No podemos cometer los mismos errores que en Centroamérica

El rechazo ciudadano al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la EU (TTIP) se hace cada vez más patente a lo largo y ancho de Europa. Hace un par de semanas se entregaban a la Comisión Europea más de 3 millones de firmas para pedir la eliminación de tratados como el TTIP y el CETA, el acuerdo comercial entre Canadá y la UE pendiente de ratificación.

La semana pasada se constituyó como el escenario de centenares de acciones de protesta contra estos tratados. España no se ha quedado al margen, con la organización de actos por toda la geografía española.

Los temores relativos a las consecuencias que puedan tener este tipo de tratados de libre comercio e inversiones se basan en la experiencia de multitud de acuerdos similares, ya en vigor, firmados entre estados o regiones de todo el mundo. Amigos de la Tierra, con la colaboración OMAL – Paz con Dignidad, aporta nuevas evidencias del desastre ambiental y social que puede llegar a representar este modelo de relaciones comerciales. En un reciente informe (1) demuestran cómo la UE fortalece las leyes de comercio para proteger la expansión de sus transnacionales en la región centroamericana mediante acuerdos comerciales, creando un entramado jurídico y político que blinda los intereses de éstas, por encima de los intereses sociales, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

A día de hoy los mecanismos que emplea la UE responden a 56 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre países europeos y centroamericanos, y al Acuerdo de Asociación firmado entre las dos regiones, lo que ha generado un marco favorable a la entrada de las transnacionales. Una situación que no ha pasado desapercibida por las multinacionales europeas, especialmente las del sector de la electricidad, que se han hecho un hueco en el mercado, tanto de la generación como de la distribución. Las más importantes son la italiana Enel/ Endesa, la francesa GDF Suez, la británica Actis Globeleq y la española Gas Natural Fenosa.

La implantación de estas empresas en la región centroamericana va asociada a los consecuentes impactos ambientales y sociales que contradicen los discursos oficiales de progreso y desarrollo. Las comunidades afectadas denuncian el saqueo de los recursos naturales, la precariedad laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, las víctimas no encuentran respuestas en los tribunales, sean estatales o internacionales, y se ven obligadas a buscar vías de justicia alternativa, en particular ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Así las empresas españolas Gas Natural Fenosa e Hidralia y la italiana Enel han sido denunciadas ante este tribunal popular por sus prácticas destructivas en Centro América.

Al contrario las transnacionales tienen a su alcance, no sólo la propia justicia estatal, sino también los tribunales de arbitraje internacionales (conocidos como ISDS) propios de los acuerdos comerciales. A través de este mecanismo denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus inversiones e intereses. Hasta la fecha se elevan a 25 las demandas interpuestas por multinacionales a países centroamericanos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dos de ellos con empresas energéticas europeas: en 2009 Iberdrola demandó a Guatemala con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas y, en 2013, la italiana Enel denunció a El Salvador por la paralización de un proyecto geotérmico cuando el gobierno detectó irregularidades.

Una vez más, se pone claramente de manifiesto cómo los tratados de comercio e inversiones establecen un marco totalmente asimétrico entre las transnacionales y la ciudadanía. Mientras los beneficios son para las primeras, los impactos ambientales y sociales son para el conjunto de la sociedad. Mientras las primeras están blindadas jurídicamente, la segunda no tiene dónde acudir para defender sus derechos.

Estas conclusiones no pueden dejarnos indiferentes. Europa debe revisar en profundidad su política de expansión exterior y apoyar un tratado internacional vinculante de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por otra parte, debe renunciar a la firma del TTIP y a la ratificación del CETA, así como a otros acuerdos comerciales similares.

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(1) Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica