La transformación de la electricidad en un bien de lujo
Irene Calvé Saborit
Ingeniera Industrial y trabajadora en mercados eléctricos
La (in)elasticidad de la demanda eléctrica
Hace unos días estuve leyendo la nota de la comisión europea publicada por el periódico francés Contexte en la que se presentan propuestas de intervención para “optimizar el funcionamiento del mercado eléctrico y disminuir el impacto del precio del gas”. En esta nota se analizan varias alternativas como el tope del gas ibérico o las medidas aprobadas por el gobierno griego. Incluso se valora la suspensión del mercado eléctrico cuyo resultado sería, según la nota de la comisión, el probable colapso del sistema eléctrico y un daño severo sobre los esfuerzos de descarbonización. Esto puede dar al lector una pista de sobre qué bases se enfoca dicho análisis.
Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue que a lo largo de toda la nota se da por supuesto que la demanda eléctrica es elástica, es decir, que si el precio de la electricidad disminuye la demanda aumenta. Se trata de una novedad, la demanda se ha considerado inelástica al precio en los más de 15 años que llevo trabajando y formándome en el sector. En la introducción y en el cuerpo de la nota se menciona la reducción de la demanda como esfuerzo para disminuir el precio y para garantizar la seguridad de suministro, expulsando al gas del mix energético.
Hasta ahí, siguiendo la lógica neoliberal de la institución que publica la nota y, sobre todo, aceptando la hipótesis por la que de repente la demanda es elástica, no hay nada raro. Sin embargo, hay algunos detalles, especialmente en los anexos, que van bastante más allá. Se habla de “energy savings driven by consumers' voluntary choices”, es decir, que los consumidores voluntariamente dejarían de utilizar la electricidad. Resulta curioso que no solo los usuarios han cambiado su comportamiento sin saber muy bien la razón sino que, además, lo hacen de manera voluntaria. Esa voluntariedad me recuerda a las personas que voluntariamente deciden prescindir de un techo bajo el cual dormir para cederlo a los bancos o a las mujeres que voluntariamente deciden vender su cuerpo para poder subsistir.
En un apartado distinto se propone organizar subastas para que ciertas categorías de consumidores reduzcan su demanda global. Esto ya nos aclara que la voluntariedad para reducir la demanda va a ir ligada a incentivos económicos. Además, se menciona una reducción global del consumo y no una reducción centrada en unas horas específicas que desplazaría al gas. Más adelante se da el detalle de cuáles podrían ser estos grupos de consumidores: “hogares y servicios esenciales como hospitales y colegios”. Parece que los entusiasmados voluntarios van a ser los de siempre.
Tampoco se debe dejar pasar de largo uno de los argumentos que esgrime la comisión para justificar la reducción del consumo: Las subastas mencionadas anteriormente costarán dinero, pero subvencionar el precio final de la electricidad también costaría ante estas dos opciones es mejor reducir la demanda y así estamos en línea con los objetivos de desarrollo sostenible.
Llegados a este punto, las similitudes con la situación de la generación distribuida en áfrica subsahariana son demasiado relevantes para ser obviadas.
La electricidad, un bien de lujo en África Subsahariana
En la mayoría de África subsahariana las tasas de acceso a la electricidad son extremadamente bajas, especialmente en zona rural donde, en la mayoría de los casos, el tendido eléctrico es inexistente. En los últimos 10 años una nueva solución para alcanzar el objetivo de desarrollo 7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna) ha sido desarrollada por empresas privadas y organismos multilaterales: la instalación de paneles solares y baterías, así como un tendido eléctrico en algunas aldeas y pueblos para que sus habitantes puedan acceder a la electricidad. Estos proyectos son parcialmente subvencionados por las cooperaciones al desarrollo de los países del norte global y se desarrollan únicamente en países que tienen un marco regulatorio que permite a la empresa privada fijar el precio al que vende la electricidad en las aldeas.
Teniendo en cuenta el coste del capital para este tipo de proyectos y las dificultades de logística, la electricidad se vende entre 50 céntimos de euro y un euro el kWh aún con el 50% de los costes subvencionados.
