Escudo social y reforma fiscal

La pandemia en estos momentos parece ya controlada, tanto en nuestro país como en la mayor parte de la Unión Europea, aunque desconocemos qué puede suceder cuando se restablezca plenamente la libertad de movimientos, en el trabajo, la vida cotidiana o el turismo. Por otra parte, si bien tenemos ya bastante información sobre sus consecuencias económicas y sociales, es aún pronto para valorar la intensidad y duración de las mismas. Y en relación a las propuestas de ayuda y reconstrucción que se están diseñando, tanto en España como por parte de las instituciones políticas y económicas europeas, tampoco tenemos la seguridad de que vayan a cumplirse, ni cuales vayan a ser las condiciones y el calendario de su aplicación. así como de las cuantías definitivas que pueden corresponder a nuestro país, ni cuanto se va a mantener el grado de flexibilidad en cuestiones como el déficit y el endeudamiento.

Tenemos aun importantes interrogantes sobre la paulatina normalización de nuestra actividad económica, en un país como el nuestro dominado por las pequeñas y medianas empresas, con fuerte presencia de los autónomos y con un importante sector vinculado al turismo externo e interno. En todo caso los datos que se van conociendo en materia de desempleo, de caída de la cotización a la Seguridad Social, de ingresos fiscales y de reducción del PIB, por el momento son alarmantes y pueden serlo más en el futuro inmediato.

Por tanto, nos encontramos sumidos en la incertidumbre, en una dinámica muy fluida y cambiante, en la que no resulta fácil pensar en el futuro y diseñar propuestas alternativas desde la izquierda transformadora, con un mínimo rigor. Aun y así es posible ir avanzando en algunas ideas para nuestro país, teniendo muy en cuenta los condicionantes de la recuperación del comercio, la inversión y el turismo internacional o la evolución de la prima de riesgo.

El gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS ha ido poniendo en marcha, con mayor o menor velocidad y eficacia, toda una serie de medidas para paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en materia de empleo, salarios, prestaciones sociales, cotizaciones, impuestos, vivienda, etc. Es una muy notable diferencia con lo sucedido con el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2008 y sobre todo con el gobierno del PP a partir del 2011. Nos podemos imaginar si en lugar del gobierno de coalición progresista, hubiera estado la derecha gobernando.

Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral.

Es evidente que el gobierno va a tener un mayor margen de actuación con la flexibilidad del déficit y con las ayudas de la Unión Europea. Pero sean cuales sean los apoyos y facilidades que vengan de fuera, para empezar una caída del PIB previsto en torno 10% (ya veremos si no es más) suponen unos 125.000 millones de euros de empobrecimiento de la sociedad española. Perdida que desde luego no se reparte por igual, como bien hemos comprobado con la crisis del 2007, en que creció el número, ganancias y patrimonio de los ricos y aumentaron las situaciones de pobreza y exclusión social.

La caída del empleo situándonos en cerca del 20% de paro, tiene tres consecuencias inevitables: necesidad de mayor gasto en prestaciones por desempleo, caída de los ingresos de cotizaciones a la seguridad social y aumento del déficit del sistema de pensiones y retraimiento del consumo.

La esperanza de una relativamente rápida recuperación del sector turístico y la hostelería en general, aunque va a estar muy condicionada a diversos factores nacionales e internacionales, en todo caso produce una doble y contradictoria reflexión. En un nuevo modelo productivo, como el que estamos defendiendo la izquierda alternativa, el sector turístico-hostelero no debería tener tanto peso, pero por otro lado este es un sector muy intensivo en mano de obra y debilitarlo o dejarlo a su aire, hoy por hoy sería catastrófico en términos de empleo. Por tanto, habrá que afrontar ayudas temporales, especialmente en lo que respecta a presión fiscal y cotizaciones.

En cuanto al amplio y tan diverso ámbito de los autónomos, los auténticos y los falsos, y aunque su situación y perspectivas económicas son muy diferentes entre unos y otros, parece también inevitable diseñar un plan de ayudas fiscales y de cotizaciones, de carácter temporal y diferenciado.

Por otra parte, no podemos olvidar que el sector agrario, igualmente extremadamente diverso, va a retomar las presiones y movilizaciones iniciadas hace meses y que la pandemia cortó en seco. Aunque no debemos obviar que una buena parte del sector agroalimentario ha incrementado sus ventas durante el estado de alarma, en determinados casos de forma muy considerable, no hay que descartar ni mucho menos nuevas movilizaciones, en las que se mezclará el populismo y manipulación de la derecha, los intereses de grandes empresas del sector y la efectiva desesperación de muchos pequeños agricultores. Por ello resultaría políticamente difícil y en muchos casos socialmente injusto, no articular programas de apoyo.

Y suma y sigue. Pequeño comercio; actividades de carácter cultural y recreativo; taxistas y transportistas individuales, sector del automóvil… Ya lo estamos viendo, todos o casi todos lo están pidiendo diariamente: ayudas, subvenciones, aplazamientos, deducciones de impuestos y cotizaciones….

