“El Sísifo ecologista”

Un problema de algunos discursos contemporáneos que se aproximan a la crisis ecosocial es su timidez a la hora de poner nombre a las cosas. En mi opinión, emplear expresiones como “modelo económico dominante” para identificar al responsable estructural de nuestra situación supone un ejercicio de vaguedad analítica. Los conceptos que usamos condicionan de partida el alcance crítico de nuestras reflexiones, así como de las alternativas que somos capaces de imaginar. ¿Qué entendemos por “modelo económico dominante”? ¿Estamos hablando del capitalismo o tan solo del neoliberalismo?

La tendencia a utilizar este tipo de eufemismos es observable entre las posiciones socialdemócratas, que depositan en el neoliberalismo la responsabilidad de los males que nos afectan. Sin embargo, una crítica ecologista de la evolución de la economía fósil acredita que la relación entre los llamados “Treinta gloriosos” (época con la que ha quedado asociado, de manera discutible, el proyecto socialdemócrata) y el neoliberalismo es más bien de continuidad histórica, no de ruptura. En el Norte global, el capitalismo con rostro humano embridó a través de una gama amplia de políticas sociales y económicas los peores efectos del libre mercado, pero su saldo ambiental fue más bien tenebroso. Un solo dato resulta abrumador: la producción mundial de petróleo se incrementó entre 1946 y 1973 en un 700%[1].

En realidad, el origen de la Gran aceleración de la crisis ecológica (o del Antropoceno, el período de la historia del planeta en el que las actividades humanas se han convertido en una fuerza geológica) se sitúa en los años de la posguerra, y mantiene una relación incuestionable con las políticas desarrollistas y crecentistas de signo keynesiano. Cuando se habla de “modelo económico dominante” como causa subyacente de la pérdida masiva de biodiversidad o del calentamiento global, se tiende a escurrir ese bulto histórico.

Por supuesto, esto no supone minusvalorar las conquistas sociales obtenidas en la estela del “espíritu del 45”, pero sí ser conscientes de la necesidad de actualizar su legado. Esa tarea se hace más complicada en la actualidad por diversos motivos, que van desde el agravamiento de la crisis ecológica (que requiere impugnar el vínculo entre políticas redistributivas, crecimiento económico y extractivismo colonial que caracterizó los Treinta Gloriosos), hasta una situación geopolítica bastante más desfavorable que la de posguerra, donde a la existencia de un contra-modelo global (aunque igualmente productivista, como el del socialismo real) se sumaron los procesos de emancipación anticolonial y la propia pujanza de las organizaciones sociales y políticas de izquierdas en los países occidentales. A lo que habría que añadir los efectos económicos y culturales sobre las sociedades “avanzadas” de fenómenos como el auge de las finanzas, la privatización de empresas estratégicas, la desindustrialización del modelo productivo, la virtualización de las relaciones sociales, la expansión del hiper-consumo o la generalización del turismo.

El modo en que los organismos internacionales han hecho un hueco a las políticas ambientales durante los últimos cincuenta años (por remontarnos a la fecha de publicación del Informe sobre los límites del crecimiento por el Club de Roma en 1972) no ha sabido, no ha querido o no ha podido desvincularse de las limitaciones implicadas por el paradigma del desarrollo sostenible, definido por el Informe Brundtland en 1987.

Aunque el Green New Deal (GND) es un concepto en disputa, que abarca posiciones que van desde el capitalismo verde más desinhibido hasta proyectos de transición eco-socialista, buena parte de sus partidarios son herederos de ese paradigma, que retoman con el objetivo de resignificar programáticamente el espacio político europeo. Sus políticas verdes se inclinan por una gestión capitalista de la crisis ecológica, que tiene en los mercados de carbono y la internalización de las externalizaciones negativas (como la contaminación atmosférica) uno de sus flancos más ominosos; una forma de hacer negocio con la catástrofe que prolonga bajo un perfil medioambiental la “destrucción creativa” característica del capitalismo.

Pero constatar el sesgo pro-sistémico de los discursos sobre la transición ecosocial no basta. Es aun más importante determinar cuáles son los factores que contribuyen a explicar por qué las cosas no han sucedido de otra manera. En mi opinión, uno de los principales problemas que afrontamos es que la consolidación del paradigma del desarrollo sostenible ha tenido como elemento corrector o impugnatorio los diagnósticos científicos sobre la dimensión de la crisis ecológica (como los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: IPCC, por sus siglas en inglés), en lugar de la politización en clave ecologista de los conflictos sociales.

