Viejas sensaciones para tiempos nuevos

El estado de alarma queda lejos y también el obligado confinamiento. En ese tiempo pudimos ver como se modificaban nuestras percepciones, como las dudas y las preguntas corrían una suerte parecida, hemos distinguido la actividad económica socialmente necesaria y la parasitaria, la primacía de lo productivo y distributivo sobre lo especulativo. Percepciones, eso sí, repletas de subjetivismo pero instaladas en esa especie de apogeo de la ciudadanía solidaria (los aplausos de las 20 h. eran su expresión activa). Sin embargo, se empieza a promover una visión compensadora de los dramas que se están viviendo: "somos un gran país, de esta crisis saldrá una sociedad mejor, ¿nuestra sanidad? ¡de las mejores del mundo!…" Una forma de evitar comprometidas preguntas sobre ¿qué nos encontraremos fuera?, ¿cómo será la “nueva normalidad”? Simultáneamente comienza la rebelión preventiva –con rumor de cacerolas- de las clases ricas. Es un toque de atención, comienzan a posicionarse ante el tablero social y político. En fin, el negocio no puede pararse y la disciplina laboral no debe olvidarse.

Es posible que a día de hoy sea complicado imaginar la dimensión y la intensidad del conflicto que se avecina. Los efectos de la crisis son impredecibles, nos falta perspectiva, la posibilidad de contemplar el cuadro completo. Esta previsión bien la señalaban Del Olmo y Flores, los promotores del debate y sin que esta cualidad implique renuncia a cambios globales en la distribución social del poder. Y sin embargo, sería bueno concentrar la perspectivas de los “cambios de mañana” (globales y alternativos) en la dinámica de los “cambios de hoy” (Plan de Reconstrucción y escudo social).

Una impresión bastante extendida es que esta experiencia ya lo hemos vivido y, sin embargo, todo será nuevo, desconocido, lo que aumenta la inquietud. Es natural que algunos personajes de los grupos sociales dominantes pongan voz a las preocupaciones de los mismos. Pero 2008 queda lejos, entonces había que dejar en suspenso la economía de mercado o refundar el capitalismo, discursos que hoy el rubor no permite repetir (más allá de alguna alusión a Keynes). Están obligados a encontrar formulaciones que se anticipen a un conflicto social agudo.

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Pero el retorno a la antigua normalidad –estabilidad prolongada o indefinida- no se producirá, nada será igual, incluso, peor que lo ya conocido. Digamos que lo normal serán los efectos combinados de una crisis múltiple (ecológica, económica, social y también política, además de la sanitaria no resuelta). Si la “nueva normalidad” la entendemos –en el mejor de los casos- como un proceso de reconstrucción social y económica no procede abordarla en el marco del dilema: volver a la situación anterior agravada o, luchar por otro modelo social y económico. De entrada, volvemos a la situación anterior agravada. Por eso, ni temporal ni espacialmente son excluyentes. De un lado la realidad y dentro de ella, la voluntad de cambiarla.

Es una ilusión pensar en soluciones parciales de la crisis múltiple (sin renunciar por ello a mejoras económicas, sociales o ambientales, siempre conquistas de la lucha social); pues solo desde la primacía de la política se pueden imaginar los cambios necesarios. Pero la política pocas veces muestra la hegemonía de lo coherente, lo razonable, lo sostenible, lo humano… Es la relación de fuerza entre los diferentes grupos sociales quien decide, en última instancia.

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Y en el ámbito de lo político es imposible ignorar la crisis de régimen: crisis del régimen de la Reforma o de la Transición, si se prefiere. De la misma forma que las crisis del capitalismo nunca cuestionan el sistema capitalista o que la constatación humana de la barbarie neo-liberal implique, necesariamente, su derrota; el régimen político puede vivir una crisis exasperante, estructural, tener síntomas de agotamiento y en cambio, ser más poderoso de lo que aparenta, no tener caducidad aparente. Su crisis es prolongada y sin embargo no se siente amenazado. La coalición de fuerzas capaz de contraponer la democracia a la Constitución no está articulada y no es consciente de su necesidad y de su potencial.

Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del ’78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos, corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Lo que más ha contribuido a la alteración de los equilibrios sociales tiene que ver con la relativa expulsión de la mayoría social (clases populares) de la Constitución. Una Constitución formal inmaculada y una Constitución real endurecida (reformas laborales, leyes “mordaza”…). Sin duda, resultado de la conspiración permanente de las élites oligárquicas contra los derechos de la ciudadanía. La Constitución es un guante adaptado a las exigencias de los grupos sociales dominantes, los que han vulnerado el contrato social vigente desde la Transición. Por tanto, no debe sorprender la pérdida de base social del régimen.

Sin crisis de régimen no se entendería la frenética actividad para-golpista de la Guardia Civil, ni la amenaza de la Judicatura sobre el Gobierno, tampoco la cumbre empresarial admonitoria, ni a los medios ejerciendo como altavoz cómplice de la conspiración en curso, un festín al que se suma la Iglesia y una monarquía preocupada de su futuro. Es obvio, a ninguno de estos actores les gusta el Gobierno de coalición. Ni el 8 de marzo. La derecha política (Vox siempre, el PP casi siempre y Cs algunas veces) ha estimulado esa deriva antidemocrática y que aún, habiendo fracasado, muestra sus peligrosas inclinaciones para el futuro inmediato.

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Hay pocas dudas de que estamos ante una alianza de fuerzas pro-oligárquicas, con un proyecto de restauración clasista (con clases pero sin conflicto entre ellas) y con un programa reaccionario. Abandonada la estrategia golpista, quieren imponer sus ritmos e la “nueva normalidad”, al proceso de reconstrucción social y económica, determinar el destino de los fondos de reconstrucción de la UE, limitar el alcance del escudo social al Ingreso Mínimo Vital, mantener la reforma laboral y blindar los intereses económicos y fiscales de las rentas altas y las grandes corporaciones. Las políticas neo-liberales seguirán siendo su referencia, ahora sin disfraz democrático.

Cuando los ERTEs acaben seguirán apostando por los despidos, por endurecer las condiciones de trabajo, mantener la involución en la distribución social de la renta (como alguna vez dijo E. Aguirre: la desigualdad es positiva, el problema es la pobreza). Con la pantalla de la colaboración público-privada (de resultados nefastos para la salud pública) seguir con la privatización de la sanidad, con la reducción de inversiones en la escuela pública y ventajas para la concertada, los servicios sociales y la ley de Dependencia al servicio de la red privada y de su lucrativo negocio (un auténtico Auschwitz geriátrico), que los desahucios continúen y sigamos sin un parque público de vivienda social… Pero no se pueden atacar las condiciones de vida de la mayoría social sin imponer, a su vez, la coerción sobre la protesta social, la represión sobre cualquier forma de disidencia. Neo-liberalismo y neo-fascismo irán de la mano, pero mostrando que cualquier resquicio de democracia es un estorbo para los intereses que su proyecto representa.

En fin, nada nuevo tienen que ofrecer al conjunto social. Sus soluciones aceleran el proceso de concentración de la riqueza. Lo más urgente, para ellos –que no se detenga la máquina- es asegurar el trasvase de recursos: de las rentas salariales a los beneficios empresariales (reforma laboral), de lo público hacia lo privado (privatización servicios públicos) y de los países periféricos a los “frugales” (deuda).

No deja de existir una cierta criminalidad suicida en el comportamiento de las clases dominantes hasta el punto de que la legitimidad de su dominación ocupa un lugar secundario en sus preocupaciones, por detrás de la invulnerabilidad. No es ajeno el hecho de que se produzca cierto aislamiento de la derecha política respecto de la derecha económica: El reciente acuerdo de CEOE y CEPYME con los sindicatos y el Gobierno o la aprobación por la UE de los fondos de reconstrucción muestra que caminan de forma desacompasada (el PP de Casado, no está a la altura).

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Pero no han ganado y ni siquiera tienen el gobierno. No nos equivoquemos, tampoco nosotros. En gran medida este gobierno expresa el compromiso por incorporar al régimen a la mayoría social sin que signifique que sea el gobierno de la mayoría social. Es un gobierno que, de momento, se encuentra condicionado por la izquierda aunque el compromiso pudiera romperse en favor, claro, de un condicionamiento superior por la derecha. Asuntos como el tratamiento que se dé a la crisis de la monarquía o la orientación de los fondos de reconstrucción de la UE nos darán una idea, más precisa, sobre el mantenimiento de los compromisos gubernamentales con la izquierda.

