Controlar la miseria o reducir la desigualdad

Hoy muchos seguimos preguntándonos: ¿Cómo es posible que después de tantos años de duras y corruptas políticas neoliberales, privatizadoras de los servicios públicos, fiscalmente regresivas, jibarizadoras de la vivienda social, de raquíticas rentas mínimas de inserción y con unos niveles de exclusión social como los citados, no sólo no se ha producido una fuerte respuesta social, sino que por el contrario la derecha haya sido premiada revalidando sus gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué factores actúan para que haya unos niveles saludables de cohesión social cuándo lo que cabría esperar de los actuales niveles de injusticia y desigualdad sería una fuerte explosión social?

Tal vez para encontrar la explicación hay que remontarse al principio, a los tiempos en que la derecha madrileña recuperó el poder político en la Comunidad de Madrid en el año 1995 con Alberto Ruiz Gallardón, lo hicieron agrupando en torno a una fuerza política a personajes procedentes de sectores sociales clasistas y corruptos de la sociedad madrileña. Una élite convencida de que las personas nacen desiguales por su origen familiar y que consideran que dicha desigualdad debe conservarse en él tiempo.

La Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron durante un tiempo los principales laboratorios donde probar el modelo neoliberal en estado puro; territorios en los que someter a prueba diferentes técnicas de gestión de la desigualdad social; donde poder comprobar hasta qué punto en democracia se pueden tomar medidas favorables a unos pocos sin provocar fuertes reacciones sociales. En el Chile de Pinochet se lanzaron a tumba abierta a aplicar las recetas de desregulación del mercado de Milton Friedman, sabiendo que podían controlar la respuesta social utilizando la violencia de un Estado criminal, pero la derecha madrileña partía de una desventaja a la hora de aplicar dichos principios: se encontraban con una España en la que la democracia estaba consolidada y, ya se sabe, que en las democracias los métodos utilizados en Chile no están bien vistos, no son tolerables y que, por lo tanto, debían instrumentar otras formas para neutralizar la oposición.

La derecha en Madrid a lo largo de los últimos 25 años ha llevado a cabo una obra de ingeniería social, orientada a deconstruir la base social progresista y construir una nueva sociedad civil, adaptada a los valores neoliberales que parten de la idea de que la gestión de las vidas personales se debe adaptar al mercado. Su proyecto ideológico/cultural siempre ha consistido en arrinconar la igualdad como un valor básico de la organización social y sustituirlo por la desigualdad como el valor alrededor del que pivotar la organización social. Lo han hecho de una manera constante, con mayor o menor astucia, dependiendo de las luces de cada gobernante. De lo que no cabe duda es que, hasta el momento, han logrado que su concepción desigual de la sociedad sea hegemónica, penetrando con diferente intensidad en todas las capas sociales sin excepción. Como consecuencia, todo intento de articular un proyecto social y político contra-hegemónico, basado en el objetivo de reducir la desigualdad social con políticas de redistribución de la riqueza, no ha contado, por el momento, con apoyos suficientes.

Sin embargo, han dado sus frutos estas políticas. Así es como Madrid se ha convertido en la última década en la Región más segregada de Europa y en la segunda con mayor desigualdad social. Los datos del último informe FOESSA así lo certifican (a buen seguro la COVID 19 extremará los datos): en 2018 en la Comunidad de Madrid, el 33,7% de la población se encontraba en situación de integración precaria, el 8,7% en exclusión moderada y el 7,4% en exclusión severa, es decir, en torno a un millón de personas estaba en una situación de exclusión.

Diferentes han sido los protagonistas en esta revolución conservadora. Sin duda Gallardón fue una pieza clave por su astucia y ambición, contó además con los apoyos de Prisa para construir su imagen de político ilustrado, progresista y liberal, promoviendo una revolución de las élites capaz de construir nuevas hegemonías, superando la imagen rancia y caciquil de Álvarez del Manzano. A estas alturas no se podría entender el éxito de la operación si no hubiese contado con Esperanza Aguirre más radical y agresiva, pero que ha jugado un papel fundamental en captar y controlar nuevos talentos para el partido, ejerciendo el control con mano dura y repartiendo prebendas entre sus acólitos.

