Otra justicia para otra sociedad
Rafael Lafuente
Portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales @rafalafuentese
En el antiguo Restaurante Nostromo de Barcelona, un grupo de personas decidimos impulsar en 2012 el Manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos. Los objetivos de esta iniciativa eran contribuir al cambio definitivo en la justicia, su mayor democratización, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la ciudadanía.
Al hilo de esta declaración, dicho cambio debe producirse desde una doble vertiente, la transformación democrática del poder judicial y la modernización organizativa de la administración de justicia.
Para ello debemos de partir de una premisa: los protagonistas del cambio no son jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados o demás profesionales del sector de la justicia.
El protagonista es el pueblo como sujeto activo, de quien emana la justicia en toda sociedad democrática, el pueblo como sujeto de cambio, como sujeto político, como sujeto mayor de edad que tiene la capacidad de decidir cómo se gobierna su sociedad, y al igual que en el caso de la educación, la seguridad, la agricultura, la sanidad… también decide cómo se gobierna la justicia.
Pero también como sujeto pasivo es el único protagonista de la administración de justicia. Nadie debería olvidar que la administración está para servir a la ciudadanía prestando un servicio público. En cambio nos encontramos con una administración donde imperan los criterios subjetivos y heterogéneos, donde en cada juzgado los secretarios judiciales establecen formas de trabajo particulares, donde cada juez establece criterios propios, por ejemplo para señalar los juicios, y ello genera diferencias incomprensibles entre juzgados idénticos.
La transformación democrática del poder judicial
Sobre el poder judicial la Constitución en su redacción vigente atribuye al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el gobierno de los jueces. Una institución que en nuestro entorno sólo cuenta con una similar en Italia. Ningún otro país europeo posee esta institución y nadie duda de la independencia su judicatura.
Tras casi cuarenta años desde la aprobación de la Constitución hay aspectos del Poder Judicial que no han funcionado. Así, ha existido un profundo déficit en la participación ciudadana en el mismo, en su control, en la dificultad para rendir cuentas y en su falta de transparencia (recordamos las “semanas caribeñas” o el “caso Dívar”).
En un contexto de cambio social nos debemos preguntar, ¿sigue siendo necesaria la existencia del CGPJ?, si es así ¿con que competencias? e incluso ¿es razonable un CGPJ que suceda de forma vertical al ejecutivo mediante la desaparición del Ministerio de Justicia o los Departamentos de Justicia autonómicos?
En su caso debería estar integrado no solo por juristas. Otros profesionales y otros perfiles enriquecerían sin duda la calidad democrática de la institución.
Del mismo modo deben abrirse a una mayor participación y control ciudadano otras instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional.
Pero tampoco podemos olvidar transformar el sistema de oposición de jueces, fiscales y secretarios judiciales, consistente en un mero ejercicio memorístico, que además de no garantizar la selección de los mejores, lo que sí hace es privar de la posibilidad de acceso a una amplia capa de la sociedad dado el coste económico y una duración media de cinco años.
La modernización organizativa de la administración de justicia.
Para empezar desmontemos algunos mitos y falsedades. Les recomiendo leer las conclusiones de las Jornadas sobre Mitos y Realidades de la Justicia que el pasado octubre organizó el Sindicato de Secretarios Judiciales junto a a la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide y la Universidad Carlos III.
Nuestra administración para modernizarse precisa cambiar fundamentalmente su organización, sustancialmente la misma que en 1950. De nada sirve incrementar los presupuestos en justicia si su pésima estructura los engulle sin generar resultados.
Necesitamos formas de trabajo ordenadas y estructuras especializadas. Desterrar la pregunta ¿Cómo se trabaja aquí? Deben establecerse protocolos de tramitación de los procedimientos judiciales, manuales de puestos de trabajo que determinen las responsabilidades y competencias de todo el personal, establecer mecanismos de control en la respuesta de la justicia, fijar una agenda de señalamientos que responda a criterios objetivos para la fecha de los juicios y que impida abusos.
Para ello necesitamos desarrollar verdaderas políticas públicas en justicia, superar las reticencias al cambio y el corporativismo en todos los cuerpos de la administración, fijar los objetivos que se persiguen con la inversión que se destina a la administración de justicia y auditar sus resultados.
Los intentos parciales de reformar la administración de justicia en la pasada legislatura sufrieron virulentas críticas, aunque aquellas oficinas judiciales reciben ahora premios y distinciones por su eficacia. No obstante el Partido Popular paralizó el proceso modernizador pese que se trata de proyectos parciales que requieren de nuevas modificaciones legislativas para profundizar en la separación de funciones y responsabilidades.
En definitiva la transformación de la justicia, en su concepción de poder y en el de administración, debe generarse desde la ciudadanía, desde una sociedad politizada que quiere cambiar su sociedad. Sí, politizada. Porqué sin política no hay democracia, por eso el cambio social y el cambio en la justicia debe venir desde la politización, no desde las élites ajenas a control ciudadano. Siguiendo con el manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos “el tercero de los poderes del Estado, el judicial, no puede quedar exento del control que, de modo directo o indirecto, pueda ejercer sobre el mismo el Pueblo que legitima sus funciones y que puede y debe pedirle responsabilidades”.
Más intervenciones
Doctor por la Universitat de València
¿Deben prevaricar los jueces?
Bien está que se critique a los jueces cuando su comportamiento no responde a las exigencias de la moral o de la ley pública; o por la acumulación, en algunas instancias, de privilegios abusivos que los separan de la ciudadanía y los convierte, como decía Marx, en un poder hostil a la misma ciudadanía. Pero la crítica debe ser, al menos tal y como yo la entiendo, constructiva y no sesgada.
Abogado
La casta judicial
La administración de justicia, hegemonizada por sectores conservadores, se enfrenta hoy en día a una gran encrucijada. Con la sacudida del 15-M arrancó un ciclo de movilizaciones que desbordó los marcos establecidos. Las hegemonías, los relatos sistémicos, saltaron por los aires y se abrió paso un nuevo ciclo de impugnación a lo viejo.
Secretario General de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)
No se olviden en el debate sobre Justicia de los ciudadanos de uniforme
Hace tiempo que vengo diciendo que en el debate general sobre la Justicia,
Magistrada del Tribunal Supremo
Una Justicia comprometida con los derechos y libertades de la ciudadanía
El análisis de cualquier planteamiento sobre la Administración de Justicia en España debe hacerse no solo desde el punto de vista utópico, sino mirando la realidad del país, que atraviesa un complicado momento de crisis económica, y que hace unos años no existía.
Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia
Cinco claves sobre el abandono institucional de la Justicia
En nuestro país hay áreas de gestión, servicios públicos o prestaciones sociales que no funcionan adecuadamente. Y se discute con toda la razón sobre sus niveles de eficacia y los grados de implicación de los poderes públicos. Sin embargo, es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional.
Abogado miembro de ALA y vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas
Reforma y ruptura de la justicia en España
A nadie se le escapa que los poderes de un estado y sus estructuras están construidos con y por la ideología dominante. A nadie debería pues sorprender que cada régimen diseña sus estructuras en relación con la correlación de fuerzas dominantes en el momento de su constitución.
Magistrado
A la búsqueda de Hermes y Marte o cómo seleccionar nuestros jueces
Un reciente artículo publicado en The New York Times (“Why Judges tilt to the Right”) se preguntaba cómo es posible que, siendo los abogados norteamericanos mucho más progresistas que la población en general, los jueces, que se extraen de aquel colectivo, sean más conservadores. La respuesta se encuentra, evidentemente, en el procedimiento de selección.
Doctor por la Universitat de València
De los delitos y las penas
Como es bien sabido, ‘De los delitos y las penas’ es el título de un libro publicado por el filósofo ilustrado Cesare Beccaria (1738-1794). Según la Wikipedia, este libro fue uno de los primeros alegatos contra la pena de muerte, e inspiró reformas en los códigos penales de muchos países europeos.
Catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM
Una idea feliz
La propuesta de Manuela Carmena de reinventar la Justicia tiene la virtud de poner la mirada más allá de una mera reforma de nuestra Administración de Justicia. Ante las reformas de nuestro sistema judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, casi siempre resulta pertinente el comentario de Lord Astbury ante la presentación de otra reforma del inglés: "Realmente, me pregunto por qué. Me sorprende que no se considere ya lo bastante malo".
Vicepresidenta Tercera del Congreso y Secretaria Anticorrupción de Podemos
Independencia judicial y partidismo
O de cómo –y por qué- el Régimen del 78 acabó con de la Separación de Poderes. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980 desarrollaba sin más la interpretación literal del artículo, ocho miembros del CGPJ eran elegidos por el Parlamento y doce por los componentes del Poder Judicial.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia y el bien común
A estas alturas del siglo XXI se ve claro que la legitimidad social de la Justicia va a depender de muchos factores: del carácter democrático del régimen político en el que se inserta, de sus reglas de funcionamiento también democráticas y transparentes, de sus medios de funcionamiento materiales y humanos, y del propio contenido del ‘corpus’ normativo cuyo cumplimiento trata de asegurar.
LA PRESUNTA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Una de las grandes conquistas del derecho (que ya se han apuntado por otros comentaristas) fue el paso de la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia, constituyendo ésta última una de las garantías judiciales (y derechos) fundamentales del Estado de Derecho Democrático. Pero la realidad nos demuestra, nuevamente, que existen dos tipos de “derechos” y, en consecuencia, dos tipos de justicia, o lo que es lo mismo, la inexistencia de la justicia como derecho universal. Nuevamente lxs robagallinas frente a lxs ciudadanxs de pleno Derecho, las élites.
Abogado de CCOO
Por una Justicia fácil, amable y accesible para todos
Como es habitual en ella, Manuela Carmena en sus reflexiones sobre la Justicia, que vienen de muy lejos, siempre aporta una perfecta combinación de experiencia, de imaginación y frescura, de capacidad de alternativa y de ambición política.
LA INEXISTENCIA DE LA JUSTICIA: EL CASO DE LAS HIPOTECAS
Todos conocemos el drama de los desahucios, e incluso trascendiendo el aspecto humano (el fundamental, con mucho), en el daño que ha causado a la economía del país y a la credibilidad del sistema financiero, político y jurídico. Este es un claro ejemplo de cómo no sólo las leyes son para los “robagallinas” -la ciudadanía en general que no está englobada en los pequeños grupos de poder- sino que también la justicia forma parte (colaborando activamente unas veces, con su silencio otras) de un sistema de explotación y expolio planificado por los grandes poderes económicos y políticos. La justicia, en lugar de corregir lo injusto interpretando la ley, la retuerce para confirmar situaciones que deberían hacernos caer la cara de vergüenza.
Área de Justicia Podemos Madrid
El derecho a la justicia gratuita y el turno de oficio
La Justicia Gratuita (JG), un servicio público imprescindible en un Estado de Derecho, se encuentra amenazada por graves problemas, desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias sobre esta materia, en el año 2003:
CEO y co-fundador de Kuorum.org
No bastará con ajustar las velas
"No es país para innovadores". Desde que nuestra organización ha trasladado su sede a las instalaciones de la incubadora del Instituto de Empresa, no dejo de escuchar esta frase. Sin embargo, cuando compartes tu día a día con algunos de los emprendedores más brillantes del momento resulta difícil pensar que la innovación sea algo que se le pueda negar así como así a todo un país. Incluso cuando se intenta con ahínco, como parece que ocurre en España. La innovación se abre camino de las formas más insospechadas; con el ímpetu de Marte, con la velocidad de Hermes. Y lo hará también en las instituciones legislativas y judiciales, sin duda. La pregunta es si lo hará con ellas o a pesar de ellas.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia frente a la corrupción política
En mis anteriores intervenciones me he posicionado claramente a favor de que la Justicia siga siendo un contrapoder del Ejecutivo. Pero lo he hecho aduciendo la lucha contra la ‘razón de Estado’ que eventualmente esgrimen los Ejecutivos, o sea: que el fin justifica los medios, y que para lograr el interés general en ocasiones hay que utilizar medios inmorales o ilegales. Eso debió pensar José Barrionuevo, Ministro de Interior del Gobierno de Felipe González, cuando participó en la trama de los GAL...
