¿Deben prevaricar los jueces?
Carlos Javier Bugallo Salomón
Doctor por la Universitat de València
Bien está que se critique a los jueces cuando su comportamiento no responde a las exigencias de la moral o de la ley pública; o por la acumulación, en algunas instancias, de privilegios abusivos que los separan de la ciudadanía y los convierte, como decía Marx, en un poder hostil a la misma ciudadanía. Pero la crítica debe ser, al menos tal y como yo la entiendo, constructiva y no sesgada.
Digo esto a raíz de la intervención de Jaume Asens. Dejando de lado los indudables méritos del documento –valiente y directo, como debe ser-, encuentro en él cierto estilo de crítica con la que no me siento particularmente cómodo. Sin ser yo mismo jurista, y reconociendo que posiblemente me falta información relevante, me hubiese gustado una crítica más ponderada y más pragmática.
En primer lugar porque no es una crítica constructiva. No se puede criticar a los jueces por «la aplicación ciega de la ley», pues en ese caso les estaríamos demandando no sólo que prevariquen, sino también que se jueguen su puesto de trabajo. Si no es así, por favor aclárese. Por otra parte, ¿por qué no se pronuncia Jaume Asens sobre el excelente y honesto documento remitido al Debate por el magistrado Ignacio González Vega? En él hay un intento muy serio y clarificador sobre los distintos modos de seleccionar a los magistrados. Si Asens tiene una opinión al respecto: ¿por qué no la expresa?
En segundo lugar, me parece que la crítica de Asens está algo sesgada. Es cierto que reconoce las virtudes de los jueces de escala inferior en contraposición a los maleables e influenciables de la escala superior; pero la visión general que ofrece de la magistratura es la de un cuerpo conservador y tardo-franquista, refractario a los cambios y entero responsable de que la Justicia no funcione. Obsérvese que con este tipo de crítica exoneramos a los políticos de sus propias responsabilidades, que para mí son las decisivas.
En nuestro país hay una tendencia a autoflagelarnos y a considerar que los que ocurre fuera es siempre mejor que lo nuestro. Sugiero que no idealicemos la Administración de otros países. Muchos de los males de la misma, aquí y fuera de nuestro país, no vienen del conservadurismo de los jueces ni de su pasado predemocrático, sino que son propios de esa ‘burocracia racional’, magistralmente descrita por Max Weber, llamada a ocupar un papel preponderante en las sociedades avanzadas. Yo sugeriría, a quien quiera reflexionar sobre el tema, una lectura atenta de Weber y a toda una generación de sociólogos de la organización que han escrito sobre el tema.
Un saludo cordial para Asens.
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Vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrada
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Doctor por la Universitat de València
La Justicia: ¿servicio público o poder constitucional? Ambas cosas.
Me ha gustado mucho la intervención de María Victoria Cinto, Vocal del Consejo General del Poder Judicial: es valiente y dice las cosas claras. Sin embargo ha introducido una propuesta que, modestamente, deseo discutir para perfilarla y mejorarla.
Catedrática de Derecho Penal de la UAB
Sobre la justicia
Tomo el punto de partida de las muchas y –como siempre- lúcidas propuestas de Manuela Carmena sobre el servicio público de la Justicia, para aportar algunas reflexiones personales que no siempre consiguen superar el nivel de la duda.
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
¿Se puede cambiar esta Justicia, desenganchada y olvidada, que los ciudadanos no se merecen? Claro que se puede
Se ha dicho en demasiadas ocasiones que nuestra Justicia quedó desenganchada del último vagón de la transición hacia la democracia; que ni siquiera tiene ya abogados que la defiendan. Desenganchada y, también, olvidada porque durante mucho tiempo, los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos. Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Administración de Justicia que generan, como poco, posiciones encontradas cuya falta de acuerdos paraliza o, al menos, retrasa las decisiones necesarias para acceder a un servicio público eficiente que además, como todos los esenciales, debería ser gratuito en su esencia porque persigue nada menos que la paz social. Aún más nocivas suelen ser las tensiones producidas por el rodillo de la mayoría absoluta.
Doctor por la Universitat de València
Sobre la independencia de la Justicia
Adjunto remito un pequeño texto que por razones de espacio debo enviar como archivo aparte. Sin ser yo mismo jurista, e interesado desde hace tiempo como ciudadano y como científico social por los temas relacionados con el Derecho, hago unas reflexiones para incitar la discusión y abrir las perspectivas del Debate.
Profesor titular de derecho penal en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Junta del Grupo de Estudios de Política Criminal.
Reinventar la justicia
Coincido en la oportunidad y la necesidad de “reinventar la justicia”, si la utilizamos en los términos que lo hace Manuela Carmena. Es decir, como “el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado”. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la actual crisis económica y política ha agudizado más el debate sobre este servicio público –piénsese, por ejemplo, en la introducción de tasas judiciales- y si consideramos que se trata de un ámbito, el judicial, profundamente conservador, sin demasiada predisposición a los cambios.
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