Llegados a este punto es necesario detenerse en una de las piezas clave de la estrategia, sin la que no se podría explicar su éxito a la hora de dulcificar la oposición social y política. Ponerla encima de la mesa resulta necesario para iniciar una estrategia que ponga fin a los 25 años de ataque a los derechos sociales. Se ha instalado una configuración político-ideológica favorable a un modelo de Servicios Sociales liberal neofilantrópico, denominado Estado Mixto de Bienestar, objetivo indiscutido e indiscutible, horizonte prometido que se presenta como modelo de todos los modelos. Han logrado que una gran mayoría de los actores implicados considere que estamos ante una realidad irremediable frente a la que no queda otra alternativa que la de subirse al carro, y se ha convertido en pensamiento único en el mundo de la acción social.

El modelo liberal neofilantrópico busca cumplir varios objetivos de manera simultánea: neutralizar a las víctimas más directas de sus políticas con un tipo de ayudas que produzcan una doble degradación, es decir, incapacitar a los usuarios para comprender la situación y dificultar la organización de una respuesta individual y social, dedicando para ello recursos escasos pero que permitan la supervivencia. En segundo lugar, canalizar la solidaridad, que la desdicha de los otros genera en el resto de la sociedad, hacia fórmulas compasivas; y por último impedir que se puedan articular proyectos políticos contrahegemónicos.

El elemento neurálgico de su estrategia, en torno al que gira toda la propuesta, es despojar de su dignidad a una parte de los seres humanos, considerar a los usuarios de servicios sociales como ciudadanos de segunda categoría, población sobrante. Su identidad se diseña como sumisión; recibir asistencia significa ser estigmatizado y ser apartado de la carrera ordinaria de los ciudadanos, significa una degradación de la persona. La identidad pública de quien recibe asistencia experimenta una transformación hacia una nueva forma considerada socialmente inferior; se le asigna un nuevo rol, -el de pobre- que tiene el rango de estatus principal, en el sentido de que, a partir de ese momento, cualquier actuación de esa persona se interpretará a través de ese rol.

Una prueba de esta afirmación la encontramos en la frecuente violación del derecho a la privacidad de quienes reciben asistencia social; a los pobres se les investiga in situ, el territorio del hogar que se considera inviolable puede invadirse en este caso. Otro símbolo de esa “minoría de edad sobrevenida” es el control que puede ejercerse sobre el dinero asignado a los pobres. La democratización de los servicios sociales pasa de manera ineludible por la recuperación de la dignidad de los usuarios y en que se conviertan en los actores principales del sistema, y no es posible con la visión armonicista del modelo centrado en la persona, sino que pasa por el empoderamiento de los sectores vulnerados, en definitiva, por la repolitización de la pobreza.

Hay otros cuatro actores presentes en los Servicios Sociales: un actor público, el Estado, y tres actores privados que conforman la sociedad civil (mercado, iniciativa social y familiar). Cada uno de ellos tiene una naturaleza o una lógica que le confiere una identidad propia: el Estado se caracteriza por la garantía de los derechos, la producción de servicios —no de mercancías— y es la expresión de la solidaridad indirecta; el Mercado, cuya característica esencial es el intercambio con beneficio económico, produce mercancías, y es la expresión del solidarismo. La Iniciativa Social, cuyas características son el altruismo, el asociacionismo, la denuncia y la reivindicación, es la expresión de la solidaridad directa y, por último, tenemos la esfera Familiar o particular, cuya característica es realizar los cuidados informales y dar expresión particular, concreta y afectiva a las relaciones de reciprocidad.

El problema, sin embargo, no es la difuminación coyuntural como consecuencia de la hibridación entre actores en presencia, ya que esta hibridación forma parte de la compleja vida social en democracia. La cuestión es que se está produciendo, bajo la dirección de un poder político y administración que favorece el despliegue y la penetración de las grandes empresas en el campo de lo social, la perversión de la identidad del resto de los actores presentes.

Pervierte la naturaleza del Estado Social; pervierte la naturaleza de la iniciativa social; pervierte la naturaleza del mundo familiar; y lo hace hasta tal punto, que muchas de las decisiones de estos actores no están marcadas por su naturaleza esencial. La difuminación acaba eliminando los perfiles propios de cada uno de los actores, a excepción del mercado.

