TTIP y derechos laborales

El 23 de Julio de 2014, el Consejo y el Parlamento Europeo promulga un Reglamento de desarrollo del artículo 3 del Tratado de Lisboa, que allana el camino para los Tratados de Libre Comercio (TTIP, TISA, CETA) que actualmente se están negociando entre EEUU y la UE y la UE con Canadá. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las inversiones extranjeras directas figuran en la lista de materias que forman parte de la política comercial común.

En el artículo 3 de dicho Tratado dice:“La Unión dispone de competencia exclusiva en materia de política comercial común”. El Tratado de Lisboa contempla también que la protección de las inversiones pueden incluir un mecanismo de resoluciones de litigios entre inversores y estado que permitirá a un tercer país (transnacionales asentadas en dicho país), la formulación de reclamaciones contra cualquier Estado. La firma del Tratado de Maastricht y la posterior entrada en vigor del euro en 2002, con la obligación de cumplir el Pacto de Estabilidad, cerrará el círculo del proyecto neoliberal que marca la hoja de ruta que subyace en el andamiaje de construcción de la UE.

La Carta Europea de los Derechos Fundamentales, la Carta Social, de no obligado cumplimiento, se desligo del Tratado de Lisboa. En esta Carta, como su nombre indica, se reconocen todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos laborales y sindicales, el derecho de huelga y la libertad sindical, derechos esenciales y fundamentales de los trabajadores y del sindicalismo europeo, que hoy no sólo se encuentran amenazados, sino que son vistos como contrarios a los principios fundamentales del modelo de construcción de la Unión Europea, la libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios.

La receta de la globalización que se implementa a partir de la crisis de los años 70, como respuesta de la ideología neoliberal a la recesión de aquellos años, con objeto de reactivar la acumulación capitalista, está intrínsecamente ligada a la actual crisis. Con la internacionalización y desregularización de la economía, al romper toda las barreras de reglamentación establecidas sobre el sistema financiero, cuya consecuencia ha sido la especulación salvaje de este mercado, nos ha llevado, con el estallido de la burbuja financiera, a la actual situación que no es otra cosa que una de las crisis sistémicas cada vez más virulentas del sistema capitalista.

Con los Tratados de Libre Comercio e Inversión, (TTIP, CETA,TISA), el neoliberalismo pretende reactivar de nuevo la voracidad del gran capital, desregularizando todas las esferas de la vida y creando la zona de libre comercio más grande del mundo al servicio de las Corporaciones. Una nueva vuelta de tuerca a costa de los derechos laborales y sociales y del empobrecimiento de los pueblos, poniendo a disposición de las transnacionales los segmentos susceptibles de generar beneficios económicos que todavía no están bajo el control del capital privado.

El TTIP, el CETA, y el TISA, son las herramientas necesarias para llevar a cabo estas políticas de concentración y globalización que ponen el poder económico y político en manos de las transnacionales y del mercado financiero. Estos tratados se negocian de forma opaca y en secreto, excluyendo a los pueblos y parlamentos de los distintos Estados de la UE y tienen como objetivo la desestructuración del tejido productivo local, social, ambiental y laboral, como método para reactivar las tasas de acumulación y beneficios del capitalismo financiero y transnacional.

CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES

Según el gobierno de EEUU, con el TTIP se crearían millones de puestos de trabajo. Existen estudios que hablan de la creación de 750.000 empleos y de un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la UE de entre el uno y y el 0,5 por ciento hasta el año 2.027, pero la misma Comisión lo reduce al 0,1. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y metalúrgico.

Un estudio encargado por la Comisión Europea a un organismo “independiente” (Centro de Investigación de Política Económica), financiado por bancos como el Deutsch Bank y JP Morgan concluyen que se crearían unos 400.000 puestos de trabajo y habría un crecimiento de la producción de riqueza de 120.000 millones de euros anuales en la UE y de 95.000 millones en los EEUU, pero esto está muy alejado de la realidad, porque han utilizado una metodología basada en un modelo hipotético de mercado perfecto.

Un estudio alternativo y crítico con el anterior, con una metodología utilizada por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado por la Universidad de Tufts afirma, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos público.

Si analizamos los impactos del NAFTA veremos que con toda probabilidad el resultado será negativo para las clases medias y populares. Así, se decía que se iban a crear 20 millones de puestos de trabajo y se perdieron un millón, la mayoría en EEUU, como consecuencia de las deslocalizaciones de las empresas estadounidenses.

En México se deterioraron las condiciones de vida y trabajo y aumentó la pobreza. Desde entonces el 60 por ciento de los trabajadores están en el sector informal; muchos de los 15 millones que trabajaban en el subsector agrario del maíz tuvieron que emigrar y otros trabajan en otro sector, haciendo más horas y cobrando menos salario, debido a la invasión del maíz transgénico producido en EEUU con precios artificialmente bajos, que acabó con la producción y las variedades autóctonas, cuando desde tiempos inmemoriales en México estaba instaurada la cultura del maíz. Además, se redujo el crédito a las PYMES.

En definitiva, enriqueció a las empresas transnacionales y hundió en el trabajo precario, en la desigualdad y la pobreza a cientos de miles de mexicanos.

En lo que se refiere a los derechos laborales y sindicales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja. En Estados Unidos los derechos laborales y sindicales brillan por su ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados, al menos formalmente.

EEUU solamente ha firmado dos de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),los contrarios al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.

La no armonización en mínimos básicos (salarios mínimos, jornadas, condiciones de trabajo) posibilita tanto el dumping laboral, como el social y facilita “la libertad absoluta del capital para movilizarse, allí donde los costes laborales son o bien más bajos o bien las legislaciones laborales nacionales son más liberales o permisivas”.

Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los laborales,sindicales y de salud), sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.

Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o empleabilidad), en lugar de trabajo. Se ha implantado el llamado Workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión por parte de los parados (desde una visión neoliberal se responsabiliza a los desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico que produce paro, pobreza y desigualdad), que también se denomina paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo. Dentro de la pérdida de derechos laborales que traería consigo la firma del TTIP-CETA_TISA, el segmento de población femenino, ya altamente precarizado, va a ver reducidos drásticamente sus derechos laborales, que tanto ha costado conseguir.

EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo.

El CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer) fue aprobado el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.

Este Tratado en su preámbulo establece:

…”la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz."

Las empresas europeas, y por ende las españolas, que tuvieron que aceptar la normativa sobre derechos de la mujer en el ámbito laboral, podrían ahora, si se firman los tratados, en aras al beneficio empresarial eliminar las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad y la igualdad, como costes que perjudican el comercio.

El impacto de desmantelamiento de la normativa de protección laboral y los drásticos recortes sociales que se producirían como consecuencia de la firma de estos Tratados en toda Europa, será especialmente virulento en una economía como la del Estado Español, sin proyecto ni autonomía y con un tejido industrial desmantelado y dependiente.

Esta es la situación laboral que se implantaría en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.