¿Para qué servirán los Ayuntamientos si el TTIP, el CETA o el TiSA son aprobados y ratificados?

La ciudad de Barcelona se ha declarado contraria al TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), a propuesta de la campaña Cataluña NO al TTIP, y con el apoyo de los grupos municipales, Barcelona en Comú, ERC y la CUP, únicos votos favorables a la misma, pero suficientes al haberse abstenido CIU y PSC. Y lo cierto es que la propuesta incluía otros dos tratados, el TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) que se negocia entre 22 estados y la Unión Europea, y el CETA (Acuerdo Integral Económico y de Comercio con Canadá), pendiente de ratificación.

Todos forman parte de una nueva generación de tratados de comercio e inversión transnacionales que amenazan la autonomía municipal y nacional. Estos tratados son negociados prescindiendo de la participación ciudadana, pero con una importante colaboración de las multinacionales, por ello, es necesario que las instituciones locales informen a la ciudadanía de cómo les pueden afectar estos tratados, y exijan a las instituciones nacionales y europeas la transparencia en las negociaciones.

La declaración aprobada se fundamentó en "la defensa de los servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social", porque estos tratados facilitarán las privatizaciones de los servicios públicos mediante su externalización o cualquier otra de las diversas formas de privatización, propuestas de acuerdo con los dogmas neoliberales, en busca de rentabilidad económica, e impedirán su posterior remunicipalización, al incluir la llamada "cláusula trinquete".

Por la cual, lo cedido, será lo perdido, puesto que si se quisiera recuperar la gestión de alguno de los hospitales, guarderías, escuelas, agua, energía, con la finalidad de garantizar una vida digna a la ciudadanía, esto no sería posible, ya que los inversores transnacionales, a través de demandas indemnizatorias (ISDS), impondrían a los estados receptores de la inversión unos costes multimillonarios, que difícilmente las maltrechas economías de los estados podrían afrontar, más aún si cabe dadas las restricciones presupuestarias, financieras y monetarias que imponen los tratados europeos a los estados miembros de la UE.

El ISDS es un mecanismo de resolución arbitral de conflictos que los inversores extranjeros pueden utilizar contra las actuaciones normativas de los Estados receptores de la inversión, y no al revés (los estados no podrán demandar a los inversores: es un sistema unidereccional). Es decir, los inversores extranjeros podrán demandar a los estados receptores de la inversión ante tribunales arbitrales, constituidos ad hoc para cada demanda, por miembros de destacadas firmas internacionales de abogados especializados en este tipo de litigios que transforman la justicia en negocio. Dichas demandas podrán interponerse contra:

1) La discriminación que puedan sufrir ante los inversores locales o nacionales en la contratación pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones.

2) La expropiación directa o indirecta. Es el caso de las demandas contra los cambios en la legislación sobre las energías renovables realizada por el gobierno de España, por la que los inversores extranjeros se sintieron expropiados de sus beneficios al no haberse mantenido la anterior legislación.

3) Lucro cesante derivado de cualquier acción pública que pueda perjudicar la obtención de beneficios por los inversores extranjeros hechas en el municipio. Semejante al caso Castor, almacén de gas submarino situado en las costas de Vinaròs, cerrado por el gobierno para proteger a la población, después de producirse más de 500 seísmos, y donde el Estado quedó obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS. En este caso la indemnización estaba prevista en el contrato suscrito entre el gobierno y la empresa. Con el TTIP y el CETA, los inversores extranjeros ni siquiera necesitarán que dicha cláusula este en el contrato.

Además, en la declaración se ha tenido en cuenta la pretensión de estos tratados de rebajar las regulaciones que protegen los derechos de los trabajadores, de los consumidores, el medio ambiente y la soberanía democrática, en favor de unos pocos, los inversores extranjeros. Con las que supuestamente, quieren aumentar las exportaciones, promover el crecimiento, y crear empleo. Pero una reducción de dichas regulaciones, lo más seguro es que perjudique a los trabajadores, a los consumidores, al medio ambiente, y a la democracia, como ha pasado con el NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte).

Por otra parte, es muy dudoso que estos tratados beneficien a las PYMES, ya que el TTIP, el TiSA y el CETA impondrán el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales impidiendo el desarrollo de políticas de impulso a la economía local. Así, las multinacionales podrían participar en los concursos convocados por los Ayuntamientos y hacerse con los contratos públicos, al gozar de mayores ventajas comparativas que las empresas locales, y podrían controlar a las autoridades municipales en la gestión de ayudas y subvenciones, mediante la amenaza de demandas arbitrales.

Además, las multinacionales aprovechándose de unas mayores economías de escala, ofrecerán sus productos a precios más bajos, e impondrán un modelo económico basado en la competitividad y bajos salarios, lo que supone una amenaza a la supervivencia de las empresas locales. Porque las PYMES que no consigan vender lo que producen no podrán obtener beneficios ni cubrir costes, y no podrán ni mantener ni generar puestos de trabajo, y aquellas que sobrevivan lo harán como subcontratistas de las multinacionales a precios muy bajos, modificando sus procesos productivos y bajando los salarios para cumplir las abusivas condiciones que impondrán las multinacionales.

Pero el problema puede ser más grave aún, ya que el 99,88% de las empresas españolas son PYMES que dan trabajo al 66% del total de los trabajadores en España. Entonces, si el TTIP y el TiSA se aprueban, o el CETA se ratifica, sus efectos pueden ser incluso más perniciosos que los del NAFTA.

Pero lo más preocupante es la amenaza a la capacidad normativa de las instituciones municipales, autonómicas y estatales, articulada a través de un órgano transnacional denominado Consejo de Cooperación Reguladora, que dará audiencia a las multinacionales, y deberá buscar la convergencia de las normativas entre los estados miembros para evitar los conflictos entre inversores extranjeros y estados.

Con dicho mecanismo no es necesario conseguir acuerdos en todos los puntos, ya que el Consejo de Cooperación Reguladora podrá vetar las normas dictadas por nuestros representantes políticos, democráticamente elegidos, con este órgano el TTIP adquiere el carácter de superconstitución. Es decir, si un Ayuntamiento para proteger a la ciudadanía, regula el uso, transporte o almacenamiento de productos molestos, tóxicos o peligrosos en su término municipal, y alguno de los inversores extranjeros asentados en el municipio ven peligrar sus beneficios por la medida en proceso de adopción o adoptada, este órgano vetaría dicha norma.

La aprobación del TTIP y el TiSA y la ratificación del CETA supone la legitimación del trasvase de recursos económicos de la ciudadanía a las multinacionales, permitiéndoles a éstas además, dictar las normas que regirán nuestras vidas, por lo que debemos oponernos a ellos y evitar su aprobación y ratificación.