Otra justicia para otra sociedad
Rafael Lafuente
Portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales @rafalafuentese
En el antiguo Restaurante Nostromo de Barcelona, un grupo de personas decidimos impulsar en 2012 el Manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos. Los objetivos de esta iniciativa eran contribuir al cambio definitivo en la justicia, su mayor democratización, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la ciudadanía.
Al hilo de esta declaración, dicho cambio debe producirse desde una doble vertiente, la transformación democrática del poder judicial y la modernización organizativa de la administración de justicia.
Para ello debemos de partir de una premisa: los protagonistas del cambio no son jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados o demás profesionales del sector de la justicia.
El protagonista es el pueblo como sujeto activo, de quien emana la justicia en toda sociedad democrática, el pueblo como sujeto de cambio, como sujeto político, como sujeto mayor de edad que tiene la capacidad de decidir cómo se gobierna su sociedad, y al igual que en el caso de la educación, la seguridad, la agricultura, la sanidad… también decide cómo se gobierna la justicia.
Pero también como sujeto pasivo es el único protagonista de la administración de justicia. Nadie debería olvidar que la administración está para servir a la ciudadanía prestando un servicio público. En cambio nos encontramos con una administración donde imperan los criterios subjetivos y heterogéneos, donde en cada juzgado los secretarios judiciales establecen formas de trabajo particulares, donde cada juez establece criterios propios, por ejemplo para señalar los juicios, y ello genera diferencias incomprensibles entre juzgados idénticos.
La transformación democrática del poder judicial
Sobre el poder judicial la Constitución en su redacción vigente atribuye al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el gobierno de los jueces. Una institución que en nuestro entorno sólo cuenta con una similar en Italia. Ningún otro país europeo posee esta institución y nadie duda de la independencia su judicatura.
Tras casi cuarenta años desde la aprobación de la Constitución hay aspectos del Poder Judicial que no han funcionado. Así, ha existido un profundo déficit en la participación ciudadana en el mismo, en su control, en la dificultad para rendir cuentas y en su falta de transparencia (recordamos las “semanas caribeñas” o el “caso Dívar”).
En un contexto de cambio social nos debemos preguntar, ¿sigue siendo necesaria la existencia del CGPJ?, si es así ¿con que competencias? e incluso ¿es razonable un CGPJ que suceda de forma vertical al ejecutivo mediante la desaparición del Ministerio de Justicia o los Departamentos de Justicia autonómicos?
En su caso debería estar integrado no solo por juristas. Otros profesionales y otros perfiles enriquecerían sin duda la calidad democrática de la institución.
Del mismo modo deben abrirse a una mayor participación y control ciudadano otras instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional.
Pero tampoco podemos olvidar transformar el sistema de oposición de jueces, fiscales y secretarios judiciales, consistente en un mero ejercicio memorístico, que además de no garantizar la selección de los mejores, lo que sí hace es privar de la posibilidad de acceso a una amplia capa de la sociedad dado el coste económico y una duración media de cinco años.
La modernización organizativa de la administración de justicia.
Para empezar desmontemos algunos mitos y falsedades. Les recomiendo leer las conclusiones de las Jornadas sobre Mitos y Realidades de la Justicia que el pasado octubre organizó el Sindicato de Secretarios Judiciales junto a a la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide y la Universidad Carlos III.
Nuestra administración para modernizarse precisa cambiar fundamentalmente su organización, sustancialmente la misma que en 1950. De nada sirve incrementar los presupuestos en justicia si su pésima estructura los engulle sin generar resultados.
Necesitamos formas de trabajo ordenadas y estructuras especializadas. Desterrar la pregunta ¿Cómo se trabaja aquí? Deben establecerse protocolos de tramitación de los procedimientos judiciales, manuales de puestos de trabajo que determinen las responsabilidades y competencias de todo el personal, establecer mecanismos de control en la respuesta de la justicia, fijar una agenda de señalamientos que responda a criterios objetivos para la fecha de los juicios y que impida abusos.
Para ello necesitamos desarrollar verdaderas políticas públicas en justicia, superar las reticencias al cambio y el corporativismo en todos los cuerpos de la administración, fijar los objetivos que se persiguen con la inversión que se destina a la administración de justicia y auditar sus resultados.
Los intentos parciales de reformar la administración de justicia en la pasada legislatura sufrieron virulentas críticas, aunque aquellas oficinas judiciales reciben ahora premios y distinciones por su eficacia. No obstante el Partido Popular paralizó el proceso modernizador pese que se trata de proyectos parciales que requieren de nuevas modificaciones legislativas para profundizar en la separación de funciones y responsabilidades.
En definitiva la transformación de la justicia, en su concepción de poder y en el de administración, debe generarse desde la ciudadanía, desde una sociedad politizada que quiere cambiar su sociedad. Sí, politizada. Porqué sin política no hay democracia, por eso el cambio social y el cambio en la justicia debe venir desde la politización, no desde las élites ajenas a control ciudadano. Siguiendo con el manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos “el tercero de los poderes del Estado, el judicial, no puede quedar exento del control que, de modo directo o indirecto, pueda ejercer sobre el mismo el Pueblo que legitima sus funciones y que puede y debe pedirle responsabilidades”.