Aprender de nuestro fracaso. Asamblea climática, deserción activista y futuros posibles para la participación ciudadana en la transición ecológica
Agnès Delage Amat
Catedrática de ciencias sociales en la Universidad Aix Marseille (France). Milita en Rebelión Científica y Extinction Rebellion.
Rafael Jimenez Aybar
Director de programas en GLOBE International y experto en democracia medioambiental
-Actualizado a
“Creo que los movimientos sociales y las izquierdas institucionales se tienen que responsabilizar y actuar coherentemente con los diagnósticos que se hacen. La cuestión es ver si se puede intentar estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. (…) No olvidemos que, por el momento, a ninguno nos están saliendo muy bien las cosas y que las lecciones que damos desde todas las partes no están avaladas por una práctica exitosa o ganadora en términos de máximos.” Yayo Herrero, Contra el capitalismo del desastre, CTXT, 2022.
En un texto reciente, Yayo Herrero nos incita a entrar en el debate sobre transición ecológica, asumiendo todas nuestras responsabilidades, incluso la de nuestros fracasos actuales[1]. Ante el capitalismo del desastre, el actual secuestro de la acción climática por los grupos de intereses económicos[2] y la masiva expansión de un ultra-nacionalismo climático populista de extrema derecha[3], ella tuvo la valentía de reconocer que a ninguno de los actores progresistas de la transición ecológica “nos están saliendo demasiado bien las cosas”. Analizarlo no es tirar piedras en nuestro propio tejado, si somos capaces de no atrincherarnos en lo que Yayo Herrero llama muy acertadamente “los estériles debates entre los catalogados como colapsistas y los calificados como newgreendealistas”.
La pregunta más molesta a la que tenemos que enfrentarnos es: ¿dónde estamos fracasando todos? Si asumimos de verdad lo que peor nos ha salido, tanto a nivel de los actores sociales del ecologismo, como de los partidos de izquierda que forman parte del actual gobierno, ¿qué seremos capaces de aprender de este fracaso para los durísimos tiempos que vienen?
La Asamblea ciudadana por el clima que se hizo y no existió
El principal fracaso político que condiciona y limita la transición ecológica en España es que no hemos colocado la participación ciudadana efectiva en el centro de la dinámica de transformación profunda del sistema productivo y de los modelos de consumo. Entre noviembre de 2021 y junio de 2022 el gobierno español organizó una Asamblea Ciudadana por el Clima. Cien ciudadanos seleccionados por sorteo representativo se reunieron de manera virtual para recibir información científica de los mejores expertos y deliberar sobre la adaptación y la mitigación a la crisis climática. El balance de esta iniciativa participativa merece un fact-checking detallado, pero el aspecto más llamativo y evidente es sin lugar a duda su total invisibilidad.
En Francia o el Reino Unido, con el pleno apoyo público de la sociedad civil organizada, se habían celebrado ya en 2021 dos procesos participativos presenciales a nivel nacional cuyas deliberaciones se centraban en objetivos de descarbonización precisos: cero neto en 2050 en el Reino Unido y una reducción del 40% de las emisiones en Francia para 2030. Pese a todos sus limitaciones organizativas y la falta de compromiso institucional para la tramitación legislativa de las medidas, los dos procesos lograron transformar definitivamente la conversación nacional en temas centrales de alimentación, transporte, alojamiento, trabajo, consumo, decrecimiento, límites planetarios, ecocidio y hasta reforma constitucional. En Francia, 7 de cada 10 franceses habían oído hablar de la llamada Convention Citoyenne por el clima que finalizó en 2020, y el 64% de la gente informada del contenido de sus 149 medidas las apoyó en su globalidad. Hubo un antes y un después de la participación ciudadana, con un impacto a gran escala y un nivel de adhesión sin precedentes para las demandas de los grupos ecologistas por parte de sectores sociales completamente ajenos a su base tradicional de miembros.