Hoy en día, las multinacionales, las grandes empresas y corporaciones del sector no lucrativo se están quedando con todos los servicios sociales públicos o privados que les resultan rentables. Por un lado, los servicios mercantilizados que van dirigidos a aquellos los sectores de la población que puede adquirirlos en el mercado libre y, por el otro, todos aquellos servicios que el Estado pone en manos de estructuras privadas y que producen beneficios, dejando para la «beneficencia» pública y privada la atención de las personas con recursos insuficientes.

Si aquellos sectores progresistas que son elegidos para garantizar una serie de servicios a la ciudadanía, como ocurrió en el breve interludio del gobierno de MAS Madrid, lo hacen sin un modelo propio, diferente del que orienta a los gobiernos conservadores, «la mano invisible» del mercado seguirá creando las condiciones para que sus propuestas resulten inevitables, e irá estableciendo el lugar que deben ocupar el resto de los actores sociales, sean de la iniciativa social como de la propia Administración pública.

Uno de los factores que engrasan el modelo neoliberal es la existencia de una tupida trama de relaciones, en las que un número de personas reducido, representativas en sus respectivas esferas, ocupan de manera simultánea espacios y desempeñan papeles muy significativos en el resto de esferas —grandes ONG, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, universidades, empresas— y, poco a poco, van tejiendo entre ellas una serie de relaciones amables en las que el conflicto da paso a la conciliación, y la elección de un lado a la equidistancia.

En esta dinámica ¿qué ocurre a diario en ese mundo complejo, rico y heterogéneo de las ONG? especialmente difícil es la situación que viven las pequeñas organizaciones territoriales, aquellas que vienen desarrollando intervenciones sociales complejas con un gran compromiso con su actividad, pero que por alguna razón no forman parte de esa elite que cuenta con apoyos importantes y seguros en los gobiernos, en el mundo de la empresa o en la iglesia. En este mundo de la iniciativa social el miedo a perder el trabajo, unas condiciones laborales precarias y la inseguridad financiera son permanentes. Tienen siempre encima de sus cabezas la espada de Damocles, situación a la que contribuye el tipo de regulación de las subvenciones públicas, el sistema de contrataciones e, incluso, el tipo de gestión de los sellos de calidad.

Y estas situaciones se agudizan ahora ya que en las actuales circunstancias, aprovechando la situación generada por la COVID 19, determinados sectores económicos y políticos pretenden dar una vuelta de tuerca en su afán de liquidar las bases del Estado de bienestar y dar paso a la “sociedad de bienestar” también conocida como “sistema mixto de bienestar”, que supuestamente estaría en condiciones de superar los defectos y excesos del primero. Todo ello dentro del espíritu neoliberal que llevó a algún autor a proclamar eufórico: «hagamos al Estado Social tan pequeño que podamos ahogarlo con nuestras propias manos en la bañera».

No es difícil observar que las actuaciones que se adoptan por parte de los gobiernos en contextos excepcionales suelen poner de manifiesto cuáles son sus verdaderos objetivos, mientras que en situaciones serializadas éstos no son tan fáciles de descubrir. Las crisis de emergencia son utilizadas por el poder para implementar sus proyectos en su estado puro, conscientes de que los ciudadanos están predispuestos a bajar la guardia y aceptar que se atente contra sus derechos básicos con tal de superar entre todos la grave situación y ello en el convencimiento de que serán medidas coyunturales. Aún conviene recordar las medidas adoptadas con ocasión de la crisis financiera de 2007.

La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas públicos madrileños, en materia de sanidad, educación, garantía de ingresos, alimentación, vivienda, servicios sociales/dependencia, residencias de mayores o migraciones. Tantos años negando el pan y la sal a lo público para acabar descubriendo que hoy, cuando es más necesario, se encuentra a punto del colapso. Lo cierto es que una administración capaz de dar respuesta a situaciones como la actual no se improvisa; requiere leyes meditadas, acompañadas de sus correspondientes desarrollos reglamentarios; estructuras administrativas vivas y elásticas; cultura de servicio público y un conocimiento acumulado de forma sistemática.

