Una transición agroecológica justa que cuente con todos y todas

Cuando hablamos de transición agroecológica justa, queremos decir no sólo que caminemos hacia sistemas alimentarios sostenibles – es decir, capaces de funcionar a largo plazo sin destruir las bases que los sostienen – sino que estos sistemas alimentarios deben construirse y funcionar sin poner el bienestar de unas personas por encima del de otras, y considerando los intereses de todas ellas en el proceso.

El concepto de soberanía alimentaria, acuñado por La Vía Campesina en los años 90, reivindica el derecho de las comunidades de tomar sus propias decisiones respecto a cómo producir, distribuir y consumir sus alimentos.

Como nota para recordar más tarde, esto también incluye a aquellas comunidades que no piensan lo que a priori nos gustaría que pensasen.

En las últimas décadas, a la colonización material y cultural de unos países sobre otros se ha sumado una colonización de las zonas rurales por parte de las zonas urbanas. Lo que antes eran territorios relativamente capaces de autoabastecerse – aunque, obviamente, siempre haya existido el comercio – se han convertido en nodos aislados e integrados en grandes cadenas transnacionales.

En esta distribución, unas pocas personas permanecen en un mundo rural cada vez más estéril, abasteciendo a millones que subsisten en entornos urbanos sin necesitar conocer de aquello que comen nada más que el precio que aparece en la etiqueta. Paralelamente, los intereses y hábitos culturales de las zonas urbanas se priorizan sistemáticamente sobre los de las zonas rurales, a las que se trata de atrasadas y poco importantes. Esto lleva a la sensación de ninguneo y abandono, al resentimiento. Y lleva a productores que ni muertos querrían consumir en su casa lo que están vendiendo al exterior, porque lo único que se les ha pedido es que reduzcan el coste al mínimo posible.

Esta modernización de los sistemas alimentarios, en los que cada vez menos personas tienen que producir cantidades cada vez mayores a costes cada vez más bajos, ha implicado un modelo de grandes inversiones y alta dependencia de infraestructuras, maquinaria, materiales y energía. Una explotación pequeña simplemente no da para vivir.

Por esto, agricultores y ganaderos han tenido que embarcarse en adquirir cada vez más tierra, más maquinaria, más infraestructura, o desaparecer. Lo que se ha denominado la uberización del campo es el modelo en el que un agricultor simplemente compra los insumos – abonos, pesticidas, piensos…- a una gran empresa y le vende el producto final a otra, en una cadena en la que es el eslabón más débil aunque sea el que está realizando el trabajo más importante. Esto genera una dinámica de enormes dependencias. Una vez se entra en un modelo de grandes volúmenes, y hay créditos que devolver, no queda otro remedio que aceptar las condiciones que impone quien pueda comprar las grandes cantidades que es necesario producir, aunque sean inasumibles. Este es el modelo que ha sido favorecido en las últimas décadas por las políticas públicas europeas, en nombre del progreso. Este es el único modelo con el que se puede ir a un supermercado y comprar un pollo a 2 euros el kilo.

Y no puede continuar.

Este tipo de sistema funciona por la inyección constante de energía y materiales a precios artificialmente baratos, algo que sabemos que no es sostenible a largo plazo. Esta energía y materiales no sólo se necesitan para transportar los productos finales de un lugar a otro, sino también para aquellos insumos que se necesitan para cultivarlos. La producción de abonos es uno de los grandes consumidores de gas natural a nivel mundial, por poner un ejemplo. Necesitamos prácticas agronómicas capaces de producir los alimentos para abastecernos utilizando los recursos que tenemos más cerca.

La llamada intensificación sostenible es la formulación de las grandes empresas para continuar con el modelo, un modelo que sigue ahondando en la dependencia de recursos no renovables y de grandes cadenas de distribución, porque es la única alternativa que les permite mantener su tasa de beneficios. Eso no significa que sea la mejor opción para el conjunto de la población.

La apuesta de la agroecología consiste en volver a sistemas alimentarios territorializados, es decir, adaptados al territorio que los sostiene. Modelos de circuitos cortos en los que los recursos se dirijan a pagar más y mejor a quienes trabajan en el campo, a costa de gastar menos en insumos no renovables, grandes distribuidoras y juntas de accionistas. Esto implicaría no sólo volver a cambiar las prácticas agronómicas y nuestro modelo de consumo, sino reconfigurar de nuevo las relaciones y distribución campo-ciudad – y, con suerte, volver a dotarlas de significado. Afortunadamente en las últimas décadas también hemos aprendido cosas que sí pueden servirnos para configurar sistemas sostenibles. Es decir, hablamos de combinar lo mejor de nuestra tradición con lo mejor de nuestra innovación, para poder conseguir alimentos que dé orgullo producir y satisfacción consumir.

Como decía al principio, este es un proceso que implica una gran cantidad de decisiones políticas – no en cuanto a que sean necesariamente los políticos quienes las tomen, sino a que se refieren a cuestiones subjetivas que atañen a lo común. El último cambio de este tipo, el que nos llevó de la agricultura de subsistencia al proceso modernizador, se realizó con un rodillo cultural de hechos consumados, en el que no subirse al carro suponía ser un paleto y, además, desaparecer. Para que la siguiente transición sea justa no debería hacerse desde la imposición y la humillación, sino desde la empatía y la búsqueda de intereses conjuntos.

Quienes trabajan en el campo tienen el interés de poder vivir orgullosamente de su trabajo, de ver reconocida su labor, y de poder habitar lugares vivos y dotados de servicios, comunidades vibrantes que no sean simplemente un proveedor para la gente de la ciudad. También de disponer de condiciones laborales dignas en cuanto a dedicación, remuneración y una cierta comodidad en las labores que realizan.

La sociedad tiene la necesidad de disponer de un suministro fiable de alimentos nutritivos, relativamente variados, a precios asequibles, y de que este suministro pueda mantenerse a largo plazo, con los recursos de los que disponemos.

Todos tenemos la necesidad de volver a estar presentes en lo que hacemos en vez de seguir viviendo en piloto automático, ya sea cultivar, comprar o comer.

Conjugar todos estos intereses no tiene por qué ser tarea imposible, aunque sí es necesario llegar a compromisos. Existen formas institucionales de facilitarlo – por ejemplo, eliminar la competencia desleal de las prácticas más agresivas como las macrogranjas, o dejar de favorecer los modelos más intensivos en las políticas públicas. Pero en última instancia, es la población en sí quien tiene que hacer de esto una prioridad para que pueda salir adelante.

En los espacios urbanos la desconexión con nuestros alimentos es cada vez mayor. La alimentación se convierte en un trámite o un engorro, o incluso en algo que nos enfrenta con nuestros propios cuerpos. Este desprecio o indiferencia por lo que nos sostiene se extiende también a aquellas personas que están al otro lado de la cadena, produciéndolo. Relacionarnos de otra forma con nuestros alimentos es también pensar de otra manera en las personas y lugares desde los que se originan.

Por todo esto, desde la Fundación Entretantos, queremos abrir un espacio de reflexión sobre estas cuestiones en un entorno urbano, para considerar cómo podrían darse estos acercamientos de forma que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes fomentando talleres como el de este 25 de octubre en La Maliciosa, a reunirnos en el centro de Madrid – tremendamente lejos de cualquier campo de patatas – para hacer un primer abordaje desde la ciudad hacia cómo podríamos aproximarnos a este diálogo.