En cambio, la Asamblea Ciudadana climática española, se celebró de manera virtual sin referirse a ningún objetivo de descarbonización y después de aprobarse la ley de cambio climático. La participación ciudadana fue, por lo tanto, un simulacro y no tuvo absolutamente ningún impacto en nuestra sociedad o en la vida política. Ernesto Ganuza, sociólogo del CSIC y especialista de los procesos participativos lo puso claramente en evidencia: “las sesiones no se retransmitieron al público a diferencia de lo que ocurre en otros países, nadie se ha enterado de que está ocurriendo una asamblea ciudadana por el clima, no se escucha en la radio, no se lee en la prensa, no existe”[4].
Y más grave: parece que para los principales actores de la transición ecológica en España, tampoco ha existido esta Asamblea ciudadana con las 172 medidas que aprobó, recientemente enviadas al Consejo de Ministros[5]. Entre las personas que intervienen en el presente debate iniciado por Cristina Narbona, algunas hasta intervinieron directamente en este proceso, pero, más allá de unas muy escasas declaraciones políticamente correctas al respecto, ¿quién defiende o construye realmente la participación ciudadana efectiva como palanca institucional de la transición ecosocial a gran escala?
Las iniciativas de Equo Más País y de la plataforma Marea Deliberativa no han permitido instalar la participación ciudadana en el centro del debate sobre la justa transición ecológica, ni entre los partidos de izquierda, ni en el resto de la sociedad. Las mediáticas acciones de desobediencia civil del colectivo Extinction Rebellion que reclama desde 2019 una asamblea ciudadana climática de carácter vinculante[6], culminaron con una huelga de hambre delante del MITECO y una entrevista de los militantes con Teresa Ribera más de un mes después[7], pero tampoco permitieron avanzar en lo que recomiendan los científicos: democratizar radicalmente la acción climática con y desde la participación efectiva y no sólo consultativa de la ciudadanía[8].
Justamente por eso nuestra derrota colectiva es más amarga y más dura. Esta primera asamblea ciudadana climática en España pasará a la historia como el máximo síntoma de la incapacidad actual de todos los actores progresistas, partidos políticos de izquierdas y ONGs ecologistas, para fortalecer un espacio político real que les permita imponer sus acciones a los grupos de intereses económicos apoyándose democráticamente sobre un amplio sector de la ciudadanía favorable a ello.
Existe en España, como en el resto de Europa, una fuerza social mayoritaria y todavía sin nombre: el 80% de la población española que ya considera de gravedad extrema la crisis climática[9], el 81% de personas que están a favor de "medidas gubernamentales más estrictas” y de “más impuestos”[10] y el abrumador 57% que apoya las medidas gubernamentales incluso cuando éstas implican reducir el crecimiento económico.
Ante este estado de la opinión pública y en medio de una sequía histórica, con mega incendios que han asolado el país como nunca antes y una acuciante crisis energética y social, no basta con que los líderes políticos salgan a la calle seis meses antes de las elecciones generales con el mantra de “escuchar a la gente”. La plataforma “Sumar” de Yolanda Díaz, o la maratoniana agenda de campaña Pedro Sánchez, son operaciones de comunicación que de momento no construyen contenido político efectivo para el eslogan “el gobierno de la gente”. No hemos visto ni en el PSOE ni en Podemos las bases reales de un proyecto de gobernanza fundado en la participación ciudadana efectiva institucionalizada. Recordemos que el programa electoral de Boric en 2021 en Chile estaba centrado en “transición justa, justicia ambiental, participación”. La izquierda chilena realizó una amplia labor de construcción normativa de una participación ciudadana vinculante real en todos los niveles de toma de decisiones públicas, e incluso mucho más allá de las temáticas ambientales[11]. Comparando con este proyecto de gobierno, las actuales dinámicas preelectorales españolas son iniciativas cosméticas que no conectan con el 80% de la ciudadanía convencida de la extrema gravedad de la crisis climática. Dejan a la ciudadanía fuera de un protagonismo real, ignorándola como el nuevo sujeto político central de la transición ecológica.
