La huida hacia adelante del modelo insostenible de la UE

El octavo punto del mandato que el Consejo Europeo dictó a la Comisión Europea para abrir las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) precisaba que “el Acuerdo debe reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes (...) a la vez que se fomentan unos elevados niveles de protección medioambiental, laboral y de los consumidores compatible con el acervo de la UE y la legislación estadounidense”. Todo ello, por supuesto, buscando “una liberalización del comercio que vaya más allá de los compromisos de la OMC”.

Desde entonces, y apoyándose en este mandato, la Comisión Europea ha negado de manera sistemática que el TTIP vaya a suponer una merma en la protección de los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía europea, tal y como afirmamos el conjunto de colectivos que formamos parte de la campaña internacional #StopTTIP. Según el cuerpo negociador de la Unión Europea, quienes integramos dicha campaña no hemos hecho más que “inducir mitos para confundir a la ciudadanía”.

En primer lugar, pese a que la Comisión Europea aún no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental derivado del TTIP, cabe recalcar que cualquier acuerdo de libre comercio, inevitablemente, implica mayor degradación ambiental aunque sea por el mero hecho de que conlleva más comercio internacional: más emisiones de gases de efecto invernadero, más construcción de infraestructuras, más empaquetado y refrigerado para transportes a más distancia, etc.

En cuanto a la cuestión normativa, sin tener presente la redacción exacta de los textos de la negociación, ni siquiera las propuestas concretas que ambas potencias desean plasmar en el Tratado, algo de lo que es responsable la Comisión Europea con su secretismo antidemocrático, es difícil comprobar si efectivamente el TTIP supondrá una rebaja a los estándares ambientales y sociales de la Unión Europea. Pero, como veremos a continuación, todos los indicios apuntan a que una vez más, tras una exquisita retórica ambiental y social, la Comisión Europea continúa con la agenda neoliberal que tiene impregnada en su ADN y va a aprovechar las negociaciones del TTIP para dar una nueva vuelta de tuerca a la rebaja de protección ambiental y social.

La estrategia de lavado verde de la UE no es nueva. Ya la Constitución Europea declaraba que uno de los objetivos de la Unión era alcanzar “una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección [...] del medio ambiente” algo que, quienes nos oponíamos, denunciábamos que se trataba de un brindis al sol. La mejor prueba era que mientras la Constitución detallaba todos los aspectos económicos, de corte claramente neoliberal (topes de déficit, control del BCE sobre el euro, liberalización de servicios, etc.), el texto era vago, en el mejor de los casos, en temas ambientales y sociales.

Las consecuencias las hemos podido ir comprobando con el tiempo. Pese a que la normativa ambiental europea es de las más avanzadas del mundo, su grado de incumplimiento es muy alto, y la tendencia general es hacia una rebaja en ésta, con objetivos orientativos y voluntarios y plazos de cumplimiento laxos.

Por ejemplo, España ha violado sistemáticamente normas ambientales de la UE, como muestra la deficiente implantación de la red Natura 2000, la ilegalidad de las carreteras M30 o M501 o el incumplimiento de la legislación sobre calidad del aire. En ninguno de estos casos hubo más que una tibia respuesta de la Comisión Europea, lo que ha dejado sin efecto cualquier intento de regulación ambiental impuesto desde Bruselas.

Lo que sí ha controlado la Comisión férreamente ha sido, y sigue siendo, la política social, para que se ajuste al programa neoliberal impuesto, especialmente, a los países endeudados. El control llega hasta el punto de que los presupuestos generales no pueden ser presentados en el parlamento español sin el visto bueno de la Comisión. Ahí es donde se han puesto de manifiesto los “verdaderos valores” sobre los que se sustenta la UE.

Es difícil que la Unión Europea tome un rumbo diferente. En el sistema capitalista la política comercial domina al resto, y los países miembro han delegado ésta a la Comisión Europea, una institución cuyos miembros no son elegidos por ningún procedimiento democrático.

Con ello, los tecnócratas de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea albergan más poder que cualquier eurodiputado y que muchos de los Gobiernos de los países miembro de la UE.

No es un secreto la dificultad que tienen los/as europarlamentarios/as para acceder a los textos de las negociaciones del TTIP. Este modelo supone un paraíso para que los grupos de presión desplieguen todo su poderío. Treinta mil personas se dedican diariamente a realizar labores de cabildeo en la UE, hasta el punto de que se ha denominado el Gobierno de la UE como una lobbycracia.

El hecho de que el 88 por ciento de las reuniones de la Dirección General de Comercio sobre el TTIP con “actores interesados” haya sido con representantes de los grupos de presión de las grandes empresas, que en plenas negociaciones del Tratado haya trasvase de altos cargos de la UE a multinacionales y viceversa, o que las actas de las reuniones con estas corporaciones sean "blanqueadas”, hace temer que los intereses de estos grupos de presión, que ya han expresado como la legislación ambiental y social es una “barrera al comercio”, tengan gran cabida en el texto final.

De hecho, los textos de la negociación que han sido filtrados, apuntan en esta dirección: las empresas formarían parte de un cuerpo consultivo cuyo objetivo es revisar el impacto de la legislación europea y estadounidense en el comercio y con ello podrían actuar como “co-legisladores” (sic) a la hora de desproteger ambiental y socialmente a la ciudadanía europea.

Tampoco esto supondría ninguna novedad, ya que la Unión Europea, precisamente para allanar el camino a los diferentes tratados de libre comercio que está negociando (TTIP, CETA, TiSA), además de modificar la estructura de la Comisión Europea para subyugar aún más las políticas ambientales a las comerciales, está rebajando parte de la legislación ambiental existente, como ha ocurrido con los transgénicos o las políticas climáticas; retardando y eliminando la que debería haber salido ya, como es el caso de los disruptores endocrinos, la contaminación atmosférica o la reutilización de deshechos o tratando de diluir algunas de las existentes, como la directiva de hábitats.

Si el TTIP no supone ninguna novedad respecto a las políticas que ya estamos sufriendo (privatizaciones, reducción de estándares ambientales, reformas laborales, recortes presupuestarios a temas ambientales y sociales), su principal problema estriba en la multitud de ámbitos que abarca, su irreversibilidad una vez firmado y, especialmente, el momento en que ocurre. Nos encontramos en un contexto, no solo de crisis económica, excusa que utiliza la UE para respaldar sus políticas, sino también de lucha por la hegemonía mundial entre las élites de las viejas potencias occidentales (EEUU y la UE principalmente) y las de los BRICS.

Toda vez que, en un planeta globalizado, la manera de aumentar la competitividad para ganar esa batalla pasa fundamentalmente por una mayor explotación de las personas y de los recursos naturales, los tratados comerciales son una de las herramientas clave para definir las nuevas relaciones de poder globales.

A este contexto internacional hay que añadir la crisis energética y de materiales (ecológica al fin y al cabo) que impide cualquier salida al contexto actual a través de políticas keynesianas de fomento de la producción y del consumo por parte del estado.

Es por ello que el TTIP se pone en el centro de un debate ideológico muy relevante, como es el de qué queremos contraponer al modelo de comercio neoliberal globalizado. Desde este prisma, evitar la firma del Tratado se avista no sólo como la opción de detener la huida hacia delante de la UE, sino como una oportunidad de unir diferentes luchas sociales para redefinir las políticas comerciales y realizar la transformación social necesaria para vivir en un planeta justo y sostenible.

Este aportación de Ecologistas en Acción la firman, junto a Luis Rico, Lucía Bárcena, Conchi García, Luis González y Tom Kucharz