La casta judicial

La administración de justicia, hegemonizada por sectores conservadores, se enfrenta hoy en día a una gran encrucijada. Con la sacudida del 15-M arrancó un ciclo de movilizaciones que desbordó los marcos establecidos. Las hegemonías, los relatos sistémicos, saltaron por los aires y se abrió paso un nuevo ciclo de impugnación a lo viejo.

Desde entonces el régimen de los últimos 30 años se tambalea y su capacidad de regeneración es cada vez más baja. Los recortes en derechos, la degradación democrática y la metástasis de la corrupción alimentan la desafección ciudadana.

En ese contexto, no resulta extraño que normas o resoluciones judiciales vistas como ilegítimas no hayan podido frenar a colectivos como la PAH. Cada vez hay más gente dispuesta a salir a la calle, a rebelarse contra quienes mantienen el orden establecido. Entre ellos, los jueces. Ese grito destituyente se ha extendido aceleradamente por infinidad de rincones. Hasta afectar, en mayor o menor medida, a la práctica totalidad de las instituciones del Estado. El Poder Judicial, efectivamente, no ha quedado inmune. A pesar de ser una de sus fortalezas más inexpugnables, el creciente desprestigio que las encuestas muestran es elocuente.

Entre los rasgos distintivos que explican su baja popularidad están la persistencia del burocratismo, el mantenimiento de anacrónicos privilegios e inmunidades, la aplicación ciega de la ley, el corporativismo y un acceso decimonónico a la carrera judicial.

Para revertir esa mala imagen y ponerse al servicio de la gente, no son pocos los togados que han dado un paso al frente. Son aquellos a quienes no les ha temblado el pulso para mandar al banquillo a poderosos involucrados en tramas de corrupción. Incluso a una ilustre miembro de la familia real. O no han dudado en ordenar a la policía la entrada y registro de la sede del partido en el Gobierno tras el ingreso en prisión de su ex tesorero.

En esas y otras actuaciones inéditas se han producido, evidentemente, todo tipo de obstáculos y resistencias por parte de quien detenta el poder. Ahora bien, los protagonistas de esos atrevimientos no han sido magistrados de las altas esferas. Por el contrario, ese impulso ha venido casi siempre desde abajo.

Lo que ocurre es que, a medida que se suben peldaños en el entramado judicial, los gestos valientes se desvanecen y las complicidades con el poder político son mayores. Se pudo comprobar otra vez con la reciente condena de tres años de prisión a ocho jóvenes del 15-M que protestaron ante el Parlamento catalán. El Supremo cedió a las presiones de la casta política y judicial. Poco importaba que no existieran pruebas contra ellos. O que no pudieran condenar a quien fue absuelto sin antes escucharlo o repetir el juicio. Lo importante era mandar un mensaje de firmeza desde arriba.

Uno de los motivos principales de ese papel de comparsa tiene que ver con la configuración de los altos órganos de la judicatura. En teoría, son independientes de los demás poderes. En la práctica es un secreto a voces que actúan al dictado de los dos grandes partidos del Régimen. De ahí la percepción generalizada de que el Supremo o el Constitucional son organismos deslegitimados, centralistas y caducos que están a años luz de los principales tribunales de la política comparada.

A esa situación se suma la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una institución endogámica, también altamente politizada e incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en la justicia y proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, se ha convertido en un problema más que en la solución. Quien se apodera de él puede controlar las riendas en el “gobierno de los jueces”. Y sus sillones no se ocupan por méritos o capacidades profesionales. Los jueces van y vienen en función de sus lealtades políticas.

En la carrera personal de cualquier juez, ser servil o complaciente con el poder es un requisito para trepar en la pirámide judicial. Buen ejemplo de ello es que disponer de carnet del PP permite ascender hasta el Tribunal Constitucional. Sin ir más lejos, su actual presidente, Pérez Cobos, es afiliado al partido del gobierno. E incluso el expresidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, figuraba en los “papeles de Bárcenas” como donante. En cambio, ser un juez “no afecto al régimen” puede ser un billete directo al ostracismo. E incluso a la expulsión o suspensión de la carrera judicial. Recientemente el juez Vidal probó los efectos de esa pócima liberticida por redactar en su tiempo de ocio un borrador de constitución catalana.