¿Y que tendrá esto que ver con la primera parte de este texto? Esta situación puede arrojar algo de luz sobre las razones por las que la comisión europea considera ahora que la demanda de electricidad es elástica. En el caso de África subsahariana rural, se considera también que la demanda de electricidad es elástica: los hogares gastan el mismo presupuesto en electricidad mes tras mes independientemente del precio de esta. Pagan lo que pueden pagar tanto si da para iluminar la casa dos horas o doce. Normalmente los “ricos” de cada pueblo se pueden permitir utilizar la electricidad para una televisión que se exhibe como símbolo de riqueza en la ventana o la puerta de la casa. La electricidad pasa así de ser un bien esencial a un bien de lujo para los hogares. Por lo tanto, la razón para considerar que la demanda de electricidad es elástica es que existe una población empobrecida que es forzada a considerar la electricidad como un bien de lujo.
Dado que la demanda es elástica y que el presupuesto de los hogares es fijo, se podría disminuir el precio y la demanda crecería de manera proporcional. El problema es que esto supondría un gasto mayor para los desarrolladores en paneles y baterías para el mismo nivel de ingresos. Como dice la comisión en su nota, mejor subvencionar la reducción de consumo que de precio, para estar en línea con los ODS.
Lo más curioso de todo esto es que se habla de objetivos de desarrollo cuando la electricidad como bien de lujo no permite mecanizar los medios de producción para producir bienes de manera competitiva con otros países y condena a esas poblaciones a la pobreza estructural.
El decrecimiento de los incentivos económicos
El análisis de la nota de la comisión europea nos sugiere el principio de una nueva concepción de la electricidad en el norte global como bien de lujo. Los altos precios de electricidad (aún con topes del gas, soluciones griegas o limitando a 180 EUR/MWh las rentas inframarginales) acompañados del empobrecimiento de la clase trabajadora van a impedir el acceso a la electricidad de esta última.
Peor aún es que esta transición al empobrecimiento eléctrico global de la clase trabajadora va a hacerse bajo la bandera del cambio climático, del decrecimiento y de la amenaza de la escasez. Se emplearán incentivos económicos a través de subastas y otros para que los hogares y los servicios esenciales decidan voluntariamente que prefieren comer a poner una lavadora. Mientras tanto la burguesía va a seguir volando en jets privados, calentando sus piscinas y contaminando más que la totalidad de la clase trabajadora. El cambio climático seguirá su curso, las materias primas seguirán agotándose y la única que habrá “decrecido” será la clase trabajadora reduciendo de manera estrepitosa el nivel de vida.
La unión europea decretó en primera instancia la “liberalización” de los mercados eléctricos de los estados miembros. El resultado de la privatización de un bien de primera necesidad fue un fracaso estrepitoso. Derivó en la necesidad constante de añadir parches como el mercado del CO2 o los mercados de capacidades, en un intento desesperado por conciliar la incapacidad de almacenar la electricidad, garantizar la seguridad de suministro y el acceso universal y mantener un mercado. Frente a ese fracaso parece que la solución a la que apunta la comisión es eliminar la garantía de suministro y el acceso universal a la electricidad, de la misma manera que ya se hace con las poblaciones más empobrecidas de la tierra.
La única alternativa que nos queda es la erradicación del mercado eléctrico, aceptar que la privatización del sistema eléctrico ha sido un error que ha puesto un bien de primera necesidad en manos de empresas privadas cuya función objetivo es la maximización de beneficios. Es una privatización que va también en contra de la soberanía de los estados como se ha visto en Australia. Debemos volver a una planificación obligatoria del sistema eléctrico por parte de los estados que nos permita luchar contra el cambio climático de manera democrática planteando un decrecimiento sostenible y justo para la totalidad de la población. Ninguna reforma del mercado eléctrico va a ser la solución ya que el problema es el mercado. El acceso a la electricidad asequible y democrática debe ser defendido con uñas y dientes como es el caso de la sanidad o la educación pública.