¿Olvida la Justicia el factor humano?
María Victoria Cinto Lapuente
Vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrada
Hay que reinventar la Justicia. Hay que reinventarla y cambiarla, pero hay que cambiarla a mejor. Y para ello hay que trabajar en dos planos: por una parte se debe conocer lo que no funciona, lo que crea insatisfacción, identificar los problemas que es preciso solucionar y las deficiencias estructurales que requieren un cambio, y por otra, se deben definir los horizontes, las metas y los objetivos concretos que se persiguen. En definitiva, la reinvención de la Justicia precisa una hoja de ruta innovadora sustentada en un amplio análisis de la situación que quiere modificarse a fin de alcanzar las mejoras previstas.
Hace décadas que se viene hablando de la necesaria modernización de la Justicia; se han elaborado planes sobre diversas materias por parte de los organismos competentes, se ha modificado un importante conglomerado de leyes, se han abordado asuntos tales como el lenguaje usado por los tribunales, la reordenación de la oficina judicial o la incorporación de las nuevas tecnologías, pero a pesar de ello resulta difícil evitar la sensación de escepticismo, desilusión y de objetivos no cumplidos porque la Justicia sigue siendo para la mayoría de la ciudadanía incomprensible, lenta, opaca, ineficaz, prepotente, distante, enrevesada y enigmática.
A pesar de valorar positivamente los cambios que se han venido haciendo, por ejemplo en materia de incorporación de nuevas tecnologías, todo acaba siendo fagocitado por “las formas de siempre” y resulta que el medio se convierte en el fin. La Administración de justicia se desentiende absolutamente de los ciudadanos y se enroca en sí misma, se piensa, se modifica, se transforma pero en todos estos movimientos se obvia a las personas destinatarias de la justicia. Así, introducimos medios tecnológicos para acortar los plazos de tramitación que es lo que esperan los ciudadanos, pero éstos no parecen acortar el proceso sino facilitar el trabajo de los funcionarios; modificamos la ley de procedimiento y da la impresión de que con ello se busca disminuir el trabajo de jueces y magistrados.
En definitiva las personas destinatarias de este servicio público quedan al margen de las decisiones de cambio, por ello no es de extrañar que la percepción que la ciudadanía tiene de la Justicia venga siendo mala desde que se realizan las encuestas del CIS. En la última el 48% de las personas consultadas dijeron que la justicia funciona mal (36,7%) o muy mal (11,3%), frente al 22% que opina que funciona bien (18%) o muy bien (4%).
Estamos, por lo tanto, ante el reto de dar un vuelco a estas estadísticas cambiando la Administración de Justicia para ofrecer a la ciudadanía un verdadero servicio público, atento con las personas, eficaz y cercano. Pero todo ésto no será posible sin una verdadera revolución de la Justicia, de la que, por otra parte, se puede decir que es la única Institución a la que no le ha llegado una verdadera reforma estructural en este tiempo de democracia.
Pero el caso es que esta reforma debe hacerse desde la prudencia y la reflexión, empezando por la forma de legislar y terminando por la forma de aplicar la norma. Los gobernantes de nuestro país son muy dados a anunciar a bombo y platillo medidas legales de aplicación inmediata para solucionar aquellos problemas que aparecen en los medios de comunicación y que no permiten ver con claridad otro horizonte o realidad. Una acción rápida, contundente, que demuestre que los distintos ejecutivos son ágiles, sensibles y atentos a las demandas sociales.
Fijémonos por poner un ejemplo en el cáncer de los desahucios. Nos situamos en el año 2012. Los medios de comunicación se hacen eco un día tras otro de los desalojos que se están produciendo por toda la geografía española como consecuencia de los impagos de las hipotecas a las que no se puede hacer frente debido a la crisis que nos azota. Familias desahuciadas, en la calle, con niños, familias que destrozadas relatan siempre la misma historia: se acabó el trabajo y la prestación por desempleo, con el subsidio no llega casi ni para comer y desde luego es impensable poder pagar la hipoteca que firmaron en circunstancias muy diferentes.
Ante esta situación, que no dejaré de calificar de emergencia nacional, el Gobierno toma rápidamente la iniciativa con firmeza y cierta grandilocuencia dictando dos Reales Decretos:
* En marzo dictó el Real Decreto-Ley de 6 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
* El 16 de noviembre de 2012 se publica el Real Decreto-Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
Pero ¿qué ha sucedido con estas normas? ¿Cuál ha sido su repercusión sobre las personas afectadas por este problema?