El pueblo climático: un nuevo sujeto político
Aunque haya mucha distancia entre cualquier encuesta de opinión y la realidad de los comportamientos colectivos, todos los estudios cuantitativos serios más recientes[12], demuestran un profundo cambio en las representaciones sociales en las dos últimas décadas. Este 80% de la población es una reserva de legitimidad social imprescindible para la transición ecosocial en España pero que de momento no se activa. Nos encontramos entonces en un punto de inflexión, potencialmente explosivo: un desfase total entre la baja ambición de las decisiones en materia climática de los sucesivos gobiernos, y el alto nivel de aceptabilidad ciudadana de una transformación profunda del sistema productivo. De hecho, un 83 % de la gente en España está más preocupada por la emergencia climática que el actual gobierno.
Esto es justamente la inmensa paradoja de nuestro tiempo a la que Bruno Latour y Nicolas Schultz dedican su último ensayo[13]. No sin provocación, declaran: “Para usar una palabra famosa: un fantasma recorre Europa y el resto del mundo: el fantasma del ecologismo!”, y así asumen y desbordan la genealogía marxista para analizar la existencia de lo que llaman un “pueblo climático mayoritario”, es decir un muy amplio y heterogéneo sujeto político invisible que de momento ni entra en las categorías teóricas del ecosocialismo, ni en la praxis efectiva de la democracia representativa actual, ni en el marketing comunicativo de las ONGs. “El pueblo climático” es para Latour la emergente clase ecosocial de un “nuevo régimen climático”, pero de momento sin conciencia de clase y -sobre todo- sin relato ni actores políticos capaces de construir un horizonte institucional efectivo de acción colectiva. Eppure si muove. El pueblo climático sin embargo se mueve y se deja ver ahora en conflictos muy diversos, pero todos tienen en común la misma resistencia a la economización del mundo y de las existencias. En un futuro próximo, Latour vaticina: “la clase ecologista pasará de simples disputas, por ejemplo sobre el consumo de carne, a verdaderos conflictos de clase”.
En España, como en el resto de Europa, la participación ciudadana y la acción política efectiva del “pueblo climático” son condicionantes de nuestra supervivencia. ¿Cómo, en los últimos dos años, hemos podido perder la oportunidad histórica de construir en España un proceso participativo capaz de articular y legitimar políticamente los objetivos de descarbonización que marcan la ciencia con la adhesión de una amplia mayoría social favorable al cambio ecológico en defensa de la vida?
Fact-checking de la Asamblea Ciudadana por el Clima y deserción militante colectiva
Recordemos primero los hechos. La cruda realidad de los hechos. El 21 de enero de 2020, el recién formado gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez declaró el estado de Emergencia Climática en España[14]. Ocurrió justo después de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país europeo en declararlo y en plena “ola de movilización climática” planetaria, que se visibilizó en Madrid durante la COP25 en diciembre 2019, con manifestaciones multitudinarias, muy poco antes de la pandemia de COVID-19. El nuevo equipo de gobierno ambicionaba un nuevo liderazgo climático internacional y nacional, basado en “el consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente” y programando objetivos de neutralidad climática “a más tardar en 2050”.
Esta declaración de emergencia climática anunciaba 30 líneas distintas de acción climática, comprometiéndose el gobierno a poner en marcha cinco de ellas en los primeros 100 días de la legislatura. Entre estas cinco medidas inaugurales sobresalía la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, como espacio institucional para “la transición ecológica justa”, “mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro”[15]. Una transición justa, basada en la participación ciudadana. Una inmensa innovación democrática, plenamente conectada a un contexto español y europeo ya altamente favorable a la participación ciudadana, pero que nacía en un limbo organizativo. El gobierno anunció el lanzamiento de una asamblea ciudadana climática, sin formalizar la articulación de la participación ciudadana con la toma de decisiones en nuestro sistema democrático representativo.
Pese a estas importantes carencias, en 2020, esta declaración de emergencia climática nacional y, sobre todo, la apuesta totalmente inédita por una participación ciudadana en la acción climática, hubiera tenido que suscitar lógicamente la alianza y el apoyo público masivo de todos los colectivos ecologistas y de los sindicatos progresistas. Pero no fue así, muy al contrario. Ningún colectivo comunicó al respecto y las alianzas verdes no elevaron ninguna demanda para concretar este objeto participativo todavía no identificado. El MITECO, ante las dificultades evidentes para suscitar el apoyo del sector verde a su iniciativa pionera, emprendió en plena pandemia una labor de pedagogía y de consulta de los actores ecologistas, encargando a la fundación CONAMA un eficaz trabajo de divulgación de los últimos avances de la participación ciudadana climática en Europa y de publicación del posicionamiento de las principales organizaciones ecologistas españolas al respecto[16].
