Renovables, claro que sí, pero ¿cómo y de quién?

“El riesgo de colapso social y económico es demasiado grave para no emprender la transición energética de manera inmediata y a gran escala”, se dice en un manifiesto (1) reciente en favor de la aceleración de los “proyectos de renovables en Catalunya”, un llamamiento para conseguir apoyo social y político a la instalación de placas fotovoltaicas y aerogeneradores.

“Centrales fotovoltaicas y parques eólicos -terrestres y marinos- tienen que pasar a formar parte de nuestro paisaje”. “Solo con un aprovechamiento decidido del viento allá donde más sopla y del sol donde más irradia avanzaremos hacia el ineludible cambio que encaramos como civilización”, se puede leer en este manifiesto, que de este modo deja clara la voluntad de favorecer un determinado modelo de implantación de fuentes de energía renovable. Firman el texto una serie de profesionales de diferentes ámbitos, entre ellos la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, o el director del Global Carbon Project, Josep Canadell. La iniciativa recibió el apoyo inmediato del consorcio promotor del Parc Tramuntana (BlueFloat Energy y SENER), que prevé la instalación de decenas de aerogeneradores gigantescos flotantes, más altos que la torre más alta de la Sagrada Familia (más de 200 metros de altura), a las puertas de la bahía de Roses, en el golfo de León.

No hay duda, la tramuntana sopla a menudo con fuerza en el noreste de Catalunya y es codiciada como fuente de energía también por parte de empresas como IBERDROLA, que ambiciona la instalación de otro macroparque en la misma área marítima, o como ENDESA, que prevé implantar polígonos de molinos aerogeneradores en el Parque Natural de l’Albera. Las personas que firman el manifiesto dicen que apuestan por un modelo híbrido, “donde convivirán comunidades energéticas locales con productores y consumidores que intercambian energía, con un mercado energético de gran alcance regional e internacional”. Lamentan que en los últimos años se han desestimado proyectos con una potencia de al menos 1.369 MW, pero nada dicen ni se sabe en concreto qué tipo de apoyo institucional reclaman para proyectos descentralizados, basados en el aprovechamiento de capacidades de instalaciones fotovoltaicas, eólicas e hidráulicas de proximidad, que en conjunto, según dicen investigadores suficientemente acreditados, tienen o pueden tener un potencial de generación energética enorme.

Ninguna referencia a formas de acabar con el derroche progresivo de recursos. Ninguna alusión tampoco a la titularidad de las empresas del sector de la energía. Lo que predomina de esta manera son las expectativas de negocio de los inversores, por encima de las necesidades de quienes sufren pobreza y de la preocupación por la salud del espacio natural. En este ámbito admiten la existencia de “incertidumbres” sobre el impacto de los macroparques “en aspectos concretos de la biodiversidad”, pero no pueden disimular ni disimulan, tal como explica el investigador Antonio Turiel (2), la voluntad de favorecer el proyecto del Parc Tramuntana, que prevé el anclaje a gran profundidad de macromolinos gigantescos en la zona de mayor biodiversidad del Mediterráneo (3). No mencionan siquiera la afectación sobre el territorio que tendrían los trazados de nuevas líneas de muy alta tensión (MAT).

Aseguran que los parques eólicos y solares pueden ser compatibles con las actividades agrícolas y ganaderas, pero no dejan de hacer hincapié en los “ingresos por tasas y alquileres” que recibirán los ayuntamientos y los propietarios de terrenos. Más claro no puede ser el mensaje dirigido al campesinado que lucha para sobrevivir con el cultivo de campos y la producción de alimentos.

Conviene prestar atención, por otra parte, sobre algunos significativos agentes que piden la firma del manifiesto a través de redes sociales. Cuesta creer que los planes de aprovechamiento y distribución de energía puedan ser respetuosos con la naturaleza si se realizan bajo el criterio de los mismos que defienden la intensificación del tráfico aéreo, la explotación del agua como negocio o una industria del ocio desmesurada e insostenible en las costas y en la montaña. La protección del medio ambiente no parece una prioridad, por ejemplo, para los partidarios de la ampliación del aeropuerto de Barcelona sobre los espacios naturales del delta del Llobregat. Tampoco parecen muy sensibles a la destrucción del entorno natural los defensores de las inversiones en el Pirineo para la celebración de juegos olímpicos de invierno (sin ahorro de nieve artificial, hay que suponer), o quienes potencian la construcción del megaproyecto turístico Hard Rock en el Tarragonès, sobre terrenos expropiados al campesinado y actualmente protegidos por la Red Natura 2000. Todos ellos parecen creer que la economía va bien si el territorio se llena de más hormigón, más asfalto y más construcciones.