Junto a esas demandas empresariales o de autónomos para frenar la destrucción de puestos de trabajo y recuperar el empleo lo más pronto posible, nos encontramos con el aumento de los parados, tanto los que ya lo están como los que lo van a estar cuando pase un tiempo tras la finalización de bastantes ERTES, la población inmigrante subempleada, la población en situación irregular o trabajando en la economía informal, las familias en situación de pobreza o exclusión, los amenazados de desahucio… Todo ello se va a traducir rápidamente en que las prestaciones por desempleo, los ERTES, las diversas ayudas como p.e. las relacionadas con las empleadas de hogar, van a disparar el gasto por parte del Servicio Público de Empleo, situación que previsiblemente puede prolongarse meses.

La reciente aprobación de la renta mínima vital, una medida de gran importancia, que sin embargo tiene un coste estimado por el gobierno, cuando esté plenamente implantada, en 3000 millones de euros, parece una cuantía infravalorada, teniendo en cuanto el ámbito subjetivo de protección, las cuantías reconocidas y el carácter no limitado en el tiempo.

A todo ello hay que añadir los costes de las inaplazables reformas en el Sistema Nacional de Salud y en los Servicios Sociales, dado que la pandemia ha puesto de relieve algo que algunos ya sabíamos y veníamos planteando desde hace muchos años: la fragilidad, las insuficiencias y limitaciones del Sistema Nacional de Salud y los Servicios Sociales, dos pilares fundamentales del Estado de Bienestar Social.

Es cierto que los sistemas de salud y de servicios sociales tampoco han sido capaces de articular una respuesta rápida y suficiente en otros estados avanzados, algunos de ellos referencias modélicas de las políticas de bienestar social. Que esto haya sido así, no puede servirnos ni de consuelo ni de coartada; sin olvidar que los recortes neoliberales que se generalizaron tras la crisis del 2007, también llegaron a muchos países que hasta entonces contaban con sólidos instrumentos públicos de bienestar social. Pero en cualquier caso los abrumadores datos de contagio y de mortalidad en España nos alejan de los estados más desarrollados del mundo.

La reforma y mejora del Sistema Nacional de Salud, debe asentarse sobre cuatro objetivos básicos: prioridad en la inversión en equipamientos públicos y en la gestión directa en lugar de concertada; coordinación territorial en la inversión en equipamientos hospitalarios, en la compra de productos farmacéuticos, en la adquisición y funcionamiento de la dotación tecnológica de alto coste; cooperación territorial en la investigación científica pública y privada; ratios de personal que garanticen una suficiente y rápida atención de calidad, adecuada formación profesional y dignas condiciones de trabajo, en especial en la atención primaria.

Aún más precaria ha sido y es la situación de los servicios sociales. Las Comunidades Autónomas han priorizado la concertación con entidades privadas, lucrativas y no lucrativas, relegando el papel de la gestión pública directa y relajando de manera evidente las exigencias a las privadas. Es cierto que no en todas las Comunidades Autónomas esta actitud ha sido igual, como también es verdad que hay centros residenciales, lucrativos o no lucrativos, con un excelente funcionamiento y calidad en su atención, con buenas instalaciones y adecuada dotación de personal. Pero ante una pandemia como la actual, la mayor parte de las residencias privadas, y algunas públicas, no han estado en condiciones de garantizar los cuidados precisos, ni de prevenir ni atender los contagios y las muertes se han disparado.

La reforma del modelo de atención a las personas mayores, dependientes y no dependientes, es una prioridad que puede y debe afrontarse en los próximos meses. Un nuevo modelo que se asiente en el protagonismo de la gestión pública, las exigencias de calidad en la atención y el control severo del cumplimiento de las mismas en la acción concertada y por supuesto en condiciones dignas del trabajo del personal (cualificación adecuada, ratios suficientes y salarios decentes).

Las reformas inaplazables en el Sistema Nacional de Salud y en los Servicios Sociales van a requerir un importante esfuerzo de cofinanciación por parte de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, que podría estimarse a medio plazo en torno a 3-4 puntos del PIB, gasto que por cierto generaría numerosos empleos en unas actividades muy intensivas en mano de obra.

Si a todos estos gastos, añadimos los compromisos en materia de Educación, I+D+I, Vivienda, infraestructuras, inversiones en la “España vaciada”, apoyo a la energía renovable…que de forma más o menos explicita figuraban en el programa del actual gobierno de coalición, llegaremos a la conclusión de que el esfuerzo de financiación será considerable, aunque sea a medio plazo, ya que en bastantes materias tendrá que ir más allá de una legislatura. Ello supondría situar nuestro gasto público, nuestro gasto social y nuestra política fiscal en los parámetros de los estados más avanzados de la Unión Europea.

Es evidente que esta política keynesiana, socialdemócrata, no va a ser compartida, salvo en aspectos parciales, por las diversas derechas. Y en buena medida tampoco va a contar con el apoyo de las organizaciones empresariales y de algunas otras organizaciones, más o menos representativas, de autónomos, agrarios, etc.