Cuando hablo de politización ecologista de los conflictos sociales lo hago en un sentido preciso. Para promover una transición ecológica ambiciosa (y evitar así resultados tan desesperanzadores como los que arroja la sucesión de las COPs -Conferencias de las Partes-), es imprescindible no solo fortalecer internacionalmente la acción del movimiento climático, sino transversalizar el propio ecologismo, de forma que las reivindicaciones en el ámbito de la producción o de la reproducción sociales, así como por el derecho a la ciudad, sean dotadas de un contenido ecologista. Como ha resaltado Nancy Fraser en su “ecosocialismo trans-medioambiental”, “un ecologismo monotemático solo puede ser un ecologismo de los ricos”[2]. Desde esta perspectiva, la reconversión del sector industrial puede de ser imaginada como una oportunidad para la generación de empleos verdes de calidad, o la reforma de la ley del suelo como un modo de liberar territorio disponible para otros usos, desde resguardar la biodiversidad de los ecosistemas periurbanos hasta la instalación de equipamientos e infraestructuras destinadas a implementar la transición energética.

Decir esto puede sonar a un mero desiderátum sin anclaje sociológico real. De hecho, en las condiciones actuales, lo es. Las tasas de sindicalización en países como España se encuentran en mínimos históricos; la efervescencia de algunos movimientos sociales (como el feminismo) no siempre se traduce en políticas institucionales que satisfagan sus demandas; y la pujanza activista que han demostrado las plataformas de afectados por las hipotecas y los sindicatos de inquilinos no han tenido al alcance deseado sobre las políticas de vivienda. Para las fuerzas transformadoras, la situación de partida es profundamente desfavorable y asimétrica. Por decirlo con Raymond Williams, la “estructura de sentimiento” narcisista de la izquierda social y política nos hace perder esto de vista. Sumidos en nuestras trifulcas internas, somos proclives a confundir los adversarios reales, en un escenario en el que incluso el capitalismo verde parece una mala opción para la maquinaria de poder del negocio fósil.

Pero lo colosal del reto social, cultural y político que tenemos por delante no debería hacernos extraviar la brújula histórica. Aunque se trate de un propósito más propio de Sísifo que del ánimo desfalleciente de los seres humanos, en la guerra de posiciones y movimientos que representa la transición eco-social, debemos avanzar hasta donde sea posible en la tarea de ecologizar la política institucional (para lo cual no basta un Ministerio de Transición Ecológica con una capacidad relativa para supervisar la acción de los demás), las organizaciones sociales y los imaginarios culturales. En términos de transformación política radical (y eso es lo que necesitamos), los atajos históricos suelen ser contraproducentes.

Pese a que excede los propósitos de este artículo, merecería la pena pensar a fondo la constelación cronológica formada por la creación en 1988 del IPCC, la caída del muro de Berlín en 1989, el colapso de la URSS en 1991 y la publicación de las tesis sobre el fin de la historia de Francis Fukuyama en 1992. Por supuesto, sería absurdo acusar al IPCC de las virtudes y defectos del post-modernismo. Lo que me interesa destacar es que esa cronología marcó la secuencia histórica de retroceso de la la política de masas y de las utopías que esta trajo aparejadas durante el siglo XX. Sin desmerecer la emergencia a partir de los noventa de nuevos movimientos sociales contra la globalización neoliberal, esta inercia afectó tanto al Este como al Oeste, según describió Susan Buck-Morss.

En ese contexto, la centralidad de la ciencia en los discursos ecologistas, paralela a la sociofobia del individualismo neoliberal, ha jugado en contra de la activación política de las mayorías sociales: por decirlo en términos clásicos, el factor subjetivo de la transición ecológica va muy por detrás del objetivo. Si el ecologismo quiere constituirse verdaderamente en un contrapoder popular que tuerza el rumbo del “modelo económico dominante”, es imperativo que complemente el respaldo ciudadano de la ciencia climática (que representa un estado o clima de la opinión pública), con la constitución de sujetos políticos que impulsen de manera decidida la transición ecosocial (que tornen parcialmente Estado al movimiento climático). La legitimación de las políticas públicas ecologistas debería depender menos de los discursos científicos y más de la presión social. Si esperamos a que los bucles de retroalimentación de la crisis ecológica impongan las estrategias adaptativas como solución de emergencia será demasiado tarde para casi todo.

