Por una Justicia fácil, amable y accesible para todos

Como es habitual en ella, Manuela Carmena en sus reflexiones sobre la Justicia, que vienen de muy lejos, siempre aporta una perfecta combinación de experiencia, de imaginación y frescura, de capacidad de alternativa y de ambición política.

Comparto lo esencial de sus análisis y propuestas y por ello me voy a limitar a algunas reflexiones en unos casos quizás más ideológicas y en otros más periféricas.

Siempre me ha llamado la atención que siendo los derechos ciudadanos una cuestión importante para la vida de la gente, la inmensa mayoría de las personas se encuentran desvalidos, perdidos, angustiados, cuando de una u otra forma, en uno u otro papel, se topan con la Administración de Justicia. A lo largo de mi vida, y sin tener en cuenta la limitada etapa en que ejercí de abogado laboralista, muchos familiares, amigos, vecinos, etc. sabiendo mi inicial profesión y aun siendo conscientes de que llevo muchísimos años sin ejercerla, acuden a mí para que les aconseje, porque no saben que hacer y lo mismo sucede con un profesional de clase media o un agricultor vecino de mi pueblo. Todos se sienten indefensos o al menos despistados ante la irrupción en sus vidas de la Administración de Justicia.

Esta realidad innegable debería ser ya un elemento de profundo cuestionamiento del papel y del funcionamiento de la Justicia. Algo que debería ser fácil, conocido, manejable para el común de la gente, se transforma en un problema en el que para empezar no se puede desenvolver solo, necesita una variedad de profesionales especializados que le ayuden (o que le engañen). Cuando hoy vemos que los niños y niñas de pocos años ya saben utilizar las nuevas tecnologías del siglo XXI, seguramente cuando sean mayores serán incapaces de andar por el mundo de la Administración de Justicia.

¿Hay confianza en la Justicia?

Así, siendo teóricamente la Justicia una garantía y hasta una satisfacción para la vida de las personas, se convierte en la mayoría de los casos en un problema. ¿Cómo explicar esa profunda contradicción?

Cualquiera que haya leído a los grandes novelistas del siglo XIX, (por no remontarnos a Cervantes o a Quevedo) recordara frecuentes historias o episodios de la aplicación de la justicia y lo que ello suponía en la vida de los personajes. No voy a caer en la demagogia de decir que la administración de justicia hoy es igual que en tiempos de Galdos, Victor Hugo, Dickens o Dostoievski, que vivieron y describieron sociedades terriblemente clasistas e injustas, que hoy en buena medida se han corregido, pero la desazón que aparecía en sus novelas sigue siendo muy similar a la de hoy. Porque las esencias de lejanía, ejercicio omnímodo de la autoridad, lenguaje críptico, inseguridad sobre los resultados, etc., siguen estando ahí.

El juez, el fiscal, el abogado, el oficial del juzgado (y desde luego las fuerzas de orden publico) siguen siendo vistas y sentidas con una mezcla de temor, reverencia, impotencia, de no saber como hablar o incluso que actitud corporal tomar, lo que no le sucede por ejemplo a una persona cuando acude a una oficina de la Seguridad Social para tramitar su pensión o incluso a una Oficina de la Agencia Tributaria (¡que ya es decir!).

En definitiva no es casual que la Administración de Justicia tenga tan baja valoración en las encuestas: a la gente ni le gusta ni confía en la Justicia.

Ante esa realidad, es cierto que los diversos gobiernos han tomado medidas. Las reformas, numerosas y sin duda muchas de ellas positivas, que se han producido en nuestro país desde el inicio de la democracia, han supuesto mejoras, es evidente, pero siempre han sido sobre aspectos secundarios, sin alterar los pilares centrales del modelo de Administración de Justicia. Paradójicamente, tanto los gobiernos como las Cortes Generales, han tenido en estos 38 años de democracia una presencia de juristas muy superior a otras profesiones, por tanto no podemos hablar de desconocimiento de los problemas sino mas bien de escasa voluntad política, de insensibilidad social o de no querer pisar demasiados callos.

Todavía recuerdo que Justicia Democrática realizó un Congreso a principios de los años 80, bajo el titulo “La Justicia tiene solución”. En este Congreso participaron como ponentes o como interlocutores activos, muchos de los que en los sucesivos gobiernos de Felipe González ostentaron amplias responsabilidades en el Ministerio de Justicia o en el Consejo del Poder Judicial. Por supuesto que cambiaron cosas y que mejoraron la situación, pero se quedaron distantes de lo que habían defendido o propuesto en aquel Congreso.

Sobre la informatización de la Justicia

Porque y este es el segundo aspecto que querría subrayar, en torno a la Administración de Justicia trabajan y cobran cientos de miles de personas, muchos de ellos poco predispuestos a que se modifiquen los papeles, procedimientos y en definitiva las concepciones tradicionales. Lo mas frecuente es fijarnos en los jueces, pero están todas las demás funciones, como antes señalaba: fiscales, secretarios, oficiales, abogados, procuradores, notarios, registradores de la propiedad…etc., que por cierto y a diferencia de otras muchas profesiones ya estaban presentes en el siglo XVI.

El cúmulo de intereses profesionales y económicos que se mueven en torno a la Administración de Justicia es más que evidente y sin duda un factor contrareformista de primer orden. Por ello cuando desde dentro de los profesionales, con dosis de buena voluntad, se escucha o se lee, que el problema es la escasa dotación financiera de la Administración de Justicia y lo que ello perjudica a su funcionamiento ágil y rápido y se piden mas medios personales y materiales, efectivamente tienen una parte de razón, pero puede que estén apostando por aquella famosa frase de Giuseppe di Lampedusa “que todo cambie para que todo siga igual”.