El resultado es muy negativo y visible en el informe final con una claridad meridiana: para la mayoría (el 59,4%) de los representantes de colectivos verdes, una asamblea ciudadana climática tal y como la lanzó el gobierno significaba un proceso que potencialmente “minora el papel del tercer sector”, y prefería de hecho que sus resoluciones “no fueran vinculantes”. Con esto, identificamos el principal bloqueo interno actual de la participación ciudadana en España: la deserción de la mayoría de los actores ecologistas y especialmente de las organizaciones más importantes que tienen un histórico discurso oficial muy a favor de la democracia participativa.
El activismo verde que no participa con la ciudadanía: el caso de Greenpeace España
En una entrevista reciente publicada en el Guardian, Kumi Naidoo, que fue director ejecutivo de Greenpeace internacional de 2009 a 2015, hizo un ejercicio muy saludable y necesario de autoanálisis personal y colectivo de sus casi cuarenta años de militancia[17]. "El error que cometió mi generación de activistas fue que confundimos el acceso con la influencia. Obtuvimos acceso que permitió a algún funcionario del gobierno, ministro o director general de una gran empresa marcar una casilla que decía 'sociedad civil consultada'. Y, sinceramente, también significaba, para muchos de nosotros que participábamos en esas interacciones... que podíamos reclamar victorias fáciles".
Incluso miembros de la joven generación ecologista reconocen que también pudieron perderse de la misma manera y muy rápidamente en el activismo de influencia y sus falsas victorias. Luisa Neubauer que dialoga abiertamente al respecto con Kumi Naidoo, explica que desde Fridays for Future, recién creado en 2019, "yo estaba haciendo algo que ahora llamaría retrospectivamente 'activismo de apretón de manos'. Es algo a lo que puedes estar muy dedicado, pero también tienes muchas ganas de conocer a un ministro importante, para estrecharle la mano y hacerte una foto y demostrar que realmente has hecho algo".
Si nos situamos en el envidiable nivel de honestidad y de lucidez de estos responsables ecologistas de primer plano, tenemos que observar que los últimos equipos directivos de Greenpeace España se quedan de momento del lado de lo que Kumi Naidoo llama “el activismo de influencia”. Greenpeace, siendo la principal organización ecologista de España y sobre todo la única con financiación independiente del gobierno, tiene una responsabilidad clave para apoyar la participación ciudadana dentro del reducido grupo de las cinco principales organizaciones que se autodenominan las “5G” (Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Seo Birdlife, Amigos de la Tierra). Los últimos dos directores ejecutivos de Greenpeace España, Mario Gómez y Eva Saldaña, no asumieron ni este liderazgo ni este compromiso, por mucho que la demanda de democracia participativa figure oficialmente en su “decálogo para avanzar en democracia” y en muchas de sus declaraciones públicas, incluso en el presente debate[18]. Greenpeace España no ha dado el paso que su organización ha realizado a nivel internacional y a nivel nacional en muchos otros países, muy especialmente en el terreno de la participación ciudadana en la acción climática.
Un ejemplo breve y significativo: Eva Saldaña, nombrada directora ejecutiva de Greenpeace España en primavera 2021 siguió en la línea de “no participación real” en la Asamblea Climática iniciada por su predecesor Mario Gómez, pese a sus primeras declaraciones en los medios que dejaban presagiar un posible cambio de rumbo[19]. Participó como experta en el proceso de la Asamblea Ciudadana en representación de un colectivo de organizaciones ecologistas españolas, pero desde su propia organización entre noviembre 2021 y junio 2022 no impulsó absolutamente ningún seguimiento, ninguna iniciativa y ninguna difusión al respecto. Tampoco se comunicó a los socios de Greenpeace nada sobre el primer proceso participativo estatal en materia climática o sobre el posicionamiento de su organización.
