Una idea feliz

La propuesta de Manuela Carmena de reinventar la Justicia tiene la virtud de poner la mirada más allá de una mera reforma de nuestra Administración de Justicia. Ante las reformas de nuestro sistema judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, casi siempre resulta pertinente el comentario de Lord Astbury ante la presentación de otra reforma del inglés: "Realmente, me pregunto por qué. Me sorprende que no se considere ya lo bastante malo".

Cierto que se puede apostillar que no toda reforma es por fuerza mala. Sin ir más lejos, si en una legislatura se comienza introduciendo un severo desincentivo a la litigación a través de las tasas y se concluye revisando a fondo tal provisión, una de las dos reformas al menos debe ser mejor que la otra (confiemos en que lo sea la última).

A la tarea de reformar la justicia se han aplicado sin descanso todas las legislaturas desde que se aprobó nuestra Constitución y no parece que tengamos razones para estar ni medianamente satisfechos del estado de nuestro sistema.

La idea de reinventar la justicia me parece feliz no tanto porque sugiera la posibilidad de lograr una impensable renovación radical y total, que en todo caso deberíamos tomar a modo de ideal regulativo, sino porque apela a un cambio de método, a un nuevo modo de proceder que nos permita volver a reflexionar desde el principio y globalmente sobre los problemas que aquejan a nuestro sistema judicial, que lo son también del mismo sistema jurídico español.

Entiendo la propuesta de reinvención, así, como una doble apelación: ante todo, a reconocer el fuerte deterioro y la grave ineptitud de nuestro sistema jurídico, pero también a deliberar, esto es, a reflexionar a fondo y colectivamente, sobre las posibles vías de enmienda. De todo ello, aquí me voy a limitar a un conciso recuento de algunos de los principales problemas, dejando para el final una modesta propuesta de método para el abordaje de sus soluciones en un, espero, próximo futuro.

El primer problema de nuestro sistema judicial no está en la Administración de Justicia, sino antes, porque afecta sistémicamente al sistema jurídico en conjunto. Carmena acierta al apuntar a la necesidad de nuevas leyes y hechas de otra manera. Nosotros, hoy, no estamos ya solo en la época de la descodificación diagnosticada por el civilista Natalino Irti. Afrontamos una tempestad de legiferación desmesurada, dispersa, incierta, oscura, voluble, manifiestamente mejorable. La buena técnica legislativa, tanto en el Parlamento como en la Administración reglamentadora, brilla aquí por su clamorosa ausencia. En veinte años, el código penal de 1995 ha sufrido una media de una reforma y media por año, sin contar los despropósitos sustantivos, como el proyecto pendiente que incorpora la prisión perpetua revisable, que enriquecerá ese museo de figuras ya nutrido con becas y contratos a autónomos dependientes, fijos discontinuos y otros prodigios jurídicos similares.

Pero no es solo la legislación. La actuación administrativa, amén de los déficits de control que han degenerado en la corrupción que nos asuela, sigue siendo enormemente obtusa a la transparencia y hostil al ciudadano en múltiples niveles. Entre otras razones porque se aprovecha de la acendrada tardanza de los tribunales ante las reclamaciones de los administrados y porque no siempre una condena judicial sirve para enderezar el entuerto, sin hablar de su consabida falta de generalización para entuertos similares. Frente a una Administración que tantas veces actúa como dios olímpico solo a duras penas contenido por ese otro dios del poder judicial, que todavía es más olímpico por tener siempre la última palabra, el administrado tiende a sufrir la condena de Sísifo y a subir siempre de nuevo la misma piedra.

Y llegamos a los problemas del llamado poder judicial, sobre el que, aun sin dejar de reconocer su buen papel en los últimos tiempos, y por ahora, en la persecución de buena parte de la corrupción aflorada, el diagnóstico ha de ser en general inevitablemente crítico por su lentitud, su carencia de controles, su falta de agilidad, su alta desconexión con la sociedad... En rápida síntesis, las principales áreas y temas en las que suelen y pueden centrarse las críticas a nuestra Administración de justicia, y donde deben buscarse alternativas, son las siguientes:

1) La formación: ha de revisarse el modo general de acceso a la judicatura mediante la preparación memorística de un temario, dando un mayor protagonismo decisorio a la escuela judicial, y reflexionar sobre la naturaleza de la carrera judicial (valorando quizá, por ejemplo, la posibilidad de crear un nutrido cuerpo de jueces de primer grado en asuntos civiles, laborales y, quizá administrativos).

