe hacerse con inteligencia. En ese sentido, está lejos de serlo la decisión de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear, uno de los mayores fracasos económicos, tecnológicos, medioambientales y sociales de la Humanidad, y el gas natural, un combustible fósil causante del cambio climático, en la lista de actividades medioambientalmente aceptables dentro del marco europeo de finanzas sostenibles, la llamada Taxonomía Verde.
La propuesta de la Comisión es un grave error: la energía nuclear y el gas natural no sólo resultan innecesarias para la transición energética hacia la descarbonización, sino que son un verdadero obstáculo para lograr este objetivo.
La taxonomía verde debe reservarse para los productos verdaderamente verdes. Si la normativa incluyese el gas natural y la energía nuclear, las inversiones en estas fuentes energéticas sucias y peligrosas se situarían absurdamente casi al mismo nivel ecológico que la construcción de turbinas eólicas y plantas solares. Además, las inversiones en gas y energía nuclear aumentarán la dependencia energética de la UE con respecto a Rusia y otros países, así como de las compañías de hidrocarburos y de tecnología nuclear.
Todavía tenemos una oportunidad de evitar tal dislate. Tras la aprobación del texto propuesto por la Comisión Europea en el Pleno de la Eurocámara a principios de julio, y dado que es altamente improbable que el Consejo vote en contra (se necesita una mayoría cualificada, es decir, al menos 20 países de la UE y que representen al 65% de la población de la UE), la única posibilidad es que prospere la iniciativa anunciada por Austria y Luxemburgo de acudir a los tribunales de justicia. Ojalá el Gobierno español se sume a ese grupo de países que están disconformes con la disparatada propuesta de la Comisión.