Está claro que esta forma de legislar, a golpe de decreto, en lugar de una acción parlamentaria urgente, de carácter integral, que actuase contra el problema del sobreendeudamiento hipotecario de manera valiente y eficaz, reformando normas procesales, eliminando o moderando clausulas hipotecarias, actuando con urgencia sobre la realidad con moratorias o suspensiones de procedimientos, decidiendo sobre la situación de las personas, ha provocado lo que, dos años más tarde, sigue estando de actualidad: los desahucios.
Esto viene a demostrar la ineficacia de estas normas, que no surten ningún efecto real o su efecto es tan ínfimo que no sirven para la realidad que intentan corregir.
Y este es uno de los mayores problemas a corregir: el cambio de la realidad jurídica sin que cambie la realidad social, el cambiar todo para que nada cambie.
Tenemos otros ejemplos más recientes y mucho menos conocidos puesto que son cambios operados dentro de la propia Administración de Justicia como el conocido por la Nueva Oficina Judicial. Tras un gran despliegue de medios, tiempo, grandes inversiones en instalaciones, tras un enorme trabajo de diseño y organización del personal, en aquellas jurisdicciones en las que la nueva oficina judicial está implantada, no se ha conseguido cambiar la realidad de la justicia, que sigue siendo lenta allí donde era lenta, opaca allí donde era opaca, e ineficaz en casi todas partes.
Y volviendo al título de esta reflexión, está claro que no son estos resultados lo que la sociedad demanda. Hace escasas fechas una protesta
de más de 8.000 juristas bombardearon durante todo un día una red social con decenas de imágenes en las que denunciaban la lentitud de la justicia y en la que mostraban providencias con juicios por despido señalados para 2019.
¿Hasta cuándo la sociedad puede seguir soportando este sistema? ¿Y hasta cuando lo puede seguir soportando la Justicia? Pretender que la ciudadanía y la sociedad en general va a seguir tolerando esta situación es no querer ver la realidad. Definitivamente es la hora del cambio, de la reinvención, de promover unos nuevos usos y maneras, de fijar los objetivos de una nueva gestión que acerque la justicia a las demandas de la sociedad, que sirva para resolver sus conflictos y crear un marco de convivencia asumible por todos.
En este sentido abogaría personalmente por
* Nueva forma de redacción de leyes (con una evaluación obligatoria e independiente que sirva para averiguar su eficacia)
* Diseño de la Justicia como servicio público y no como poder
* Asunción por el Consejo General del Poder Judicial de la mayor parte de las competencias en materia de justicia
* Formación en gestión
* Implantación obligatoria de las nuevas tecnologías y nuevos instrumentos para la introducción de elementos de competencia y eficacia
* Promoción de otras formas de resolución de conflictos
La empresa es enorme, ingentes serían las tareas para lograr el cambio. Pero no nos debe desanimar tal magnitud. Seamos prácticos y vayamos abordando sin dilación pequeños cambios, todos ellos en la misma dirección y sin perder de vista el horizonte que queremos conseguir.
Más intervenciones
Doctor por la Universitat de València
¿Deben prevaricar los jueces?
Bien está que se critique a los jueces cuando su comportamiento no responde a las exigencias de la moral o de la ley pública; o por la acumulación, en algunas instancias, de privilegios abusivos que los separan de la ciudadanía y los convierte, como decía Marx, en un poder hostil a la misma ciudadanía. Pero la crítica debe ser, al menos tal y como yo la entiendo, constructiva y no sesgada.
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La casta judicial
La administración de justicia, hegemonizada por sectores conservadores, se enfrenta hoy en día a una gran encrucijada. Con la sacudida del 15-M arrancó un ciclo de movilizaciones que desbordó los marcos establecidos. Las hegemonías, los relatos sistémicos, saltaron por los aires y se abrió paso un nuevo ciclo de impugnación a lo viejo.
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No se olviden en el debate sobre Justicia de los ciudadanos de uniforme
Hace tiempo que vengo diciendo que en el debate general sobre la Justicia,
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Una Justicia comprometida con los derechos y libertades de la ciudadanía
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Cinco claves sobre el abandono institucional de la Justicia
En nuestro país hay áreas de gestión, servicios públicos o prestaciones sociales que no funcionan adecuadamente. Y se discute con toda la razón sobre sus niveles de eficacia y los grados de implicación de los poderes públicos. Sin embargo, es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional.
Abogado miembro de ALA y vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas
Reforma y ruptura de la justicia en España
A nadie se le escapa que los poderes de un estado y sus estructuras están construidos con y por la ideología dominante. A nadie debería pues sorprender que cada régimen diseña sus estructuras en relación con la correlación de fuerzas dominantes en el momento de su constitución.