¿Por qué la principal organización ecologista española, históricamente comprometida con la demanda de participación democrática, no emplea realmente sus fuerzas en ella cuando un gobierno de izquierdas abre una oportunidad histórica?
Una pequeña parte de la respuesta la tenemos en una iniciativa que lanzó Greenpeace también en mayo pasado[20]. La ONG dio visiblemente la espalda a la Asamblea Ciudadana que todavía no había finalizado, enfocando el futuro de su estrategia en “la construcción de liderazgos políticos y sociales” en torno a jóvenes representantes activistas y políticos, asociándose a una consultora privada, beBartlet, en la que participa Llorente y Cuenca, LLYC, una de las primeras multinacionales de comunicación y lobbying activa en América Latina, España y Portugal.
Los expertos de beBartley hacen últimamente un intenso lobbying por el gasoducto del Midcat[21] promocionando su muy dudoso futuro para transporte de hidrógeno verde que, por lo pronto, implicaría una fuerte inversión en energía fósil, que Greenpeace España no para de denunciar[22]. BeBartlet vende también soluciones falsamente ecológicas dentro de una “estrategia de incidencia pública”, que está abocada al fracaso a corto y medio plazo porque en ningún momento conecta con la mayoría social. Como Kumi Naidoo decía, tras décadas de responsabilidad en Greenpeace, el tiempo de desastres que vivimos "tiene que ser un momento de extrema honestidad, de extrema valentía, de extrema audacia. Si el activismo dice: 'No puede ser lo de siempre, no puede ser el gobierno de siempre', entonces seguramente debemos decirnos a nosotros mismos: 'No puede ser el activismo de siempre'.
Y debemos también decirnos a nosotros mismos: no podemos asociarnos al lobbying de siempre los que somos los activistas y los políticos ecologistas de hoy.
Futuro inmediato de la participación ciudadana en tiempos de colapso
En tiempos de colapso, las movilizaciones de todos los actores sociales del ecologismo, partidos políticos y ONGs deberán saber integrar lo más posible la pluralidad de las identidades socioeconómicas de la ciudadanía que forma el “pueblo climático español” y, por lo tanto, emanciparse ya de la lógica actual de partidos, de los “nichos de socios” o de un “activismo de influencia” de siempre, en su peor versión lobbyista actual. No existen muchos precedentes en la sociedad española de transversalidad sostenida en el tiempo, sobre todo si excluimos la Transición por sus muchas deficiencias.
Esto significa que hay que trabajar juntos para construir un nuevo tipo de credibilidad día a día, exponiendo las responsabilidades reales de todos los agentes de bloqueo y los conflictos de intereses fósiles, pero también dentro de todos los partidos políticos y dentro de la iniciativa privada. Supone también una extrema valentía para las ONGs dejar de concentrar sus energías en seguir monopolizando el espacio de interlocución y representación ante el poder para entrar en dinámicas de participación ciudadana efectivas en las políticas públicas. El espacio del “activismo de influencia” que ha sido el paradigma de la última década corre el riesgo de dejar de existir en breve.
Sería ingenuo suponer que nuestro statu quo político, institucional y democrático, nuestro punto de equilibrio social actual, dependiente como es del mundo físico y de condicionantes geopolíticos bien visibles, no está condenado a cambiar en un sentido u otro, igual que las fechas de la siembra del cereal de invierno y de las primeras olas de calor, el precio de la energía o el agua, o la productividad por hectárea de los cultivos de secano tampoco van a permanecer estables.
Dada la situación actual de polarización política promovida por los partidos políticos, unos bajo el dictado de intereses económicos fundamentalmente hostiles a la acción climática y algunos otros desde un narcisismo identitario irresponsable, no es difícil anticipar que antes de la movilización efectiva del “pueblo climático” que teoriza Latour, nuestra sociedad experimentará episodios muy violentos, causados por la escasez (ya sea de agua, de energía, de alimentos, de movilidad o de fe en el sistema). Llegado ese momento, seremos testigos ya sea un retroceso democrático masivo, ya sea una mutación convulsa pero profunda de nuestra maltrecha democracia representativa.