La parálisis social en relación a la transición ecológica se encuentra también alimentada por el hecho de que buena parte de las interpelaciones públicas del ecologismo sigan realizándose en clave moral, como si la transición ecológica dependiera de las elecciones individuales que adoptamos en ámbitos como el consumo o las alternativas de ocio. Aquí el ecologismo de los estilos de vida y la economía marginalista (donde el valor de un producto se asigna a las decisiones del comprador, no a su coste de producción) tienden a coincidir. La subjetividad colectiva que el fin de la historia hurtó a las masas sociales se confiere ahora al individuo consumidor. Así, a menudo se enfatiza que las elecciones que tomamos en un supermercado son más determinantes desde una perspectiva sistémica que las que adoptamos en las urnas. Pero el verdadero problema es la simetría que se establece entre la reducción la conciencia ecologista al consumo y la reducción de la política al voto. Sin desmerecer la importancia de uno y otro, solo una ecología que vaya más allá del consumo y una política que vaya más allá del voto están en disposición de dar una respuesta contundente a la crisis ecológica.

En relación con lo anterior, resulta particularmente inquietante observar cómo algunas versiones del decrecimiento acentúan este tipo de crítica ecologista de los modos contemporáneos de vida. Constituiría un suicidio ideológico para las fuerzas políticas de izquierda asumir ese discurso en un contexto de contracción del acceso a bienes tan básicos como la energía o los alimentos de calidad. Por el contrario, la ecología política emancipadora ha de ser más afirmativa que negativa. No se trata tanto de subrayar lo que no debemos hacer (aunque una reducción del consumo sea, en términos globales y geográficamente diferenciados, indispensable), como de destacar qué ámbitos de lo social se deben ver reforzados, incluso crecer. La sanidad pública debe crecer, la educación pública debe crecer, los empleos verdes deben crecer, los espacios de ocio comunitario deben crecer, los vínculos relacionales deben crecer, etc.

Por otra parte, lo que a menudo el ecologismo moralista identifica como elecciones de los sujetos individuales no son más que decisiones forzadas. No todo el mundo puede elegir qué medio de movilidad utiliza para acudir a su centro trabajo; tampoco está en las manos de muchas personas llenar la cesta de la compra con productos agro-ecológicos. Sin tener en cuenta esta realidad, las llamadas mesiánicas a los hábitos de vida saludables y ecológicos como motor de la transformación ecosocial no son más que profecías auto-cumplidas de sujetos privilegiados.

Algo similar podría decirse de la fe depositada en la educación medioambiental como un elemento decisivo de la transición ecológica. Aunque, sin duda, cualquier iniciativa destinada a fomentar ese ámbito de conocimiento en la enseñanza reglada e informal es loable[3], con frecuencia depositamos en la educación unas esperanzas injustificadas, como si fuera una especie de bálsamo de fierabrás que pudiera erradicar de un plumazo todos los problemas sociales y, en este caso, ecológicos. Es una mala receta proyectar sobre los planes educativos, de manera a menudo paternalista, la reversión de hábitos sociales que, con frecuencia, responden a motivaciones y limitaciones que exceden con mucho el ámbito educativo, en la línea de lo que acabo de comentar en torno al transporte y la alimentación.

Finalmente, la insistencia en determinar desde el consumo el marchamo de la transición ecológica obvia que la situación que enfrentamos demanda intervenciones políticas en un sentido fuerte. Entre otras cosas, rehabilitar el viejo concepto de planificación económica, denostado por igual por los partidarios del neoliberalismo y de las comunas rurales. El ecologismo de los estilos de vida comparte con una parte del ecologismo social su carácter anti-estatista. Uno desconfía del Estado por su intrusión en la iniciativa personal; el otro por su incapacidad para plantear planes de transición ecológica más rupturistas, al encontrarse sujeto a intereses económicos espurios. Pero el hecho de que los planes de descarbonización de la economía no cumplan nuestras expectativas refleja más bien cuál es la correlación de fuerzas real en el seno de las instituciones oficiales. Y estas son mucho más representativas de la voluntad general de lo que solemos estar dispuestos a admitir. Entre otras cosas, porque eso que llamamos Estado no es solo una estructura administrativa, sino que permea ámbitos de lo social que van desde el mundo del trabajo (el Estado es el principal empleador en buena parte de las economías más avanzadas del planeta) hasta la regulación jurídica del mundo de la vida (por ejemplo, en relación con los derechos reproductivos).

Si quiere tener alguna perspectiva de éxito, la transición ecosocial ha de implicar por tanto una dialéctica virtuosa entre la reactivación ecologista de los movimientos sociales y una acción política tan pragmática como audaz desde las instituciones del Estado (y más allá de ellas).

Notas:

[1] Bruce Pobodnik, Global Energy Shifts: Fostering Sustainability in a Turbulent Age. Filadelfia: Temple University Press, 2006, citado en Ian Angus, Facing the Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System. Nueva York, Monthly Review, 2016, p. 149.

[2] https://lapublica.net/es/articulo/ecologismo-monotematico/

[3] https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/ensenanza-crisis-ecologica-educacion-superior-propuesta_129_8708019.html