Una Justicia comprometida con los derechos y libertades de la ciudadanía

El análisis de cualquier planteamiento sobre la Administración de Justicia en España debe hacerse no solo desde el punto de vista utópico, sino mirando la realidad del país, que atraviesa un complicado momento de crisis económica, y que hace unos años no existía.

¿Qué Justicia queremos en ese contexto actual de crisis económica, y de clara restricción de los derechos y libertades de la ciudadanía?

La obligación de los juristas es ser realistas. Los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos.

El Poder Judicial debe de tener un compromiso inequívoco con el Estado de Derecho, con los derechos y las libertades de las personas. No caben jueces tibios; tienen que estar imbuidos de la realidad social. Nada sería más terrible que un juez aislado en una urna, porque nada hay peor en esa situación de crisis que un juez que no se implique adecuadamente.

Eso exige, desde el respeto a la Ley, un compromiso inequívoco en favor de aquellos que están sufriendo las restricciones de derechos en una larga crisis que ha creado pobreza y empleo precario, en el que, además, se han emprendido reformas laborales para recortar derechos, y en el que convivimos con una normativa que permite situaciones tan claramente injustas como muchos de los desahucios que han tenido y tienen lugar.

La mayoría que conforma el poder legislativo actual, ha emprendido un camino de restricciones de los derechos con el pretexto de la crisis económica: la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana... Crecen las medidas represoras en una sociedad en la que el nivel de delincuencia no es muy alto, como sabemos todos los jueces.

Es cierto que existe un divorcio entre la Justicia y la sociedad; la Justicia está alejada de la ciudadanía, eso es indudable. Pero en los últimos tiempos los jueces están defendiendo más a los justiciables, a pesar del exceso de carga de trabajo y de un entorno que no es favorable.

En este contexto es difícil ser independiente, porque existe una sutil presión política, socio-económica y mediática sobre los jueces que se salen del “guión oficial”.

Cualquier juez comprometido en la defensa de los derechos de los ciudadanos debe afrontar la presión política, económica y mediática mientras sigue adelante con su trabajo.

Presión política, porque ese juez comprometido no está siempre adecuadamente amparado por el Consejo General del Poder Judicial, paradójicamente el órgano destinado a proteger su independencia.

Presión económica, porque los juzgados están colapsados de trabajo por falta de recursos económicos. Las inversiones en Justicia son muy limitadas tanto en materia de medios personales como materiales.

En diciembre de 2014 los jueces decanos difundieron una batería de 58 medidas para luchar contra la corrupción, en un documento donde reclamaban más medios humanos y la dotación de refuerzos a los juzgados que llevan asuntos de especial complejidad. Lamentablemente sus justas reivindicaciones no han sido atendidas y es la propia Administración quien dificulta, en ocasiones, la actuación judicial.

La corrupción ha penetrado tanto que es difícil conseguir recursos que sí existen en otros países. España carece de una policía judicial auténtica que dependa de los jueces, así como de un cuerpo de peritos contables que asesore a ellos o a los fiscales. Hasta se ha dado el caso de que un organismo de Hacienda -la Oficina de Investigación del Fraude- rechazara inicialmente el envío de un informe pericial a un juez con el cálculo del dinero que debía pagar al fisco un partido político por haber recibido donaciones ilegales en 2008.

Se ha dicho que los partidos políticos podrían ser parte de la solución, aportando propuestas innovadoras para la Justicia, pero están más pendientes en muchas ocasiones de solucionar sus problemas internos.

Y lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, el órgano que garantiza los derechos fundamentales, que tendría que ser regulado de nuevo porque tardar en resolver de ocho a diez años un recurso de inconstitucionalidad, como ocurre en reiteradas ocasiones, no contribuye a la tan necesaria justicia ágil, eficaz, y cercana a las personas.

Esa justicia comprometida con los derechos y libertades de los ciudadanos necesita explicar adecuadamente a la sociedad lo que está haciendo. El juez español tendría que saber explicar lo que está ocurriendo y los obstáculos a los que se enfrenta en su labor cotidiana.

Los jueces tendrían que saber ganarse a la opinión pública explicando la dramática realidad social que viven en sus juzgados. Pero una parte de la carrera judicial está desmotivada y la otra parte está tan desbordada y centrada en su trabajo que no tiene fuerzas ni siquiera para difundir aquello que están haciendo.

Es tiempo de fortalecer la independencia judicial para que los jueces, de forma responsable, sigan adelante en su compromiso en la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, la situación actual, y la escasa voluntad política existente, generan un panorama claramente desalentador.