Tratados internacionales y servicios públicos

El pasado mes de junio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en relación con el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés, o Tratado de libre comercio e inversión). La resolución fue elaborada por el grupo de comercio de la Comisión y contó con el apoyo mayoritario de conservadores, liberales y socialistas.

El texto no estuvo exento de polémica y discusión en el debate, tampoco en su elaboración,pues en él se excluían del tratado ciertos servicios públicos, pero no todos. Frente a las protestas de organizaciones de la sociedad civil, incluido el sindicato Comisiones Obreras, la respuesta de la Comisión siempre es la misma: la competencia para organizar los servicios públicos es potestad de cada Estado Miembro y, por lo tanto, cada país es libre de decidir si los servicios que deben prestarse a la ciudadanía, y que conforman uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar, ostentan titularidad pública o privada.

Ahora bien, a nadie se le escapa que la Unión Europea ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años su corriente más neoliberal. De hecho, en marzo de 2014 se aprobó definitivamente la nueva directiva sobre contratación de servicios públicos, en la que se amplían las condiciones que permiten establecer contratos de concesiones a grandes y pequeñas empresas.

El objetivo último europeo tiene mucho que ver con entender que los servicios son un negocio con el que se puede comerciar y no un derecho de ciudadanía. De hecho, uno de los argumentos más utilizados es que el 19% total del PIB proviene de los servicios públicos y que, la apertura de los mismos, sería una oportunidad para salir de la crisis económica.

Esta concepción sobre los servicios entendidos como un bien comercial se ha venido fraguando durante años a espaldas de la ciudadanía. De hecho, la idea de firmar un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea se viene discutiendo desde los años 90 pero no alcanzó el suficiente acuerdo político hasta el año 2011.

En el encuentro anual mantenido entre la UE y EE.UU. en noviembre de 2011, se creó un Grupo de Trabajo de Alto nivel para el Empleo y el Crecimiento. El objetivo era el de desarrollar estrategias que incrementaran los acuerdos y la inversión y, según ellos, promover la creación de empleo, la competitividad internacional y el crecimiento económico.

Este grupo de trabajo presentó su informe final el 11 de febrero del 2013, informe que sucede a otro intermedio de 18 de junio de 2012, y que se ha basado en consultas con representantes de varios intereses, empresarios fundamentalmente, sin incluir a la sociedad civil y mucho menos al mundo del trabajo.

Llegaron a la conclusión de que había que comenzar a negociar un acuerdo trasatlántico ya que presumiblemente sería el vehículo para alcanzar los objetivos marcados políticamente a ambos lados del Atlántico. ¿Cuáles eran estos objetivos? La eliminación de las pocas barreras arancelarias que quedan relativas al comercio de bienes, servicios e inversión.

Con respecto a los servicios, plantearon abiertamente que “el objetivo debe ser el de obligar al más alto nivel de liberalización que cada lado ha logrado en los acuerdos comerciales hasta la fecha”. También recomendaron que las negociaciones deben mejorar “las oportunidades de negocio a través de la mejora sustancial del acceso a oportunidades de contratación pública en todos los niveles de gobierno, sobre la base del tratado nacional”.

Dos días después de su publicación, Barack Obama, Herman Rompuy y el presidente de la Comisión Europea de aquel entonces, Durao Barroso, anunciaron que en base a las recomendaciones del grupo de trabajo mencionado anteriormente, se comenzaría a negociar, eso sí, sin luz ni taquígrafos.

Los casi tres millones de firmas recogidos por la sociedad civil organizada, entre asociaciones, movimientos ciudadanos, partidos y sindicatos, no parecen ser suficientes para que la Comisión Europea retroceda en el intento por sacar adelante este acuerdo, recientemente refrendado en el Parlamento Europeo este junio, donde se aprobó una resolución sobre el TTIP con la inclusión de la cláusula ISDS (arbitraje de diferencias entre estado e inversor) en la que se daba el visto bueno a la propuesta de creación de un Tribunal Internacional para resolver los conflictos entre Inversor y Estado y que demuestra una vez más el poder de los lobbies en Bruselas.

Paradójicamente, esta cláusula es también rechazada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos que recientemente ha planteado que la UE tiene un problema relacionado con la inversión en futuros tratados. Esto pone de manifiesto el fin último de las multinacionales que es el de operar en los diferentes Estados con una hoja de ruta bien marcada y si es posible al margen de los poderes constitucionales, tanto nacionales como supranacionales.

Llegados a este punto, conviene recordar, por su trascendencia, que encima de la mesa hay otros dos tratados de libre comercio: Por un lado el CETA, Canadá and Comprehensive Trade Agreement, negociado con Canadá y pendiente de aprobación y ratificación por parte de los Estados Miembros, y cuyos postulados plantean abiertamente la posibilidad de los gobiernos de modificar la legislación como mejor convenga a las leyes del comercio internacional, todo desde un óptica política y descaradamente correcta.

¿Promoverá la Comisión su ratificación Estado por Estado ahora que Syriza ha ganado las elecciones o pasará de soslayo?

Por otro lado, el gran desconocido, por lo menos para la gran parte de la ciudadanía: el TISA, Trade in Services Agreement, o Acuerdo para la Inversión en Servicios.

Sobre este último se sabe muy poco, puesto que está siendo negociado de manera opaca e imprecisa, pero tendría la clave para impedir la recuperación para la gestión directa de servicios públicos que han sido privatizados.

El TISA limitaría y quizá incluso prohibiría la remunicipalización, ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran la gestión directa o en exclusiva de los servicios, o en su caso formas de prestación de servicios similares “no competitivas”. La sociedad debería estar muy vigilante al respecto de lo que ocurra en relación con el TISA. Nos jugamos mucho en ello.

No existe ninguna posibilidad de construir y mantener un Estado social y de derecho, del que forme parte el Estado de bienestar, sin los servicios públicos. Servicios públicos que han sido la argamasa para el progreso en Europa consolidando el denominado "modelo social europeo", el cual encarna las señas de identidad de las sociedades europeas más avanzadas y que en nuestro país está más amenazado que nunca, pues la ideología más montaraz, liberal y conservadora está atropellando el derecho de ciudadanía que la sociedad posee a unos servicios de calidad y cercanos, y ahondando en el desprestigio, deterioro y abandono de las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios públicos.

Una sociedad moderna, igualitaria, que quiere construir una convivencia digna para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales, es una sociedad en la que la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida, unos cimientos sobre los que debe levantarse todo el edificio social que nos acoge como personas y nos eleva a la categoría de propietarios de derechos de ciudadanía, de personas con futuro.

Para concluir, el principal reto que enfrentamos como organización es trasladar al conjunto de la ciudadanía, de la que forman parte las trabajadoras y trabajadores, la amenaza los diferentes servicios que se prestan en nuestro país, si se procede a la firma de estos tratados, y las consecuencias laborales en términos de pérdidas de empleo y de derechos laborales al ratificarse unos acuerdos con un país como EE.UU., que sigue sin ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

La defensa de la justicia social, el empleo digno y con derechos, los servicios públicos, el Estado del bienestar y estar a favor de que sean los Estados y su gente los que regulen las reglas del juego y no las multinacionales, constituyen señas de identidad con las que nos sentimos comprometidos.