Parecen todos dispuestos a mantener el “pie en el acelerador” en la “carretera hacia el infierno climático” descrita recientemente por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. “Nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible”. “La humanidad tiene una opción: cooperar o morir”, dijo el pasado noviembre en el marco de la Conferencia COP27. Las advertencias eran llamativas, pero no nuevas, En realidad Guterres no hizo nada más que remarcar lo que los científicos señalan desde hace décadas sobre las consecuencias catastróficas de la sobreexplotación de recursos naturales. “La comunidad científica venía alertando sobre los riesgos ambientales desde mucho antes que estos aparecieran en la agenda política internacional”, ha constatado Cristina Narbona (4) en la ponencia inicial de este debate abierto por Espacio Público. Las contribuciones publicadas están llenas de advertencias, recomendaciones y reflexiones sobre transición ecológica desde diferentes perspectivas.

Desgraciadamente las señales de alarma no han servido para mucho más que para constatar el incumplimiento de compromisos. En la COP27 se puso en evidencia una vez más esa realidad cuando se comprobó que finalizaba sin manifestación de voluntad firme y conjunta de atacar las causas del cambio climático.

Los participantes en la Conferencia no llegaron a ningún acuerdo en este sentido, no porque negaran la evidencia del calentamiento global, o porque cuestionaran, como todavía hacen algunos fanáticos, que la actividad humana se encuentra en el origen de este fenómeno, sino porque sus gobiernos son rehenes de un sistema irracional, basado en el crecimiento económico indefinido y la búsqueda permanente del máximo beneficio por parte de los amos de la riqueza.

En realidad estos propietarios no pueden negar la evidencia. Muchos han tomado conciencia no solo de algunos de los efectos de la economía basada en el extractivismo sino también de los costes energéticos crecientes de los combustibles fósiles y de su agotamiento progresivo. Por eso muchos dirigen sus miradas hacia las oportunidades de negocio que pueden encontrar en otras fuentes de energía.

Consideran los megaproyectos energéticos destructores de territorio como necesarios, porque piensan que la transición energética tiene que ser compatible con el actual sistema de producción y consumo. Un sistema, que conocemos como capitalismo, incapacitado a todas luces para solucionar los problemas que genera.

Parece evidente que hay que cambiar, pero hoy muy poca gente se atreve a entrar en precisiones sobre qué nuevas estructuras se pueden construir, qué otras relaciones y formas de producción se pueden establecer y qué otros hábitos de consumo se pueden propiciar. “Hay que caminar hacia una sociedad con capacidad de generar una nueva forma de vida con valores y cultura alternativos al del lucro individualista” (5), afirma Manuel Garí en un texto repleto de propuestas.

Durante el siglo pasado se reflexionó a fondo sobre este objetivo igualitario. Se pensó mucho, se escribieron miles y miles de estudios, teorías y análisis sociológicos, y se aplicaron políticas que hipotéticamente tenían que acabar con la irracionalidad. Las ambiciones de los administradores y el consecuente totalitarismo abocaron al fracaso las experiencias socializantes, pero aun así, hoy, no podemos dejar de constatar que faltan voces que señalen la necesidad de un cambio radical de relaciones económicas y sociales que haga posible que la razón se imponga por encima de los instintos más primarios de dominación que, como ha escrito Jorge Riechmann, nos han llevado a “vivir como si no hubiese límites biofísicos (en un planeta finito cuyos límites hemos traspasado ya)” (6). Gobernantes, representantes políticos, administradores, sindicalistas e intelectuales del siglo XXI no se atreven a plantear una alternativa que pueda poner en cuestión el poder del capital.

No la plantean, obviamente, dirigentes conservadores, que persisten en el negacionismo de la emergencia climática. Algunos, como la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tomado posición de manera tan grotesca que, si no fuera porque el tema es tan dramático nos partiríamos de risa.

Otros, sin embargo, que hoy se identifican como “progresistas”, defensores de un progreso no definido, se adaptan a la lógica de los mercados financieros, que pintan los fondos de inversión de color verde para obtener el mejor provecho de una transición energética que no explican. Entre ellos se encuentran no pocas personas que hace no mucho tiempo participaban de alguna manera en organizaciones que aspiraban explícitamente en favor de otro orden económico y social, el socialismo.

Esta palabra se convirtió en nombre propio. Sirve para designar algunas entidades y partidos con raíces históricas. Convendría recuperar su significado como proyecto social, en el cual la producción, distribución y suministro de energía, como otros sectores estratégicos de la vida económica, deberían dejar de regirse en función de tasas de rentabilidad para unos pocos, para convertirse en actividades no depredadoras, controladas por entidades de titularidad pública, bajo estricto control democrático.

Tendría que resultar incuestionable en nuestro tiempo la reivindicación en voz alta de un anhelo tan sensato.

Notas:

1. Renovables o una Catalunya a la cua. Panorama, diciembre 2022.

2. Antonio Turiel. El manifiesto que nadie pidió. CTXT, 8 diciembre 2022.

3. Marta Ball-llosera. ‘No miris a dalt’ a la catalana. El Punt Avui, 18 de noviembre 2022.

4. Cristina Narbona. Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia. Espacio Público, 28 junio 2022.

5. Manuel Garí. La imposible transición ecológica (bajo el capitalismo). Espacio Público, 2022.

6. Jorge Riechmann. Sobre las dificultadas de la transición ecológica. Espacio Público, 2022.