No es bueno ocultar o infravalorar la dificultad para el actual gobierno de coalición de impulsar una política de estas características. El propio gobierno no parece estar suficientemente preparado y cohesionado para abordar ese programa reformista. Hasta el momento no han querido “echar cuentas” o si lo han hecho no las han dado a conocer. Es más, se ha dicho que no van “a bajar los impuestos”, pero tampoco los “van a subir”, tan solo se van a centrar en algunos ajustes o en la introducción de nuevas figuras muy modestas, relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación o del comercio. Lo único que al parecer han calculado es que los ingresos fiscales que se van a dejar de percibir este año por la caída del empleo y de la actividad económica, van a situarse en torno a los 23.000 millones de euros, lo que en mi opinión es un deseo piadoso.

Es cierto que el presidente Sánchez y su equipo se está batiendo el cobre en las instituciones europeas, para conseguir la aprobación de un conjunto de ayudas y cambios normativos que aliviarían mucho la situación de las finanzas públicas de nuestro país. Dando por buenas las expectativas y compromisos que se han ido generando en estos meses por parte de la Unión Europea, que repito habrá que ver cómo, cuánto y cuándo, en ningún caso podemos olvidar que la Unión Europea no es un ente abstracto sino la suma de 27 Estados, que tienen que hacerse cargo de una u otra forma de las ayudas que se aprueben, en otras palabras, con una mano se recibe y con la otra se aporta. Una cosa son las buenas intenciones en medio de la vorágine de la pandemia y otra bien distinta empezar a concretar para los próximos ejercicios presupuestarios lo que cada estado puede obtener y cada uno tiene que aportar. Lo mismo se puede decir del Banco Central Europeo, que en estas semanas ha hecho muy interesantes y positivas propuestas, pero habrá que esperar a que se materialicen.

Ni el gobierno, ni las Cortes, ni las organizaciones sociales, ni el conjunto de la sociedad española puede confiar que los problemas de financiación para el “escudo social”, para la recuperación económica y para las reformas que hay que abordar, nos los van a resolver las instituciones comunitarias. Será sin duda un estimable apoyo, pero lo sustancial tendremos que resolverlo mediante la política fiscal del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

La profunda reforma fiscal que necesitamos no va a ser nada fácil, ni política, ni social ni mediáticamente. La van a obstaculizar a fondo la derecha política, económica y mediática. Los propios gobiernos autonómicos, bastantes en manos de la derecha, van a competir en demagogia a ver quién rebaja más los impuestos (aunque luego no lo hagan o lo hagan a medias). Tampoco olvidemos que en el entorno del PSOE no todos verán con buenos ojos una reforma fiscal ambiciosa.

La reforma fiscal, para que permita obtener recursos mínimamente suficientes, tiene que centrarse en al menos 5 líneas de actuación: aumentar los tipos a las rentas de capital y beneficios empresariales; elevar los tipos en el IRPF en las rentas de más de 75.000 euros anuales; diversificar la presión en las rentas de autónomos, sin generalizar reducciones; introducir nuevas figuras impositivas en relación a la protección del medio ambiente; replantear con el objetivo de reducir sustancialmente la inmensa red de bonificaciones y exenciones fiscales.

Además, resulta imprescindible y urgente mejorar la acción de las administraciones públicas para la persecución del fraude fiscal y la economía sumergida, con el sustancial reforzamiento de los medios materiales, personales y normativos de la Agencia Tributaria. Sin olvidar que hay que mantener y no reducir ni suprimir los impuestos de patrimonio y sucesiones. También habrá que afrontar medidas de racionalización del gasto en las tres Administraciones públicas.

Todas ellas son iniciativas que van a provocar un evidente rechazo por los sectores sociales afectados y que el gobierno de coalición y sus apoyos políticos, sociales y mediáticos deberemos contrarrestar con firmeza y eficacia, máxime cuando los efectos de la reforma en la recaudación tardaran como mínimo 2 o 3 años y mientras habrá que incrementar el déficit público.

Otra cuestión que hay que tener muy presente es que las cotizaciones a la seguridad social no pueden sufrir mermas sostenidas en el tiempo como efecto de reducción y/o exoneración de cotizaciones. Habrá que tratar de forma selectiva y temporal aplazamientos en el ingreso de las cotizaciones, pero en ningún momento establecer una reducción generalizada o indefinida de las mismas, que acentuaría gravemente las dificultades de financiación del sistema de pensiones.

En este difícil y complejo panorama, el conjunto de la izquierda, los sindicatos de clase, las ONGs solidarias, los movimientos sociales, los sectores católicos progresistas, las entidades culturales y educativas, etc. deben empezar a movilizarse para exigir y apoyar que el gobierno de coalición aborde cuanto antes la puesta en marcha del “escudo social”, el estímulo a la recuperación económica bajo parámetros de sostenibilidad, innovación y competitividad y todo ello sustentado en una reforma fiscal progresista.

Exigir y apoyar una política progresista del gobierno de coalición, es la clave para que, tras vencer la pandemia, no se olviden de las promesas y no se repita la dinámica de la crisis del 2007.