Es evidente que una buena informatización de la Justicia y la dotación suficiente de personal, mejoraría su funcionamiento, como lo mejoró en la Administración de la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria en la última década del siglo XX. Pero de lo que se trata es de cambiar la concepción, el papel, el procedimiento, como dice Manuela Carmena, “reinventar la justicia” y eso no es una cuestión de presupuesto sino sobre todo de ideología.

En mi opinión, estrictamente personal, hay que cuestionar a fondo la función e incluso la propia necesidad de buena parte de los actores implicados. Podríamos hablar, valga la expresión, de un ERE en torno a muchos de los que se mueven en el ejercicio de la aplicación de la justicia. Dicho mas claramente, no se necesitan tantos “interpretes mágicos” de las leyes, y de la jurisprudencia, ni por supuesto actuaciones impropias de la era digital como son los procuradores y sin embargo resultan imprescindibles p.e. mediadores sociales.

¿Pero qué gobierno esta dispuesto a hacer ese ERE? ¿Qué gobierno va a decir a las decenas de miles de abogados que trabajan asesorando, pero también perjudicando, a la gente, que es hora de dedicarse a otras tareas? ¿Qué gobierno va a tener el valor de disolver esos profundos lazos e intereses corporativistas? No soy muy optimista al respecto y menos aun cuando el Presidente del Gobierno es un registrador de la propiedad.

El trasfondo ideológico

Un tercer aspecto que me gustaría señalar es el transfondo ideológico de la Justicia y de la Administración de Justicia. Por supuesto que no voy a caer en la simplificación de decir que la Justicia es clasista o que los jueces son un instrumento de dominación de clase o aquello que algunos decíamos hace 40 o 50 años que había que acabar con la “justicia burguesa”, porque ya sabemos como se las han gastado algunos que iban de revolucionarios. Las cosas son algo más complejas. Pero que duda cabe que la actual concepción imperante de la Justicia tiene un componente conservador, defensor del statu quo económico y social. Y el propio diseño de la Administración de Justicia favorece a las clases dominantes, aunque solo sea por una mera cuestión de la diversidad de costes públicos y privados que hay que abonar.

La multinacional, el alto ejecutivo o el político poderoso, tiene infinitas mayores posibilidades de eludir la aplicación de la ley gracias a sus buenos asesores, sus contactos y relaciones, que el yonki que roba un bolso a una señora, el fontanero que elude el pago del IVA o el inmigrante que trapichea para poder vivir.

Solo los más indecentes, más prepotentes y más ignorantes o más confiados de los delincuentes de las clases altas son pillados y no siempre sufren las debidas consecuencias. Por el contrario las cárceles aquí o en Estados Unidos están repletas de pobres y/o marginados sociales. Y eso sucede en la esfera penal, en la mercantil o en la civil. Por ello no es cierto que todos somos iguales ante la Justicia.

Por otra parte una sociedad con profundas diferencias económicas, con exclusión social, con limitada implantación del Estado de Bienestar Social, genera inevitablemente mayor conflictividad legal. Igualmente una sociedad con débiles o insuficientes instrumentos de representación e intermediación social, sean sindicatos, ONGs, asociaciones de vecinos u otras instituciones solidarias sin afán de lucro, tiene menos capacidad de defensa y se ve obligada en mayor medida a recurrir a la Administración de Justicia.

Mención aparte merece la enorme litigiosidad de la ciudadanía con las Administraciones Publicas, reflejo de una concepción todavía con tics autoritarios en la manera de relacionarse con la gente, a la que se sigue viendo en demasiadas ocasiones como impertinentes e inoportunos “tocanarices” y no como portadores de derechos.

En definitiva los déficits democráticos de una sociedad se traducen en mayor litigiosidad. Por ello, sin una renovación democrática en profundidad de nuestro país, no creo que se pueda avanzar mucho en la “reinvención de la justicia”.

¿Cuáles son las posibilidades reales de “reinventar” la Justicia”?

Por último tenemos el vidrioso tema de la legalización controlada de las drogas, que disminuiría en buena medida la delincuencia, liberaría recursos judiciales y policiales para otras tareas y reduciría de forma notable la población penitenciaria. Aunque es evidente que una medida de esta envergadura exigiría para su mayor eficacia una decisión superior al mero ámbito estatal.

No soy, por tanto, muy optimista sobre las posibilidades reales del cambio y menos aún de la “reinvención de la justicia”. Comparto medidas de “mientras tanto” que señala Manuela. Todos hemos visto salir a la calle a las diversas mareas en defensa de la Sanidad Pública, de la Enseñanza Pública, de los Servicios de Atención a la Dependencia, etc. No lo hemos visto de manera específica en relación a la Administración de Justicia o por lo menos no con un peso destacado.

La ciudadanía sigue quejándose, sigue valorando mal a la Administración de Justicia, la gente sigue preguntando o pidiendo ayuda un amigo o amiga abogado, los profesionales mas sensibles o progresistas piden reformas, pero el cuestionamiento general del modelo brilla por su ausencia, es un aspecto mas del retroceso de la ideologías de izquierdas y del avance de la ideología conservadora que hemos experimentado en las ultimas décadas.

Se dice que en España estamos ante el final del ciclo iniciado con la Transición Democrática, que tanto y para bien, cambió nuestro país. Esperemos que en ese nuevo periodo que empezó a dibujarse en la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo del 2011, permita abrir una nueva etapa de renovación democrática en el que tengan cabida las ideas y propuestas de “reinvención de la justicia” que propone Manuela.