Es por ello que las garantías de cualquier impulso democrático, de garantizar los derechos humanos o avanzar en justicia social no se encuentran –exclusivamente- en el gobierno de coalición sino en el protagonismo que adquiera la movilización social. Sin ella el gobierno sería, sin dificultad, fagocitado por las élites.

Formamos parte de un Estado plurinacional en un espacio político europeo al que también urge la transformación. Pero el sentido de las transformaciones y los protagonistas de las mismas están por determinar. Para unos, reformas con forma de recortes, privatizaciones, desigualdad, pobreza y exclusión social; “intereses generales” que amparan privilegios sin cuento de una minoría parasitaria. ¿Cómo lograr que las transformaciones se orienten en dirección democrática? ¿Qué hacer para que la mayoría social sea la protagonista de los cambios?

Sabemos que la movilización de la sociedad no se sostiene indefinidamente (todavía tiene formas incipientes), que su continuidad y fortaleza necesita perspectivas, grupos sociales (y clases), alianzas y todo aquello antiguamente definido como elementos estratégicos para el gobierno del conflicto social. Ningún cambio económico, social o ambiental en sentido democrático, podría consolidarse al margen de cambios de naturaleza política.

No todos están interesados en los cambios democráticos. Trabajadores en huelga para defender los puestos de trabajo, impedir despidos, eliminar la precariedad, exigir nacionalizaciones, oponerse a la deslocalización, reducir la jornada de trabajo, combatir las diferencias de género… Ese mismo grupo social defenderá la reversión para lo público de la sanidad privatizada, la escuela pública sobre la privada-concertada-religiosa, la red pública de servicios sociales para atender la dependencia y los cuidados, la revalorización de las pensiones, la universalidad de una renta básica, rechazar los desahucios y crear un parque público de viviendas sociales… Y así, hasta una profunda reforma fiscal que reduzca, al menos, los privilegios de las élites.

Frente a esas tendencias estará la alianza de las élites, con todos los grupos oligárquicos y no tan oligárquicos defendiendo su idea de país. Al pensamiento neo-liberal no le fascinan ni pactos ni compromisos, aunque participe de ellos. Entienden que el poder económico, ideológico y político no puede ser compartido y la necesidad de su concentración obedece a su propia naturaleza destructiva. En cambio, el bloque social necesario que les enfrente no está articulado. Es tarea de la izquierda social darle forma, ser su protagonista y animador.

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En su existencia el 15-M desbrozó caminos e ideas que poco o nada fueron explorados: Nuevo proceso constituyente vs régimen del ’78, democratización y sostenibilidad de la economía vs neo-liberalismo y recuperación del Estado de Bienestar vs expolio de lo público. Pero el 15-M carecía de contornos de clase y su expresión política transitó, aceleradamente, de la ética de la lucha a la ética de la gestión. Aquella agenda del cambio se frustró. Rescatemos ideas y objetivos pero busquemos nuevos protagonistas. Es hora de sindicatos.

En una situación así la modernización económica deja de ser cuestión técnica para ser política. Es decir, sometida a pugna de intereses. No se puede reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión sin abordar asuntos intensamente conflictivos: Seguirá siendo necesaria la creación de un sector económico-productivo público, un plan de urgente reindustrialización inmerso en la transición hacia una economía ecológica y sostenible, la inversión en investigación, la creación de una banca pública o la reforma fiscal progresiva. No olvidemos la derogación de la Reforma Laboral ni la universalización de los servicios públicos y los derechos sociales. Una política de rentas (SMI, pensiones de la Seguridad Social, Renta Básica) sería insuficiente sin todo lo que precede.

El conflicto social venidero exige el protagonismo de los olvidados, poner en plano preferente las nuevas formas de explotación laboral y de vida precaria, el retorno del perfil de clase (pero no como grupo social más vulnerable o más desfavorecido, siempre tratado como objeto pasivo de la acción política). Es alentador que las agresiones reciban respuesta: Nissan, Alcoa, Airbus, Siemens… Ese perfil de clase junto al feminismo y el ecologismo (en nuestro caso habría que añadir la lucha por los derechos de las naciones sin Estado), es la base de un bloque social por la democracia y los derechos humanos, punto de partida para una nueva distribución social del poder. En la perspectiva ¿larga? de una sociedad y un estado sin reyes.