Sin avances políticos y sociales, España podría dejar de ser una excepción a la espiral extremista en Europa

¿Qué ha sucedido en Austria, Francia y otros países para que partidos que hace unos años contaban con apenas unos miles o centenares de miles de seguidores en 2016 se hayan colocado en posiciones cercanas, hayan convertido el referéndum del Brexit en un plebiscito antiinmigrantes, o para que más de 60 millones de estadounidenses hayan elegido un presidente abiertamente machista y racista como Donald Trump? ¿Por qué en España no hay grandes fuerzas o debates de extrema derecha?

En el recién culminado 2016, la lista de partidos que, partiendo desde posiciones de extrema derecha, neofascistas, tradicionalistas o populistas de derechas, han utilizado a las personas diferentes, refugiados o migrantes, como chivos expiatorios de la pérdida de seguridades y expectativas de futuro, traducidas en necesidad de orden frente al miedo, no ha dejado de aumentar en cada elección. Ha sucedido tanto en aquellos lugares muy golpeados económicamente como en otros, en los que la sensación de pérdida e identidad se ha puesto en primer plano, para crear “identidades asesinas” —por utilizar el concepto de Amin Maalouf— apuntando a Europa. No sólo eso, tampoco ha dejado de crecer la lista de partidos que, partiendo de otras posiciones, generalmente conservadoras pero en algunos casos también socialdemócratas que, no han dudado, frente al miedo, en firmar políticas discriminatorias. En lugar de ensayar otras soluciones, se han sumado a la espiral reaccionaria, aplicando políticas discriminatorias, como hizo Orban con el referéndum antirrefugiados de Hungría, o como sucedió con los abusos sexuales en Colonia.

Un año —2016— como el opuesto casi perfecto de 2011. 2016, el año de la internacional reaccionaria —como la ha denominado Pablo Bustinduy—, frente al 2011 de la revolución democrática popular por la dignidad y justicia social, en un eco espontáneo que, desde el mundo árabe, llegó a muchos rincones del planeta. Un 2016 como prólogo de un 2017, con elecciones en Holanda, Francia y Alemania, como inquietantes citas, en que las elecciones van a pasar entre las derechas más conservadoras y neoliberales frente a la extrema derecha.

Neoliberalismo, austericidio y crisis de derechos en Europa

Las causas de la fragmentación de las sociedades europeas abarcan, desde el lento minado de los derechos sociales y el estado del bienestar —iniciados en la década de los 80—, la destrucción de los lazos comunitarios con las políticas neoliberales —que buscaban configurar una sociedad de ciudadanos consumidores de una supuesta e idílica clase media—, hasta los excesos de la globalización en las sociedades europeas, y el gran estallido de la crisis de 2008. Un terremoto solventando en Europa con un programa de austeridad, convertido en una receta ideológica frente a otras políticas económicas más expansivas, para desmantelar servicios públicos, gasto social y cualquier obstáculo que impidiera el pago de la deuda.

Los resultados han sido desastrosos en condiciones de vida y libertades políticas. No sólo se han hundido las clases medias en Europa y se ha empujado a la exclusión a las ya empobrecidas, sino que se ha abierto una gran brecha de desigualdad, como formula Joseph Stiglitz. Además, en los primeros años, se vació la misma esencia de la política, la capacidad de confrontar proyectos distintos y llevarlos a cabo de un marco de reglas democráticas. Las élites que nos habían llevado al caos o la nada.

Por si fuera poco, desde 2015 asistimos a una crisis 2.0 en Europa. A lomos de la destrucción anterior, con la llamada crisis de refugio y grandes atentados terroristas en suelo europeo, se han hundido, aún más, los rastros de un proyecto basado en el respeto a los derechos humanos y sociales, lo que ha abonado, incluso más, el suelo para las ideas o partidos de extrema derecha.

Una suma de conflictos vivida como problemas ajenos, de otros países y gentes lejanas, que apenas ha dejado ver los problemas que también trae para el propio proyecto europeo.