El ejemplo de Chile nos marca un futuro político posible pese a las radicales oposiciones reaccionarias que generan en la actualidad. Tras una violenta revuelta y una represión brutal en 2019, la movilización de todos los colectivos de lucha y la alianza transversal de los partidos de izquierda chilenos, abrieron un espacio democrático de reforma constitucional, con la participación ciudadana institucional firmemente instalada en el centro de un proyecto de nuevo “estado ecológico de derecho”. La participación ciudadana vinculante es en efecto el eje del innovador y esperanzador proyecto chileno de “constitución ecológica”, que considera “las personas y los pueblos” como un actor político efectivo y no meramente simbólico o consultativo para construir un Estado “post-extractivista y post-desarrollista”.
Si los partidos políticos españoles, y especialmente los de izquierda, logran intentar cambiar, encontrarán muchos puntos de entrada para demostrarle a la ciudadanía que están tan preocupados como ella por el cambio climático y que son capaces de gobernar en consecuencia: promover la institucionalización de la democracia deliberativa real con las buenas prácticas de la OCDE desde fuera y desde dentro de las instituciones; tomar decisiones radicalmente consecuentes con la ciencia y alineadas con la economía verde; y revitalizar las cámaras de representantes locales, regionales, y el Congreso de los Diputados (y, con ello, revitalizando la democracia misma, ya que estas son las instituciones que representan al pueblo) para que sean el corazón de la transición ecológica, gracias a la institucionalización de procesos de democracia participativa regulares.
Las ONGs medioambientales tienen ante sí un reto parecido. ¿Descubrirán cómo ser parte de la solución? ¿O se seguirán sintiendo amenazadas por los profundos cambios de estrategia que son indispensables para conectar con el pueblo climático y hacer que sus propios objetivos medioambientales tengan opciones realistas de materializarse? Kumi Naidoo marca el camino para el tercer sector: “Tenemos que crear múltiples maneras de que la gente pueda participar y no sólo cómo nos lo imaginamos los que estamos sentados en trabajos de la sociedad civil a tiempo completo. Tenemos que pensar en dónde está la gente y en cómo se le puede permitir participar. Sólo cuando tengamos un número suficiente, sustancialmente mayor del que somos capaces de movilizar en este momento, nuestros líderes políticos y empresariales se verán finalmente empujados a la urgencia que la situación requiere"[23].
Muchas personas ya asumen esta urgente necesidad de participación real e intentan estar a la altura de la dificultad del futuro que tenemos por delante. Ha llegado el tiempo del máximo compromiso participativo e incluso de la desobediencia civil noviolenta dentro de la comunidad científica internacional[24]. Cuando una parte de sus integrantes deciden rebelarse, arriesgar su prestigio académico, sus puestos de trabajo, desobedecer y dirigirse directamente a la ciudadanía, nos muestran que son totalmente conscientes del fracaso de la influencia real de la ciencia en la acción de los gobiernos[25]. Centenares de científicas y científicos que integran el colectivo Rebelión científica en más de 25 países han salido de sus laboratorios para dejar de documentar la catástrofe as usual. Se enfrentan como colectivo a lo que B. Glavovic, científico que participa en el panel del IPCC, llama “la tragedia de la ciencia climática”[26]:
“El fracaso a la hora de detener el calentamiento global es una acusación para los sucesivos gobiernos y líderes políticos de todas las tendencias. Es un incumplimiento del contrato ciencia-sociedad. Pero, como en todos los contratos, ambas partes tienen importantes funciones y responsabilidades. La ciencia del cambio climático no puede ser absuelta de la responsabilidad”[27].
En España, el pasado 6 de abril, con motivo de la publicación del último informe del IPCC, un centenar de científicos y científicas lanzó sangre falsa sobre el Congreso y reclamó acción inmediata y democracia participativa vinculante de emergencia[28]. Posteriormente, 14 participantes en esta acción noviolenta fueron detenidos por la Brigada anti-terrorista e imputados de “delito contra las altas instituciones del Estado, por haber alterado presuntamente el funcionamiento del Congreso de los Diputados”.
