Negociación y mito

La comunicación que ha acompañado la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) ha resultado a todas luces deficiente. La Comisión Europea ha echado el resto no por imbuir el proceso de la claridad y transparencia que reclama la ciudadanía, sino por intentar contrarrestar y debilitar los argumentos de aquellos/as que se oponen al Tratado.

Ante el éxito creciente de la campaña que exige poner fin a la negociación, el debate se ha querido presentar como una confrontación entre dos posturas antagónicas, de las cuales una se basa en hechos y es por tanto ‘realista’, mientras la otra se basa en ficciones y es propensa al ‘mito’.

Habida cuenta de que lo que separa el mito de la realidad es la ‘información’ y de que ésta es gestionada por la Comisión con enorme secretismo, esta estratagema resulta parcial y abusiva. Parcial, porque tampoco la postura favorable a un acuerdo de la complejidad del TTIP puede basarse en hechos, sino tan sólo en cálculos y proyecciones. Abusiva, porque la opacidad que reviste el acuerdo es instrumentalizada para desvirtuar los argumentos de quienes exigen el acceso a las propuestas y al texto y reclaman que deje de hurtárseles un debate público que afecta de lleno a sus derechos como consumidores, ciudadanos y trabajadores/as.

La lógica ‘persuasiva’ que utiliza la Comisión, sitúa así a la ciudadanía como un sujeto pasivo y rompe frontalmente con la vocación democrática de un proyecto europeo cuya credibilidad ya ha sido suficientemente dilapidada con la gobernanza económica y la política de consolidación fiscal. Las ventajas y beneficios del TTIP son presentados hasta tal punto como incuestionables, que quienes parece adentrarse en el terreno de la mitificación son antes aquellos/as que se han reservado el monopolio sobre el ‘realismo’ o la ‘facticidad’, que los/las que se oponen al actual proceso de negociación.

Es propensa a la mitología la ideología que inspira la deriva neoliberal que ahoga Europa y que se basa en axiomas indemostrados como la eficiencia de los mercados y lo son también los principales argumentos que se plantean a favor del Acuerdo.

El primero de ellos que el TTIP es imprescindible en el marco de un supuesto pulso geopolítico con las potencias emergentes. A diferencia de los EEUU, la UE tiene un balance comercial positivo. Si hiciera frente al fraude, la evasión y la elusión fiscal que le cuesta cerca de un billón de euros anuales (tres veces la deuda griega) podría impulsar además con fuerza la inversión pública precisa para desarrollar su modelo social y para transformar su modelo productivo.

En segundo lugar, se aduce que el TTIP creará empleo y riqueza. El optimismo de la Comisión parece infundado cuando los estudios ex ante encargados por ella sitúan unas mejoras muy limitadas y aquellos que utilizan modelos alternativos como el Global Policy Model de NNUU, prevén pérdidas importantes, también en puestos de trabajo. La economía de escala que introduciría el TTIP afectaría, con especial saña, a la pequeña y mediana empresa, y a las peor posicionadas en innovación y desarrollo.

En el caso del estado español esto podría afianzar la tendencia actual a competir en base a salarios bajos y ahondar en la precarización del empleo y en la terciarización del tejido productivo.

Otro de los lugares comunes de la ‘mitología’ difundida por la Comisión sobre el TTIP es aquel que dice que este acuerdo no afectará a los estándares medioambientales, alimentarios o laborales. Cuando se prevé que el 80% de los beneficios corporativos sean fruto de la desregulación, parece harto improbable que en un entorno competitivo se mantengan los estándares más altos.

Esto cobra especial relevancia cuando los EEUU han firmado tan sólo 14 de 189 convenios de la OIT y tan sólo 2 de 8 fundamentales, no ratificando los de negociación colectiva, libertad sindical o discriminación en el puesto de trabajo.

Finalmente está el que tal vez sea el mito más procaz de los utilizados por la Comisión, aquel que plantea que el tratado refuerza el proyecto europeo. La arquitectura institucional de la UE ha dado suficientes pruebas de sus déficits estructurales en la gestión de la crisis como para poder permitirse una distracción del calado del TTIP.

La falta de liderazgo político y la carencia de solidez en el gobierno económico condenan a la UE a una posición subalterna en un envite que la empareja con un socio perfectamente organizado y que persigue con el Tratado una estrategia geopolítica que no se corresponde con los intereses de la ciudadanía europea.

Si la gobernanza económica ha desfigurado los valores y derechos que componen su modelo social, el Acuerdo Transatlántico diluye en la marea atlántica el mercado interno europeo, que en términos económicos supone su principal potencial.

La soberanía que se ha transferido de los estados a la Unión se pretende trasladar ahora, mediante mecanismos como el Consejo de Cooperación Regulatoria o el ISDS, a la iniciativa de unas transnacionales que, tras ganar la batalla fiscal, ahora pretenden aprovechar la debilidad del gobierno europeo para hacerse con la capacidad normativa y judicial.