En primer lugar, avanza una crisis de derechos en retroceso, al no cumplir la legalidad de los acuerdos de refugio firmado en 1951. Un ilegalidad aplicada a los otros, las personas refugiadas, intentando recoger el aval de las sociedades y que, una vez desatada, puede barrer otros derechos a personas de cualquier origen. En segundo lugar, una política antiterrorista ineficaz, que no ha sido capaz, ni siquiera, de coordinar servicios de inteligencia europeos, y que no ha mostrado voluntad política clara para cortar vías de financiación y controlar la circulación de armas en Europa. Es más, esa manera de luchar contra el terrorismo, también ha abonado la discriminación, al mezclar la situación de Oriente Medio con europeos de origen extranjero —con padres o abuelos extranjeros—, migrantes o refugiados. En tercer lugar, porque ha vuelto a incidir en la misma y desastrosa política exterior, origen del caos, empleada por el autodenominado Estado Islámico para crecer: bombardeos, intervenciones militares y destrucción de alternativas de cambio en positivo. Por último, ante la brecha Norte-Sur causada por el austericidio, el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) apuesta por crear una fractura entre Este y Oeste, con la bandera del fanatismo religioso, el tradicionalismo y el cuestionamiento de los derechos y libertades europeos.

España: de la vacuna excepcional al bloqueo institucional

En nuestro país, la crisis de 2008 añadió su propio dibujo particular: los ecos de la crisis financiera mundial, la burbuja inmobiliaria, la crisis territorial y de régimen. Más allá del apoyo mutuo familiar de país del sur de Europa, y del PP como partido atrapalotodo desde el centro-derecha hasta la derecha más extrema, en España no ha habido hueco para las políticas destructivas de la extrema derecha de nuevo cuño. En nuestro país, las revoluciones políticas y sociales, iniciadas el 15 de mayo de 2011, crearon una auténtica vacuna contra la extrema derecha. Las élites económicas y políticas fueron señaladas como culpables de la crisis, como expresó Democracia Real Ya con su eslogan “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”; el depredador sistema hipotecario, como señaló la PAH al paralizar desahucios; la defensa de los servicios públicos —como un dique para asegurar una vida digna para el conjunto de la población—, como señalaron las Mareas por la sanidad y educación.

Sobre esos cambios políticos, sociales y culturales, nacieron no sólo Podemos sino En Comú Podem, En Marea y centenares de candidaturas municipalistas —así como partidos similares en el sur, centro y norte de Europa— con la misión de defender los derechos de una mayoría frente a las elites. También para defender unos derechos —amenazados en todas sus vertientes— humanos, económicos, sociales y culturales. La protección popular frente a la desprotección de las elites.

Sólo sobre la base de estos avances de cambios en positivo —además de otras causas de largo recorrido— se puede entender el apoyo social a las víctimas de la crisis 2.0 en Europa. Gracias al trabajo de largo recorrido de multitud de grupos sociales durante años (en contra de los CIES, de las devoluciones en caliente en Melilla, por la convivencia...) ha sido posible la aceptación social de las plataformas Welcome Refugees o Red de Ciudades Refugio, como un grito de otra política diferente, social e institucional, frente a la batalla social europea, en la que, poco a poco, la internacional reaccionaria ha arrinconado a los partidarios de otras políticas. Así se entiende ese 78% a favor de la acogida de personas que huyen de la guerra —según datos de una encuesta mundial publicada por Amnistía Internacional en mayo de 2016—; o el 70% a favor de diferentes tipos de acogida —según el barómetro de Actitudes— hacia la Inmigración, del CIS en 2014. A las respuestas antiterroristas, basadas en la islamofobia ya en 2001, hay que añadir la distinta reacción a los atentados del 11M en España, y el rechazo a las invasiones a países extranjeros (en el caso de España avaladas por el Gobierno de Aznar) con el 90% de la población en contra.

Con este apoyo social presente, el Gobierno ha intentado, una y otra vez, diluir sus responsabilidades, e incluso bloquear la acogida de las cerca de 17.000 personas refugiadas comprometidas, entre declaraciones exhortando el carácter solidario del pueblo español. También estos datos pueden servir para explicar las escasas declaraciones ligando refugiados con terrorismo, peligro o delincuencia. Declaraciones que, en otros países, se asientan como de “sentido común”, en nuestro país aún son motivo de polémica, pese a que, en los últimos meses, algunos miembros del Partido Popular hayan decidido expresarlas en público.