Magistrado
Sueños de independencia judicial
Una joven jurista que sueña con un país distinto, me decía que la actual situación de la Justicia se asemeja mucho a un drama teatral escrito por Mario Benedetti y cuyos protagonistas eran Pedro y El Capitán. A Pedro le ponía el nombre de Justicia y a El Capitán, el nombre de todo lo que ha atentado contra ella, es decir la política.
¿Reinventar la justicia? No, construirla
¿REINVENTAR LA JUSTICIA? NO, CONSTRUIRLA
Ya cambiaron los dioses. Todo tiene que cambiar
La crisis de la justicia, escrita con o sin mayúsculas, es una de las cuestiones más debatidas en los mentideros políticos, sociales, culturales y judiciales; se afirma que la justicia es ineficaz, poco garantista, cara, lenta, ineficiente, lejana, politizada, manipulable, voluble, caótica, anticuada, inhumana… Los adjetivos son kilométricos. La discusión sobre la justicia, sus males y sus remedios ha terminado por ser aburrido tanto desde la perspectiva de quienes defienden que no está tan mal y que sólo hacen falta algunos ajustes, como de quienes abogan por una transformación radical partiendo del incremento de medios materiales, la creación de más juzgados, la apuesta por la informatización, el fortalecimiento de su independencia y todo ese conjunto de remedios que se repiten como una letanía en cualquier foro sobre la materia.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrada
¿Olvida la Justicia el factor humano?
Hay que reinventar la Justicia. Hay que reinventarla y cambiarla, pero hay que cambiarla a mejor. Y para ello hay que trabajar en dos planos: por una parte se debe conocer lo que no funciona, lo que crea insatisfacción, identificar los problemas que es preciso solucionar y las deficiencias estructurales que requieren un cambio, y por otra, se deben definir los horizontes, las metas y los objetivos concretos que se persiguen. En definitiva, la reinvención de la Justicia precisa una hoja de ruta innovadora sustentada en un amplio análisis de la situación que quiere modificarse a fin de alcanzar las mejoras previstas.
Doctor por la Universitat de València
La Justicia: ¿servicio público o poder constitucional? Ambas cosas.
Me ha gustado mucho la intervención de María Victoria Cinto, Vocal del Consejo General del Poder Judicial: es valiente y dice las cosas claras. Sin embargo ha introducido una propuesta que, modestamente, deseo discutir para perfilarla y mejorarla.
Catedrática de Derecho Penal de la UAB
Sobre la justicia
Tomo el punto de partida de las muchas y –como siempre- lúcidas propuestas de Manuela Carmena sobre el servicio público de la Justicia, para aportar algunas reflexiones personales que no siempre consiguen superar el nivel de la duda.
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
¿Se puede cambiar esta Justicia, desenganchada y olvidada, que los ciudadanos no se merecen? Claro que se puede
Se ha dicho en demasiadas ocasiones que nuestra Justicia quedó desenganchada del último vagón de la transición hacia la democracia; que ni siquiera tiene ya abogados que la defiendan. Desenganchada y, también, olvidada porque durante mucho tiempo, los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos. Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Administración de Justicia que generan, como poco, posiciones encontradas cuya falta de acuerdos paraliza o, al menos, retrasa las decisiones necesarias para acceder a un servicio público eficiente que además, como todos los esenciales, debería ser gratuito en su esencia porque persigue nada menos que la paz social. Aún más nocivas suelen ser las tensiones producidas por el rodillo de la mayoría absoluta.
Doctor por la Universitat de València
Sobre la independencia de la Justicia
Adjunto remito un pequeño texto que por razones de espacio debo enviar como archivo aparte. Sin ser yo mismo jurista, e interesado desde hace tiempo como ciudadano y como científico social por los temas relacionados con el Derecho, hago unas reflexiones para incitar la discusión y abrir las perspectivas del Debate.
Profesor titular de derecho penal en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Junta del Grupo de Estudios de Política Criminal.
Reinventar la justicia
Coincido en la oportunidad y la necesidad de “reinventar la justicia”, si la utilizamos en los términos que lo hace Manuela Carmena. Es decir, como “el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado”. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la actual crisis económica y política ha agudizado más el debate sobre este servicio público –piénsese, por ejemplo, en la introducción de tasas judiciales- y si consideramos que se trata de un ámbito, el judicial, profundamente conservador, sin demasiada predisposición a los cambios.
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