Pero la verdad científica no altera nunca la democracia. Ni se puede detener la realidad del colapso climático que registra la ciencia, ni tampoco se podrá detener la fuerza colectiva que la comunidad científica ha acumulado a partir de la conciencia de sus propios fracasos. Muchas científicas y muchos científicos sienten hoy la responsabilidad absoluta de cambiar con el resto de los actores sociales y de actuar ahora mismo con la gran mayoría de la sociedad española que sabe perfectamente dónde estamos: a las puertas de la destrucción global de las condiciones que hacen posible la vida humana actual en el planeta.
Notas:
[1] https://ctxt.es/es/20220801/Firmas/40556/yayo-herrero-carta-a-la-comunidad-crisis-eco-capitalismo-cambio-climatico.htm
[2] https://www.publico.es/sociedad/lobby-combustibles-fosiles-representantes-cop26-pais-asistente.html
[3] https://www.elespanol.com/mundo/20210322/amenaza-creciente-ecofascismo/567063299_12.html
[4] https://www.newtral.es/asambleas-ciudadanas/20220128/
[5] https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/recomendaciones/
[6] https://www.climatica.lamarea.com/tus-articulos-asamblea-ciudadana-clima/
[7] https://www.publico.es/sociedad/activistas-ecologistas-abandonan-huelga-hambre-despues-33-dias.html
[8] https://www.lavanguardia.com/natural/20210907/7703952/panel-intergubernamental-expertos-sobre-cambio-climatico-verdad-mas-molesta.html
[9] https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/el-80-de-los-espanoles-considera-de-gravedad-extrema-los-problemas-medioambientales/
[10] https://www.eib.org/en/press/all/2021-360-81-percents-of-spanish-people-in-favour-of-stricter-government-measures-imposing-behavioural-changes-to-address-the-climate-emergency?lang=es
[11] https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/06/5_PROGRAMA_GABRIEL_BORIC.pdf
[12] https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/index.htm
[13] LATOUR, Bruno, SCHULTZ, Nicolas, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, La découverte, 2022.
[14] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200121cmindeclaracionemergencia_tcm30-506549.pdf
[15] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200121cmindeclaracionemergencia_tcm30-506549.pdf
[16] https://www.conama2020.conama.org/web/es/prensa/noticias/nuevo-informe-de-conama-analisis-de-todas-las-asambleas-ciudadanas-climaticas-en-europa.html
[17] https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/17/it-cannot-be-activism-as-usual-kumi-naidoo-and-luisa-neubauer-on-the-way-forward-for-climate-justice
[18] https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/democracia-y-contrapoder/democracia-y-movilizacion-en-espana/un-decalogo-para-avanzar-en-democracia/
[19] https://www.lavanguardia.com/natural/20210719/7609885/combatir-el-cambio-climagico-exige-el-protagonismo-de-la-sociedad-civil-brl.html
[20] https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-y-bebartlet-reunen-por-primera-vez-a-los-nuevos-liderazgos-politicos-y-sociales-en-el-ambito-de-la-transicion-ecologica/
[21] https://elpais.com/economia/2022-08-13/espana-apuesta-por-acelerar-el-gasoducto-que-pide-alemania.html
[22] https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-sociedad-civil-rechaza-mas-infraestructuras-gasistas-innecesarias/
[23] https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/17/it-cannot-be-activism-as-usual-kumi-naidoo-and-luisa-neubauer-on-the-way-forward-for-climate-justice?CMP=Share_AndroidApp_Other
[24] https://ctxt.es/es/20220501/Firmas/39713/Juan-Bordera--Agnes-Delage-Fernando-Valladares-crisis-ecosocial-desobediencia.htm
[25] https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/29/scientists-call-on-colleagues-to-protest-climate-crisis-with-civil-disobedience
[26] https://www.nytimes.com/2022/03/01/climate/ipcc-climate-scientists-strike.html
[27] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17565529.2021.2008855
[28] https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8180403/activistas-crisis-climatica-pintura-roja-congreso.html