Pero si nos detenemos en las medidas que se están adoptando, en la dramática situación generada por la COVID 19 por los gobiernos autonómico y municipal de Madrid, descubriremos las verdaderas intenciones de sus dirigentes cuando de manera continua se refieren a la colaboración público-privada. Se han dedicado a improvisar, poniendo en marcha medidas puntuales, ocurrencias de última hora guiadas por razones de márketing. Todas ellas orientadas a debilitar los servicios públicos esenciales: ¿se produce un repunte en los contagios? En vez de fortalecer la atención primaria de salud se reabren los pabellones del IFEMA; ¿se necesitan rastreadores para detectar la COVID 19? Se contrata con trámite de urgencia a unas empresas conocidas por su especialización en materia sanitaria, como son Telefónica e Indra; ¿hay que incrementar el número de PCR? Lo llevará a cabo el grupo empresarial Analiza; ¿se cierran los colegios a causa de la pandemia? Inmediatamente la Consejería de Educación organiza un dispositivo para que los alumnos cuyas familias tenían precio reducido de comedor por percibir la Renta Mínima de Inserción, recojan su comida en los locales de Telepizza, multinacional experta en alimentación saludable y sostenible.

Hay quien quiere ver en estas medidas meras ocurrencias, que lo son; pero por otro lado reflejan de manera nítida cual es el punto de fuga que guía a nuestros gobernantes. Merece especial atención, por su mezquindad la forma en que se ha abordado la situación de las Residencias de Mayores en las que, no olvidemos, se ha producido la muerte de 7.291 mayores, cuando lo cierto es que la única preocupación desde la Consejería de Políticas Sociales ha sido privatizar y reducir el coste de las plazas. Mención aparte merece la forma de implementar el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno de la nación recientemente: la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha enviado, en pleno verano y con una administración mermada, un requerimiento a las 22.493 familias perceptoras de la actual Renta Mínima de Inserción conminándolas a presentar por registro copia de la solicitud del nuevo Ingreso Mínimo Vital, en el plazo de 10 días, con la amenaza de que en caso contrario se procederá a la suspensión cautelar y posterior extinción definitiva del derecho. Esta decisión atemoriza y pone en riesgo vital a miles de familias cuyo único ingreso depende de esta prestación. Tal y como denuncia la organización 'RMI Tu Derecho' en vez de aprovechar la nueva prestación de la Seguridad Social para complementar el Ingreso Mínimo Vital, están aprovechando la ocasión para reducir el gasto social de la Comunidad de Madrid.

En resumen, la situación les está sirviendo para seguir avanzando en los procesos de mercantilización y privatización de servicios públicos esenciales, realizando asignaciones de contratos a dedo y con precios desorbitados y, simultáneamente, continuar impulsando nuevas formas de neofilantropía.

El afán diario de todos los políticos de la derecha en nuestra región es este: atacar al gobierno de la Moncloa y hacerse propaganda, abandonando clamorosamente su responsabilidad sobre la Administración Pública y dejando en manos de los técnicos la resolución de problemas que precisan decisiones políticas y, por supuesto, sin atender las propuestas técnicas que estos realizan cada día para poder dar las respuestas adecuadas a las nuevas necesidades.

Hemos tenido ocasión de comprobar los esfuerzos personales de miles de profesionales de los sistemas públicos, en especial del sistema sanitario, sin olvidar, educación, empleo, policía, limpieza, servicios sociales, transporte etc. Este compromiso ha permitido acometer con dignidad las situaciones surgidas. Hemos visto a unos empleados públicos exhaustos que han sido abandonados a su suerte. No es todo. Hemos visto la solidaridad vecinal que surgía de manera espontánea, intentando cubrir muchos de los huecos dejados por la Administración. Un ejemplo ha sido la respuesta vecinal a la necesidad de alimentos de miles de personas.

Para terminar, podemos añadir que en un contexto de pensamiento único, como el que acabamos de describir, en el que al parecer todos queremos unos Servicios Sociales justos y benéficos, obviando los intereses contrapuestos en presencia, es inexcusable promover una cultura alternativa, impulsar una acción ideológica y práctica que cuestione los dogmas conservadores favorables a la primacía de un mercado apoyado por la intervención estatal, manteniendo la defensa de las conquistas sociales encarnadas por los Estados de bienestar como organizadores de la solidaridad colectiva y como factores activos contra las desigualdades. Es primordial hacer valer el papel redistribuidor del Estado y sus sistemas de protección social.