Cinco claves sobre el abandono institucional de la Justicia

En nuestro país hay áreas de gestión, servicios públicos o prestaciones sociales que no funcionan adecuadamente. Y se discute con toda la razón sobre sus niveles de eficacia y los grados de implicación de los poderes públicos. Sin embargo, es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional.

Esta perspectiva es muy visible tanto por parte de los profesionales como por parte de la ciudadanía, a la vista de los estudios de opinión que han sido publicados. Intentaría aportar cinco claves que explican cómo y por qué se ha producido esta preocupante situación. No se trata de un análisis en negativo, sino más bien de un enfoque sobre cómo se debería actuar en positivo si en alguna ocasión nuestros poderes públicos decidieran afrontar la transformación de nuestro sistema judicial.

1.- Falta de concepción de la Justicia como servicio público. En España los servicios públicos siempre han sido insuficientes en comparación con nuestros vecinos europeos. No obstante, en diversas etapas se ha intentado un esfuerzo institucional de equiparación en materias como sanidad, educación o servicios sociales. No ha ocurrido lo mismo con la Justicia, que no ha sido considerada históricamente como un servicio público por parte de nuestras instituciones, con todo lo que ello implica sobre los derechos de la ciudadanía. En esta errónea consideración ha pesado bastante la idea de que la inversión en nuestro sistema judicial no es electoralmente tan rentable como en otros servicios públicos. Las consecuencias han sido muy negativas: insuficiencia del número de jueces, penurias en medios personales y materiales, pésima organización de los recursos existentes. El abandono de la administración de justicia supone nada menos que el deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

2.- Deficiencias en la organización y gestión. Nuestros órganos judiciales mantienen una estructura anquilosada, que es ineficaz en su funcionamiento y que no está preparada adecuadamente para afrontar las peculiaridades de los distintos procedimientos. Disponemos de pocos medios, pero además están mal organizados. Nuestro sistema de juzgados y tribunales procede del siglo XIX, a pesar de que la realidad judicial actual es claramente distinta. No se ha afrontado un proceso de modernización tecnológica equivalente al que se ha llevado a cabo en diversas áreas de la administración. Las tímidas tentativas de implantar una nueva oficina judicial han fracasado por la falta de instrumentos, por un diseño equivocado y por una insuficiente persistencia institucional. No se ha planteado una justicia de proximidad para asuntos de menor entidad. Y tampoco se ha llevado adelante ningún proyecto de tribunales de instancia que, desde el respeto a la independencia e inamovilidad judicial, sea capaz de distribuir racionalmente los litigios.

3.- Voluntad política insuficiente. Una característica muy común en los gobiernos de esta etapa democrática ha sido que en el área de Justicia no han incorporado ministros con un peso específico de suficiente relevancia, ni tampoco estos han sido especialmente respaldados en su gestión. Se trata de otra muestra de falta de compromiso institucional para reformar nuestra administración de justicia. El caso de Gallardón ha sido especialmente decepcionante, pues sí que parecía reunir el perfil de cargo público con capacidad de influencia suficiente para impulsar esa gran transformación. Pero lo que falló en este caso fue su desconocimiento del sistema judicial y su falta de interés en embarcarse en un complejo proceso de modernización, al estar más interesado en aspectos de la lucha partidaria. Los profundos cambios que requiere nuestra Justicia solo podrán abordarse desde un Gobierno fuertemente implicado en los mismos. Y esto debe traducirse en curiosidad para entender los problemas, en diálogo real para involucrar a todas las partes afectadas y en ilusión para superar las múltiples dificultades que entraña cualquier proceso innovador.

4.- Precariedad de la separación de poderes. Muy probablemente estas anomalías de la Justicia como servicio público habrían sido corregidas si en nuestro país hubiera existido un órgano de gobierno judicial que hubiera ejercido sus funciones de manera autónoma. En ese caso habría reclamado a los otros poderes del Estado que cumplieran con sus deberes constitucionales y que aportaran los recursos necesarios. El problema es que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado tradicionalmente como correa de transmisión de las principales fuerzas políticas, que se han repartido sus integrantes a través de cuotas, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional sobre la perversidad institucional de estas componendas. Un órgano de gobierno judicial con credibilidad, autoridad y solvencia habría favorecido un estado de opinión que hubiera conducido al poder político a afrontar las reformas pertinentes. Ante un conflicto entre poderes del Estado se tendrían que haber adoptado medidas. La realidad es que las actitudes complacientes del CGPJ han facilitado este abandono institucional y, además, han contribuido notablemente al desprestigio de la Justicia.

5.- Pacto de Estado por la Justicia. Un fracaso como el de nuestro sistema judicial no se improvisa en unos pocos años, sino que es producto de cierta desidia institucional sostenida durante bastante tiempo. Las principales fuerzas políticas no han sido capaces de detectar estos graves problemas y de ofrecer soluciones apropiadas. La amplitud de las reformas a abordar resulta incompatible con que las mismas puedan ser resueltas en el espacio temporal de una legislatura. Y no tendría sentido que los cambios principales emprendidos por un gobierno fueran modificados en la etapa siguiente. Hace falta un amplio Pacto de Estado que asegure las mejoras estructurales más importantes. En toda sociedad democrática son fundamentales los disensos que garanticen la pluralidad, pero también los consensos que permitan fortalecer los principios más esenciales del Estado de Derecho.