2) La organización: siguen siendo retos pendientes el aumento de las dotaciones de plantilla, la actualización de los medios materiales, la mejora de la gestión judicial y de la atención al público, la modernización de las citaciones, la reflexión sobre la necesidad de los procuradores, etc.

3) Los procedimientos: ha de intentarse un mejor equilibrio entre las garantías y la agilidad de las respuestas judiciales racionalizando los trámites y plazos, pero además, y sobre todo —en aras de la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la imparcialidad, todo ello con efectos en reducir la sobrecarga judicial— sería necesario seguir girando hacia un sistema de precedentes, tanto verticales, con la posibilidad flexibilizadora de presentar cuestiones prejudiciales, como horizontales, estableciendo mecanismos operativos para la unificación de doctrina; junto a ello, y en los contenidos, debería regularse un amparo adecuado frente a violaciones de derechos fundamentales, hoy deplorablemente resuelto, frente a violaciones judiciales, por un incidente de nulidad ante el mismo órgano que tiende a ser inútil, y un recurso de amparo que no se admite más que en casos excepcionalísimos y no protege debidamente.

4) El control: la promoción y la selección de los magistrados de los tribunales más importantes, siempre bajo criterios de calidad objetivos y razonados, ha de recaer en un Consejo General del Poder Judicial mucho más legitimado ante la sociedad, y no solo, aunque también, ante los propios jueces (una deficiencia objetiva es ese pobre 14 por ciento de mujeres en el Tribunal Supremo, cuando hay un 50 por ciento de magistradas); a su vez, no hay soluciones fáciles para el buen nombramiento y ordenación del CGPJ, porque se han experimentado varias formas y ninguna buena (por de pronto, mientras el Presidente del órgano, y del Tribunal Supremo, lo elija de hecho el Presidente del Gobierno, nada habrá cambiado); junto a ello, sería imprescindible introducir el jurado para la admisión y enjuiciamiento de los delitos cometidos por los jueces.

5) La cultura: un objetivo prominente e indeclinable de la revisión del sistema judicial debe ser incrementar la calidad y el rigor de las resoluciones, para superar el actual modelo de mera respuesta burocrática a la sobrecarga de asuntos; la propuesta de Carmena de sentenciar oralmente merece debatirse, al menos para los juicios de primera instancia, pero también debería extremarse la formación y el control para un uso decente del lenguaje escrito, lo que incluye una argumentación clara y ordenada; en último término, solo un juez riguroso y de calidad puede producir una efectiva tutela judicial para todos y servir de contrapeso a la grave desigualdad en ella entre pobres y ricos.

Los anteriores no son más que indicaciones de problemas y posibles remedios que deberían debatirse de manera amplia y profunda. Tan importante como buscar y tener la voluntad de encontrar soluciones es comenzar siendo conscientes de la naturaleza y la magnitud de los problemas. La tarea al final ha de ser necesariamente obra de la política, de la representación de todos, pero en su camino hace falta un debate que dé participación no sólo a juristas, téoricos y prácticos, sino también a sociólogos, politólogos, científicos de la administración, estadísticos, etc.. Hacen falta estudios jurídicos, también de Derecho comparado, pero no solo jurídicos.

Por concluir con una propuesta metodológica concreta, un próximo nuevo gobierno —¡por favor, un gobierno nuevo!— podría abrir un proceso de debate plural a modo de un macroproyecto de investigación con el objetivo de producir un gran libro blanco sobre la justicia. No es, ni mucho menos, la única tarea de renovación que la salud de la democracia española está pidiendo a gritos. También necesitamos una nueva ordenación, y sobre todo una nueva cultura, que, en aras de una sana división de los poderes, aleje lo más posible de los partidos a los organismos de control y reguladores, en primer lugar el Tribunal Constitucional. Por eso, y para eso, necesitamos algo más que reformas legales.

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Suscriben el contenido del presente texto Alicia González, Ana de Marcos, Andrés García, Andrés Recalde, Antonio Arroyo, Antonio Cidoncha, Blanca Mendoza, Borja Suárez, Clara Álvarez, Elena García, Esther Gómez, Fernando Martínez, Fernando Molina, Gregorio Tudela, Ignacio Tirado, Maria Luisa Aparicio, Mario Maraver, José Luis López, José Ramón Montero, Juan Antonio Lascuraín, Juan Carlos Bayón, Julián Sauquillo, Luis Rodriguez Abascal, Manuel Cancio, Marta Lorente, Soledad Torrecuadrada, Susana Sánchez, Susanne Gratius, Yolanda Valdeolivas, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM y miembros del Colectivo DeLiberación.