Otro de los motivos del descrédito, y el seguidismo judicial a quien manda, está vinculado a una cultura jerarquizada y autoritaria que hunde sus raíces en un pasado no democrático. No es casualidad que en los momentos históricos en que se plantea la descomposición de un Régimen, la cúspide judicial suele ser su guardián más leal. El último bastión a conquistar por quienes impulsan el cambio político. Ese fue, sin duda, uno de los mayores obstáculos a los que tuvo que enfrentarse la Segunda República. Su legislación progresista topó con una interpretación autoritaria de las leyes. El caso de la transición, tras la muerte de Franco, sería el otro ejemplo. De hecho, el servilismo al franquismo fue la continuidad de su rechazo mayoritario a la República. Un encadenamiento de momentos que, sin duda, todavía no se ha roto.

El aparato judicial se ha construido con los cimientos del franquismo y a partir de las condiciones impuestas por los vencedores de la guerra. A diferencia de Europa, en efecto, el fascismo no fue derrotado militarmente. Con el cambio de régimen no hubo prácticamente ninguna depuración de policías torturadores, jueces o fiscales franquistas. Se mantuvieron, apaciblemente, en sus puestos de trabajo sin que nadie les exigiera responsabilidades. Es más, lo peor fue que no solo se acordó la amnistía sino que se decretó el olvido. Con ello, no pocos de quienes se ampararon bajo las togas o uniformes para delinquir fueron ascendidos. O premiados con medallas y honores. Algo impensable en otros países como Alemania.

Esa forma de realizar la transición explica en buena medida la falta de capacidad de saldar cuentas de la judicatura consigo mismo. Asesinatos judiciales como el de Puig Antich, por ejemplo, aún perduran impunes. E incluso forman parte del repertorio de jurisprudencia, como si fueran actos de derecho en vez de actos de barbarie. En su empeño por hacer tabula rasa, de hecho, el poder judicial logró sentar en el banquillo incluso a quien intentó poner coto a esa situación de impunidad. El proceso impulsado por Falange y Manos Limpias contra Garzón encontró una buena acogida entre los magistrados del Supremo. Algunos de ellos habían jurado el “acatamiento a los Principios fundamentales del Movimiento y demás leyes fundamentales del Reino”. Otros se habían opuesto a la ley de memoria histórica. O declarado su simpatía y comprensión al golpe militar del 23-F.

La actitud temerosa y acrítica de la mayoría de los jueces ante ese tipo de atropellos a la independencia judicial es otro síntoma de cuál es el imaginario que sigue alimentando sus conciencias. La consigna entonces era clara: evitar la persecución de los desmanes de los poderosos, tanto del pasado como del presente, y reducir la propia función al castigo de los más débiles. Muchos tomaron buena nota de ello.

Con esos mimbres es obvio que no va a ser nada fácil que los aires de ruptura lleguen a los de arriba. Con toda probabilidad, las altas instancias judiciales van a seguir reaccionando con virulencia cuando sientan amenazado el entramado de poder que les sostiene.

Abrir puertas y ventanas de los tribunales, poner la justicia al servicio de la gente, va a requerir muchos esfuerzos. Su regeneración democrática va a depender, sin duda, de quienes administran justicia desde la base. De aquellos que sienten que son más un servicio público que un poder. Que no ocupan los estrados suntuosos de la alta magistratura. De aquellos que no van en coche oficial. Ni gozan de buenos sueldos o viajes de lujo pagados a costa del erario público.

Que todos ellos en su día a día no se sientan amenazados por la cúpula dirigente va a ser básico. Para que ello no suceda también será decisivo el papel de una ciudadanía dispuesta a defender lo que es de todos.

Como recuerda el jurista Melossi, los derechos humanos “corren un grave peligro cuando sus únicos garantes son las instituciones públicas que actúan en su nombre”. Esa función de vigilancia, de presión desde abajo, será la auténtica palanca de cambio para echar a la casta judicial. Para romper amarras con la justicia del pasado.