Sin embargo, todas estas razones no suponen que nuestro país se convierta, para siempre, en una excepción frente a la pujanza de la xenofobia institucionalizada de muchos países en Europa. Nuestra sociedad —como otras, siempre un campo de batalla simbólico para definir hacia dónde va su pueblo— tiene raíces para una política y la contraria, si las condiciones materiales avanzan sin cambios institucionales, sociales y discursivos. Lo señalaba el mismo barómetro del CIS de 2014. A la vez que se expresaba tolerancia hacia las personas refugiadas, un 38% de españoles opinaba que el número de inmigrantes en España era excesivo y un 34%, elevado. Un 38%, traducido en casi 13 millones de electores que —como recordaba recientemente Carles Castro, en un artículo en La Vanguardia, que analizaba las posibilidades electorales de un partido a la derecha del PP— se repartía entre todas las adscripciones: 3,5 M de votantes de izquierdas, 3,5 M de centro, 2,5 M de centroderecha y extrema derecha, y 3,5 M que no se ubicaban en ninguna de estas categorías.

Tampoco nuestro país se ha librado de intentos de criminalización del conjunto de la población migrante, como hicieron Javier Maroto en Vitoria y Xavier García Albiol en Badalona; de las políticas de externalización de derechos en frontera a Marruecos y otros países, como alumno aventajado de la UE; de la versión local del ultra integrismo religioso, que ahora promueve el grupo de Visegrado como la fallida reforma del aborto de Gallardón; de la represión de las protestas con la Ley Mordaza; de la destrucción de seguridades económicas, con un Gobierno escondido tras la obligatoriedad europea y que eligió ser uno de sus alumnos más neoliberales, prefiriendo una dura reforma laboral antes que una alianza para rebajar las políticas austeritarias de las que, luego, se ha beneficiado en períodos pre-electorales.

Sin otras políticas, el enorme avance social y político de señalar a los verdaderos culpables de las crisis tiene una piel muy frágil. Sin un giro en la orientación de las políticas económicas, tanto en Europa como en los márgenes de la política estatal, se consolidará el hundimiento social del 28% de la población en riesgo de exclusión social, según datos del INE, apoyado por nuestro frágil gasto social —que, incluso en épocas de expansión, siempre fue diez puntos inferior a la media de los 15 países más desarrollados de la UE—, en las ayudas mutuas entre familiares y la emigración de muchas personas, en una situación mucho peor frente a una eventual crisis, como pone de manifiesto el adelgazamiento de la hucha de las pensiones.

Sin otra política, triunfará la retórica vacíamente europeísta del Gobierno del PP en materia de refugio, y las cuotas de acogida —que expiran en 2017— podrían ser sustituidas por un acuerdo aún peor. Declaraciones vacías, profundamente antieuropeas, ya que renuncian a funcionar como contra-ejemplo de los problemas en países europeos con mucho peores condiciones, a poner en marcha políticas a la altura de los valores que se dicen defender. Algo que ya hizo nuestro país durante la dura crisis económica de los 90, con los 2.500 asilados de los Balcanes, o que ha hecho Canadá con los 25.000 del pasado año. Unas cuotas, que muchas organizaciones sociales y políticas consideran, con razón, muy escasas frente a los retos globales del refugio y migraciones, que son mucho más que unos números. Son la posibilidad de materializar unos cambios, que pueden tener fecha de caducidad en condiciones peores, y sólo el Gobierno central puede poner en marcha. Algo similar sucede en materia de política antiterrorista. Por desgracia, siempre es tarde para la prevención de atentados el mismo día que suceden, así que no hay minuto que perder en una política distinta e integral, en la que este Gobierno debería explicar por qué prefiere no luchar contra los paraísos fiscales, que tanto daño hacen en este y otros aspectos; qué acciones está tomando para controlar la venta armas, coordinarse con otros servicios de inteligencia europeos; y qué planes está llevando para la convivencia, especialmente en los lugares de nuestro país que más necesidades muestran. Lo que va unido a su papel político, como cuarta economía de una eurozona —sin Gran Bretaña, dentro de la UE— y como Estado soberano, para cambiar las desastrosas políticas llevadas a cabo en los países vecinos de la Unión Europea. En definitiva, hace falta una auténtica política de seguridad, esa que Naciones Unidas define como seguridad humana, como la capacidad de tener ingresos, colchones sociales y seguridad física.

En conclusión: Si estos cambios sociales no se plasman en políticas públicas en esta legislatura —o con un futuro Gobierno diferente—, que puedan ser avaladas y ampliadas por los movimientos sociales, nuestro país corre el riesgo de contaminarse de los vientos reaccionarios y xenófobos actuales. Y también pierde la oportunidad de ofrecer cambios en positivo, a los que otros países, partidos y movimientos sociales puedan agarrarse para cambiar el rumbo de sus países y de la propia Europa. Como expresa Santiago Alba Rico citando a Gramsci, el “fascismo como resultado de una revolución derrotada”.