Magistrado
A la búsqueda de Hermes y Marte o cómo seleccionar nuestros jueces
Un reciente artículo publicado en The New York Times (“Why Judges tilt to the Right”) se preguntaba cómo es posible que, siendo los abogados norteamericanos mucho más progresistas que la población en general, los jueces, que se extraen de aquel colectivo, sean más conservadores. La respuesta se encuentra, evidentemente, en el procedimiento de selección.
Doctor por la Universitat de València
De los delitos y las penas
Como es bien sabido, ‘De los delitos y las penas’ es el título de un libro publicado por el filósofo ilustrado Cesare Beccaria (1738-1794). Según la Wikipedia, este libro fue uno de los primeros alegatos contra la pena de muerte, e inspiró reformas en los códigos penales de muchos países europeos.
Catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM
Una idea feliz
La propuesta de Manuela Carmena de reinventar la Justicia tiene la virtud de poner la mirada más allá de una mera reforma de nuestra Administración de Justicia. Ante las reformas de nuestro sistema judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, casi siempre resulta pertinente el comentario de Lord Astbury ante la presentación de otra reforma del inglés: "Realmente, me pregunto por qué. Me sorprende que no se considere ya lo bastante malo".
Vicepresidenta Tercera del Congreso y Secretaria Anticorrupción de Podemos
Independencia judicial y partidismo
O de cómo –y por qué- el Régimen del 78 acabó con de la Separación de Poderes. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980 desarrollaba sin más la interpretación literal del artículo, ocho miembros del CGPJ eran elegidos por el Parlamento y doce por los componentes del Poder Judicial.
Portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales @rafalafuentese
Otra justicia para otra sociedad
En el antiguo Restaurante Nostromo de Barcelona, un grupo de personas decidimos impulsar en 2012 el Manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos. Los objetivos de esta iniciativa eran contribuir al cambio definitivo en la justicia, su mayor democratización, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la ciudadanía.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia y el bien común
A estas alturas del siglo XXI se ve claro que la legitimidad social de la Justicia va a depender de muchos factores: del carácter democrático del régimen político en el que se inserta, de sus reglas de funcionamiento también democráticas y transparentes, de sus medios de funcionamiento materiales y humanos, y del propio contenido del ‘corpus’ normativo cuyo cumplimiento trata de asegurar.
LA PRESUNTA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Una de las grandes conquistas del derecho (que ya se han apuntado por otros comentaristas) fue el paso de la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia, constituyendo ésta última una de las garantías judiciales (y derechos) fundamentales del Estado de Derecho Democrático. Pero la realidad nos demuestra, nuevamente, que existen dos tipos de “derechos” y, en consecuencia, dos tipos de justicia, o lo que es lo mismo, la inexistencia de la justicia como derecho universal. Nuevamente lxs robagallinas frente a lxs ciudadanxs de pleno Derecho, las élites.
Abogado de CCOO
Por una Justicia fácil, amable y accesible para todos
Como es habitual en ella, Manuela Carmena en sus reflexiones sobre la Justicia, que vienen de muy lejos, siempre aporta una perfecta combinación de experiencia, de imaginación y frescura, de capacidad de alternativa y de ambición política.
LA INEXISTENCIA DE LA JUSTICIA: EL CASO DE LAS HIPOTECAS
Todos conocemos el drama de los desahucios, e incluso trascendiendo el aspecto humano (el fundamental, con mucho), en el daño que ha causado a la economía del país y a la credibilidad del sistema financiero, político y jurídico. Este es un claro ejemplo de cómo no sólo las leyes son para los “robagallinas” -la ciudadanía en general que no está englobada en los pequeños grupos de poder- sino que también la justicia forma parte (colaborando activamente unas veces, con su silencio otras) de un sistema de explotación y expolio planificado por los grandes poderes económicos y políticos. La justicia, en lugar de corregir lo injusto interpretando la ley, la retuerce para confirmar situaciones que deberían hacernos caer la cara de vergüenza.
