Iluminando al vampiro

Durante un acto reciente en el Parlamento de Cantabria, de revisión del Pacto contra la Pobreza, debatíamos sobre qué puede hacer una Autonomía para frenar el TTIP no siendo materia de su competencia. Es cierto, no es competencia directa del gobierno autonómico decidir sobre la firma de un Tratado internacional, pese a que ese Tratado vaya a tener una influencia directa en su ciudadanía y vaya a restringir la autonomía de nuestro nivel de gobierno. Pero sí es nuestra obligación dar toda la información disponible a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que puedan tomar posición al respecto. Y no se está haciendo.

Por lo dramático de las consecuencias de este Tratado en nuestras competencias, no soy capaz de entender la ausencia de campañas institucionales que nos expliquen a todos y todas las cántabras qué consecuencias tendrá la firma del mismo en nuestra tierra. ¿Qué pasará con el precio de la leche? ¿Y con el fracking?

Hay muchas preguntas, pero la respuesta es común para todas: legislar protegiendo los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas nos va a costar una verdadera fortuna. Nos va a costar tanto dinero que nos inhibirá a la hora de hacerlo. Tanto dinero que, aunque quisiéramos, no podríamos permitírnoslo.

Es triste. Es muy triste pensar que has sido elegida para defender en un hemiciclo las necesidades e intereses de tus vecinos y vecinas, pero que al final será un tribunal privado de orden supranacional quien en el fondo decidirá que políticas impulsarás o no. Corrijo: qué políticas puedes permitirte económicamente impulsar.

Porque este Tratado impone un tribunal privado ante el que las multinacionales, y solo las multinacionales, podrán denunciar cualquier medida o política tomada por los gobiernos nacionales, autonómicos o municipales y que consideren que puede reducir sus beneficios. Un tribunal para uso privado de las multinacionales pero cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento para los gobiernos.

Esperemos no tener que incluir en los presupuestos para 2017 un nuevo capítulo que se llame “indemnizaciones por legislar” en el que año a año acordemos una cifra que poder gastarnos en indemnizaciones a multinacionales. Y no, no es una exageración ni una locura.¡Que se lo pregunten a Egipto! ¡O a Quebec! ¡O a Ecuador!

Desgraciadamente tenemos demasiados ejemplos. En el caso egipcio, el gobierno fue denunciado por Veolia por subir el salario mínimo, uno de los pocos logros de la primavera árabe de 2011. ¿Perpetuamos la pobreza y el trabajo con salario precario, o pagamos a una multinacional para poder aumentar el salario?

En Quebec el problema fue medioambiental. Se les ocurrió defender su tierra con una moratoria al fracking que impedía a Lone Pine perforar en la cuenca del río San Lorenzo. 250 millones de dólares pedían a cambio. ¿Os imagináis que nos piden en Cantabria 250 millones de euros si aprobamos retirar el permiso de Luena? ¿O el de Bezana-Bigüenzo?

Dudo mucho que la situación económica en la que nos encontramos nos permitiera, siquiera, planteárnoslo. Otro ejemplo sangrante es el de Ecuador, donde Occidental Petroleum ganó un contencioso al Gobierno por valor de 1.800 millones de dólares ante un tribunal privado por negarse a permitir la perforación para buscar hidrocarburos en una zona natural protegida. En Cantabria el 21% del territorio pertenece a Red Natura 2000. ¿Permitimos que perforen en nuestros parques para no tener que indemnizarles? Este tipo de Tratados que acuerdan tribunales privados inhiben el deber de los gobiernos de proteger el interés de la ciudadanía.

Es tan opaco y soez este Tratado, tan alejado de las necesidades y derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que hace de la opinión de Susan George la clave para luchar contra él, sobre todo a nivel autonómico: “Es un Tratado vampiro, que morirá si ve la luz”. Y con esta idea en la cabeza estamos presentando mociones desde Podemos en los distintos Parlamentos Autonómicos y en muchos municipios. El primer gran paso contra el TTIP es colocarlo en la agenda.

Que se hable de él. El segundo, conseguir que los municipios y las autonomías denuncien su oposición al mismo e insten al gobierno nacional a tomar medidas al respecto. El tercer paso, movilizarse. Es un gran orgullo ver compañeros y compañeras marchando hacia Bruselas, ver fotos suyas retenidos bajo la lluvia durante varias horas luchando por todos y todas los que no hemos podido ir. ¿Y el siguiente paso? Coordinarnos y reclamar lo que es justo. Que nuestros gobiernos nos defiendan en Europa. Y que en todo caso nos consulten antes de firmarlo.