Área de Justicia Podemos Madrid
El derecho a la justicia gratuita y el turno de oficio
La Justicia Gratuita (JG), un servicio público imprescindible en un Estado de Derecho, se encuentra amenazada por graves problemas, desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias sobre esta materia, en el año 2003:
CEO y co-fundador de Kuorum.org
No bastará con ajustar las velas
"No es país para innovadores". Desde que nuestra organización ha trasladado su sede a las instalaciones de la incubadora del Instituto de Empresa, no dejo de escuchar esta frase. Sin embargo, cuando compartes tu día a día con algunos de los emprendedores más brillantes del momento resulta difícil pensar que la innovación sea algo que se le pueda negar así como así a todo un país. Incluso cuando se intenta con ahínco, como parece que ocurre en España. La innovación se abre camino de las formas más insospechadas; con el ímpetu de Marte, con la velocidad de Hermes. Y lo hará también en las instituciones legislativas y judiciales, sin duda. La pregunta es si lo hará con ellas o a pesar de ellas.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia frente a la corrupción política
En mis anteriores intervenciones me he posicionado claramente a favor de que la Justicia siga siendo un contrapoder del Ejecutivo. Pero lo he hecho aduciendo la lucha contra la ‘razón de Estado’ que eventualmente esgrimen los Ejecutivos, o sea: que el fin justifica los medios, y que para lograr el interés general en ocasiones hay que utilizar medios inmorales o ilegales. Eso debió pensar José Barrionuevo, Ministro de Interior del Gobierno de Felipe González, cuando participó en la trama de los GAL...
Magistrado
Sueños de independencia judicial
Una joven jurista que sueña con un país distinto, me decía que la actual situación de la Justicia se asemeja mucho a un drama teatral escrito por Mario Benedetti y cuyos protagonistas eran Pedro y El Capitán. A Pedro le ponía el nombre de Justicia y a El Capitán, el nombre de todo lo que ha atentado contra ella, es decir la política.
¿Reinventar la justicia? No, construirla
¿REINVENTAR LA JUSTICIA? NO, CONSTRUIRLA
Ya cambiaron los dioses. Todo tiene que cambiar
La crisis de la justicia, escrita con o sin mayúsculas, es una de las cuestiones más debatidas en los mentideros políticos, sociales, culturales y judiciales; se afirma que la justicia es ineficaz, poco garantista, cara, lenta, ineficiente, lejana, politizada, manipulable, voluble, caótica, anticuada, inhumana… Los adjetivos son kilométricos. La discusión sobre la justicia, sus males y sus remedios ha terminado por ser aburrido tanto desde la perspectiva de quienes defienden que no está tan mal y que sólo hacen falta algunos ajustes, como de quienes abogan por una transformación radical partiendo del incremento de medios materiales, la creación de más juzgados, la apuesta por la informatización, el fortalecimiento de su independencia y todo ese conjunto de remedios que se repiten como una letanía en cualquier foro sobre la materia.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia: ¿servicio público o poder constitucional? Ambas cosas.
Me ha gustado mucho la intervención de María Victoria Cinto, Vocal del Consejo General del Poder Judicial: es valiente y dice las cosas claras. Sin embargo ha introducido una propuesta que, modestamente, deseo discutir para perfilarla y mejorarla.
Catedrática de Derecho Penal de la UAB
Sobre la justicia
Tomo el punto de partida de las muchas y –como siempre- lúcidas propuestas de Manuela Carmena sobre el servicio público de la Justicia, para aportar algunas reflexiones personales que no siempre consiguen superar el nivel de la duda.
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
¿Se puede cambiar esta Justicia, desenganchada y olvidada, que los ciudadanos no se merecen? Claro que se puede
Se ha dicho en demasiadas ocasiones que nuestra Justicia quedó desenganchada del último vagón de la transición hacia la democracia; que ni siquiera tiene ya abogados que la defiendan. Desenganchada y, también, olvidada porque durante mucho tiempo, los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos. Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Administración de Justicia que generan, como poco, posiciones encontradas cuya falta de acuerdos paraliza o, al menos, retrasa las decisiones necesarias para acceder a un servicio público eficiente que además, como todos los esenciales, debería ser gratuito en su esencia porque persigue nada menos que la paz social. Aún más nocivas suelen ser las tensiones producidas por el rodillo de la mayoría absoluta.
Doctor por la Universitat de València
Sobre la independencia de la Justicia
Adjunto remito un pequeño texto que por razones de espacio debo enviar como archivo aparte. Sin ser yo mismo jurista, e interesado desde hace tiempo como ciudadano y como científico social por los temas relacionados con el Derecho, hago unas reflexiones para incitar la discusión y abrir las perspectivas del Debate.
Profesor titular de derecho penal en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Junta del Grupo de Estudios de Política Criminal.
Reinventar la justicia
Coincido en la oportunidad y la necesidad de “reinventar la justicia”, si la utilizamos en los términos que lo hace Manuela Carmena. Es decir, como “el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado”. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la actual crisis económica y política ha agudizado más el debate sobre este servicio público –piénsese, por ejemplo, en la introducción de tasas judiciales- y si consideramos que se trata de un ámbito, el judicial, profundamente conservador, sin demasiada predisposición a los cambios.
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